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Boletín Nº 211 del jueves 31 de octubre de 2019

AYUNTAMIENTOS

DE CASO

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2019 (contratos menores y control simplificado).

Habiéndose aprobado definitivamente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2019 (contratos menores y control simplificado), al no haberse presentado reclamaciones a la aprobación inicial acordada por el Pleno en sesión celebrada el 29 de agosto de 2019, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del siguiente acuerdo:

Único.—La aprobación inicial de la modificación parcial de las bases de ejecución del presupuesto con el siguiente tenor:

Artículo 35.—Contratos menores.

Primero.—Procedimiento aplicable a todos los contratos de importe igual o superior a 3.000 euros, IVA excluido.

El procedimiento aplicable a todos los contratos de importe igual o superior a 3.000,00 euros, IVA excluido, que se tramiten o celebren por la totalidad de los servicios municipales siempre que tengan la consideración de Contratos Menores al amparo del artículo 118 de la LCSP, será el siguiente:

1) El procedimiento se iniciará por cada Servicio o Departamento en que se realice la propuesta de gasto. A tal fin, se aportará por aquél documento de propuesta de gasto al departamento de Secretaría, según modelo incorporado como anexo I de las Bases de ejecución, para la certificación de la existencia de crédito y expedición del correspondiente documento contable RC, así como para la verificación por la Secretaría-Intervención de la no superación de los límites a que se refiere el apartado 3 del art. 118 LCSP.

A la propuesta de gasto se acompañarán las ofertas presentadas y firmadas por los/las representantes legales de las empresas a las que se ha solicitado ofertas, o por cualesquiera otras, presentadas ante el Registro o mediante otros mecanismos que permitan acreditar la fecha de recepción de las mismas.

Se procurará solicitar ofertas al menos a tres empresas con la habilitación profesional necesaria, mediante la remisión a las mismas del modelo de solicitud de oferta que figura en el anexo II de las bases de ejecución. Asimismo, se solicitará a dichas empresas la remisión de la oferta según el impreso normalizado que figura en el anexo III de las bases de ejecución, en el que se han incorporado las declaraciones responsables preceptivas a suscribir por el ofertante.

Verificados por la Secretaría-Intervención los extremos indicados, se iniciará expediente que debe ser tramitado de forma autónoma para cada contrato menor mediante el gestor de expedientes. Al mismo se incorporará la propuesta de gasto correspondiente.

2) Se suscribirá Memoria Justificativa por el órgano de contratación competente en la que figurará:

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. El citado informe debe incluir, al menos, los siguientes extremos:

— El órgano de contratación competente.

— El objeto del contrato.

— La justificación de la necesidad, incluida la justificación del procedimiento elegido.

— En el caso del contrato menor de obras, el presupuesto de obras de la Administración, o, en su caso, proyecto correspondiente y/o informe de la oficina de supervisión de proyectos cuando proceda.

— En el contrato menor de servicios, deberá añadirse, conforme al artículo 116.1.f de la LCSP informe de insuficiencia de medios en que se justifique la carencia de medios personales o materiales para el desarrollo del contrato

— Los datos identificativos del adjudicatario así como la justificación de su elección.

— La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, así como el ejercicio presupuestario (o los ejercicios presupuestarios en el caso de que fuese un gasto plurianual).

— La forma de certificación de la prestación o su recepción, y la forma de pago del mismo.

2. La justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar los principios de la contratación pública, así como la circunstancia de que el contratista no se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 118.3 de la LCSP.

En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 de la LCSP cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Cuando no fuese necesario el informe de supervisión, se hará constar esta circunstancia en la memoria justificativa del Contrato.

Si existe proyecto deberá procederse a la aprobación del mismo.

A su vez deberá incluirse, el replanteo previo y de conformidad con el R.D. 1627/1997 el Estudio de Seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud. Dichos documentos se remitirán con la solicitud de oferta siempre que ello sea técnicamente posible, en caso contrario deberán ser puestos a disposición de los licitadores.

3) Resolución de adjudicación del contrato, en la que se acordará la aprobación y disposición del gasto, dando lugar a la emisión del documento contable AD. Ambos documentos se incorporarán al expediente en el gestor documental.

4) Recepcionada la factura, se tramitará, ésta de conformidad con lo establecido en la legislación contable y en las bases de ejecución presupuestaria, y se incorporará al expediente en el gestor documental.

Segundo.—Procedimiento aplicable a todos los contratos de importe inferior a 3.000 euros, IVA excluido.

El procedimiento aplicable a todos los contratos de importe inferior a 3.000,00 euros, IVA excluido, que se tramiten o celebren por la totalidad de los servicios municipales siempre que tengan la consideración de Contratos Me¬nores al amparo del artículo 118 de la LCSP, será el siguiente:

1) El procedimiento se iniciará por cada Servicio o Departamento en que se realice la propuesta de gasto. La tramitación de esta fase se efectuará de la forma descrita en el apartado Primero punto 1), con las siguientes particularidades:

— No será preceptiva la solicitud de tres ofertas en virtud de los principios de proporcionalidad, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión previstos en el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en lo previsto en la nota aclaratoria sobre la instrucción 1/2019 de la oficina independiente de regulación y supervisión y de la contratación relativa a la de los contratos menores.

— El expediente no debe ser tramitado de forma autónoma para cada contrato menor mediante el gestor de expedientes, sino que se incorporará la propuesta de gasto correspondiente, una vez verificados por la Secretaría-Intervención los extremos referidos en el apartado Primero punto 1), al expediente único que se aperturará para los contratos objeto del presente apartado Segundo en el negociado de contratación del gestor documental, bajo la nomenclatura “CON/año al que corresponda el expediente/número correlativo asignado por el gestor documental” y denominación “Contratos menores de tramitación simplificada 20…”.

2) La aprobación del gasto se realizará de forma conjunta al reconocimiento de la factura, dando lugar a la emisión del documento contable ADO. A tales efectos, podrán aprobarse relaciones de facturas o facturas de manera individual. Los documentos descritos en este apartado se incorporarán al expediente en el gestor documental.

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Artículo 74.—Exención de fiscalización previa.

No estarán sometidos a fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

Artículo 75.—Régimen simplificado de control interno.

Visto el informe del Secretario-Interventor de fecha 20 de diciembre de 2018, considerando la propuesta del Alcalde, se aprueba incluir a esta Entidad dentro del régimen simplificado de control interno que regula el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Artículo 76.—Fiscalización e intervención limitada previa de gastos.

La fiscalización e intervención limitada previa de obligaciones o gastos incluidos en el presente acuerdo se realizará mediante la comprobación de los siguientes extremos:

a) Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.

c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes y dada su trascendencia en el proceso de gestión, se contienen en el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Caso, adoptado en su sesión extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2018 (Anexo IV). En este sentido, se consideran trascendentes los fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos (actualmente se consideran, en todo caso, extremos trascendentes, y por tanto básicos, los establecidos en la Resolución de 2 de junio de 2008 de la IGAE, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por la que se da aplicación a la previsión de los arts. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, modificada y actualizada por Resolución de 4 de julio de 2011; y los establecidos en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios).

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el art. 13.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local serán objeto de otra plena con posterioridad. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III del Real Decreto 424/2017.

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera que se han omitido requisitos o trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del Interventor, se dan las mencionadas circunstancias, habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos 215 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 77.—Toma de razón en contabilidad.

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría (arts. 219.4 del TRLHL y art. 9 del R.D. 424/2017).

