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Boletín Nº 201 del viernes 16 de octubre de 2020

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

Acuerdo de 24 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adopta el levantamiento de la medida provisional consistente en aprobar la suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de parte de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de Lena y Quirós (Principado de Asturias).

Examinado por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el expediente de referencia MU/04/01, tramitado ante el Servicio de Cartografía del Principado de Asturias, órgano instructor del mismo, vistos los informes técnico y jurídicos, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

Antecedentes de hecho

Primero.—Surgidas divergencias entre los concejos de Lena y Quirós a la hora de apreciar dónde se sitúa la línea límite entre ambos, el Servicio de Cartografía, a instancias de los Ayuntamientos, procede a tramitar el expediente de reconocimiento parcial de la línea de término, de acuerdo con el Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, en el que se regula el procedimiento de deslinde de términos municipales.

Segundo.—Hay que recordar que en la década de 1970, existieron divergencias respecto al tramo de deslinde situado en la zona más al Norte de la línea de término, concretamente entre Mayau de Espines y Fuente La Balsa; si bien estas divergencias quedaron saldadas mediante la Resolución del Ministerio de Gobernación de fecha 3 de abril de 1975, que fue recurrida en primera instancia ante la Audiencia Nacional y posteriormente fue objeto de apelación ante el Tribunal Supremo que, mediante la Sentencia de 10 de marzo de 1982, confirmó la resolución administrativa impugnada. En la actualidad, las discrepancias han quedado restringidas al tramo comprendido entre los piquetes 94 y 125 del Monte de Utilidad Pública “Coto de Lindes y Cueva Palacio” (M. U. P. n.º 358 del Catálogo), existiendo conformidad en la delimitación del resto de la línea de término que quedaba por reconocer, según consta en el expediente administrativo de referencia MU/04/01.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en la citada Sentencia de 10 de marzo de 1982 del Tribunal Supremo, que recoge asimismo el parecer del Consejo de Estado, respecto a la cuestión planteada para el tramo más al Norte de la línea de término; el Principado de Asturias acoge el criterio de considerar que la línea límite entre ambos concejos debe ser la que defina sus propiedades respectivas.

Cuarto.—En consonancia con lo anterior y de acuerdo con sendos informes técnico y jurídico del Servicio de Cartografía, la línea propuesta en primer lugar como delimitadora de la jurisdicción, coincidía con la línea de deslinde total del Monte de Utilidad Pública denominado “Bobias y Agüerias” (M. U. P. n.º 234 del Catálogo) aprobada mediante la Resolución de 20 de julio de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, precisamente porque este deslinde marcaba la separación entre las propiedades de uno y otro Ayuntamiento. No obstante, dicho deslinde del M.U.P. n.º 234, que había sido impugnado ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, fue finalmente anulado mediante la Sentencia 161/2015, de 9 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Ante tal situación, el Servicio de Cartografía, de acuerdo con nuevos informes técnico y jurídico, optó por el trazado de una línea recta provisional, en tanto que no se deslindase nuevamente el citado M. U. P. por parte de la Consejería con competencias en la materia.

Finalmente, se decía, el deslinde jurisdiccional definitivo coincidiría con el límite de propiedades que, en este caso, vendría definido por el deslinde del MUP n.º 234, cuando éste fuera aprobado por la Consejería con competencias en la materia.

Quinto.—Hay que recalcar, por tanto, que la línea recta constituía únicamente una solución provisional que, no obstante, sometida a la audiencia de los Ayuntamientos afectados, no tuvo una buena acogida por su parte, según se extrae de sus respectivos escritos de alegaciones; proponiendo el Servicio de Cartografía la adopción de la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta que se apruebe el deslinde definitivo del M. U. P. n.º 234.

Sexto.—Consultado en aquel momento el Servicio de Montes del Principado de Asturias, se informa al Servicio de Cartografía que, por parte de aquél, se tenía la previsión de iniciar la tramitación del procedimiento de deslinde del M. U. P. n.º 234 durante el año en curso (2016).

Séptimo.—Abierto por el Servicio de Cartografía nuevo período de audiencia al objeto de que las partes afectadas pudieran dar vista del expediente y tener conocimiento de la propuesta de adopción de la medida cautelar consistente en aprobar la suspensión de la tramitación del expediente administrativo, no se recibieron ulteriores alegaciones por parte de los interesados.

Octavo.—Así, el Consejo de Gobierno, mediante el Acuerdo de 25 de mayo de 2016, adoptó la medida provisional consistente en aprobar la suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de parte de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de Lena y Quirós (Principado de Asturias), que se notificó a los interesados y se publicó en el BOPA núm. 126 de fecha 1 de junio de 2016.

