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Boletín Nº 160 del martes 20 de agosto de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de 22 de julio de 2019, del Director General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se da publicidad a los criterios generales que informan el plan de control tributario del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para 2019.

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 116 establece que la administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.

Por su parte, el artículo 170 del Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que cada administración tributaria integrará en el Plan de Control el plan o los planes parciales de inspección.

En el ámbito del Principado de Asturias, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, corresponde al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias la aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros recursos de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio.

Para cumplir con sus objetivos, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias tiene entre sus líneas básicas de actuación tanto la prevención como la lucha contra el fraude fiscal así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este ámbito la planificación se ha convertido en una herramienta indispensable en la medida que:

— Aumenta la seguridad jurídica de los contribuyentes definiendo un marco para la selección y el control,

— Encauza y normaliza la actividad de las administraciones tributarias, garantizando una interpretación uniforme de las normas y estableciendo mecanismos de coordinación, y

— Maximiza la eficacia administrativa en la lucha contra el fraude, canalizando los recursos hacia hechos en los cuales existe una mayor probabilidad de incumplimientos, respecto a otros más transparentes.

En este contexto, el presente Plan de Control, aprobado por el Consejo Rector del Ente Público de Servicios Tributarios con fecha 15 de julio de 2019, desarrolla la planificación tributaria del ejercicio en el ámbito del Principado de Asturias definiendo una serie de programas genéricos o específicos que se consideran necesarios para mejorar la eficiencia en las actuaciones del Ente Público de Servicios Tributarios.

Por lo anterior, y con el fin de hacer públicos los criterios generales que informan el Plan anual,

resuelvo

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las directrices generales del Plan anual de Control Tributario del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para 2019, que figuran como anexo.

Oviedo, a 22 de julio de 2019.—El Director General.—Cód. 2019-08483.

Anexo

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2019

DIRECTRICES GENERALES

El Plan de Control para 2019 mantiene la estructura fundamental de los ejercicios precedentes e incorpora algunas novedades.

Los refuerzos de la estructura del Ente Tributario en los últimos años con el fin de mejorar, entre otros, los aspectos vinculados al control del fraude (creación de sendos departamentos en las áreas de gestión y recaudación, así como refuerzo del área de inspección y cobertura de vacantes), permiten mejorar los programas definidos en ejercicios previos así como definir nuevas actuaciones.

Otros elementos que no debemos obviar son las nuevas tendencias jurisprudenciales y las modificaciones normativas producidas en el último ejercicio y que sin duda afectan a la propia definición del Plan de Control.

Teniendo en cuenta estas cuestiones generales el presente Plan recoge una serie de novedades que se resumen a continuación.

Dentro del Plan de Gestión se han creado nuevos programas específicos segregando antiguos programas genéricos, todo ello con el fin de mejorar el control y el seguimiento de las medidas incluidas en el Plan.

En lo relativo al Plan de Inspección no se crean nuevos programas sino que se mejoran los existentes. Por su parte, el Plan de Recaudación incluye dos nuevos programas en el ámbito de las actuaciones especializadas. Uno dirigido a mejorar el control de domicilios y notificaciones en los procedimientos de apremio. El segundo para el control de la deuda pendiente en ejecutiva.

Dentro del Plan de Control Tributario para 2019 se prevén medidas que buscan fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la mayor conciencia fiscal. Así, en lo que respecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se diseñará un borrador de autoliquidación que conteniendo los elementos fundamentales del impuesto, permita al ciudadano conocer el importe a abonar, en su caso, por el impuesto. Igualmente se trabajará para que los citados modelos puedan ser presentados por la vía telemática.

En la misma línea, se tratará de consolidar el servicio de cita previa con el fin de reducir las cargas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del ciudadano.

Merece la pena destacar el firme compromiso del Ente Público de Servicios Tributarios tendente a favorecer la presentación telemática de los hechos imponibles en el marco de la colaboración social. Se pretende en este ejercicio dar un impulso a esta actividad reduciendo los costes de gestión para el obligado, agilizando la obtención de información por parte de la administración y favoreciendo la seguridad de las transacciones.

