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Boletín Nº 99 del sábado 30 de abril de 2011

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece el reconocimiento de las distintas situaciones de dependencia y el derecho a la protección de las mismas mediante un sistema público de servicios y de prestaciones. Dicha Ley prevé en su artículo 33 la participación económica de la persona reconocida en situación de dependencia en base a su capacidad económica, comprendiendo en ésta tanto la renta como el patrimonio.

El Decreto 68/2007, del Gobierno del Principado de Asturias, de 14 de junio (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de julio de 2007), regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) en el territorio del Principado de Asturias. El artículo 15 del citado Decreto exige la acreditación de la capacidad económica, de renta y patrimonio, preceptiva para establecer la participación económica en el coste de los servicios y prestaciones de aquellas personas cuyo reconocimiento sea exigible en el año en curso.

Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008 (BOE 17 de diciembre de 2008), de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En cumplimiento de las previsiones de dicho Acuerdo, se procedió a regular por Resolución de 14 de diciembre de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, la determinación de la capacidad económica de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, y las prestaciones económicas y participación en el coste del Servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.

Recientemente, el Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados, ha venido a completar el desarrollo del citado Acuerdo del Consejo Territorial mediante la regulación de la participación económica de los usuarios en el coste del resto de servicios de los que son potenciales destinatarias las personas dependientes. Dicho Decreto se remite a esta Resolución en lo relativo a la regulación de la capacidad económica de las personas usuarias de los servicios sean o no beneficiarias del SAAD, con la única excepción de las personas usuarias de servicios residenciales para personas mayores que no sean beneficiarias del SAAD.

La presente Resolución en líneas generales, actualiza y amplia el contenido de la Resolución de 14 de diciembre de 2009, extendiendo a la totalidad de las personas beneficiarias del SAAD un mismo régimen de valoración de su capacidad económica para la participación en el coste de los servicios y prestaciones que reciban, introduciendo al tiempo mejoras de precisión.

En primer lugar se procede a incorporar en los artículos 3 a 6 determinadas especialidades en el régimen de determinación de la capacidad económica, comprobación y revisión de la misma, incorporando las orientaciones del citado Acuerdo del Consejo Territorial del SAAD a las distintas modalidades e intensidades de servicios.

Una especial consideración de las personas usuarias de centros y servicios destinados a personas con discapacidad establece el artículo 3.8-d), al introducir exenciones específicas de su capacidad económica orientadas a la promoción de la autonomía personal y su incorporación al empleo.

Se introduce asimismo, un nuevo artículo 5 con la finalidad de establecer el sistema de comprobación de la capacidad económica de aquellas personas usuarias de servicios que no hayan solicitado las prestaciones del SAAD.

La capacidad económica será objeto de revisión y actualización permanente y con esa finalidad se introduce el artículo 6, aplicable a las personas usuarias de servicios, y se modifica la redacción del artículo 17 en su apartado segundo aplicable a las personas beneficiarias de prestaciones económicas.

En segundo lugar se procede a adaptar el texto de la resolución al régimen especial introducido por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en materia de efectos retroactivos del reconocimiento de las prestaciones económicas del SAAD y de aplazamiento de pago de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar reconocidas con carácter retroactivo. Estas adaptaciones suponen la modificación del apartado 2 del artículo 14 y la introducción de sendas disposiciones adicional tercera y transitoria primera.

En tercer lugar, se procede a incorporar al texto de la Resolución el contenido del reciente Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de fecha 28 de octubre de 2010, sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I

Por último, el texto incorpora algunas modificaciones de carácter técnico, como las que afectan a los requisitos que ha de cumplir la persona cuidadora en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, sustituyéndose en el apartado 2 b1) del artículo 12, el requisito de ser mayor de edad, por la mayoría de edad laboral conforme establece el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores; la supresión de la necesidad de aportar copia del Convenio Especial con la Seguridad Social suscrito por los citados cuidadores, al tener la Administración acceso directo a dicha información, y la necesidad de que la persona beneficiaria de cualquier prestación económica aporte una hoja de acreedores debidamente cumplimentada con los datos de la cuenta bancaria en la que desea que se ingrese el importe de la prestación, modificaciones ambas que se introducen en el artículo 15.

En virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 38, letra “i”, de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y al amparo de lo previsto en la disposición final primera del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,

RESUELVO

Artículo 1.—Objeto de la norma.

1. El objeto de la presente Resolución es regular los criterios para la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias de servicios y prestaciones del SAAD, el importe y requisitos de las prestaciones económicas, así como la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del SAAD en el Principado de Asturias.

2. De acuerdo con el apartado anterior, las prestaciones económicas objeto de regulación son las siguientes:

—Prestación económica vinculada al servicio.

—Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

—Prestación económica de asistencia personal.

Artículo 2.—Participación de las personas beneficiarias.

1. Están obligadas a participar en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema aquellas personas a las que se les haya reconocido un grado y nivel de dependencia que actualmente dé derecho a acceso a servicios y prestaciones del SAAD según la valoración establecida legalmente, se haya aprobado un Programa Individual de Atención y cumplan los requisitos de capacidad económica que se establecen en la presente Resolución.

2. En el caso de las prestaciones económicas, la participación de las personas beneficiarias se materializará mediante una modulación en el importe de la prestación económica que hayan de percibir con cargo al Sistema en función de su capacidad económica determinada con arreglo a lo establecido en la presente Resolución.

3. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio la participación de las personas beneficiarias se establece como un porcentaje del coste del servicio, progresivo en función de su capacidad económica.

Artículo 3.—Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.

1. La capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD se valorará de acuerdo con la renta y el patrimonio de la persona interesada, en los términos que establece el artículo 14.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, se consideran rentas o ingresos computables los bienes y derechos de los que disponga la persona dependiente, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos.

3. Se entenderá por rentas del trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. Se equipararán a rentas del trabajo las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados.

En los ingresos de la persona beneficiaria no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

4. Como rentas de capital se computará la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. En el supuesto de no existir rendimientos de bienes inmuebles, éstos se valorarán conforme a las normas establecidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a excepción de la vivienda habitual.

5. Se considera patrimonio de la persona beneficiaria el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación.

Únicamente, se computará la vivienda habitual en el supuesto de que el beneficiario perciba el servicio de atención residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. A estos efectos, se entiende como personas a su cargo el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, descendientes o personas vinculadas al beneficiario por razón de tutela y/o acogimiento, siempre que convivieran con el beneficiario, dependan económicamente del mismo y no sean titulares de otra vivienda.

En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad del beneficiario.

No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, mientras persista tal afección. No obstante, si se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.

6. El período a computar en la determinación inicial de las rentas será el correspondiente al año de la última declaración fiscal disponible o pensión conocida a la fecha del hecho causante. En el caso de los elementos patrimoniales susceptibles de incorporarse a la capacidad económica de la persona beneficiaria se aplicarán reglas de estimación objetiva a su valor documentado más actual.

Asimismo, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas por el beneficiario en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de prestaciones del Sistema, o de acceso al centro o servicio, y durante su permanencia como usuaria o beneficiaria de las prestaciones económicas, en los términos recogidos en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

7. La capacidad económica del beneficiario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y de un 1 por ciento a los menores de 35 años.

8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Cuando la persona beneficiaria tuviera a su cargo a cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente de ella, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta y patrimonio entre el número de personas consideradas además del beneficiario.

b) Se entenderá como renta personal, en los casos de beneficiario con cónyuge en régimen de gananciales o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

c) En la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias de servicios distintos a los de atención residencial o de las beneficiarias de la prestación económica vinculada a tales servicios, se establece un exención del cómputo de patrimonio por importe de 50.000 euros, excluida la vivienda habitual, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 5 de este artículo sobre los patrimonios especialmente protegidos regulados en la Ley 41/2007.

d) En cuanto a las personas usuarias de centros y servicios destinados a personas con discapacidad, o beneficiarias de la prestación económica vinculada a tales servicios, se establecen dos criterios para facilitar su autonomía personal y promover la incorporación al empleo:

—Un mínimo exento del cómputo de su capacidad económica del 10% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en lo sucesivo IPREM) para las personas usuarias de servicios de atención residencial y del 40% del IPREM para las personas usuarias del resto de centros y servicios, que se elevará en este último caso al 60% del IPREM para las personas perceptoras de pensiones de supervivencia.

