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Boletín Nº 90 del viernes 19 de abril de 2013

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se regula el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria.

Por Resolución de 20 de octubre de 1995, de la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, se regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas del Principado de Asturias, teniendo como base jurídica el Real Decreto 349/83, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas y la Orden de 24 de febrero de 1993, por la que se normaliza la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

En el año 2009, se publica la Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, que contiene las disposiciones básicas relativas a la racionalización del uso de plaguicidas para reducir los riesgos y efectos de los mismos en la salud humana y el medio ambiente. Dicha Directiva fue traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. En el mismo, en su artículo 42 se crea el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria de carácter consultivo, regulando su estructura y funcionamiento, como instrumento censal que permita la realización de estadísticas, así como planificar y realizar controles oficiales por parte de la Comunidad Autónoma.

Atendiendo a ello se regula el Registro Oficial de Productores y Operadores fitosanitarios, sobre la base del anterior Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, creado por la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, del que ya se ha segregado el Registro de Establecimientos y Servicios Biocidas, creado por el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regulan el registro, autorización y comercialización de biocidas.

De acuerdo con ello y dado que el actual Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas se deroga por la disposición derogatoria del citado Real Decreto 1311/2012, es necesario regular a nivel del Principado de Asturias el Registro Oficial de Productores y Operadores Fitosanitarios, siendo a la vez necesario modificar la resolución de 20 de octubre de 1995 anteriormente citada en lo referente, a los productos fitosanitarios.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 78/2012, de 14 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación las competencias en materia de sanidad vegetal, entre las que se encuentra la gestión del registro de productores, distribuidores de productos y material fitosanitario.

RESUELVO

Primero.—Adscribir a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria en el Principado de Asturias, a la vez que se modifica la resolución de 20 de octubre de 1995, de la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, que regula el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas del Principado de Asturias, en lo referente a los productos fitosanitarios.

El Registro tendrá carácter público y consultivo, sin perjuicio de la debida protección de los datos de carácter personal según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

Segundo.—Deberán inscribirse en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria toda persona física o jurídica que ejerza alguna de las siguientes actividades:

a) El suministro de los medios de defensa fitosanitaria definidos en el artículo 2 m) de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, incluyendo la fabricación o producción, comercialización, logística, almacenamiento, distribución y venta o cesión en general, excepto los equipos y maquinaria de aplicación.

b) La realización de tratamientos fitosanitarios, tanto por medios terrestres como aéreos, o en almacenes u otros locales, cuando se trate de:

1.º Prestación de servicios, tanto por empresas como por cooperativas u otras entidades, con su propio personal.

2.º Desinfección de simientes y tratamientos poscosecha con carácter industrial o corporativo, mediante instalaciones o equipos fijos.

c) Asesoramiento, en concepto de prestación de servicios a explotaciones agrarias, a entidades o a particulares.

d) Manipulación y utilización de productos fitosanitarios de uso profesional, entendiendo ésta como se define en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en su artículo 3.a).

Tercero.—El Registro se estructura en cuatro secciones que se desglosan en:

a) Sector suministrador:

1.º Fabricación o producción material, incluyendo la actividad de almacenamiento en las propias instalaciones de la factoría.

2.º Comercialización o puesta en el mercado, comprendiendo la importación. Implica la titularidad de la autorización del producto y la responsabilidad inherente a la misma, incluyendo en su caso, la responsabilidad directa o subsidiaria sobre la fabricación y sobre la logística.

3.º Distribución u organización de la venta al usuario en general. Implica, en su caso, la responsabilidad subsidiaria sobre la logística.

4.º Logística, incluyendo el transporte y almacenamiento, en caso de que se realice como actividad específica independiente, por cuenta del responsable de la comercialización o del distribuidor.

b) Sector de tratamientos fitosanitarios:

1.º Prestación de servicios de aplicación de productos fitosanitarios, bien sea por cuenta de terceros o de los propios socios de la entidad o cooperativistas.

2.º Aplicación de productos fitosanitarios, con carácter industrial y por cuenta propia, mediante equipos o instalaciones fijas.

c) Sector de asesoramiento fitosanitario, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios:

1.º Asesores independientes que practiquen la actividad en el ejercicio libre de su profesión.

2.º Asesores encuadrados en el sector suministrador o en el de tratamientos, o en la estructura cooperativa de sus socios.

3.º Asesores encuadrados en la propia estructura empresarial del usuario.