Artículo 78.—Fiscalización posterior de derechos.

El control posterior de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local y la de sus organismos autónomos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero. La sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería de la Entidad Local por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

Artículo 79.—Observaciones complementarias.

Una vez comprobados los extremos señalados en el presente acuerdo, el órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.

Artículo 80.—Extremos trascendentes.

Sin perjuicio de la modificación y actualización de los considerados como tales en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Caso, en su sesión extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2018 cuando sea preciso, tendrán en todo caso el carácter de trascendentes en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales, que deberán comprobarse en todos los tipos de gasto que comprende (art. 13.2, 2.º párrafo, del Real Decreto 424/2017).

Anexo IV

Primero.—Se establece como sistema general para todo tipo de expediente de gasto la fiscalización previa limitada debiendo de verificar los extremos del art. 13.2 del Real Decreto 424/2017. No obstante, en los expedientes que se recogen expresamente en el presente acuerdo además de los anteriores extremos, que se verificarán con carácter general, se deberán comprobar los extremos que se determinen de forma particular, que a estos efectos se contienen en los siguientes apartados.

Segundo.—En los supuestos en que la fiscalización resulte favorable, el informe se podrá sustituir por una diligencia en la que constará “Intervenido y conforme”, la fecha, la firma y pie de firma del órgano Interventor. En aquellos casos que la normativa establezca la necesidad de informe de intervención y el expediente esté sujeto a fiscalización ese informe se entenderá subsumido dentro del informe de intervención.

Tercero.—En los expedientes de selección de personal funcionario los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran en la relación o catálogo de puestos de trabajo, aparecen en la oferta de empleo público, se encuentran dotados y están vacantes

2. Publicación de la convocatoria.

3. Acreditación de los resultados del proceso selectivo (acta del tribunal seleccionador).

Cuarto (segundo ACM 2008).—En los expedientes de contratación de personal laboral los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Propuesta de contratación de personal laboral fijo:

a) Cumplimiento de los límites que establezca la LPGE para ese ejercicio.

b) Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los términos establecidos en el artículo 172 del ROF en que se recoja expresamente que los puestos a cubrir figuran detallados en las respectivas relaciones o catálogos de puestos de trabajo y están vacantes.

c) Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

d) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

e) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

f) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

2. Propuesta de contratación de personal laboral temporal:

a) Que se trate de servicios públicos esenciales, para casos excepcionales y cubrir necesidades urgentes e inaplazables, conforme declara la LPGE.

b) Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente.

c) Adecuación del contrato que se formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente.

d) En el supuesto de contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones, se verificará la existencia del informe del responsable del departamento de personal, sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y sobre la observancia, en las cláusulas del contrato, de los requisitos y formalidades exigidos por la Legislación laboral.

e) Que las retribuciones que se señalen en el contrato se ajusten al Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

3. Prórrogas de contratos laborales:

Informe del Jefe del Servicio de Personal en el que se indique que el contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

Quinto.—En los expedientes de contratación de personal eventual (de confianza), los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Certificado acreditativo de que los puestos a cubrir figuran detalladamente en la plantilla, se encuentran dotados y están vacantes.

2. Que las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual se ajustan a los límites y normas del art. 104 bis LBRL.

Sexto (tercero ACM 2008).—En las nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Existencia de informe propuesta del responsable del Servicio de personal en los términos establecidos en el artículo 172 del ROF; o, alternativamente que las nóminas están firmadas por el responsable de dicho servicio.

2. En el caso de las de carácter ordinario y las unificadas de período mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

3. Justificación documental limitada a los siguientes supuestos de alta y variación en nómina, con el alcance que para cada uno de ellos se indica:

a) Miembros de la Corporación: Copia del acuerdo plenario sobre su situación de dedicación exclusiva o parcial, verificación de sus retribuciones y alta en seguridad social, en su caso.

b) Personal funcionario de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión y verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo, alta en seguridad social.

c) Personal laboral de nuevo ingreso: Copia del plan o del contrato sobre el que fue ejercida la fiscalización previa del gasto, alta en seguridad social.

d) Personal laboral temporal: copia del plan o del contrato sobre el que fue ejercida la fiscalización previa del gasto, y adecuación de las retribuciones al convenio colectivo que resulte de aplicación.

El resto de las obligaciones reflejadas en la nómina, tanto por conceptos retributivos como no retributivos, así como los actos que las generen, serán objeto de comprobación posterior (según el ACM, “se incluirán en el ámbito de las actuaciones propias del control financiero permanente”).

Séptimo (sexto ACM 2008).—En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante el Ayuntamiento, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad patrimonial, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. No ha prescrito el derecho a reclamar.

2. Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.

3. Evaluación económica de las lesiones suscrita por técnico municipal.

4. Informe jurídico.

5. Que existe, en su caso dictamen del Consejo Consultivo.

Octavo (séptimo ACM 2008).—En los expedientes de gasto derivados de las reclamaciones por salarios de tramitación en juicios por despido y cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos, los siguientes extremos adicionales:

1. Que se aporta certificación del Juzgado de lo Social, testimoniando la sentencia declaratoria del despido improcedente y haciendo constar su firmeza.

2. Que se aporta propuesta de resolución a elevar al órgano competente para resolver.

3. Que se aporta justificante de previo abono de los salarios de tramitación y del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social asociadas a los mismos.

Noveno (octavo ACM 2008).—En los expedientes de gasto derivados de expropiaciones forzosas, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Depósitos previos.

a) Que existe acta previa a la ocupación.

b) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

2. Indemnización por rápida ocupación.

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes

b) Que existe acta previa a la ocupación.

c) Que existe documento de liquidación de la indemnización.

3. En los expedientes de determinación del justiprecio por los procedimientos ordinario y de mutuo acuerdo.

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el artículo 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.

Décimo (Segundo ACM 2018).—En los expedientes de contratos de obras, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Obras en general.

1.1. Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto:

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) Proyecto de la obra aprobado por el órgano de contratación

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Informe jurídico (de secretaría general).

f) Que existe acta de replanteo previo.

g) Justificación en el expediente de los términos y circunstancias señalados en el art. 116.4 LCSP.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

i) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

k) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

n) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

q) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

r) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

B) Compromiso del gasto

B.1) Adjudicación.

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Resolución del órgano competente autorizando el gasto, aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación

d) Acta de la Mesa de contratación suficientemente motivada proponiendo al tercero adjudicatario. Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

e) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

f) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

h) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

i) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

j) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

1.2. Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Audiencia del contratista (y del redactor del proyecto) por plazo mínimo de tres días.

c) Redacción de nuevo proyecto y aprobación del mismo (at. 242.4 LCSP).

d) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

f) Que existe acta de replanteo previo.

1.3. Revisiones de precios (aprobación del gasto): Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.4. Reconocimiento de la obligación: Certificaciones de obra:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría General con el contenido mínimo recogido en el art. 35.1 LCSP.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante y, en su caso, en el DOUE.

f) Acta de comprobación del replanteo.

g) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor.

h) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

i) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

j) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

k) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

l) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.5. Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra: Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.6. Certificación final:

a) Comunicación escrita del contratista en los términos del art. 163.1 RLCAP.

b) Informe del Director técnico al órgano de contratación.

c) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra.

d) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

e) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Conclusión de la obra en el plazo establecido.

g) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

h) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.7.Liquidación:

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra.