—Un incentivo al empleo consistente en el mantenimiento de la capacidad económica anterior al acceso a un empleo temporal o una actividad económica de duración inferior al año. En el supuesto de estabilizarse el acceso al empleo el incremento de la capacidad económica se graduará durante los dos años siguientes, a razón de un 50% de su importe en la primera anualidad y del restante 50% en la segunda anualidad.

Artículo 4.—Comprobación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.

1. La Consejería competente en materia de Bienestar Social comprobará de oficio la acreditación de los requisitos de la capacidad económica de la persona dependiente, sin perjuicio de poder requerir en cualquier momento la documentación señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, u otra que estime necesaria.

2. La presentación de la solicitud de reconocimiento de grado y nivel de dependencia conllevará la autorización a la Consejería competente en materia de Bienestar Social, para verificar la información aportada por los interesados en aquélla, mediante la obtención de datos de carácter económico que sobre ellos exista en las distintas Administraciones, Registros Públicos o cualquier otro organismo competente.

3. En el supuesto de que exista diferencia entre la información económica declarada por las personas interesadas y la obtenida por la Administración Pública, prevalecerá esta última para la determinación de la capacidad económica.

Artículo 5.—Comprobación de la capacidad económica de las personas usuarias de servicios que no tengan reconocida la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

1. Las personas que no siendo beneficiarias del SAAD, fueran usuarias de alguno de los servicios incluidos en el catálogo de dicho Sistema, deberán acreditar su capacidad económica mediante la presentación de la documentación requerida en las disposiciones de carácter general que regulan el régimen de acceso a cada uno de los servicios sociales especializados, o en su defecto por la señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, y cuantos documentos adicionales sean requeridos por la Administración para la determinación de su capacidad económica conforme a lo establecido en los artículos precedentes.

2. La aportación de aquella documentación que obre en poder de otras Administraciones Públicas, podrá sustituirse por la autorización firmada por la persona interesada o su representante legal, para que la Administración del Principado de Asturias o entidades públicas a ella adscritas, puedan obtener de otras Administraciones la información precisa para la determinación y revisión de su capacidad económica.

Artículo 6.—Revisión de la capacidad económica de las personas beneficiarias de los servicios.

1. La capacidad económica será objeto de actualización anual conforme a los datos aportados por la persona beneficiaria o su representante legal, a través del modelo de declaración responsable que a tal efecto apruebe la Administración. A dicha declaración, que deberá presentarse antes del 31 de enero de cada año, se acompañarán los documentos que acrediten la variación experimentada por la capacidad económica declarada y en especial la notificación de la revalorización anual de la pensión o pensiones de las que fueran beneficiarias.

2. La presentación de dicha declaración no será necesaria cuando la capacidad económica no experimente otra variación que la derivada de la revalorización anual de la pensión, siempre que la Administración disponga de autorización para recabar directamente dicha información.

3. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar a la Consejería competente en materia de Bienestar Social o entidad del sector público que gestione el servicio, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier otra variación de su situación económica respecto a la declarada. La Administración realizará de oficio, al menos cada cuatro años, una revisión de la capacidad económica de cada persona usuaria de los servicios conforme a los criterios establecidos en el artículo 3 de esta Resolución.

4. Si como consecuencia de la revisión se viera modificada la cantidad que debiera abonar mensualmente la persona usuaria de los servicios, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se hubiera producido el hecho causante. En caso de existir ingresos indebidos por parte de la Administración se acordará el reintegro de los mismos por el procedimiento reglamentariamente establecido. Del mismo modo, si como resultado de la revisión de la capacidad económica la cantidad a abonar mensualmente fuera superior, se procederá a practicar y notificar la liquidación complementaria correspondiente, todo ello sin perjuicio de las consecuencias de otro orden que pudieran derivarse en casos de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

5. La revisión de la capacidad económica de las personas beneficiarias de prestaciones económicas se regirá por lo dispuesto en el artículo 17.

