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Boletín Nº 288 del martes 15 de diciembre de 2009

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regula la determinación de la capacidad económica de las personas que tengan reconocida la situación de dependencia, las prestaciones económicas y la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece el reconocimiento de las distintas situaciones de dependencia y el derecho a la protección de las mismas mediante un sistema público de servicios y de prestaciones. Dicha Ley prevé en su artículo 33 la participación económica de la persona reconocida en situación de dependencia en base a su capacidad económica, comprendiendo en ésta tanto la renta como el patrimonio.

El Decreto 68/2007, del Gobierno del Principado de Asturias, de 14 de junio (BOPA de 6 de julio de 2007), regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, SAAD) en el territorio del Principado de Asturias. El artículo 15 del citado Decreto exige la acreditación de la capacidad económica, de renta y patrimonio, preceptiva para establecer la participación económica en el coste de los servicios y prestaciones de aquellas personas cuyo reconocimiento sea exigible en el año en curso.

La Resolución de 7 de noviembre de 2007 de la Consejería de Bienestar Social procedió a regular con carácter provisional, en ausencia del correspondiente acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias con el objetivo de fijar la aportación de las mismos a la financiación de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2008 (BOE 17-12-2008), de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Se hace necesario por tanto adaptar la regulación autonómica a dicho acuerdo del Consejo Territorial.

Igualmente el Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula la ayuda a domicilio, siendo globalmente válido debe desarrollarse incorporando también las especificidades previstas para las personas beneficiarias del SAAD en el referido Acuerdo del Consejo Territorial.

En virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 38, letra “i”, de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y al amparo de lo previsto en la disposición final primera del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,

Resuelvo

Artículo 1.—Objeto de la norma.

1. El objeto de la presente Resolución es regular los criterios para la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias, el importe y requisitos de las prestaciones económicas, así como la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias.

2. De acuerdo con el apartado anterior, las prestaciones económicas objeto de regulación son las siguientes:

— Prestación económica vinculada al servicio.

— Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

— Prestación económica de asistencia personal.

Artículo 2.—Participación de las personas beneficiarias.

1. Están obligadas a participar en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema aquellas personas a las que se les haya reconocido un grado y nivel de dependencia que actualmente dé derecho a acceso a servicios y prestaciones del SAAD según la valoración establecida legalmente, se haya aprobado un Programa Individual de Atención y cumplan los requisitos de capacidad económica que se establecen en la presente Resolución.

2. En el caso de las prestaciones económicas, la participación de las personas beneficiarias se materializará mediante una modulación en el importe de la prestación económica que hayan de percibir con cargo al Sistema en función de su capacidad económica determinada con arreglo a lo establecido en la presente Resolución.

3. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio la participación de las personas beneficiarias se establece como un porcentaje del coste del servicio, progresivo en función de su capacidad económica.

Artículo 3.—Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.

1. La capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD se valorará de acuerdo con la renta y el patrimonio de la persona interesada, en los términos que establece el artículo 14.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, se consideran rentas o ingresos computables los bienes y derechos de los que disponga la persona dependiente, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos.

3. Se entenderá por rentas del trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. Se equipararán a rentas del trabajo las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados.

En los ingresos de la persona beneficiaria no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad recogidas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

4. Como rentas de capital se computará la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. En el supuesto de no existir rendimientos de bienes inmuebles, éstos se valorarán conforme a las normas establecidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a excepción de la vivienda habitual.

5. Se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación. Únicamente, se computará la vivienda habitual en el supuesto de que el beneficiario perciba el servicio de Atención Residencial o la prestación económica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda.

A estos efectos, se entiende como personas a su cargo el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas al beneficiario por razón de tutela y/o acogimiento menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con el beneficiario y dependan económicamente del mismo.

En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad del beneficiario.

No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, mientras persista tal afección. No obstante, si se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.

6. El período a computar en la determinación de las rentas y del patrimonio será el correspondiente al año de la última declaración fiscal disponible o pensión conocida a la fecha del hecho causante.

