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Boletín Nº 93 del jueves 16 de mayo de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero por el que se delegan en el Ente Público la gestión, recaudación e inspección de determinados tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de abril de 2019 Convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero por el que se delegan en el Ente Público la gestión, recaudación e inspección de determinados tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

RESUELVO

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, 6 de mayo de 2019.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana.—Cód. 2019-04818.

CONVENIO ENTRE EL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE SIERO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL ENTE PÚBLICO LA GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS

En Oviedo, a 1 de abril de 2019.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Dolores Carcedo García, Presidenta del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en virtud de su nombramiento como Consejera de Hacienda y Sector Público por Decreto 7/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, estando facultada para la suscripción del presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo o 25.k del Reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/2005, de 12 de mayo.

De otra parte el Ilmo. Sr. don Ángel Antonio García González, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Siero, facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 22 de febrero de 2018.

Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las competencias y facultades que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto

Exponen

Primero.—El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelante el Ente Público) es un ente público creado por la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, que forma parte del sector público autonómico y que se encuentra adscrito a la Consejería de Hacienda y Sector Público.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 10.uno.2 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, corresponde al Ente Público, entre otras competencias, la gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos locales cuya competencia le haya sido delegada por las corporaciones locales.

Tercero.—El artículo 10.dos.2 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, dispone que para la consecución de sus objetivos el Ente Público podrá celebrar convenios con otras Administraciones Públicas.

Cuarto.—El artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, contempla la posibilidad de que las entidades locales puedan delegar en las respectivas Comunidades Autónomas la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si bien extiende esta posibilidad de delegación a los restantes ingresos de derecho público que correspondan a las entidades locales.

Quinto.—En el BOPA del día 9 de marzo de 1992, se publica la delegación del Ayuntamiento de Siero en el Principado de Asturias de la gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, así como de la recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y demás ingresos de derecho público no tributarios.

Sexto.—El Ayuntamiento de Siero, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2018, acuerda delegar en el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con efectos de 1 de julio de 2018, la gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Séptimo.—El Ente Público ha quedado subrogado en la totalidad de los convenios suscritos en nombre del Principado de Asturias directamente relacionados con su ámbito competencial, según se establece en el apartado octavo de su Ley de creación, como responsable del tratamiento de datos tributarios de carácter personal del Ayuntamiento de Siero con el que ha suscrito el citado convenio de colaboración, resulta preciso incorporar al mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, resulta preciso incorporar a los mismos una cláusula que establezca los términos en los que el Ente Público, como encargado del tratamiento, podrá acceder a los datos de carácter personal para la adecuada gestión y recaudación de los ingresos de derecho público que le han sido delegados.

Octavo.—De otra parte, la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a adaptar el convenio vigente al régimen de los convenios previsto en esta Ley, por lo que, por seguridad jurídica, se recoge el clausulado del convenio hasta ahora vigente, se adapta a las nuevas exigencias legales el mismo, se añade la delegación que ahora se efectúa por el Ayuntamiento y se incluye la cláusula referida a la protección de datos personales.

Noveno.—Por todo lo expuesto, las partes convienen en suscribir un convenio interadministrativo de los previstos en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio lo constituye la delegación por parte del Ayuntamiento de Siero en el Ente Público de las competencias de gestión tributaria, inspección y recaudación de los siguientes tributos e ingresos de derecho público no tributarios que seguidamente se relacionan:

— A. Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles.

— B. Gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre actividades económicas.

— C. Gestión tributaria, Inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

— D. Gestión tributaria y recaudación de las tasas por suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de recogida de basuras.

— E. Gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

— F. Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos y demás ingresos de derecho público no tributario.

Segunda.—Especificaciones.

El Ente Público, para el ejercicio de las competencias delegadas, dispondrá, entre otras, de las siguientes facultades:

A) Gestión tributaria:

1) Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluso de los intereses de demora, y realización de las notificaciones que de ellos se deriven.

2) Confección y aprobación de los listados de liquidación.

3) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

4) Actuaciones administrativas de comprobación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.

5) Resolución de los recursos que se interpongan contra actos propios de la gestión tributaria.

6) Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.

7) Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

8) Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.

9) Aceptación de las delegaciones de la Administración Tributaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de colaboración previstas en la legislación vigente sobre Haciendas Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual será aprobada por el órgano competente de la entidad local utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad con respecto a otras entidades locales que asimismo tengan delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias. No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua, no se delegan las labores de medición del consumo, sin perjuicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan arbitrarse.

B) Gestión recaudatoria.

1) Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las liquidaciones, notificación de las mismas cuando reglamentariamente proceda, y su recaudación en período voluntario. Ello incluso en caso de autoliquidación o liquidación por contraído previo.

2) Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el caso de tributos de cobro periódico y notificación colectiva.

3) Expedición de certificaciones de descubierto, individuales o colectivas, excepto en los casos de la recaudación en vía ejecutiva de todos los tributos municipales y demás ingresos de derecho público no tributarios relativos a otros tributos o ingresos de derecho público en los que corresponderá al órgano competente de la Entidad Local.

4) Dictado de las providencias de apremio.

5) Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingresos de derecho público, ejerciendo todas las facultades inherentes a dicho procedimiento y en particular dictando las providencias de embargo.

6) Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el Ente Público acuerde que el mismo se realice en el momento del pago de la deuda, y su recaudación.

7) Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos y realización material de las devoluciones.

8) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

9) Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento de recaudatorio.

10) Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un importe mínimo para la data y baja contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con más de dos años desde la liquidación.

No obstante lo anterior, y de conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento de Siero de 22 de febrero de 2018, el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias asume las facultades correspondientes al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con efectos desde el 1 de julio de 2018, es decir, para todos los hechos imponibles devengados a partir de esa fecha.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por parte de la entidad local de la delegación conferida al Ente Público, se refiere expresamente a todas y cada una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recaudación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

El Ente Público podrá rechazar aquellas liquidaciones o relaciones de deudas para su cobro en período ejecutivo que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumplimiento de las bases y condiciones que se enumeran a continuación.

Tercera.—Bases económicas.

1. En compensación por los gastos de gestión, el Ayuntamiento asumirá como coste unos determinados porcentajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria y ejecutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto a las costas. Dichos porcentajes se establecerán por la Consejería de Hacienda y Sector Público a la vista de los resultados económicos de la Administración Tributaria en cada ejercicio, con efectos para el siguiente, y será comunicado a la entidad local; no pudiendo superar en ningún caso los que a continuación se determinan:

A) Gestión y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 4,75%.

B) Gestión y recaudación del Impuesto sobre Actividades Económicas: 4,75%.

C) Gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 4,75%.

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:

E) Gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 4,75%.

En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B, C, D y E, como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos e ingresos de derecho público no tributarios), la compensación equivaldrá al importe del recargo de apremio.

El Ente Público aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas o el Canon de Saneamiento, todo ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar los principios legales y técnicos en materia contable y presupuestaria. Si la recaudación de los citados conceptos correspondientes al Ente Público conllevase el derecho a la percepción de comisiones o premios de cobranza, dichas percepciones serán a favor del Ente Público.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán al Ente Público, que a su vez será quien incurra en los correspondientes costes de recaudación. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la entidad local, si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones previstas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en ejecutiva.

2. Para la fijación de los porcentajes el Ente Público se compromete a respetar el criterio de neutralidad económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo que los ingresos derivados de convenios con Ayuntamientos u otras entidades sean destinados directamente a la cobertura de costes de los órganos o entidades que específicamente realizan la administración tributaria, justificándose la existencia de beneficios únicamente en previsión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de exceso los porcentajes aplicables. Para el adecuado funcionamiento de dichos órganos o entidades, el Ente Público se compromete igualmente al abono de comisiones al menos similares por la gestión, inspección y recaudación de sus propios tributos o ingresos.

3. La liquidación anual se practicará en el mes de marzo del ejercicio siguiente.

4. Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo financiero efectuado.

5. En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe será compensado preferentemente de la liquidación anual y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese ocasionada por defectos de la ordenanza reguladora advertidos previamente por el Ente Público al Ayuntamiento y no subsanados por este, el Principado de Asturias quedará liberado de la retrocesión de comisiones, y podrá asimismo reembolsarse del coste de las garantías aportadas por el contribuyente para suspender la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por declaración de improcedencia de la misma.

6. En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a favor del Ente Público podrá deducirse de posteriores liquidaciones o de las entregas financieras mensuales.

Cuarta.—Bases financieras.

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento percibirá, en la cuenta que designe, los siguientes anticipos, calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida esta, tanto al período voluntario (incluidas las liquidaciones de ingreso directo), como al período ejecutivo.

Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas:

— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación del ejercicio anterior.

— Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes de diciembre.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

— Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero y marzo equivalente, respectivamente al veinte (20%), treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recaudación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, del servicio de alcantarillado y de recogida de basuras:

— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Otros:

— Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segunda quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán las posteriores entregas al criterio establecido, regularizándose los anticipos provisionales realizados en los meses precedentes.

Quinta.—Bases operativas.