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

1.8. Devolución de fianza.

a) Aprobación de la liquidación del contrato (art. 111.2 y 243.3 LCSP).

b) Inexistencia de providencia de embargo dirigida al órgano ante el cual se encuentra constituida la garantía en los términos del art. 65.3 RLCAP.

c) Se excede/No se excede el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

1.9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.10. Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo Consultivo.

1.11. Resolución del contrato de obra:

a) Concurrencia de alguna de las causas de resolución de los arts. 211.1 y 245 LCSP.

b) En el supuesto de que se configure como causa de resolución del contrato el incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, se verifica que las mismas cumplen los requisitos señalados en el art. 211.1.f) LCSP.

c) Audiencia del contratista.

d) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

e) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo.

f) Consta informe económico cuantificando los daños y perjuicios ocasionados.

1.12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

1.13. Cesión del contrato:

a) Se encuentra prevista en el pliego.

b) El cesionario propuesto tiene competencia para contratar con la Administración y la solvencia que resulta exigible en función de la fase de ejecución del contrato, no está incurso en causa de prohibición de contratar y está clasificado cuando dicho requisito fue exigible al cedente (art. 214.2 LCSP).

c) El cedente ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.

1.14. Desistimiento:

a) La propuesta se formula antes de la formalización del contrato (art. 152.2 LCSP).

b) Se propone el desistimiento ante una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152.4 LCSP), constando justificación suficiente en el expediente.

c) Consta propuesta de compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que han incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común (art. 152.2 LCSP).

2. Contratación conjunta de proyecto y obra.

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes especialidades:

2.1. Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales:

A.1) Adjudicación:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

q) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

r) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

s) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

A.2) Formalización. En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado segundo 1.4 deberá comprobarse:

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

b) Que existe acta de replanteo previo.

2.2. Cuando, en el caso del artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, no sea posible establecer el importe estimativo de la realización de las obras:

A) Aprobación y compromiso del gasto: En el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato deberán ser objeto de comprobación los extremos previstos en relación con la aprobación y compromiso del gasto para el caso general de contratación conjunta de proyecto y obra, a excepción de la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en relación con el gasto derivado de la ejecución de las obras.

B) Previamente a la aprobación del expediente de gasto correspondiente a la ejecución de las obras, que de acuerdo con el artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público es posterior a la adjudicación del contrato, serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

a) Los previstos en el apartado primero del presente Acuerdo en relación con dicho expediente de gasto.

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación.

c) Que existe acta de replanteo previo.

2.3. Supuestos específicos de liquidación del proyecto: En aquellos supuestos en los que, conforme a lo previsto en el artículo 234.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación y el contratista no llegaran a un acuerdo sobre los precios, o conforme al artículo 234.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración renunciara a la ejecución de la obra, los extremos a comprobar en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos serán los del apartado cuarto 1.5 relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

Undécimo (Tercero ACM 2018).—En los expedientes de contratos de suministros, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Suministros en general.

1.1. Expediente inicial:

A) Aprobación del gasto:

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) Justificación en el expediente de los términos y circunstancias del art. 116.4 LCSP.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

d) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo.

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

p) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

B) Compromiso del gasto:

B1) Adjudicación:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el expediente comprensivo del pliego de cláusulas administrativas, el PPT y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación.

d) Acta de la mesa de contratación —suficientemente motivada—. Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

e) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

f) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

h) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

i) Constitución de la garantía provisional, cuando ésta sea exigible.

j) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

k) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

C) Reconocimiento de la obligación:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general con el contenido mínimo recogido en el art. 35.1 LCSP.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante y, en su caso, en el DOUE.

f) Certificación o acta de conformidad de la recepción (total o parcial) del suministro suscrito por el correspondiente servicio.

g) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013.

h) En el supuesto de pagos parciales, éstos deben contemplarse en el contrato.

i) En el supuesto de abonos a cuenta se verificará el cumplimiento de los requisitos del art. 198.3 LCSP.

j) Cuando en el abono se incluya revisión de precios, se comprobará que se ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y han transcurrido dos años desde su formalización.

1.2. Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.3. Modificación del contrato:

a) Audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días.

b) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

1.4. Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.5. Entregas parciales y liquidación:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.6. Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Se ejercita antes de finalizar el contrato.

c) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

d) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

e) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

f) En los supuestos de los artículo 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.8. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

1.9. Resolución del contrato de suministro:

a) Concurrencia de alguna de las causas de resolución de los arts. 211.1 y 306 LCSP.

b) En el supuesto de que se configure como causa de resolución el incumplimiento de obligaciones esenciales, se verifica que las mismas cumplen los requisitos del art. 211.1.f) LCSP.

c) Cuando se constituye el mutuo acuerdo como causa de resolución se verifica que no concurre otra causa de resolución que sea imputable al contratista –y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato- art. 212.4 LCSP.

d) Audiencia del contratista (art. 191.1 LCSP).

e) En los supuestos del art. 211.1.g) LCSP, se verificará el correcto cálculo de la indemnización a percibir por el contratista (3% del importe de la prestación dejada de realizar salvo que la causa sea imputable al contratista o éste rechace la modificación contractual propuesta por la administración al amparo del art. 205) —ex. art. 213.4 LCSP—.

f) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

g) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

1.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

1.11. Devolución de fianza:

a) Aprobación de la liquidación del contrato (art. 111.2 LCSP).

b) Inexistencia de providencia de embargo dirigida al órgano ante el cual se encuentra constituida l garantía en los términos del art. 65.3 RLCAP.

c) Se excede/no se excede el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

1.13. Cesión del contrato:

a) Se encuentra prevista en el pliego.

b) El cesionario propuesto tiene competencia para contratar con la administración y la solvencia que resulta exigible en función de la fase de ejecución del contrato, no está incurso en causa de prohibición de contratar y está clasificado cuando dicho requisito fue exigible al cedente (art. 214.2 LCSP).

c) El cedente ha efectuado la explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

1.14. Desistimiento:

a) La propuesta se formula antes de la formalización del contrato (art. 152.2 LCSP).

b) Se propone el desistimiento ante una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152.4 LCSP), constando justificación suficiente en el expediente.

c) Consta propuesta de compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que han incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común (art. 152.2 LCSP).

Decimosegundo (Cuarto ACM 2018).—En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los adjudicados en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Servicios en general.

1.1. Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto.

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) Informe jurídico (de secretaría general).

c) Verificar que no se trata de una relación de carácter laboral.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento descriptivo.

f) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

g) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios.

h) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

j) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

k) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

l) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

n) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

p) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

q) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

r) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

s) En los supuestos de los artículos 4 y 5 así como disposición adicional segunda de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

B) Compromiso del gasto.

B.1) Adjudicación:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el expediente comprensivo del PCAP y PPT y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación

d) Acta de la mesa de contratación —suficientemente motivada—. Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

e) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

f) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

h) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.

i) Constitución de la garantía provisional cuando ésta sea exigible.

j) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

1.2. Reconocimiento de la obligación:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general con el contenido mínimo recogido en el art. 35.1 LCSP.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante y, en su caso, en el DOUE.

f) Presentación por el contratista del programa de trabajo en los supuestos en que así lo exija el PCAP.

g) Certificación o acta de conformidad de valorando el trabajo suscrita por el correspondiente servicio.

h) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013.

i) En el supuesto de pagos parciales, éstos deben contemplarse en el contrato.

j) En el supuesto de abonos a cuenta se verificará el cumplimiento de los requisitos del art. 198.3 LCSP.

k) Cuando en el abono se incluya revisión de precios, se comprobará que a) se ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y han transcurrido dos años desde su formalización.