Asimismo, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas por el beneficiario en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de prestaciones del Sistema, en los términos recogidos en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

7. La capacidad económica del beneficiario será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la suma de un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y de un 1 por ciento a los menores de 35 años.

8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán de aplicación las siguientes reglas:

a) Cuando la persona beneficiaria tuviera a su cargo a cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente de ella, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta y patrimonio entre el número de personas consideradas además del beneficiario.

b) Se entenderá como renta personal, en los casos de beneficiario con cónyuge en régimen de gananciales o cuando se presente declaración conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

Artículo 4.—Comprobación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.

1. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda comprobará de oficio la acreditación de los requisitos de la capacidad económica de la persona dependiente, sin perjuicio de poder requerir en cualquier momento la documentación señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, u otra que estime necesaria.

2. La presentación de la solicitud de reconocimiento de grado y nivel de dependencia conllevará la autorización a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para verificar la información aportada por los interesados en aquélla, mediante la obtención de datos de carácter económico que sobre ellos exista en las distintas Administraciones, Registros Públicos o cualquier otro organismo competente.

3. En el supuesto de que exista diferencia entre la información económica declarada por las personas interesadas y la obtenida por la Administración Pública, prevalecerá esta última para la determinación de la capacidad económica.

Artículo 5.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en las prestaciones económicas.

1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas se establecerán anualmente mediante Real Decreto, previo el Acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con derecho a las mismas.

2. La cuantía de las prestaciones económicas a reconocer a cada persona beneficiaria se determinará según su capacidad económica, aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor, en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conforme a las siguientes tablas:

Porcentaje de la prestación económica máxima en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias:

Capacidad económica

P.E. Vinculada a Servicio

P.E. para asistente personal

Hasta n.º veces IPREM

%

%

1,00

100,00

100,00

2,00

88,00

88,00

3,00

76,00

76,00

4,00

64,00

64,00

5,00

52,00

52,00

6,00

40,00

40,00

Capacidad económica

P.E. para cuidados en el entorno familiar

Hasta n.º veces IPREM

%

1,00

100,00

2,00

93,75

3,00

87,50

4,00

81,25

5,00

75,00

Los porcentajes de participación establecidos deberán entenderse aplicables al valor de IPREM indicado, debiéndose repartir de forma proporcional para los valores intermedios.

3. La determinación de la cuantía individual de las prestaciones económicas, a excepción de las prestaciones económicas vinculadas a un servicio consistente en ayuda a domicilio o centro de día, que se regirán por su propia normativa, se efectuará en función de la dedicación horaria de los cuidados, de acuerdo con la tabla que se establece a continuación:

Dedicación

Horas/mes

Prestación económica

Completa

160 horas/mes o más

100% de la prestación económica

Media

80-159 horas/mes

50% de la prestación económica

Parcial

Menos de 80 horas/mes

% de la prestación económica proporcional a horas/mes

Artículo 6.—Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad e importes mínimos.

1. Una vez determinada la cuantía individual de la prestación económica, se deducirán de la misma las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad que perciba la persona beneficiaria de cualquier otro régimen de protección social, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

2. En todo caso, se deducirán las siguientes prestaciones reguladas en la Ley General de Seguridad Social, texto refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI):

a) El complemento de gran invalidez.

b) El complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%.

c) El complemento de necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva.

d El subsidio de tercera persona.

3. Realizadas las deducciones previstas en el apartado anterior, las prestaciones económicas tendrán un importe mínimo garantizado equivalente al 40% de la prestación económica máxima que le correspondería a la persona beneficiaria de acuerdo con su grado y nivel, con el límite del coste del servicio.

Artículo 7.—Determinación de la participación económica de las personas beneficiarias en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

1. En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, el servicio se financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como con la aportación de la persona destinataria del servicio según lo previsto en la presente Resolución.

