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Boletín Nº 122 del martes 28 de mayo de 2013

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores.

Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes:

Hechos

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 1/1995 de Protección del Menor supedita la intervención de la Administración del Principado de Asturias en materia de infancia al criterio rector del interés superior del menor. La intervención administrativa debe orientarse a que la protección del menor sea a la vez un instrumento de integración social del niño o niña y un instrumento de integración familiar, bien en su familia de origen o en otro núcleo familiar sustituto que reúna las condiciones de idoneidad en atención a las propias circunstancias personales del menor.

Segundo.—De ahí que la Ley priorice el acogimiento familiar sobre el alojamiento en centros de protección de menores, que se contempla como medida subsidiaria; ésta deberá utilizarse tan sólo si los demás mecanismos de integración familiar resultasen inviables. En atención al mencionado interés superior del menor, y resultando aconsejable que se desarrolle en su propio entorno, ha de preferirse el acogimiento familiar en familia extensa y de no ser posible, en familia ajena, siempre que sea posible.

Tercero.—Por tanto, en cumplimiento de dicha Ley, y para fomentar los acogimientos en familia tanto extensa como ajena, la Administración del Principado de Asturias valora de interés la concesión de una ayuda económica destinada a paliar el esfuerzo que la incorporación de los menores acogidos supone para las familias. La concesión de dichas ayudas se realizará mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 7 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, señala que los órganos competentes para la concesión de las subvenciones aprobarán las bases reguladoras de la concesión. De conformidad con el artículo 3 de la misma norma los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones dentro del ámbito de su competencia, correspondiéndole en este caso a la Consejería de Bienestar Social e Vivienda y en virtud del artículo 6 del Decreto 4/2012, de 26 de mayo, de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—El artículo 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno atribuye a los Consejeros las potestades reglamentaria en las materias propias de su Consejería y de dictar instrucciones y circulares. De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, los titulares de las Consejerías, para la decisión de asuntos de su competencia, podrán dictar Resoluciones.

Tercero.—En cuanto a lo sustancial, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento por el que se desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

RESUELVO

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores, que se incorporan como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Derogar la Resolución de 23 de junio de 2010 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores.

Oviedo, 3 de abril de 2013.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, M.ª Esther Díaz García.—Cód. 2013-09775.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES

I.—Objeto.

1.—Es objeto de las presentes Bases regular la concesión, por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de ayudas a personas físicas, que tengan menores a su cargo en régimen de acogimiento bien como medida de protección constituida o bien en tramitación, siempre que en este último caso exista una convivencia efectiva.

2.—La finalidad de la ayuda será promover el acogimiento familiar de menores, con objeto de procurar a los menores un núcleo de convivencia adecuado y evitar la institucionalización de los mismos, de conformidad con lo exigido por la Ley del Principado de Asturias 1/1995 de Protección del Menor.

II.—Compatibilidad con otras subvenciones.

La concesión de una subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

III.—Requisitos de las personas beneficiarias.

1.—Podrán concurrir las personas físicas que residan en el Principado de Asturias y que tengan menores a su cargo como consecuencia de un acogimiento familiar constituido o en tramitación, siempre que en este último caso exista una convivencia efectiva y demostrable. La medida de protección deberá haber sido constituida o propuesta por el Principado de Asturias, o bien por otra Comunidad Autónoma, siempre que en este último caso, el Principado de Asturias haya asumido formalmente la medida de protección como consecuencia de un traslado de residencia del acogedor solicitante y el menor o los menores a cargo.

2.—También podrán formular solicitudes quienes tengan menores a su cargo en régimen de acogimiento y residan fuera del Principado de Asturias, siempre que el acogimiento de los menores haya sido constituido o instado por la Administración del Principado de Asturias y la Comunidad Autónoma de residencia no haya procedido aún a asumir la medida de protección. No se admitirán a trámite solicitudes por este concepto si la medida de protección ha sido asumida por la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante.

3.—El solicitante no podrá estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

IV.—Solicitud.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento.

V.—Documentación.

1.—La solicitud deberá presentarse acompañada de la totalidad de la documentación exigida en las presentes bases y, en su caso, en la propia convocatoria.

2.—El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria que considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 6, de la Ley 2/1995 sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, se podrá obviar la presentación de la documentación general siempre que no haya caducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad ante la Administración actuante, especificando el expediente o procedimiento y organismo responsable de su tramitación.