1.3. Modificación del contrato:

d) Audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días.

e) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

f) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

1.4. Revisión de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

1.5. Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.6. Entregas parciales y liquidación:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.

b) En su caso, se contempló en el pliego que, tratándose de un contrato en el que la determinación del precio se realiza mediante unidades de ejecución, no tendría la consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se pudiera producir exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrían ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato (art. 309.1 segundo párrafo LCSP).

c) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1.7. Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Se ejercita antes de finalizar el contrato.

c) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

d) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

e) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

f) En los supuestos de los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, que se acompaña el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

1.8. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

1.9. Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

1.10. Resolución del contrato de servicios:

a) Concurrencia de alguna de las causas de resolución de los arts. 211.1 y 306 LCSP.

b) En el supuesto de que se configure como causa de resolución el incumplimiento de obligaciones esenciales, se verifica que las mismas cumplen los requisitos del art. 211.1.f) LCSP.

c) Cuando se constituye el mutuo acuerdo como causa de resolución se verifica que no concurre otra causa de resolución que sea imputable al contratista –y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato- art. 212.4 LCSP.

d) Audiencia del contratista (art. 191.1 LCSP).

e) En los supuestos del art. 211.1.g) LCSP, se verificará el correcto cálculo de la indemnización a percibir por el contratista (3% del importe de la prestación dejada de realizar salvo que la causa sea imputable al contratista o éste rechace la modificación contractual propuesta por la administración al amparo del art. 205) —ex. art. 213.4 LCSP—

f) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

g) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

1.11. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

1.12. Devolución de fianza:

a) Aprobación de la liquidación del contrato (art. 111.2 LCSP).

b) Inexistencia de providencia de embargo dirigida al órgano ante el cual se encuentra constituida l garantía en los términos del art. 65.3 RLCAP.

c) Se excede/no se excede el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

1.13. Cesión del contrato:

a) Se encuentra prevista en el pliego.

b) El cesionario propuesto tiene competencia para contratar con la administración y la solvencia que resulta exigible en función de la fase de ejecución del contrato, no está incurso en causa de prohibición de contratar y está clasificado cuando dicho requisito fue exigible al cedente (art. 214.2 LCSP).

c) El cedente ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.

1.14. Desistimiento:

a) La propuesta se formula antes de la formalización del contrato (art. 152.2 LCSP).

b) Se propone el desistimiento ante una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152.4 LCSP), constando justificación suficiente en el expediente.

c) Consta propuesta de compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que han incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común (art. 152.2 LCSP).

2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información: Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general y, además, en la fase de aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas emitido por la Secretaría General de Administración Digital.

Decimotercero (quinto del ACM 2018).—Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Contratación centralizada

Los extremos adicionales a fiscalizar serán los contenidos en el Acuerdo de consejo de Ministros vigente en tales aspectos, en aquellos supuestos que sean de aplicación a las Entidades Locales.

Decimocuarto (Sexto del ACM 2018).—En los expedientes de contratos de concesión de obra pública, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto

a) Se ha tramitado y aprobado el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad del contrato que exige el art. 86.1 LBRL.

b) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

c) Justificación en el expediente de los términos y circunstancias señalados en el art. 116.4 LCSP.

d) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.

e) Se somete el estudio de viabilidad a información pública, dándose traslado del mismo para informe a los órganos oportunos.

f) Publicación en el perfil del contratante de estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera.

g) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras.

h) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

i) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

j) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

k) Que existe acta de replanteo previo.

l) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.

En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público.

m) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

n) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

o) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

p) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

q) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

r) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

s) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

t) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (no se excede el plazo máximo de duración previsto en el art. 29.6 LCSP).

u) Que, en su caso, existe informe favorable del Ministerio de Hacienda a que se refiere el artículo 324 de la Ley de Contratos del Sector Público.

v) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación

d) Acta de la mesa de contratación –suficientemente motivada-. Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

e) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

f) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

h) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

i) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

j) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

k) En el acuerdo de adjudicación propuesto se fijan las tarifas a abonar por los usuarios por la utilización de las obras públicas (art. 267.2 LCSP).

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

2. Modificados:

a) Audiencia del contratista (y del redactor del proyecto) por plazo mínimo de tres días.

b) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

c) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

e) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo.

f) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

g) Que, en su caso, existe el informe de la Oficina Nacional de Evaluación previsto en el artículo 333 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en caso de apartarse de sus recomendaciones, que existe informe motivado al respecto.

3. Revisiones de precios (aprobación del gasto): Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:

4.1. Abonos por aportaciones durante la construcción:

b) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.

c) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

d) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

e) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En el caso de la certificación final, que está autorizada por el facultativo Director de la obra, que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede, y que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256. Asimismo, cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción: Que existe acta de comprobación del art. 256 LCSP y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

4.3. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra:

a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica.

c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.

6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos del Sector Público: Se comprobarán los extremos previstos en el apartado primero del presente Acuerdo y que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo.

7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro: Que existe informe del Servicio Jurídico.

8. Indemnización a favor del contratista

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) Que existe informe técnico.

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado.

9. Resolución del contrato:

a) Concurrencia de alguna de las causas de resolución previstas en los artículos 211-con excepción de las comprendidas en las letras d) y e)-, en el art. 279, se trata de alguno de los incumplimientos graves que se constituyen como causa de resolución del contrato en los términos del art. 264.3 LCSP o bien el contratista desiste del contrato al resultar éste extraordinariamente oneroso en los términos del art. 270.4 LCSP.

b) En el supuesto de que se configure como causa de resolución del contrato el incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, se verifica que las mismas cumplen los requisitos señalados en el art. 211.1.f) LCSP.

c) Cuando se constituye el mutuo acuerdo como causa de resolución se verifica que no concurre otra causa de resolución que sea imputable al contratista —y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato— (art. 212.4 LCSP).

d) Informe jurídico (de Secretaría General).

e) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado.

f) Audiencia del contratista (art. 191.1 LCSP).

g) Consta, en su caso, informe económico cuantificando los daños y perjuicios a indemnizar.

h) En los supuestos del art. 211.g) LCSP, se verificará el correcto cálculo de la indemnización a percibir por el contratista (3% del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o éste rechace la modificación contractual propuesta por la administración al amparo del art. 205 —ex art. 213.4 LCSP—.

i) En el supuesto de la causa de resolución de la letra b) del art. 279, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley 3/2004 de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos (art. 280.6 LCSP).

10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento: Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión:

a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión.

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

12. Prórroga del contrato:

a) Se encuentra prevista en el pliego.

b) Se ejercita antes de finalizar el contrato.

c) En los supuestos del art. 29.4 último párrafo LCSP (cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista), se verifica la concurrencia de los requisitos exigidos por el citado artículo.

d) En los supuestos en que se proceda a la prórroga como medida para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se verificará el cumplimiento de los términos del art. 290 LCSP.

e) Informe jurídico (de Secretaría General).

13. Cesión del contrato:

d) Se encuentra prevista en el pliego

e) El cesionario propuesto tiene competencia para contratar con la administración y la solvencia que resulta exigible en función de la fase de ejecución del contrato, no está incurso en causa de prohibición de contratar y está clasificado cuando dicho requisito fue exigible al cedente (art. 214.2 LCSP)

f) El cedente ha efectuado la explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato

14. Desistimiento:

a) La propuesta se formula antes de la formalización del contrato (art. 152.2 LCSP)

b) Se propone el desistimiento ante una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152.4 LCSP), constando justificación suficiente en el expediente.

c) Consta propuesta de compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que han incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común (art. 152.2 LCSP).