2. El Programa Individual de Atención especificará la intensidad del servicio que proceda en el marco de lo establecido en RD 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios, así como la participación de la persona beneficiaria en términos de porcentaje máximo de copago respecto al coste del servicio. La intensidad de servicio se refiere en exclusiva a las atenciones previstas en el capítulo II del Decreto 42/2000 que recaigan directamente en la persona beneficiaria y no en otros miembros de la unidad de convivencia, con la excepción de posibles servicios adicionales de comida o lavandería a domicilio que se regirán por su propia normativa.

3. Dicha participación se abonará en concepto de copago a la Entidad Local titular del servicio de acuerdo a la siguiente tabla que relaciona capacidad económica de la persona y el porcentaje de participación en el coste del servicio.

Capacidad económica

SAD

Hasta nº veces IPREM

% copago de coste del servicio

1,00

0,00

2,00

10,00

3,00

20,00

4,00

30,00

5,00

40,00

6,00

50,00

7,00

60,00

7,50

65,00

Los porcentajes de participación establecidos deberán entenderse aplicables al valor de IPREM indicado, debiéndose repartir de forma proporcional para los valores intermedios.

Artículo 8.—Régimen de compatibilidad entre prestaciones económicas y servicios.

1. La obtención de cualquiera de las prestaciones económicas a que se refiere esta disposición será incompatible con los servicios incluidos en el catálogo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con las siguientes excepciones:

a. Los servicios de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia serán compatibles con cualquier otro servicio o prestación económica.

b. El servicio de teleasistencia será compatible con cualquier servicio o prestación económica, excepto con el servicio de alojamiento residencial o la prestación económica vinculada al mismo.

c. La estancia temporal en un servicio residencial, de atención diurna o domiciliaria, por descanso o vacaciones de la persona cuidadora o del servicio principal será compatible con la percepción de la prestación económica correspondiente.

d. La realización de cuidados y apoyos más especializados, incluidas las actuaciones de formación de personas cuidadoras, mediante servicios domiciliarios o de atención diurna que se puedan asignar en el Programa Individualizado de Atención serán compatibles entre sí o con la percepción de una prestación económica, con la aplicación, en todo caso, de los criterios de proporcionalidad en la respectiva intensidad del servicio y prestación según grado y nivel reconocido de dependencia.

2. En cualquier caso, las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí, salvo lo previsto en el apartado anterior 1.c.

Artículo 9.— Finalidad y requisitos de la prestación económica vinculada a servicio.

1. La prestación económica vinculada a servicio, tiene por finalidad contribuir, con carácter transitorio, a la financiación del coste de los servicios que se determinen en el Programa Individual de Atención, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado que se adapte a sus necesidades.

2. Las personas beneficiarias de una prestación económica vinculada a servicio quedarán inmediatamente incluidas en la lista de demanda correspondiente, y en el momento en que se disponga de plaza pública o concertada, les será ofrecida para que opten hacer uso de ella o no.

3. No obstante lo anterior, y debido al carácter excepcional de las prestaciones económicas, en el caso de no optar por plaza pública, deberán justificar de forma conveniente los motivos y será el órgano competente para la aprobación del PIA el que, a propuesta razonada del órgano de valoración, resuelva sobre el mantenimiento de la prestación económica.

4. En todo caso, el servicio al que se vaya a vincular la prestación económica, deberá prestarse a través de centro o servicio debidamente acreditado según la normativa vigente en el Principado de Asturias.

5. Asimismo, la cuantía de la prestación económica vinculada a servicio no podrá en ningún caso, ser superior a la aportación del beneficiario por el coste del servicio que recibe.

6. En todo caso, el beneficiario deberá realizar un gasto igual o superior a la cuantía máxima establecida para esta prestación económica.

Artículo 10.—Finalidad y requisitos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene carácter excepcional y está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a la persona dependiente.

2. Los requisitos específicos de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar son los siguientes:

a) Existencia de condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda para la prestación de los cuidados necesarios.

b) En cuanto a la persona cuidadora se requiere:

b.1. mayoría de edad y disponibilidad para la realización de apoyos en las actividades básicas de la persona beneficiaria. En este sentido, una misma persona no podrá ser cuidadora, a dedicación completa, de más de dos personas dependientes

b.2. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco de la persona dependiente.

Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, se podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el párrafo anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el período previo de un año a la fecha en que se apruebe el PIA.

b.3. Reunir las condiciones de formación necesarias para ser cuidador o cuidadora, o comprometerse a recibir las que se establezcan en el Programa Individual de Atención.

3. Los cuidadores no profesionales quedarán incluidos obligatoriamente en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la suscripción del convenio especial regulado en el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, con las salvedades previstas en el mismo.

4. Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el presente artículo, se tendrá en cuenta la declaración de la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia, que servirá en todo caso como referencia para determinar el inicio de la efectividad de la resolución de aprobación del Programa Individualizado de Atención y de reconocimiento de la presente prestación económica.

Así, en el caso de no quedar suficientemente acreditado por estos medios el cumplimiento de los requisitos por parte del cuidador no profesional propuesto, los efectos económicos y de alta en la Seguridad Social de la Resolución de aprobación del PIA se entenderá que surgen el primer día del mes siguiente a la fecha de la misma.

Artículo 11.—Finalidad y requisitos de la prestación económica de asistencia personal.

1. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal, que facilite el acceso a la educación y al trabajo y posibilite una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria de las personas dependientes.

2. En todo caso, el asistente personal deberá reunir las condiciones de formación específicas para el desempeño de su trabajo o comprometerse a adquirirlas.

3. Asimismo, el beneficiario deberá realizar un gasto igual o superior a la cuantía máxima establecida para esta prestación económica.

Artículo 12.—Abono de las prestaciones económicas.

1. El abono de las prestaciones económicas se realizará mensualmente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o su represente legal, y previa acreditación por parte de ésta del cumplimiento de los requisitos según lo establecido en el artículo siguiente.

2. Los efectos económicos de la prestación reconocida comenzarán a partir de la fecha de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, o en su caso, del inicio del año en que comience la efectividad del derecho a las prestaciones del sistema según los dispuesto en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, siempre que en la fecha indicada se reúnan los requisitos exigidos para cada prestación económica. En caso contrario, los efectos económicos se producirán el día primero del mes siguiente a que concurran los mismos.

Artículo 13.—Documentación a presentar para el abono de las prestaciones económicas.

1. Cuando el Programa Individualizado de Atención establezca una prestación económica como modo de intervención más idóneo, las personas beneficiarias deberán presentar para el abono de la misma la siguiente documentación acreditativa de los requisitos:

a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar original de las facturas que se han emitido por el centro prestador desde el comienzo del mismo, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

b) En el supuesto de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, deberán presentar:

— Fotocopia del DNI/NIF del cuidador.

— Declaración responsable acerca de la cualificación y necesidades formativas del cuidador.

— Certificado de empadronamiento del cuidador, que permita acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10.b.2).

— Copia del convenio especial con la Seguridad Social regulado en el RD 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia o justificación documental que acredite la exención de la obligación de suscribirlo, según la citada norma, para lo cual, deberá dirigirse a la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) En el caso de prestación económica de asistencia personal, deberán presentar:

— Fotocopia del DNI/NIF del asistente/a personal.

— Declaración responsable de la cualificación y necesidades formativas del asistente personal.

— Copia del contrato suscrito con el asistente personal o con el centro prestador del servicio, que deberá estipular un importe por el mismo igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

2. La documentación antes señalada deberá ser presentada en el plazo máximo de diez días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de Programa Individual de Atención. Transcurrido el citado plazo sin enviar la documentación antes señalada, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la aprobación del Programa Individual de Atención, como medida provisional para asegurar la eficacia de la resolución.

3. No será de aplicación el plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la copia del convenio especial con la Seguridad Social, establecida en el apartado 1.b), relativa a los cuidadores no profesionales, que podrá ser presentada en cualquier momento posterior a la Resolución de aprobación del PIA, como requisito para iniciar el abono de la prestación económica.

