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Boletín Nº 211 del jueves 31 de octubre de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación de la segunda adenda de modificación y prórroga al Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de septiembre de 2019 la segunda adenda de modificación y prórroga al Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

RESUELVO

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, 14 de octubre de 2019.—El Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.—Cód. 2019-11435.

CONVENIO

Madrid, 19 de septiembre de 2019

SEGUNDA ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS, SOBRE LA DETECCIÓN DE SUPUESTOS DE VULNERABILIDAD CON OCASIÓN DEL LANZAMIENTO DE VIVIENDA FAMILIAR Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL

Reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo General del poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

De otra, el Excmo. Sr. D. Adrián Barbón Rodríguez, Presidente del Principado de Asturias, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 448/2019, de 16 de julio, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, autorizado para este acto por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de agosto de 2019.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Ignacio García Palacios, en su condición de Presidente de la Federación Asturiana de Concejos, en virtud de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales y su Reglamento de Funcionamiento Interno, conforme al acuerdo adoptado por unanimidad en reunión celebrada por su Asamblea General en la Ciudad de Oviedo, el 1 de octubre de 2015.

Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación legal que ostentan y para suscribir la presente Adenda de modificación y prórroga al Convenio y al efecto

Exponen

Primero.—El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos formalizaron, con fecha 15 de marzo de 2018, un Convenio de colaboración en materia de protección de la ciudadanía ante los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria.

Segundo.—El referido Convenio ha sido prorrogado por un año, mediante una Adenda firmada por las partes, hasta el 15 de marzo de 2020.

Tercero.—La Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece, en su apartado 1, la obligación de adaptar todos los convenios suscritos por las Administraciones públicas al nuevo régimen jurídico previsto en el Capítulo VI de dicho texto legal, adaptación que habrá de llevarse a efecto en el plazo máximo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, que tuvo lugar el día 2 de octubre de 2016, es decir, con anterioridad al 2 de octubre de 2019.

Cuarto.—El artículo 49 de la Ley 40/2015 señala cuál debe ser el contenido mínimo de todos los convenios, que ha de incluir, entre otras, las siguientes materias: 1) los mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes; 2) el régimen de modificación del convenio; y 3) el plazo de vigencia del convenio. Es preciso, por tanto, actualizar o adaptar las cláusulas del Convenio que regulan estas cuestiones, o, en su caso, adicionar las que sean necesarias para que quede debidamente regulado ese contenido mínimo que la Ley exige.

Quinto.—En materia de protección de datos se han aprobado y han entrado en vigor tanto el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En consecuencia, es necesario introducir en el Convenio una cláusula que haga mención a la legislación vigente en esta materia.

Por todo cuanto antecede, las partes acuerdan suscribir la presente adenda de modificación y prórroga del Convenio con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Se modifica la cláusula cuarta del Convenio, quedando redactada de la siguiente forma:

“Cuarta.—Confidencialidad.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que les haya sido suministrada o que se hayan intercambiado durante la vigencia del presente Convenio, en particular, los datos personales y familiares a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas. También acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando a su personal, con la condición de que éste también mantenga la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción, todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento por las partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.

Segunda.—Se modifica la cláusula quinta del Convenio, que queda redactada de la siguiente manera:

“Quinta.—Comisión mixta de seguimiento del Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se creará una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este Convenio y de resolución de controversias administrativas. Esta comisión estará integrada por dos representantes del Gobierno del Principado de Asturias, dos del Consejo General del Poder Judicial y dos de la Federación Asturiana de Concejos, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las tres partes intervinientes.

La Comisión, que se constituirá en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del presente Convenio, se reunirá de forma ordinaria una vez al año, con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia; y con carácter extraordinario cuando fuera necesario a petición de cualquiera de las partes.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente Convenio.

b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.

c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.

d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.

e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Seguimiento, a cuyos efectos la Presidencia, en su caso, tendrá facultades de decisión dirimente”.

Tercera.—Se adapta el régimen de prórroga del Convenio previsto en la cláusula séptima del Convenio a lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, en relación a la Disposición adicional octava de dicha norma, en los siguientes términos:

“Los firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del presente Convenio por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente, antes de la finalización de su vigencia en fecha 15 de marzo de 2020”.

De conformidad con la cláusula anterior, las partes acuerdan prorrogar por cuatro años la vigencia del Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria, extendiéndose dicho plazo hasta el 15 de marzo de 2024.

Cuarta.—Se modifica la cláusula octava del Convenio, que queda redactada de la siguiente forma:

“Octava.—Modificación, resolución y extinción del Convenio.

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas Autoridades que el presente Convenio.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:

1. El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.

d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del Convenio.

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”.

Quinta.—Se adiciona una nueva cláusula al Convenio, como novena, del siguiente tenor:

“Novena.—Naturaleza y régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

Sexta.—Se adiciona una nueva cláusula al Convenio, como décima, del siguiente tenor:

“Décima.—Protección de datos.

Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Las partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y los demás previstos en la legislación aplicable”.

Séptima.—A salvo de lo establecido en las anteriores cláusulas, se mantiene el resto de lo convenido en todos sus extremos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma la presente adenda de modificación y prórroga al referido convenio de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.

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