3.—La solicitud de ayuda se presentará en el modelo normalizado que figurará como anexo a la convocatoria. La solicitud, debidamente cumplimentada incluirá declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplir las obligaciones contempladas en el artículo 14 de la citada ley y se acompañará de la siguiente documentación, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 4 de esta base V:

1. Fotocopia simple del DNI del solicitante y de los miembros de su unidad familiar.

2. Informe Técnico emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento del municipio de residencia de la persona solicitante, relativo a la situación socio-familiar, en el que se aporten todos aquellos datos necesarios para acreditar que se cumplen los requisitos establecidos en la Base III.

3. Certificado de discapacidad, para el caso de que alguno de los menores acogidos tenga reconocida tal condición por los Centros de Valoración de personas con discapacidad.

4. Ficha de Acreedor según modelo normalizado que se acompañará en la correspondiente convocatoria.

5. Declaración socioeconómica referida al solicitante y a su unidad familiar, debidamente cumplimentada y firmada, acompañada de los correspondientes certificados de ingresos referidos al año que se establezca en la convocatoria, necesario para determinar el orden de prelación en la concesión de las solicitudes (Base IX.3).

Los datos que figuren en la declaración de la situación socio económico familiar así como los referidos al cumplimiento del resto de requisitos, podrán ser comprobados en las bases de datos de los ficheros de titularidad pública, incluyendo aquéllos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Para ello deberá aportarse autorización firmada por todos los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos sean computables para el cálculo de la renta familiar según lo dispuesto en el párrafo anterior.

4.—De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA de 9 de febrero), no será necesario aportar la fotocopia del DNI/NIE, si bien para ello deberá aportarse autorización firmada por todos los miembros de la unidad familiar.

VI.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será el que se fije en la convocatoria.

VII.—Instrucción.

1.—Recibidas las solicitudes, el órgano instructor que se designe en la convocatoria verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las normas que regulan las subvenciones.

2.—Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.—Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes al Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia para su estudio y baremación.

4.—El órgano instructor trasladará a la Comisión de Valoración los informes individuales evacuados por el Servicio de Infancia, Familias y Adolescencia, junto con los expedientes y las solicitudes.

5.—La Comisión de Valoración, a la vista de la documentación presentada, previo estudio y valoración de las solicitudes, levantará acta y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta de Resolución de concesión y denegación de subvenciones que se elevará, a través del órgano instructor, a la persona titular de la Consejería competente en materia de bienestar social, órgano competente para resolverlas.

6.—Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el caso de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VIII.—Comisión de valoración.

La Comisión de Valoración estará presidida por la persona titular del órgano competente en la materia o persona en quien delegue, actuando como vocales cuatro personas adscritas a las Áreas o Servicios con competencia en la materia conforme a la estructura organizativa vigente, desarrollando una de estas personas las funciones relativas a Secretaría.

La composición concreta de la Comisión de Valoración se especificará en la Resolución por la que se apruebe la correspondiente convocatoria pública de subvenciones.

Cuando quien ejerza la presidencia lo estime oportuno, podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/-as públicos adscritos a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

La Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo II del Titulo II de la citada Ley 30/1992.

IX.—Criterios de valoración.

1.—La concesión de la ayudas estará supeditada a la planificación general de la Consejería competente y a las limitaciones presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuestos que esté vigente en cada ejercicio.

2.—Todas las solicitudes que cumplan los requisitos recogidos en las presentes bases y concretados en la correspondiente convocatoria, serán objeto de propuesta favorable.

3.—Cuando, debido a las limitaciones presupuestarias, no fuese posible conceder a todas las solicitudes con propuesta favorable las cantidades resultantes de acuerdo con los requisitos y cuantías que se establezcan en la convocatoria, se concederán según el siguiente orden de prelación:

a) En primer lugar, se ordenarán las solicitudes de menor a mayor renta per cápita, entendida como la cantidad resultante de dividir todos los ingresos de la unidad familiar entre el número de personas que la integran. Por unidad familiar, se entenderá la formada por el solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar, tengan con el solicitante una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado inclusive. A estos efectos, el menor acogido formará parte de la unidad familiar en todo caso, independientemente de que pueda tener o no algún grado de parentesco con el solicitante de la ayuda.

b) Los posibles empates se resolverán a favor de los solicitantes que tengan un mayor número de menores acogidos. Cuando en la unidad familiar alguno de los menores acogidos tenga reconocida la condición de discapacitado, computará como dos a los exclusivos efectos de lo establecido en este apartado.

c) En caso de que persistiera el empate, tendrán prioridad los acogimientos con fecha de constitución más antigua sobre los más recientes.