Artículo 7.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en las prestaciones económicas.

1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas se establecerán anualmente mediante Real Decreto, previo el Acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con derecho a las mismas.

2. La cuantía de las prestaciones económicas a reconocer a cada persona beneficiaria se determinará según su capacidad económica, aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor, en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conforme a las siguientes tablas:

Porcentaje de la prestación económica máxima en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias:

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Los porcentajes de participación establecidos deberán entenderse aplicables al valor de IPREM indicado, debiéndose repartir de forma proporcional para los valores intermedios.

3. La determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas, a excepción de las prestaciones económicas vinculadas a un servicio consistente en ayuda a domicilio o centro de día, que se regirán por su propia normativa, se efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados, de acuerdo con la tabla que se establece a continuación:

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Artículo 8.—Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad e importes mínimos de las prestaciones económicas del SAAD.

1. Una vez determinada la cuantía individual de la prestación económica, se deducirán de la misma las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad que perciba la persona beneficiaria de cualquier otro régimen de protección social, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. En todo caso, se deducirán las siguientes prestaciones reguladas en la Ley General de Seguridad Social, Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI):

a) El complemento de gran invalidez.

b) El complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%.

c) El complemento de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva.

d) El subsidio de tercera persona.

3. Realizadas las deducciones previstas en el apartado anterior, las prestaciones económicas tendrán un importe mínimo garantizado equivalente al 40% de la prestación económica máxima que le correspondería a la persona beneficiaria de acuerdo con su grado y nivel, con el límite del coste del servicio.

Artículo 9.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

1. En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, el servicio se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como con la aportación de la persona destinataria del servicio según lo previsto en la presente Resolución.

2. El Programa Individual de Atención especificará la intensidad del servicio que proceda en el marco de lo establecido en RD 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios, así como la participación de la persona beneficiaria en términos de porcentaje máximo de copago respecto al coste del servicio. La intensidad de servicio se refiere en exclusiva a las atenciones previstas en el Capítulo II del Decreto 42/2000 que recaigan directamente en la persona beneficiaria y no en otros miembros de la unidad de convivencia, con la excepción de posibles servicios adicionales de comida o lavandería a domicilio que se regirán por su propia normativa.

3. Dicha participación se abonará en concepto de copago a la Entidad Local titular del servicio de acuerdo a la siguiente tabla que relaciona capacidad económica de la persona y el porcentaje de participación en el coste del servicio,

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Los porcentajes de participación establecidos deberán entenderse aplicables al valor de IPREM indicado, debiéndose repartir de forma proporcional para los valores intermedios.

4. Si la persona beneficiaria fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, se adicionará el importe de la misma a su capacidad económica y se aplicará al resultado la tabla del apartado anterior, ello en cumplimiento de la obligación de destinar dichas prestaciones a la financiación del coste de los servicios, sin que en ningún caso la participación de la persona beneficiaria supere el precio de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio que recibe.

Artículo 10.—Régimen de compatibilidad entre prestaciones económicas y servicios.

1. La obtención de cualquiera de las prestaciones económicas a que se refiere esta disposición será incompatible con los servicios incluidos en el catálogo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con las siguientes excepciones:

a) Los servicios de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia serán compatibles con cualquier otro servicio o prestación económica.

b) El servicio de teleasistencia será compatible con cualquier servicio o prestación económica, excepto con el servicio de alojamiento residencial o la prestación económica vinculada al mismo.

c) La estancia temporal en un servicio residencial, de atención diurna o domiciliaria, por descanso o vacaciones de la persona cuidadora o del servicio principal será compatible con la percepción de la prestación económica correspondiente.

d) La realización de cuidados y apoyos más especializados, incluidas las actuaciones de formación de personas cuidadoras, mediante servicios domiciliarios o de atención diurna que se puedan asignar en el Programa Individualizado de Atención serán compatibles entre sí o con la percepción de una prestación económica, con la aplicación, en todo caso, de los criterios de proporcionalidad en la respectiva intensidad del servicio y prestación según grado y nivel reconocido de dependencia.