4.º Asesores encuadrados en entidades de asesoramiento en los distintos marcos de control de plagas contemplados en el artículo 10.2 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

d) Sector de uso profesional:

Los usuarios profesionales, entendiendo como tales los definidos en el artículo 3 a) del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Cuarto.—Las solicitudes de inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria cuya actividad esté relacionada con las actividades que están definidas en el resuelvo segundo y que su domicilio legal se encuentre en esta Comunidad Autónoma, deberán dirigirlas con un mes de antelación al inicio de sus actividades, a la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, conforme a los modelos oficiales que se encuentran a disposición de los interesados en la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias www.asturias.es. La solicitud, se podrá presentar por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.

1. El contenido de la solicitud comprenderá al menos:

a) El nombre y apellidos o denominación social del titular de la inscripción, y su NIF.

b) La dirección postal de su domicilio legal.

c) El tipo o tipos de actividad, de las especificadas en la propuesta tercera, que realiza.

d) En su caso, según corresponda:

1.º Las clases de productos fitosanitarios u otros medios de defensa fitosanitaria que pretenda producir, almacenar, manipular o utilizar.

2.º Los tipos de tratamientos u otros servicios que pretenda prestar.

e) Una declaración responsable firmada por el solicitante, o por persona física con poder bastante, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en la que manifieste expresamente que todos los datos e información contenidos en la solicitud, a los que se refiere el apartado a), son verdaderos y, cuando corresponda, que se cumplen todos los requisitos aplicables establecidos por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

f) La relación de los establecimientos afectos a la actividad o actividades referidas, especificando si se trata de instalaciones industriales, almacenes u otros locales, u oficinas, incluidos los ubicados fuera del ámbito territorial de la oficina donde se haya solicitado la inscripción.

g) La relación del personal afecto a la actividad o actividades referidas, especificando la ubicación de sus puestos de trabajo, así como la titulación o capacitación de quienes desempeñen puestos o desarrollen actividades para las que se requiera por la normativa vigente.

2. Recibida la solicitud por la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación se procederá al examen de su contenido para verificar si es conforme con el apartado anterior y con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, requiriendo al solicitante que subsane los defectos existentes, en su caso. Se elaborará la propuesta de resolución que proceda y, en caso favorable, se efectuará la inscripción y se asignará el número de registro.

Sexto.—La inscripción en el Registro tendrá una vigencia de cinco años. Pasado este plazo, el interesado deberá solicitar un nuevo certificado que podrá ser expedido en los mismos términos. De no solicitarse una nueva certificación en los tres meses siguientes a la fecha de caducidad del anterior, se producirá la baja en el Registro.

Si durante el período de validez del Certificado de Inscripción, se produce cualquier modificación significativa respecto de los datos declarados en la solicitud, el solicitante deberá presentar una solicitud de modificación de inscripción que contenga la información o documentación que se altera. En la misma forma se procederá en caso de producirse un cambio de titularidad que afecte a todas las actividades, establecimientos y medios o a una parte de los mismos.

Tras la inscripción, la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, comunicará al respectivo ayuntamiento la información que le afecte por la ubicación en su término de cualquier tipo de instalaciones o actividades, que se regulan mediante esta resolución, consistente en una copia del certificado de inscripción. Esta comunicación no será necesaria cuando entre la documentación que presente el interesado figure la licencia de actividad expedida por el ayuntamiento en el que esté ubicada la instalación.

Séptimo.—Con objeto de verificar el mantenimiento de los datos y demás información declarada por el solicitante para la inscripción en el Registro, se desarrollará un programa de revisión de las inscripciones, a cuyo fin se podrá requerir del solicitante la aportación de la documentación, justificantes, o la información que considere necesaria el órgano competente en cada caso.

Como consecuencia del resultado de dicha revisión se podrán mantener o modificar los datos registrales o cancelar las inscripciones, todo ello con la apertura de oficio del respectivo expediente y de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y concordantes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluida la sanción de las infracciones cometidas, en su caso.

Conforme a lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo máximo para la resolución de este procedimiento es de 6 meses, y en caso de no dictarse resolución en dicho plazo, se producirá la caducidad.

Octavo.—Se procederá a la cancelación de las inscripciones cuando concurran alguno de los siguientes casos:

a) A petición del titular del establecimiento o servicio.

b) Cuando se proceda por la Administración Local competente a la revocación de la licencia de apertura de establecimiento, y se reciba la notificación de dicha revocación.

c) Cuando, transcurrido el plazo de validez del certificado de inscripción, el titular no haya solicitado la expedición de un nuevo certificado.

Noveno.—El incumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Real Decreto 1311/2012.

Décimo.—Los establecimientos inscritos en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, y que por la actividad que desarrollan deban estar inscritas en el Registro, serán inscritos en éste de oficio, quedando enmarcadas en la sección que les corresponda.

Undécimo.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Duodécimo.—Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 27 de marzo de 2013.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez González.—Cód. 2013-06949.

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