Noveno.—A continuación, mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se produce la aprobación del deslinde total del Monte de Utilidad Pública n.º 234 “Bobias y Agüerias” (BOPA de 13/10/2017), que es impugnado en vía contencioso-administrativa, según advierte el Servicio de Montes al Servicio de Cartografía, mediante oficio de fecha 10 de enero de 2018.

Décimo.—Concretamente, según se extrae de la documentación obrante en el expediente de deslinde de términos municipales, se interponen dos recursos contencioso-administrativos contra la Resolución de 20 de septiembre de 2017, por la que se aprueba el deslinde del citado Monte de Utilidad Pública, que dan lugar a:

— Sentencia 1060/2018 del Tribunal de Justicia de Asturias, de 27 de diciembre de 2018 (P.O. 933/2017), por la que se declara la inadmisibilidad del recurso. Se acude en casación al Tribunal Supremo (recurso de casación 1419/2019), dictándose Providencia de 11 de julio de 2019, por la que se inadmite a trámite el recurso.

— Sentencia 223/2019 del Tribunal de Justicia de Asturias, de 25 de marzo de 2019 (P.O. 905/2017), desestimatorio y confirmatorio de la Resolución. Se acude en casación al Tribunal Supremo (recurso de casación 3326/2019), dictándose Providencia de 25 de septiembre de 2019, por la que se inadmite a trámite el recurso.

Undécimo.—El Ayuntamiento de Lena, mediante el escrito de fecha 6 de agosto de 2020, solicita al Servicio de Cartografía la reactivación de los cauces administrativos para culminar la tramitación del expediente de deslinde entre los términos municipales de Lena y Quirós.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, —aplicable al haberse iniciado la tramitación del expediente de deslinde con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ello de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, letra a), de esta ley—, establece que:

“1. Iniciado el procedimiento administrativo, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello.

2. (…)

3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.”

Segundo.—Contando con el aval normativo del citado artículo 72 de la Ley 30/1992; el Consejo de Gobierno, como órgano competente para resolver el expediente de deslinde, adoptó el 25 de mayo de 2016 —como se decía bajo el Antecedente de Hecho Sexto de este Acuerdo— la medida provisional consistente en aprobar la suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de parte de la línea de término jurisdiccional, con el objeto de asegurar que el procedimiento del deslinde del M. U. P. n.º 234, en aquel momento pendiente de tramitar, no se encontrase ya condicionado por una situación consolidada al amparo de un Acuerdo de aprobación del deslinde jurisdiccional, por muy provisional que éste sea, y considerando también que la adopción de la medida cautelar no podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados, ni tampoco implicar violación de derechos amparados por las leyes.

Tercero.—Siendo la inexistencia de un deslinde del Monte de Utilidad Pública n.º 234, la causa única que motivó la adopción de la suspensión de la tramitación del procedimiento de deslinde de términos municipales; procede, por tanto, el levantamiento de la suspensión, en tanto que dicho deslinde del M. U. P. n.º 234 ha sido aprobado mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2017, que ha sido finalmente confirmada por sentencias firmes, según se ha indicado bajo el Antecedente de Hecho Octavo de este Acuerdo.

Cuarto.—En cuanto a la competencia para proceder al alzamiento de la medida provisional, tal medida se debe adoptar –en este caso, a instancia del Ayuntamiento de Lena– por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que es el órgano competente para resolver el expediente, a propuesta de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 39/2020, de 2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

Quinto.—A pesar de que el citado artículo 72 de la Ley 30/1992 no lo expresa, se considera que el Acuerdo por el que levante la medida provisional no es susceptible de impugnación, en la medida en que se puede entender que se trata de un acto de trámite no cualificado, en los términos previstos en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 —aplicable en cuanto al régimen de recursos, de acuerdo con su Disposición Transitoria Tercera, letra c)—, y en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues con el levantamiento de la medida provisional no se decide directa ni indirectamente sobre el fondo del asunto, ni se determina la imposibilidad de continuar el procedimiento —al contrario, lo posibilita—, ni se produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

En cualquier caso, la oposición a dicho acto de trámite, consistente en el alzamiento de la medida provisional, podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, como indica el inciso final del citado artículo 112.1 de la Ley 39/2015.

En consecuencia, a propuesta del titular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, el Consejo de Gobierno,

ACUERDA

Primero.—El levantamiento de la medida provisional consistente en aprobar la suspensión de la tramitación del procedimiento de reconocimiento de parte de la línea de término jurisdiccional entre los concejos de Lena y Quirós (Principado de Asturias).

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicable de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, letra a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo en los términos previstos en el artículo 58 y concordantes de la citada Ley 30/1992, igualmente aplicable de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, letra a), de la Ley 39/2015.

Dado en Oviedo, a 17 de agosto de 2020.—El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez.—Cód. 2020-07870.

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