2. En cualquier caso, las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí, salvo lo previsto en el apartado anterior 1.c.

Artículo 11.—Finalidad y requisitos de la prestación económica vinculada a servicio.

1. La prestación económica vinculada a servicio, tiene por finalidad contribuir, con carácter transitorio, a la financiación del coste de los servicios que se determinen en el Programa Individual de Atención, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado que se adapte a sus necesidades.

2. Las personas beneficiarias de una prestación económica vinculada a servicio quedarán inmediatamente incluidas en la lista de demanda correspondiente, y en el momento en que se disponga de plaza pública o concertada, les será ofrecida para que opten hacer uso de ella o no.

3. No obstante lo anterior, y debido al carácter excepcional de las prestaciones económicas, en el caso de no optar por plaza pública, deberán justificar de forma conveniente los motivos y será el órgano competente para la aprobación del PIA el que, a propuesta razonada del órgano de valoración, resuelva sobre el mantenimiento de la prestación económica.

4. En todo caso, el servicio al que se vaya a vincular la prestación económica, deberá prestarse a través de centro o servicio debidamente acreditado según la normativa vigente en el Principado de Asturias.

5. Asimismo, la cuantía de la prestación económica vinculada a servicio no podrá en ningún caso, ser superior a la aportación del beneficiario por el coste del servicio que recibe.

6. En todo caso, el beneficiario deberá realizar un gasto igual o superior a la cuantía máxima establecida para esta prestación económica.

Artículo 12.—Finalidad y requisitos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene carácter excepcional y está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a la persona dependiente.

2. Los requisitos específicos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar son los siguientes:

a) La persona beneficiaria ha de estar siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.

b) Existencia de condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda para la prestación de los cuidados necesarios.

c) En cuanto a la persona cuidadora se requiere:

c.1. Mayoría de edad laboral y disponibilidad para la realización de apoyos en las actividades básicas de la persona beneficiaria. En este sentido, una misma persona no podrá ser cuidadora, a dedicación completa, de más de dos personas dependientes.

c.2. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco de la persona dependiente.

Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, se podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el párrafo anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

c.3. Reunir las condiciones de formación necesarias para ser cuidador o cuidadora, o comprometerse a recibir las que se establezcan en el Programa Individual de Atención.

c.4. Contar con la capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de cuidado y apoyo.

c.5. La persona cuidadora ha de tener disponibilidad para prestar el cuidado y atención de forma adecuada y continuada durante un período mínimo de un año, excepto que por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles no pueda completar este período.

Excepcionalmente, en el caso de varias personas cuidadoras que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio de la persona en situación de dependencia, se determinarán claramente los períodos de tiempo que corresponden a cada una de ellas dentro del período del año natural, sin que pueda establecerse para cada una de las mismas un período continuado inferior a tres meses.

d) En el caso de que la persona tenga reconocida una situación de dependencia en Grado I, se establecen los siguientes requisitos y condiciones de acceso adicionales:

d1. Que la persona beneficiaria esté siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y no sea posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

d2. Que la persona cuidadora conviva con la persona en situación de dependencia en el mismo domicilio, salvo lo dispuesto en el apartado c3.

d3. Que la persona cuidadora no tenga reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados.

Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno rural que reúna las características establecidas en el apartado b.2, se podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado con carácter general, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.

d4. En caso de que la persona en situación de dependencia viniera recibiendo un servicio de los previstos para su grado y nivel de dependencia, en la resolución de concesión de prestaciones se ha de mantener al menos el mismo servicio u otro servicio con la misma intensidad. En el supuesto de que dicho servicio sea incompatible con la prestación económica de cuidados en el entorno no se concederá ésta.

3. Los cuidadores no profesionales quedarán incluidos obligatoriamente en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la suscripción del convenio especial regulado en el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, con las salvedades previstas en el mismo.

4. Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el presente artículo, se tendrá en cuenta la declaración de la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia.

Artículo 13.—Finalidad y requisitos de la prestación económica de asistencia personal.

1. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal, que facilite el acceso a la educación y al trabajo y posibilite una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria de las personas dependientes.