Artículo 14.—Justificación del mantenimiento del derecho a la prestación económica.

1. Las personas beneficiarias de prestaciones económicas deberán justificar anualmente, que durante ese período se han mantenido los requisitos establecidos para la percepción de las mismas.

2. La justificación deberá presentarse en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda dentro del mes siguiente a aquél en que se haya cumplido un año desde el pago de la primera mensualidad, y se realizará mediante los siguientes documentos:

a) En el caso de la prestación económica vinculada a servicio, deberán presentar original de las facturas que se han emitido por el centro prestador en el año correspondiente, por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

b) En el supuesto de que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, deberán presentar: Declaración responsable, suscrita por la persona dependiente o su representante legal, de que se han mantenido los requisitos establecidos para la percepción de la prestación económica, así como, la acreditación del mantenimiento de las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social del cuidador no profesional.

c) En el caso de prestación económica de asistencia personal, deberán presentar: Originales de las facturas emitidas por los servicios prestados durante el año correspondiente por importe igual o superior a la cuantía máxima establecida para dicha prestación.

Artículo 15.—Revisión, suspensión y extinción de las prestaciones económicas.

1. La capacidad económica de las personas dependientes, así como las prestaciones económicas, podrán ser revisadas de oficio o a solicitud de las personas interesadas o sus representantes legales.

2. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier variación de su situación personal o económica que pueda suponer una modificación respecto a su capacidad económica o prestación reconocida.

3. Si como consecuencia de la revisión se modifica o extingue la prestación económica, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se ha producido el hecho causante. En caso de existir pagos indebidos se acordará el reintegro de los mismos. No obstante, en aquellos supuestos en que se mantenga la prestación económica, se podrán compensar las cantidades indebidamente percibidas mediante la suspensión de la percepción de la prestación económica por el tiempo necesario.

4. Asimismo, iniciado el procedimiento de revisión, el órgano competente podrá acordar la suspensión de la percepción de la prestación económica, como medida provisional, previa audiencia de la persona beneficiaria o su representante legal, hasta que recaiga resolución.

5. El derecho a la prestación económica se extinguirá por las siguientes causas:

a) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su percepción.

b) Renuncia expresa de la persona beneficiaria o su representante legal.

c) Fallecimiento de la persona beneficiaria.

d) Modificación del Programa Individual de Atención que implique la asignación de un servicio u otra prestación económica incompatible con su percepción según lo dispuesto en la presente norma.

Disposición adicional primera

Para garantizar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Consejería Bienestar Social y Vivienda incluirá un crédito específico en los convenios de colaboración del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, mediante los que las Entidades Locales se comprometen a la prestación del servicio, asumiendo su financiación la citada Consejería con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

La cuantía transferida por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a las Entidades Locales gestoras del SAD para la financiación del servicio se regularizará periódicamente, al menos una vez al año, en función del número de personas que hayan recibido el servicio, la intensidad horaria del mismo y la correspondiente justificación de gastos totales deducidos los ingresos por el régimen de copago previsto en ésta resolución.

Disposición adicional segunda

A los efectos de la presente Resolución, las referencias al IPREM se entienden en términos anuales, como el resultado de multiplicar por catorce la cuantía establecida con carácter mensual en la norma estatal por la que se establezca el citado indicador.

Disposición transitoria única

Las personas beneficiarias del resto de servicios no incluidos es esta Resolución participarán en el coste de los mismos de acuerdo con el sistema de precios públicos vigente que resulte de aplicación en el ámbito del Principado de Asturias, hasta tanto se desarrolle específicamente el copago previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Disposición derogatoria única

La presente Resolución deroga a la anterior Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social (BOPA 9-XI-2007).

No obstante, lo dispuesto en la presente norma no afectará a aquellas personas beneficiarias a las que les haya sido de aplicación la anterior normativa en materia de determinación de su capacidad económica hasta en tanto no se produzca su revisión de oficio o a instancia de parte.

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2010.

Oviedo, 14 de diciembre de 2009.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—28.550.

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