X.—Cuantía de las ayudas.

1.—Para la determinación de la cuantía de la ayuda a conceder se tendrá en cuenta el número de menores acogidos por la persona solicitante y la condición de discapacitado del menor o menores acogidos. La cuantía a percibir se determinará en la resolución por la que se convoquen las subvenciones, señalándose las cantidades correspondientes al primer menor acogido y al segundo y siguientes, así como el incremento que pueda corresponder cuando alguno de los menores tenga reconocida una discapacidad.

2.—Si a la finalización de la adjudicación de las ayudas no se hubiera agotado el crédito consignado, se procederá al prorrateo del crédito sobrante entre todos los beneficiarios de las ayudas, que verán incrementado su importe de forma proporcional a las ayudas inicialmente concedidas.

3.—Si el acogimiento se hubiese iniciado, o comenzado a tramitar, en fecha posterior al 1 de enero, la cuantía se reducirá proporcionalmente en función de los meses que median entre el de la fecha del inicio del acogimiento o solicitud del mismo y el 31 de diciembre del año al que corresponde la ayuda, concediendo el abono del mes completo en que se inició o solicitó el acogimiento.

4.—Si la fecha de finalización del acogimiento es conocida y se va a producir con anterioridad al último día del año que corresponda, la cuantía se reducirá proporcionalmente, abonando completo el mes en que cesará el acogimiento.

5.—Si una vez abonada la cuantía de la ayuda el acogimiento cesara antes de lo previsto, se producirá la obligación de reintegro de la cantidad proporcional al número de meses restantes al fin de año, excluido el último mes en que permaneció vigente la medida de protección.

6.—El límite máximo de las ayudas a percibir por una misma unidad familiar se establecerá en la convocatoria y vendrá determinada en función del crédito disponible.

7.—Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del reglamento de la Ley General de Subvenciones se podrá aplicar a la concesión de las subvenciones previstas en las presentes bases, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional cuyo importe se fijará en cada convocatoria. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

XI.—Resolución.

1.—La resolución que ponga fin al procedimiento recogerá la relación de solicitantes a quienes se otorgan y/o deniegan las ayudas, el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las personas beneficiarias, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas, y será adoptada por la persona titular de la Consejería competente en materia de bienestar social.

2.—La concesión de la ayuda no generará derecho alguno en la percepción de la misma en convocatorias sucesivas.

3.—La resolución que se dicte habrá de adoptarse en el plazo fijado en la correspondiente convocatoria que en todo caso no podrá exceder de 6 meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa. Contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

4.—La notificación de la resolución del procedimiento se realizará personal e individualmente a cada una de las personas solicitantes, en el plazo de diez días, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XII.—Justificación y pago.

1.— Cuando el importe de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 €, las ayudas se abonarán con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna, tal como permiten las Resoluciones de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y 30 julio de 2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de subvenciones.

2.—El pago de la ayuda se realizará, tal y como se establezca en la convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario/a en la correspondiente ficha de acreedores.

3.—La justificación de la aplicación de los fondos recibidos, teniendo en cuenta que se trata de ayudas concedidas para la satisfacción de las necesidades generales de una unidad familiar, se realizará mediante el correspondiente informe social de seguimiento de la medida de protección.

4.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas concedidas será el que se establezca en la convocatoria.

5.—Con arreglo a lo previsto en el artículo 10.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, las personas beneficiarias de las ayudas quedan exoneradas de la obligación formal de acreditar en el momento del cobro de la ayuda que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

XIII.—Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.—En todo caso, los beneficiarios de subvenciones concedidas al amparo de las presentes normas estarán obligados a:

a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en un plazo no superior a quince días, cualquier alteración que se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) Facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Comunicar al órgano concedente tan pronto como lo conozcan y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de otras ayudas, subvenciones o ingresos que financien las actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, o a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

2.—En general, los beneficiarios de estas subvenciones deberán cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presentes bases y en la correspondiente resolución de concesión.

XIV.—Seguimiento y control.

1.—Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas así como su evaluación y seguimiento.

2.—Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

XV.—Revocación y reintegro.

1.—Procederá la revocación y reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases, en la convocatoria o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

4.—En todos los supuestos previstos en esta base, además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

5.—La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

XVI.—Régimen sancionador.

1.—El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

2.—La competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de bienestar social según el procedimiento establecido en el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado 2/1998, antes citado.

XVII.—Régimen supletorio.

En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y en las demás disposiciones legales que resulten de aplicación.

XVIII.—Entrada en vigor.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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