• A los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
• El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

• La evaluación de la discapacidad, se realiza mediante la aplicación de los baremos del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
• El grado de discapacidad resultante, se expresa en porcentaje.

REVISIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea una modificación de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, y en todo caso, en la fecha de revisión prevista en el artículo 9.3. del RD. 888/2022.

• El grado de discapacidad será revisable:

a) De oficio por las Administraciones competentes, por alguna de las siguientes causas:

1. 1. 1. En la fecha de revisión prevista en la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad.
      2.  Cuando sean conocedoras de circunstancias que puedan dar lugar a una modificación del grado de discapacidad.
      3. Cuando se constate la omisión o inexactitud en las informaciones de las personas usuarias.

b) A instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica:

1. 1. 1. Cuando hubieran transcurrido al menos dos años desde la fecha de la resolución.
      2. Excepcionalmente, este plazo puede reducirse, cuando se acredite documentalmente que se han producido cambios sustanciales en las circunstancias que motivaron el reconocimiento del grado de discapacidad o un error cuya corrección implique un cambio en el grado reconocido.
      3. Asimismo, la persona interesada podrá instar la incoación del procedimiento de revisión a partir de la fecha prevista a tal efecto en la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad, aunque esta sea anterior al referido plazo de dos años, para el caso de que la Administración competente no haya procedido a la iniciación de oficio.

Cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución.

TARJETA ACREDITATIVA DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

• Es un documento personal e intransferible que tiene por finalidad dar testimonio fehaciente del reconocimiento de grado de discapacidad de su titular. Su presentación, acompañada siempre del NIF/Nie o pasaporte producirá los mismos efectos acreditativos que la Resolución de reconocimiento de grado. No obstante, siempre que las Administraciones u Organismos Públicos lo consideren oportuno, podrán solicitar la presentación de dicha Resolución.
• Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad, siendo expedida de oficio, a todas aquellas personas a quien se le reconozca un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con carácter permanente o provisional, conforme a lo establecido en su momento por el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, y por el vigente Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
• En los casos de pérdida o robo de la tarjeta, la persona beneficiaria o quien tenga su representación legal lo deberá comunicar al órgano competente y solicitar la expedición de otra nueva, conforme a lo previsto en la Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en el Principado de Asturias.

ACLARACIÓN RESPECTO A LA CONSIDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR RESOLUCIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL INSS.

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece en su artículo 35.1 que:

A los efectos del presente capítulo VI, referente al ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Así mismo, en su artículo 4.2 indica:

A los efectos de la sección 1.ª del capítulo V (vida independiente e igualdad de oportunidades en el ámbito de la accesibilidad) y del capítulo VIII del título I (derecho de participación en asuntos públicos), así como del título II (igualdad de oportunidades y no discriminación), se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Todo ello permite a las citadas personas pensionistas, acceder al mercado de trabajo con la consideración automática de personas con discapacidad, sin necesidad de ser valorados por los Equipos de Valoración y Orientación (EVO), así como disfrutar de las condiciones de accesibilidad y no discriminación, derecho de participación en los asuntos públicos y las relativas a la igualdad de oportunidades y no discriminación.

Para poder acreditar la condición de personas pensionistas, el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en su artículo 2.1 apartados b y c dispone:

1. A los efectos de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el grado de minusvalía igual al 33 por ciento se acreditará mediante los siguientes documentos:

1. 1. 1. Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
      2. Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CASO DE MENORES.

• En el caso de que la persona solicitante sea un menor, deberá aportarse su DNI, o en su caso el NIF asignado mediante el trámite "Asignación de NIF a menores por gestores administrativos", de la Agencia Tributaria.
• Los gestores administrativos podrán solicitar NIF de menores a través del servicio disponible en la Sede Electrónica basado en la Encomienda de Gestión a los Gestores.
  • Documento disponible en: Agencia Tributaria: Modelo 030 - Asignación de NIF a menores por gestores administrativos

• Aportación de documentos por requerimiento a la Administración del Principado de Asturias