Por último, dentro del ámbito de relación con otras administraciones, el Plan recoge un nuevo apartado con el fin de mejorar las bases de datos y la calidad de la información relativa a los distintos tributos asociados a la gestión del agua mediante la recopilación de información en poder de las distintas administraciones.

Las directrices generales para el año 2019 giran, como en ejercicios previos, en torno a tres pilares de actuación: la prevención y control del fraude tributario, el control en fase de recaudación y la colaboración con otras administraciones.

1.—Prevención y control del fraude tributario

Las líneas de actuación en este ámbito se desarrollarán esencialmente a través de las áreas del Ente que tienen encomendadas la prestación de servicios al ciudadano, la gestión tributaria y la inspección.

En términos generales:

• El Área de Servicios al Administrado constituye la primera línea de atención a los ciudadanos, fundamental para facilitar la orientación en el cumplimiento de sus obligaciones. Así, informa en un primer nivel a través de los distintos canales disponibles (presencial, telefónico o web), presta un servicio de apoyo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, y recoge y tramita las quejas. Desde el punto de vista del control, su actividad es esencialmente preventiva y se desarrolla en todos los ámbitos, incluido el recaudatorio.

• El Área de Gestión Tributaria se ocupa de la revisión de las declaraciones y autoliquidaciones que presentan los contribuyentes validando los documentos presentados o emitiendo las liquidaciones complementarias que procedan. La información que se deduce de declaraciones y autoliquidaciones permite asimismo detectar y corregir los supuestos de incumplimiento tributario siguiendo planes de actuación coordinados con los órganos inspectores. Corresponden también a esta área las tareas de formación y mantenimiento de los censos tributarios, cometidos que permiten asimismo la detección y regularización inmediata de posibles incumplimientos.

• El Área de Inspección comprende las actuaciones que se dirigen a la detección y regularización de las formas más importantes de fraude, así como a la comprobación en profundidad del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y la adopción de medidas de control preventivo de los riesgos fiscales de mayor trascendencia.

El Plan diferencia la actividad de control general que se desarrolla con carácter habitual por el área de gestión tributaria, de aquellas otras actuaciones que resultando de especial interés o complejidad se integran en programas específicos cuyo desarrollo corresponde a las áreas de gestión e inspección de manera coordinada.

Actuaciones de control general

Constituyen actuaciones de control general a desarrollar en cualquiera de los tributos cuya gestión corresponde al Ente Tributario:

— Cumplimiento de obligaciones formales, plazos y lugar de presentación de declaraciones e ingreso en plazo de autoliquidaciones.

— Comprobación y adecuación de censos y padrones fiscales en aquellos tributos en los que dichos conceptos resultan esenciales.

— Comprobación de:

• Bases impositivas.

• Aplicación de tarifas y tipos impositivos.

• Exenciones, reducciones y bonificaciones fiscales.

• La documentación aportada por los interesados con los datos e información que obren en poder de la administración tributaria.

Adicionalmente, y en relación con los distintos conceptos tributarios, serán objeto de comprobación general:

— En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

Autoliquidaciones presentadas en supuestos de consolidación de dominio así como autoliquidaciones complementarias o regularizaciones de los hechos imponibles no declarados, valoración del usufructo y la nuda propiedad, supuestos de adición de bienes y derechos a la masa hereditaria o porciones individuales, acumulación de donaciones y comprobación de la aplicación de las normas especiales en los supuestos de renuncia en sus distintas modalidades.

— En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

Revisión de documentos aportados por el contribuyente con el fin de detectar hechos imponibles no declarados y aplicación de tipos reducidos de acuerdo con la normativa autonómica.

— En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

Aplicación correcta de los casos de baja temporal y prorrateo de cuota, así como control de beneficios fiscales.

— En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Comprobación de titulares de unidades urbanas dudosos o desconocidos, elaboración de informes y comunicaciones de datos para la gerencia catastral competente en relación con declaraciones de obra nueva, construcciones no declaradas y otras situaciones relevantes para la configuración del hecho imponible.