2. En todo caso, el asistente personal deberá reunir las condiciones de formación específicas para el desempeño de su trabajo o comprometerse a adquirirlas.

3. Asimismo, el beneficiario deberá realizar un gasto igual o superior a la cuantía máxima establecida para esta prestación económica.

Artículo 14.—Abono de las prestaciones económicas.

1. El abono de las prestaciones económicas se realizará mensualmente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o su representante legal, y previa acreditación por parte de ésta del cumplimiento de los requisitos según lo establecido en el artículo siguiente.

2. Los efectos económicos de la prestación económica reconocida comenzarán a partir de la fecha de la resolución por la que se apruebe. Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado. En caso contrario, los efectos económicos se producirán el día primero del mes siguiente a que concurran los mismos.

Artículo 15.—Documentación a presentar para el abono de las prestaciones económicas.

1. Cuando el Programa Individualizado de Atención establezca una prestación económica como modo de intervención más idóneo, las personas beneficiarias deberán presentar para el abono de la misma la siguiente documentación acreditativa de los requisitos:

a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar:

—Original de las facturas que se han emitido por el centro prestador desde el comienzo del mismo, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

—Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.

b) En el supuesto de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, deberán presentar:

—Fotocopia del DNI/NIF del cuidador.

—Declaración responsable acerca de la cualificación y necesidades formativas del cuidador.

—Certificado de empadronamiento del cuidador, que permita acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 b2).

—Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.

c) En el caso de prestación económica de asistencia personal, deberán presentar:

—Fotocopia del DNI/NIF del asistente/a personal

—Declaración responsable de la cualificación y necesidades formativas del asistente personal.

—Copia del contrato suscrito con el asistente personal o con el centro prestador del servicio, que deberá estipular un importe por el mismo igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

—Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y sellado por la entidad bancaria, conforme al modelo establecido.

2. La documentación antes señalada deberá ser presentada en el plazo máximo de diez días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de Programa Individual de Atención. Transcurrido el citado plazo sin enviar la documentación antes señalada, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la aprobación del Programa Individual de Atención, como medida provisional para asegurar la eficacia de la resolución.

Artículo 16.—Justificación del mantenimiento del derecho a la prestación económica.

1. Las personas beneficiarias de prestaciones económicas deberán justificar anualmente, que durante ese período se han mantenido los requisitos establecidos para la percepción de las mismas.

2. La justificación deberá presentarse en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda dentro del mes siguiente a aquél en que se haya cumplido un año desde el pago de la primera mensualidad, y se realizará mediante los siguientes documentos:

a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar original de las facturas que se han emitido por el centro prestador en el año correspondiente, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

b) En el supuesto de que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, deberán presentar: Declaración responsable, suscrita por la persona dependiente o su representante legal, de que se han mantenido los requisitos establecidos para la percepción de la prestación económica, así como, la acreditación del mantenimiento de las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social del cuidador no profesional.

c) En el caso de prestación económica de asistencia personal, deberán presentar: originales de las facturas emitidas por los servicios prestados durante el año correspondiente por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

Artículo 17.—Revisión, suspensión y extinción de las prestaciones económicas.

1. La capacidad económica de las personas dependientes, así como las prestaciones económicas, podrán ser revisadas de oficio o a solicitud de las personas interesadas o sus representantes legales.

2. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier variación de su situación personal o económica que pueda suponer una modificación respecto a su capacidad económica o prestación reconocida. No será necesaria esta comunicación cuando la variación de la capacidad económica afecte exclusivamente a las pensiones o prestaciones sociales públicas de las que fuera perceptora la persona beneficiaria. La Administración procederá a revisar anualmente de oficio la capacidad económica de las personas beneficiarias con la finalidad de ajustarla a la revalorización anual que experimenten las pensiones o prestaciones sociales públicas de las que fueran perceptoras.