Decimoquinto (séptimo del ACM 2018).—En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado cuarto relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

Decimosexto (octavo del ACM 2018).—En los expedientes de ejecución de trabajos por la propia Administración, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Ejecución de obras por administración.

1.1. Autorización:

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, el cual deberá determinar alguno de los supuestos recogidos en el art. 30 LCSP.

c) Informe jurídico.

d) Existencia de proyecto en los supuestos en que éste sea exigible —art. 30.1.a), b), c), e) y f)—

e) En su caso, informe de la Oficina de Supervisión de proyectos.

f) Acta de replanteo previo.

1.2. Certificaciones:

a) Fiscalización previa del expediente.

b) Resolución motivada del órgano competente acordando la ejecución de las obras por la administración.

c) Acta de comprobación del Replanteo de obra.

d) Consta justificante de los gastos realizados por todos los conceptos (art. 179.2 RLCAP).

e) Acta de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por la propia administración.

Se comprobarán además los extremos correspondientes al epígrafe 2 siguiente en las sucesivas fases del contrato.

2. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

2.1. Expediente inicial.

A) Aprobación del gasto:

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en os términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) Acuerdo de iniciación del expediente dictado por el órgano de contratación, el cual deberá determinar alguno de los supuestos recogidos en el art. 30 LCSP.

c) Que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30, no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico.

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.

f) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

g) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento descriptivo.

h) Que existe acta de replanteo previo, en su caso.

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

j) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

k) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

l) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

n) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

o) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

p) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

q) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

r) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes.

s) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación

d) Acta de la mesa de contratación —suficientemente motivada—.

Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto.

e) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente.

f) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

h) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva.

i) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

j) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no se encuentra incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares.

2.2 Modificaciones del contrato:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo.

b) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado.

c) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d) En su caso, que existe acta de replanteo previo.

2.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso de gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría General con el contenido mínimo exigido por el art. 35.1 LCSP.

e) Acta de comprobación del replanteo.

f) Cuando la certificación incluya revisión de precios, se comprobará que a) se ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y han transcurrido dos años desde su formalización; Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.

g) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía.

h) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

i) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

j) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.4. Certificación final de obra:

a) Comunicación escrita del contratista en los términos del art. 163.1 RLCAP.

b) Informe del Director técnico al órgano de contratación.

c) Acta de recepción de la obra (art. 243.1 LCSP y 164 RLCAP)

d) Conclusión de la obra en el plazo establecido

e) Certificación (final) de obra

f) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013

g) Cuando la certificación incluya revisión de precios, se comprobará que a) se ha ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y han transcurrido dos años desde su formalización;

2.5. Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo.

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico.

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

2.6. Liquidación:

a) Informe del Director facultativo de la obra en el plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía (art. 243.3, segundo párrafo).

b) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o de los bienes de que se trate.

c) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones valoradas.

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

3. Encargos a medios propios personificados previstos en el artículo 32 de la ley de contratos del sector público.

3.1 Encargo:

a) Informe de repercusión del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPSF.

b) Acta de replanteo previo.

c) Que se reconoce en los estatutos o acto de creación de la entidad destinataria del encargo la condición de medio propio personificado respecto del poder adjudicador que hace el encargo, con el contenido mínimo previsto en la letra d) del artículo 32.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, por otros poderes adjudicadores respecto de los que tenga la consideración de medio propio o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores, de conformidad con lo señalado en la letra b) de los apartados 2 y 4 del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. A estos efectos, se verificará que se hace mención al cumplimiento de esta circunstancia en la Memoria integrante de las últimas Cuentas Anuales auditadas en las que resulte exigible.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico.

f) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

g) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.

h) Que las prestaciones objeto del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

i) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de encargo, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.

j) En el supuesto de que el encargo prevea pagos anticipados conforme a lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria, que en el mismo se exige, en su caso, a la entidad encomendada la prestación de garantía suficiente.

k) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

l) En los encargos que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital, la existencia del informe técnico de la Secretaría General de Administración Digital.

3.2. Modificaciones del encargo:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

b) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, así como acta de replanteo previo. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

c) Que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar así como su correspondiente presupuesto, elaborado de acuerdo con las tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependa el medio propio personificado.

d) Que las prestaciones objeto de la modificación del encargo estén incluidas en el ámbito de actuación u objeto social de la entidad destinataria del mismo.

e) Que el importe de las prestaciones parciales que el medio propio vaya a contratar con terceros, en su caso, conforme a la propuesta de modificación, no exceda del 50 por ciento de la cuantía del encargo inicial y sus modificaciones, con las excepciones previstas en el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.3. Abonos durante la ejecución de los trabajos:

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración así como justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten.

b) En el caso de efectuarse pagos anticipados que se ha prestado, en su caso, la garantía exigida.

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

3.4. Liquidación:

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de las obras, bienes o servicios, así como su correspondiente valoración y, en su caso, justificación del coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades subcontratadas.

b) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede.

c) En su caso, que se aporta factura por la entidad destinataria del encargo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

Decimoséptimo.—En los expedientes de concesión de servicios, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Autorización del expediente

a) Se ha tramitado y aprobado el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad del contrato que exige el art. 86.1 LBRL.

b) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LO 2/2012.

c) Consta, en su caso, informe de la Oficina Nacional de Evaluación al que se refiere el art. 333.3 LCSP.

d) Reglamento del servicio.

e) Estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico-financiera.

f) En su caso, anteproyecto de construcción y explotación de las obras que resulten precisas con especificación de las prescripciones técnicas relativa sa su realización, así como de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de las obras.

g) PCAP.

h) PPT.

i) No se excede el plazo máximo de duración previsto en el art. 29.6 LCSP.

j) Informe jurídico (de secretaría general).

k) Justificación en el expediente de los términos y circunstancias del art. 116.4 LCSP.

l) Concurrencia, en su caso, de alguno de los supuestos que permitan acudir al procedimiento negociado sin publicidad con arreglo al art. 168 LCSP.

m) Lo señalado en el apartado anterior respecto del diálogo competitivo con arreglo al art. 167 LCSP.

2. Compromiso del gasto.

2.1. Adjudicación.

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Publicación del anuncio de licitación.

d) Acta de la mesa de contratación —suficientemente motivada— proponiendo al tercero adjudicatario. Cuando no se adjudique el contrato al propuesto por la Mesa, motivación suficiente del órgano de contratación.

e) En caso de que se hubiese declarado a la oferta mas ventajosa en presunción de temeridad, consta informe del servicio técnico sobre la viabilidad de aquéllla.

f) Declaración responsable formulada por el empresario propuesto como adjudicatario con el contenido señalado en el art. 140.1 LCSP.

g) Constitución de la garantía provisional cuando ésta sea exigible.

h) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

i) Constitución de la garantía definitiva.

j) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario dispone, en su caso, de los medios que se hubiese comprometido a adscribir al contrato.

2.2. Formalización del contrato:

En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

3. Reconocimiento de la obligación:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general con el contenido mínimo recogido en el art. 35.1 LCSP.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante y, en su caso, en el DOUE.

f) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013.

g) Cuando el abono incluya revisión de precios se comprobará que a) han transcurrido dos años desde la formalización del contrato —al no ser exigible el requisito de que se haya ejecutado al menos el 20% del importe de aquel—

h) En el supuesto de abonos a cuenta se verificará el cumplimiento de los requisitos del art. 198.3 LCSP.

