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Contratación administrativa

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Consiste en

Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado.

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, con las excepciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado y los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al citado texto legal, o por declararlo así una Ley.

Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas y los celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto los servicios que se indican en la legislación de contratos así como cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados en el párrafo anterior.

Te interesa saber

  1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

    Los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

  2. APTITUD PARA CONTRATAR

    • Podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, se encuentren debidamente clasificadas.
    • Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
    • Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o regla fundacionales, le sean propios.
    • Uniones de empresarios.
    • Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
  3. CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

    Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras o de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior al fijado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías fijadas en el texto citado, ni será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.

    De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta del citado Texto Refundido el precepto trascrito entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratatos de las Administraciones Públicas.

    Las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato.

Para más información sobre este tema

Servicio de Procesos Administrativos
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Código 201053358

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