1. Cuando en el término municipal no exista oficina recaudatoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar al Ente Público, en caso de necesidad y durante el período de cobranza en período voluntario de los tributos de cobro periódico y notificación colectiva, un local con las suficientes condiciones de uso y seguridad.

2. Cuando así se solicite por el Ente Público, el Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante agentes de la Policía Local y en su caso a través de sus servicios de grúa y depósito de vehículos, para la realización de embargos, precintajes, y para la retirada de bienes embargados.

3. El Ayuntamiento colaborará con el Ente Público y comunicará a este, con o sin requerimiento previo, cualquier información o elemento con transcendencia para la efectividad de la gestión encomendada del cual tenga conocimiento.

Sexta.—Protección de datos de carácter personal.

La presente cláusula tiene por objeto establecer los términos en los que el Ente Público, como encargado del tratamiento, podrá acceder a los datos de carácter personal para la adecuada gestión y recaudación de los ingresos de derecho público que le ha delegado el Ayuntamiento de Siero.

1. Únicamente tratará los datos de carácter personal conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, responsable del tratamiento.

2. No aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los previstos en el presente Convenio.

3. No comunicará los datos de carácter personal a los que tiene acceso, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de los organismos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la Ley o de las funciones encomendadas por el Ayuntamiento. En concreto, el Ayuntamiento de Siero autoriza expresamente al Ente Público a que, si lo estima conveniente, solicite la colaboración de la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, SA, para la prestación de los servicios de gestión y recaudación objeto del Convenio, comprometiéndose a suscribir con ella el correspondiente contrato o convenio de Encargado de Tratamiento con el contenido mínimo estipulado en Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

4. Garantizará la adopción e implementación de las medidas de seguridad que correspondan en función de los datos accedidos.

5. Observará el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre los mismos. Igualmente, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de ellos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento.

6. Una vez finalizada la vigencia del Convenio, el Ente Público devolverá al Ayuntamiento los datos de carácter personal objeto de tratamiento almacenados en sus equipos y/o soportes, al igual que cualquier soporte o documento en que consten, procediendo, acto seguido, a su eliminación. No obstante, en caso de existir obligación legal de custodia de la información o ser necesaria su conservación para hacer frente a posibles responsabilidades legales, el Ente Público no procederá a su destrucción sino que conservará copia de los mismos hasta que finalice el período correspondiente.

Séptima.—Rendición de cuentas.

El Ente Público quedará obligado a dar traslado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación anual, del estado de cuentas de la gestión efectuada, debidamente aprobado y fiscalizado.

Octava.—Régimen de impugnación de los actos dictados en ejercicio de la delegación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los actos que dicte el Ente Público en el ejercicio de la delegación objeto de este convenio serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponde al propio Ente Público y que se encuentra regulado en la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, y demás normativa que le es de aplicación.

Novena.—Vigencia del convenio.

1. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, surtiendo efectos desde el día de su firma.

2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales.

Décima.—Resolución del convenio.

1. Será causa de resolución del presente convenio, además de las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier circunstancia sobrevenida que altere las condiciones establecidas en el mismo.

2. Cuando alguna de las partes firmantes de este convenio incumpliese alguna de las obligaciones y compromisos asumidos, se deberá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo máximo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento regulada en la cláusula undécima.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el convenio, debiendo indemnizar la parte incumplidora los daños y perjuicios causados a la otra parte.

3. La resolución del convenio dará lugar a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, si cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas en los apartados anteriores existiesen actuaciones iniciadas en vía ejecutiva, corresponderá al Ente Público tramitar los expedientes hasta su finalización, realizándose a continuación las liquidaciones que procedan por parte del Ente Público y el Ayuntamiento de Siero.

Undécima.—Comisión de Seguimiento.

1. El convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento formada por tres representantes del Ente Público y tres representantes del Ayuntamiento de Siero, designados por cada una de las partes, desempeñando la secretaría de la comisión un funcionario del Ente Público.

2. Corresponderá a la Comisión de Seguimiento la vigilancia y el control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por ambas partes.

3. El Ente Público y el Ayuntamiento de Siero se comprometen a solventar por mutuo acuerdo, en el seno de la misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.

Duodécima.—Naturaleza y régimen jurídico del convenio.

1. El presente convenio tiene un carácter no contractual, resultándole de aplicación el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por cuanto, por una parte, su objeto es la delegación de competencias que conllevan la atribución de potestades públicas y, por otra, corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que implican una participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, como es el caso de las especificadas en la cláusula segunda del convenio.

2. El presente convenio se regirá por lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicándose con carácter supletorio el resto del articulado de la citada Ley y por la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración.

3. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula undécima, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio que no cuenten con acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

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