4. Liquidación del contrato:

a) Certificación del servicio.

b) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013.

c) Cuando la liquidación excepcionalmente incluya revisión de precios (art. 105 in fine LCSP) se verificará los extremos señalados anteriormente al efecto.

5. Devolución de fianza.

a) Aprobación de la liquidación del contrato (art. 111.2 y 243.3 LCSP).

b) Inexistencia de providencia de embargo dirigida al órgano ante el cual se encuentra constituida la garantía en los términos del art. 65.3 RLCAP.

c) Se excede/No se excede el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.

6. Indemnizaciones a favor del contratista.

a) Informe jurídico.

b) Informe de economista municipal.

7. Intereses de demora.

Se examina separadamente.

8. Resolución del contrato.

a) Concurrencia de alguna de las causas de resolución de los arts. 211.1 —salvo las letras d) y e)—, en el 294 cuando tratándose de alguno de los incumplimientos graves que se constituyen como causa de resolución del contrato, en los términos del art. 264.3 por remisión del art. 293.2 LCSP, o bien el concesionario desiste del contrato al resultar extraordinariamente oneroso en los términos del art. 290.6 LCSP.

b) En el supuesto de que se configure como causa de resolución del contrato el incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato, se verifica que las mismas cumplen los requisitos señalados en el art. 211.1.f) LCSP.

c) Audiencia del contratista.

d) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.

e) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo Consultivo.

f) Consta informe económico cuantificando los daños y perjuicios ocasionados.

g) En los supuestos del art. 211.g) LCSP, se verificará el correcto cálculo de la indemnización a percibir por el contratista (3% del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista o éste rechace la modificación contractual propuesta por la administración al amparo del art. 205 –ex art. 213.4 LCSP.

9. Modificación del contrato.

a) Concurrencia de a) alguno de los supuestos de modificación previstos en el pliego (art. 203.2 y 204 LCSP), o bien b) no encontrándose la modificación propuesta prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, —o habiendo sido prevista la modificación, no se ajusta a lo establecido en el art. 204— de alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del art. 205.

b) Informe jurídico (de secretaría general).

c) Informe preceptivo del consejo consultivo o del Consejo de Estado, en su caso (191.3.b) LCSP).

d) Consta propuesta de restablecimiento del equilibrio económico del contrato informada por economista municipal.

e) Consta, en su caso, informe de la oficina Nacional de Evaluación a que se refiere el art. 333.3 LCSP.

10. Prórroga del contrato.

a) Se encuentra prevista en el pliego.

b) Se ejercita antes de finalizar el contrato.

c) Se verifica la obligatoriedad de la prórroga en cuanto que su preaviso se ha llevado a cabo con al menos dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato —o plazo mayor que haya podido establecer el pliego— (art. 29.2 LCSP).

d) En los supuestos en que se proceda a la prórroga como medida para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato se verificará el cumplimiento de los términos del art. 290.

e) Informe jurídico (de secretaría general).

11. Cesión del contrato.

a) Se encuentra prevista en el pliego

b) El cesionario propuesto tiene competencia para contratar con la Administración y la solvencia que resulta exigible en función de la fase de ejecución del contrato, no está incurso en causa de prohibición de contratar y está clasificado cuando dicho requisito fue exigible al cedente (art. 214.2 c LCSP).

c) El cedente ha efectuado la explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

12. Desistimiento.

a) La propuesta se formula antes de la formalización del contrato (art. 152.2 LCSP).

b) Se propone el desistimiento ante una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación (art. 152.4 LCSP), constando justificación suficiente en el expediente.

c) Consta propuesta de compensación a los candidatos o licitadores por los gastos en que han incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común (152.2 LCSP).

Decimoctavo (decimoséptimo ACM 2008).—En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Adquisición de bienes inmuebles:

A) Aprobación del gasto:

A.1. Propuesta de adquisición y aprobación del gasto por el Servicio interesado. Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado primero del presente Acuerdo, por la Intervención.

A.2. La fiscalización consistirá en comprobar:

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) PCAP

c) PPT cuando sea necesario por la naturaleza u objeto del contrato (14.1.c) RBELA).

d) Que existe aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención.

e) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones del concurso.

f) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación.

g) Que existe tasación del bien, debidamente aprobada y actualizada, que incorporará el correspondiente estudio de mercado.

h) Procede la utilización del procedimiento negociado al concurrir alguno de los supuestos del art. 10 LBELA.

B) Compromiso del gasto:

B.1. La fiscalización se realizará por la Intervención y consistirá en comprobar:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando PCAP y PPT y el expediente de contratación, y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre la propuesta de adjudicación.

d) Cuando se proponga como procedimiento de adquisición del bien inmueble la adquisición directa, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa, y que existe oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las condiciones del contrato.

e) En los supuestos en que proceda –concurso- se comprobará:

— Consta informe de valoración suscrito por técnico competente

f) Acta de la mesa de contratación –suficientemente motivada- proponiendo al tercero adjudicatario. En caso de adquisición por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

g) Declaración responsable del tercero propuesto como adjudicatario con el contenido del 140.1. LCSP

h) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

i) Constitución de la garantía definitiva.

B.2. Aprobación del compromiso de gasto. Que existe acuerdo de adquisición por quien tenga delegada la competencia.

D) Reconocimiento de la obligación (y posterior pago del precio):

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación del contrato en el perfil del contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante.

f) Con posterioridad a la celebración del contrato habrá de procederse a:

— La inscripción del bien en el inventario municipal.

— Inscripción del bien en el Registro de la Propiedad.

2. Adquisición gratuita.

a) Informe jurídico.

b) Si la adquisición llevase aparejada alguna condición, modo o carga se verificará que el valor del gravamen no excede del valor de lo que se adquiere.

3. Arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.

3.1. Expediente inicial:

3.1.1 Propuesta de arrendamiento (autorización del gasto):

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF.

b) PCAP

c) PPT cuando sea necesario por la naturaleza u objeto del contrato (14.1.c) RBELA).

d) En los procedimientos de adquisición por concurso, que existe pliego de condiciones del concurso.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación.

f) Procede la utilización del procedimiento negociado al concurrir alguno de los supuestos del art. 10 LBELA.

g) Que existe informe técnico de valoración del arrendamiento, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.

3.1.2. Acuerdo de concertación del arrendamiento (compromiso del gasto).

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el PCACP, PPT el expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de contratación.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.

d) En los supuestos en que proceda, se comprobará.

e) Publicación del anuncio de licitación.

f) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa.

g) En caso de arrendamiento por concurso, acta de la mesa de contratación, y cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

j) Declaración responsable del tercero propuesto como adjudicatario con el contenido del 140.1. LCSP

k) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

l) Constitución de la garantía definitiva.

m) Constitución de la garantía provisional cuando ésta sea exigible.

3.3. Prórroga y novación:

a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado.

b) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.

c) Que, en su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado a la propuesta que prevé el apartado segundo de la Resolución de 4 de junio de 2007 de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

3.4. Reconocimiento de la obligación y posterior pago del alquiler:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil del contratante

d) Contrato examinado previamente por la secretaría general

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante

f) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.

g) Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.