3. Si como consecuencia de la revisión se modifica o extingue la prestación económica, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se ha producido el hecho causante. En caso de existir pagos indebidos se acordará el reintegro de los mismos por el procedimiento reglamentariamente establecido, sin perjuicio de las consecuencias de otro orden que pudieran derivarse en casos de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. No obstante, en aquellos supuestos en que se mantenga la prestación económica, se podrán compensar las cantidades indebidamente percibidas mediante la suspensión de la percepción de la prestación económica por el tiempo necesario. Del mismo modo, si como resultado de la revisión de la capacidad económica la cantidad a abonar mensualmente fuera superior, se procederá regularizar el importe de la prestación económica.

4. Asimismo, iniciado el procedimiento de revisión, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la percepción de la prestación económica, como medida provisional, hasta que recaiga resolución.

5. El derecho a la prestación económica se extinguirá por las siguientes causas:

a) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su percepción.

b) Renuncia expresa de la persona beneficiaria o su representante legal.

c) Fallecimiento de la persona beneficiaria.

d) Modificación del Programa Individual de Atención que implique la asignación de un servicio u otra prestación económica incompatible con su percepción según lo dispuesto en la presente norma.

Disposición adicional primera

Para garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Consejería Bienestar Social y Vivienda incluirá un crédito específico en los convenios de colaboración del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, mediante los que las Entidades Locales se comprometen a la prestación del servicio, asumiendo su financiación la citada Consejería con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

La cuantía transferida por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a las Entidades Locales gestoras del SAD para la financiación del servicio se regularizará periódicamente, al menos una vez al año, en función del número de personas que hayan recibido el servicio, la intensidad horaria del mismo y la correspondiente justificación de gastos totales deducidos los ingresos por el régimen de copago previsto en ésta resolución.

Disposición adicional segunda

A los efectos de la presente Resolución, las referencias al IPREM se entienden en términos anuales, como el resultado de multiplicar por catorce la cuantía establecida con carácter mensual en la norma estatal por la que se establezca el citado indicador.

Disposición adicional tercera

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, el importe de la cantidad devengada en concepto de efectos retroactivos en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar será objeto de aplazamiento.

Según lo anterior, la cuantía adeudada a cada persona beneficiaria de prestación económica de cuidados en el entorno familiar será el importe de la cantidad devengada desde la fecha de efectividad establecida en la resolución de reconocimiento de dicha prestación hasta la mensualidad inmediatamente anterior a la fecha de dicha resolución será objeto de aplazamiento.

El pago de la cuantía objeto de aplazamiento se periodificará dentro de los cinco años siguientes a aquél en que se haya dictado la resolución que reconoce la prestación económica.

Las cuantías periodificadas serán todas del mismo importe y se abonarán en anualidades consecutivas en el mes indicado en la propia resolución de reconocimiento del derecho a la prestación.

En el supuesto de que la persona beneficiaria falleciera con anterioridad a la percepción de la integridad de la cuantía aplazada, se harán efectivas las cantidades pendientes de abono a través de un solo pago a la correspondiente comunidad hereditaria, una vez constituida ésta.

Disposición transitoria primera

En el caso de aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, los efectos económicos de la prestación económica reconocida comenzarán a partir de la fecha de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, o en su caso, del inicio del año en que comience la efectividad del derecho a las prestaciones del sistema según los dispuesto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, siempre que en la fecha indicada se reúnan los requisitos exigidos para cada prestación económica. En caso contrario, los efectos económicos se producirán el día primero del mes siguiente a que concurran los mismos.

Disposición transitoria segunda

Las normas especiales que en materia de determinación de la capacidad económica de personas usuarias de distintos servicios se establecen en el artículo 3 de esta Resolución, en cuanto fueran más beneficiosas para las personas usuarias que las establecidas en la normativa anterior, serán aplicables para la determinación de la participación de las personas usuarias en el coste de los servicios desde el 1 de enero de 2011.

Disposición derogatoria única

La presente Resolución deroga a la anterior Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de 14 de diciembre de 2009, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias que tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.

No obstante, lo dispuesto en la presente norma no afectará a aquellas personas beneficiarias a las que les haya sido de aplicación la anterior normativa en materia de determinación de su capacidad económica hasta en tanto no se produzca su revisión de oficio o a instancia de parte.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de abril de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-08870.

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