— En el Impuesto sobre Actividades Económicas:

Control de la exención y coeficientes de ponderación asociados al importe neto de cifra de negocios, depuración y correcta aplicación de los códigos asociados a las vías a efectos de aplicación del coeficiente de situación.

— En el Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua (tributo autonómico) y las Tasas de Suministro de Agua (tributo de las entidades locales):

Aplicación de los supuestos de sustitución del contribuyente cuando la norma lo prevea.

Actuaciones específicas

Además de las que se desarrollarán a continuación, tienen la consideración de actuaciones específicas o de riesgo fiscal de atención preferente las derivadas de las denuncias o informes de colaboración remitidos al Ente por otras administraciones, poniendo de manifiesto hechos, operaciones o circunstancias con trascendencia tributaria.

Del mismo modo, se incluyen los casos derivados de la tramitación de las denuncias presentadas de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y los que tengan origen en propuestas e informes tramitados en el organismo, previo estudio de los servicios de planificación y autorización del jefe de área que corresponda.

• Impuesto sobre el Patrimonio

— Comprobación de autoliquidaciones: incorporación de bienes y derechos omitidos. Control de los valores declarados de acuerdo con los datos en poder de la administración.

— Actuaciones sobre hechos imponibles no declarados: supuestos de falta de presentación de autoliquidaciones en aquellos casos en los que presuntamente resulta obligatorio, de acuerdo con los datos obrantes en la administración u obtenidos de métodos de investigación y control. Especial incidencia en los supuestos de cambio ficticio de domicilio.

— Comprobación de la correcta aplicación de exenciones.

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

— Control y seguimiento de solicitudes de prórroga, suspensión de plazos de presentación y autoliquidaciones parciales.

— Detección y regularización de hechos imponibles no declarados. Especial incidencia en los supuestos de cambio ficticio de domicilio.

— Comprobación de omisiones de bienes y derechos y supuestos de vaciamiento patrimonial.

— Comprobación de beneficios fiscales, especialmente de los requisitos exigidos por la normativa para la aplicación de reducciones, deducciones y bonificaciones.

— Consolidaciones de dominio declaradas incorrectamente o no declaradas.

— Comprobación del patrimonio preexistente declarado.

— Supuestos de adición de bienes a la masa hereditaria o porción hereditaria.

— Comprobación de excesos de adjudicación lucrativos en la modalidad de donaciones del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones.

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

— Detección y regularización de hechos imponibles no declarados.

— Determinación de la aplicación del gravamen correcto en los supuestos en los que un mismo hecho pueda ser susceptible de tributación por este impuesto y por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

— Comprobación de operaciones declaradas por el impuesto de transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados que, en función de sus características y atendiendo a la normativa vigente, pueden ser calificadas fiscalmente como transmisiones lucrativas.

— Detección y regularización de supuestos de excesos de adjudicación onerosos.

— Comprobación de hechos imponibles derivados de expedientes de dominio y actas de notoriedad.

— Comprobación e investigación de concesiones administrativas.

— Comprobación de supuestos de aplicación de tipos reducidos.

— Comprobación de la exención prevista en el artículo 314 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores.

— Control de aplicación de exenciones en operaciones de fusión y reestructuración societaria.

— Control de exenciones en la modalidad de transmisión de vehículos de segunda mano.

— Comprobación e investigación de los hechos imponibles derivados del uso de documentos mercantiles recogidos en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.

— Comprobación de bases derivadas de hechos imponibles, por la modalidad de documentos notariales de actos jurídicos documentados, relacionados con operaciones de leasing.

— Comprobación del precio efectivamente satisfecho en operaciones sujetas al impuesto.

• Canon de Saneamiento e Impuesto sobre Afecciones Ambientales del Uso del Agua

— Detección y regularización de no declarantes y comprobación de supuestos que muestren incongruencias en volúmenes de uso o consumo de agua, cálculo de cuotas o importes ingresados.

• Tributos sobre el Juego

— Regularización de la situación tributaria en los supuestos de juego no autorizado u otras irregularidades detectadas por el área competente en materia de juego.