4. Permuta.

4.1. Aprobación inicio del expediente

a) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en los términos del art. 7.3 LOEPYSF

b) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que el bien a permutar figura en el inventario con el carácter de patrimonial

c) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que el bien figura inscrito en concepto de patrimonial a favor del ayuntamiento.

d) PCAP informado jurídicamente.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico (secretaría general)

b) Que existe informe técnico de valoración de los bienes por técnico municipal competente.

c) La diferencia de valor entre los bienes a permutar no excede del 40% del bien con superior valoración, compensándose económicamente dicha diferencia.

d) Afección y destino de los ingresos.

4.2. Compromiso del gasto. Adjudicación:

h) Fiscalización previa de la autorización del gasto

i) Resolución del órgano de contratación autorizando el gasto, aprobando el PCACP, PPT el expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de contratación.

j) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta.

k) Consta informe de valoración por técnico competente

l) En los supuestos en que proceda, se comprobará.

— Publicación del anuncio de licitación

m) Acta de la mesa de contratación, y cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

n) Declaración responsable del tercero propuesto como adjudicatario con el contenido del 140.1. LCSP

o) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

p) Constitución de la garantía definitiva.

q) Constitución de la garantía provisional cuando ésta sea exigible.

4.4. Una vez adoptado el acuerdo:

a) Fiscalización previa de la autorización y compromiso del gasto.

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la adjudicación del contrato.

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil de contratante.

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general.

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante.

f) Con posterioridad a la celebración del contrato habrá de procederse a:

— La inscripción del bien en el inventario municipal

— Inscripción del bien en el Registro de la Propiedad

— La baja en inventario del bien entregado.

5. Enajenación.

5.1. Aprobación inicio del expediente:

a) Competencia para adoptar el acuerdo

b) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que el bien figura en el inventario con el carácter de patrimonial0

c) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que el bien figura inscrito en concepto de patrimonial a favor del ayuntamiento.

d) PCAP informado jurídicamente.

e) Que existe informe del Servicio Jurídico (secretaría general)

e) Que existe informe técnico de valoración de los bienes por técnico municipal competente.

f) En los supuestos de aplazamiento en el cobro del precio se verificará el cumplimiento de los requisitos del art. 134 LPAP, y en particular el tipo de interés exigido.

g) Afección y destino de los ingresos.

5.2. Adjudicación del contrato:

n) Fiscalización previa del expediente

o) Resolución del órgano de contratación aprobando el expediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

p) Resultando procedente la utilización de la subasta/concurso, se comprobará.

— Publicación del anuncio de licitación

q) Acta de la mesa de contratación, y cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación.

r) Declaración responsable del tercero propuesto como adjudicatario con el contenido del 140.1. LCSP

s) Acreditación de que el licitador propuesto como adjudicatario no está incurso en prohibición de contratar y, en especial, de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

t) Constitución de la garantía definitiva.

u) Constitución de la garantía provisional cuando ésta sea exigible.

5.4. Con posterioridad:

a) Fiscalización previa del acuerdo de enajenación

b) Resolución motivada del órgano de contratación sobre la enajenación

c) Publicación de la resolución de adjudicación en el perfil de contratante

d) Contrato examinado previamente por la Secretaría general

e) Publicación de la formalización del contrato en el perfil del contratante

f) Con posterioridad a la celebración del contrato habrá de procederse a la baja en inventario y en cuentas del inmovilizado del bien.

6. Cesión.

6.1. Con carácter previo al acuerdo.

a) Competencia para adoptar el acuerdo.

b) Condición del posible beneficiario.

c) Memoria justificativa de los fines que se persiguen con la cesión y de que éstos redundan en interés del vecindario.

d) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que el bien figura en el inventario con el carácter de patrimonial.

e) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que el bien figura inscrito en concepto de patrimonial a favor del ayuntamiento.

f) Que existe informe del Servicio Jurídico (secretaría general).

g) Informe de intervención en el que se hace constar que el bien no posee deuda pendiente de liquidación con cargo al presupuesto municipal.

h) Dictamen suscrito por técnico competente en los términos del art. 110.1.e) RBEL.

i) Informe de valoración del bien.

j) Dado el carácter gratuito de la cesión, se hace constar expresamente en el acuerdo la reversión automática del bien de no destinarse el mismo al fin o uso previsto en el plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejar de estarlo posteriormente.

h) Certificación de que se ha realizado información pública del acuerdo de cesión por plazo no inferior a 20 días.

i) Aceptación de la cesión por el beneficiario.

6.2. Con posterioridad:

a) Fiscalización previa del acuerdo de cesión

b) Acuerdo de cesión adoptado por órgano competente.

Decimonoveno (decimoctavo ACM 2008).—Para los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva:

A) Aprobación del gasto:

a) Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el «Boletín Oficial correspondiente».

b) La norma reguladora de las bases de concesión tiene el contenido mínimo del art. 17.3 LGS.

c) La convocatoria prevista tiene el contenido mínimo del art. 23 LGS.

d) Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

e) Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras.

f) Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verificará como extremo adicional a los previstos en el apartado primero.1.c), que no se supera el importe establecido en la convocatoria.

B) Compromiso del gasto:

a) Fiscalización previa de la autorización del gasto.

b) Aprobación del gasto por el órgano competente.

c) Publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.

d) Solicitud formulada en plazo por los interesados en los términos del art. 66 LPAC

e) Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes.

f) Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

g) Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía.

h) Acreditación por el sujeto propuesto como beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social (art. 13.e, 14.b y e LGS), así como con la entidad local (189.2 TRLHL y 9 R 500/1990).

i) Declaración responsable del beneficiario de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los apartados 2 y 3 del art. 13 LGS.

j) En caso de que como beneficiario se constituya una agrupación de personas físicas, comunidad de bienes u otro tipo de unidad económica o patrimonio separado carente de personalidad jurídica, ha de haberse previsto esta posibilidad en las bases.

k) En caso de que como beneficiaria se constituya una asociación, ésta debe encontrarse inscrita en el Registro municipal de Asociaciones Vecinales a los efectos de adquisición de personalidad y capacidad de obrar, de acuerdo con el art. 236 ROF.

C) Reconocimiento de obligaciones:

a) Fiscalización previa del compromiso del gasto.

b) Resolución motivada en los términos del art. 25.2 LGS.

c) La resolución ha de hacer constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes (art. 25.3 LGS).

d) Notificación de la resolución a los interesados (26 LGS).

e) Publicidad de las subvenciones concedidas en los términos del art. 18 sin que se trate de alguno de los supuestos excepcionados en el apartado tercero de dicho artículo.

f) La justificación de la aplicación de la subvención se ajusta a la forma y se realiza en el plazo fijado en las bases reguladoras de la concesión de la subvención (art. 30.2 LGS).

g) Los gastos realizados tienen la consideración de gastos subvencionables en los términos del art. 31 LGS.

h) Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

i) En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención.

j) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

k) Que se acompaña certificación a que se refiere el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención.

2. Subvenciones de concesión directa:

A) Aprobación y compromiso del gasto:

a) Se encuentra prevista en el presupuesto municipal.

b) Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento.

c) El borrador de convenio o propuesta de resolución contiene los extremos señalados en el art. 65.3 RLGS

d) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) En caso de que como beneficiaria se constituya una asociación, ésta debe encontrarse inscrita en el Registro municipal de Asociaciones Vecinales a los efectos de adquisición de personalidad y capacidad de obrar, de acuerdo con el art. 236 ROF.

B) Reconocimiento de obligaciones–Se comprobarán los mismos extremos previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

Vigésimo (decimonoveno ACM 2008).—Para el resto de expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que no les es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Con carácter general, los establecidos en el apartado decimoquinto relativo a los expedientes de subvenciones y ayudas públicas a los que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

2. Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de verificar lo establecido con carácter general en el punto anterior, deberá comprobarse:

A) Con carácter previo a su suscripción:

a) Que existe informe del servicio jurídico, en el que se especifique que el objeto del mismo no está comprendido dentro del ámbito aplicable del TRLCSP.

b) En los convenios con Comunidades Autónomas, además, que existe la previa autorización para la suscripción del convenio por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica.

B) Modificación:

a) Que, en su caso, existe la previa autorización de dichas modificaciones.

b) Que existe el informe del servicio jurídico sobre el texto de la modificación.

C) Prórroga:

a) Que está prevista tal posibilidad en el texto del convenio.

b) Que existe informe favorable del responsable del convenio.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico.

Vigesimoprimero (vigésimo ACM 2008).—Para los expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Suscripción de convenios con Entidades Colaboradoras:

a) Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por el TRLCSP.

b) Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Que existe informe del servicio jurídico.

d) Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido.

2. Prórroga y modificaciones de los convenios:

a) Que está prevista en el convenio.

b) Que se acompaña informe del servicio jurídico.

c) Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio.

3. Reconocimiento de la obligación.

Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías.

Vigesimosegundo (vigesimoprimero ACM 2008).—En los expedientes de convenios de colaboración, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP u otras normas administrativas especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, deban verificarse, serán los mismos que se apliquen a la categoría de gasto correspondiente.

2. En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública se verificarán los requisitos establecidos en el presente Acuerdo para dichos expedientes.

3. Convenios de colaboración con otras Entidades Públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, a excepción de aquellos Convenios de prácticas referidos a formación de alumnos:

3.1. Suscripción:

a) Consta memoria justificativa con el contenido del art. 50 LRJSP

b) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.

c) El convenio recoge el contenido mínimo del art. 49 LRJSP

d) Acreditación de la personalidad jurídica de la entidad con la que la Administración va a suscribir el convenio y del representante, en su caso.

3.2. Modificaciones:

a) Fiscalización previa del convenio a modificar.

b) Propuesta motivada de la conveniencia y oportunidad de modificar el convenio formulada por el responsable administrativo.

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la modificación.

d) La propuesta de modificación se ajusta al régimen previsto a tal efecto en el convenio.

3.3. Prórroga: Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto de la prórroga.

3.4. Reconocimiento de la obligación:

a) Fiscalización previa del convenio

b) Efectiva suscripción del convenio.

c) Informe expedida por el Servicio previsto por el convenio de colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.

Vigesimotercero.—En los convenios interadministrativos a suscribir por el Ayuntamiento, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Se verifica el cumplimiento de los requisitos del art. 6.1 LCSP.

2. Consta memoria justificativa con el contenido del art. 50 LRJSP.

3. Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.

4. El convenio recoge el contenido mínimo del art. 49 LRJSP.

5. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá verificarse los extremos señalados al efecto en el presente Acuerdo.

Vigesimocuarto.—En los expedientes de reconocimiento de intereses de demora, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Solicitud del interesado o acuerdo del órgano competente iniciando de oficio la instrucción del expediente.

2. Legitimación del solicitante.

3. Informe de la Tesorería municipal relativo al transcurso de los plazos legales sin haberse efectuado el pago.

4. Informe jurídico.

5. Audiencia del interesado.

6. Propuesta de resolución.

Vigesimoquinto.—En los expedientes de pagos a justificar, los extremos adicionales (a los comprendidos en los arts. 24 a 27 R.D. 424/17) a fiscalizar serán los siguientes:

1. Expedición del pago a justificar:

a) La propuesta se ajusta a las normas reguladoras de la expedición de estos pagos contenidas en las bases de ejecución del presupuesto, verificándose en particular que: a) no se excede el límite cuantitativo fijado, y b) se expide en relación a algunos de los conceptos presupuestarios fijados, en su caso, en las bases de ejecución.

b) El perceptor propuesto no tiene ningún pago anterior pendiente de justificar por los mismos conceptos presupuestarios.

2. Justificación del pago:

a) Fiscalización previa de la orden de pago “a justificar”.

b) Justificación del pago en plazo.

c) Cuenta justificativa del plazo (ajustándose, en su caso, al modelo fijado en las bases de ejecución).

d) Factura justificativa de todos los pagos realizados.

e) Se acredita la realización material del pago al acreedor de la factura o justificante.

f) Justificante del reintegro a las arcas municipales de las cantidades invertidas.

Vigesimosexto.—En los anticipos de caja fija los extremos adicionales (a los comprendidos en los arts. 24 y 27 R.D. 424/17) a fiscalizar serán los siguientes:

1. Constitución del anticipo: La cuantía global de los anticipos no supera, en su caso, el límite fijado en las Bases de ejecución del presupuesto.

2. Reposición de fondos:

a) Fiscalización previa de la constitución del anticipo.

b) Cuenta justificativa debidamente firmada.

c) Constan facturas originales justificativas de los pagos o comprobante sustitutivo en términos del 72 RLCAP.

d) Conformidad en la recepción de la obra, servicio o suministro, constando el recibí del acreedor o documento que acredite el pago del importe correspondiente.

e) La totalidad de los gastos efectuados lo han sido en el presente ejercicio presupuestario.

f) Existencia de crédito suficiente en las diversas aplicaciones presupuestarias correspondientes a los gastos efectuados.

3. Cancelación del anticipo: los mismos extremos del apartado anterior y además el reintegro en la tesorería municipal de las cantidades no invertidas.

Vigesimoséptimo.—En los expedientes de ejecución de sentencias los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Documento original de la sentencia (firme) o copia compulsada de la misma.

2. Resolución del órgano encargado del cumplimiento de la sentencia acordando expresamente su pago.

3. En el supuesto de ejecución provisional de sentencias no firmes que condenen al pago de cantidades, se comprobará la existencia de resolución judicial en la que se adopte la medida (arts. 524 y ss. LEC y arts. 289 y ss. De la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

Vigesimoctavo.—Con ocasión de la concesión de anticipos reintegrables al personal al servicio de la entidad, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Solicitud del interesado en los términos del art. 66 LPAC.

2. Verificación del límite máximo del art. 1 del R.D. Ley de 16 de diciembre de 1929.

3. Devolución del anticipo en plazo.

4. Inexistencia de anticipos pendientes de reintegrar.

Vigesimonoveno.—En los expedientes tramitados para la formalización de operaciones de crédito y de tesorería, los extremos adicionales a fiscalizar serán los siguientes:

1. Operaciones de crédito:

a) Verificación de la finalidad para la que se solicita el préstamo.

b) Aprobación del presupuesto para el año en curso, o prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, al tratarse de uno de los supuestos del art. 50, párrafo segundo, letra b) TRLHL.

c) La operación a concertar precisa/no precisa autorización en los términos del art. 53 TRLHL.

d) Capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que puedan derivarse de la operación.

e) Verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas por la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera aplicable.

2. Operaciones de Tesorería:

a) Aprobación del presupuesto para el año en curso, o prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, al tratarse de uno de los supuestos del art. 50, párrafo segundo, letra b) TRLHL.

b) Verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas por la Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera aplicable.

c) Verificación del límite máximo fijado por el art. 51 TRLHL.

d) Capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que puedan derivarse de la operación.

e) Verificar que se trata de un déficit coyuntural —no estructural— de tesorería.

En Campo de Caso, a 15 de octubre de 2019.—El Alcalde.—Cód. 2019-11007.

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