• Impuesto sobre Actividades Económicas

— Control de supuestos de cuota “cero”. Especial incidencia en la detección de incongruencias en supuestos de alta en actividad (modelo 036) y el importe neto de cifra de negocios superior a 1 millón de euros que figura en el modelo 840.

— Control de elementos tributarios y actividades declaradas en sectores industriales, comerciales y de prestación de servicios en general.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles

— Comprobación e investigación de posibles modificaciones de titularidades de inmuebles.

• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

— Regularización de supuestos de hechos imponibles no declarados.

2.—Control en fase de recaudación.

Se recogen en este apartado las actuaciones de gestión recaudatoria que desarrollarán los órganos de recaudación en el actual contexto normativo y presupuestario.

El ámbito normativo viene marcado por la necesidad de adaptarse a las directrices de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dentro de las actuaciones de control en fase de recaudación, cabe destacar:

— Procesos de gestión automatizados (embargo de bienes y derechos, compensación de deudas, etc.).

— Tramitación electrónica de procedimientos de gestión recaudatoria: Aplazamientos, fraccionamientos o devoluciones.

— Gestión cualificada de deudas de mayor cuantía a través de un seguimiento específico.

— Especial incidencia en supuestos de derivación de responsabilidad, en particular cuando la responsabilidad se origine por actuaciones de ocultación o transmisión de bienes con el fin de impedir el desarrollo del procedimiento de apremio.

— Actuaciones presenciales de recaudación en el supuesto de deudores cuya operativa comercial dificulta el cobro.

— Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información.

— Mayor dinamismo en la gestión de las deudas, agilizando el tránsito por las distintas fases de ejecución con el fin de limitar dilaciones en las fases de embargo y enajenación.

— Gestión coordinada con otros órganos liquidadores: Adopción de medidas cautelares de aseguramiento del cobro en situaciones de riesgo recaudatorio, ejecución de garantías ya constituidas ante otros órganos y seguimiento de aquellas situaciones que afecten a la exigibilidad de las deudas.

— Seguimiento de los procesos concursales: Comprobación de la correcta calificación de deudas y control de cumplimiento del convenio.

— Actuaciones de control:

• De la deuda pendiente, fundamentalmente de la deuda en ejecutiva más antigua con el fin de agilizar la finalización del procedimiento de apremio.

• De deudores declarados insolventes para vigilar posibles solvencias sobrevenidas.

• De la participación de los deudores en la realización de hechos imponibles con incidencia en el cobro de las deudas.

• De los ingresos realizados por las Entidades Colaboradoras de recaudación.

• De domicilios y notificaciones en procedimientos de apremio.

3.—Colaboración con otras administraciones

Destacan en este apartado la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Entidades Locales.

• Con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, entre otros:

— Acceso e intercambio de información con fines tributarios de acuerdo con los convenios existentes, aprovechando las nuevas posibilidades abiertas con las modificaciones realizadas en los últimos años.

— Obtención de información en razón del principio de colaboración, legalmente establecido, que permite solicitar y facilitar información de acuerdo con necesidades concretas de cara al control tributario.

— Convenio para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público del Principado de Asturias. El convenio, en términos generales, permite extender la gestión recaudatoria en todo el territorio nacional haciendo uso de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos del Estado y sus organismos autónomos.

— Grupo de control del Consejo territorial para la dirección y coordinación de la gestión tributaria del Principado de Asturias.

— Grupo de trabajo establecido para la coordinación y colaboración en materia de lucha contra el fraude, especialmente en el ámbito de tributos cedidos por el estado.

• Con las Entidades Locales:

— Uso de la información asociada a la gestión de los tributos locales que el Ente Público de Servicios Tributarios realiza para los 78 concejos asturianos a través de los correspondientes convenios de delegación de competencias, incrementando las posibilidades de cobro de deudas e identificando y corrigiendo prácticas de fraude fiscal.

Por último, se prevé una actuación transversal que afecta a los distintos niveles de administración con el fin de mejorar la información disponible en lo relativo a los tributos vinculados al consumo y vertido de agua, información que actualmente se encuentra dispersa en los ámbitos estatal, autonómico y local y que podría contribuir a mejorar la gestión de estos tributos.

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