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Boletín Nº 31 del viernes 14 de febrero de 2020

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2020.

Preámbulo

El texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario (en adelante, Trreppa), aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio (BOPA 2-7-1998), establece en su capítulo IV que la Intervención General del Principado es el órgano fiscalizador de la actividad económica y financiera de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos autónomos (art. 55.1.a Trreppa).

El régimen del control interno ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias lo desarrolla el Decreto 70/2004, de 10 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Principado de Asturias (BOPA 23-9-2004) (en adelante, D 70/2004) Esta norma estructura dicho control en dos modalidades, función interventora y control financiero. Asimismo, éste se configura en dos regímenes de ejercicio diferenciados: El control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambos, el control de eficacia.

El ejercicio de la función interventora supone la fiscalización previa de todo acto, documento o expediente de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos autónomos susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico (art. 56.1.a Trreppa).

En cuanto al sector público dependiente de la Administración del Principado de Asturias, el artículo 56.8 Trreppa establece que está sujeto a “control financiero y de eficacia […] por la Intervención General”, bien “mediante la práctica de auditorías, con la extensión, objeto y periodicidad que en los correspondientes planes establezca la Consejería competente en materia económica y presupuestaria”, o bien, como alternativa, mediante un control “con carácter permanente en sustitución de la función interventora” que denominamos “control financiero permanente”.

Por último, la delimitación del ámbito funcional general del control interno de la Intervención General se completa con lo previsto en el artículo 54.2 Trreppa en referencia, no ya a determinados sujetos públicos, sino a una específica materia, las subvenciones, y en los siguientes términos: “En cuanto a las empresas, entidades y particulares, por razón de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que puedan recibir del Principado o sus organismos autónomos, el control de carácter económico y financiero se ejercerá en la forma que se hubiera establecido o se establezca en cada caso, con independencia de las funciones interventoras que se regulan en la presente ley”.

Considerando lo expuesto hasta el momento, podemos concluir que la función de control interno competencia de la Intervención General, además de en su modalidad de función interventora propiamente dicha, o fiscalización previa, también puede ejercerse en las modalidades de “control financiero permanente” y de “auditoría pública”, siendo de estas dos últimas modalidades de las que se ocupan estos Planes anuales, de Control Financiero Permanente y de Auditorías para el ejercicio 2020.

El desarrollo normativo de la función de control financiero permanente se contiene en el título III del D 70/2004, artículos 30 a 36. Así, el artículo 30 establece que “tendrá por objeto la verificación de una forma continua realizada a través de la correspondiente Intervención Delegada o Unidad de Control Financiero Permanente, de la situación y el funcionamiento de los sujetos a que se refiere el artículo 31 del presente Decreto, en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de economía, eficacia y eficiencia”.

Los sujetos y supuestos afectados por el control financiero permanente se enumeran en el artículo 31 del D 70/2004, bajo el epígrafe “Ámbito de aplicación”, mientras que el artículo 32 del mismo Decreto, denominado “Contenido del control financiero permanente”, determina cuál ha de ser el alcance de tal control para cada tipo de sujeto afectado.

Conforme a ambos preceptos, están sujetos a control financiero permanente, en primer lugar, “los actos, documentos o expedientes de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos autónomos que no hayan sido sometidos a intervención previa plena” (art. 31.a D 70/2004), incluyendo dicho control, “con el alcance previsto en los correspondientes Planes anuales de Control Financiero Permanente, la verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extienda la función interventora en su régimen general” (art. 32.1 D 70/2004).

También están sujetos a control financiero permanente “los actos, documentos o expedientes de los organismos autónomos en los supuestos en el que el Consejo de Gobierno acuerde la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente” (art. 31.b D 70/2004) y “los actos, documentos o expedientes de las entidades y entes públicos previstos en el artículo 4 del Trreppa que no contemplen en su ley de creación otro régimen de control interno” (art. 31.c D 70/2004). En estos casos se establece que el control financiero permanente incluya, con el alcance previsto en los correspondientes Planes anuales de Control Financiero Permanente, las siguientes actuaciones (art. 32.2 D 70/2004).

“a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica.

b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria, verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informe de gestión.

c) Informe sobre la propuesta de distribución del resultado del ejercicio que deberá acompañar a las cuentas anuales.

d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquellas.

f) Las demás actuaciones que se prevean en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público autonómico”.

Por último, el artículo 36 D 70/2004 prevé que “las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada ejercicio, su alcance específico y la periodicidad de los informes se determinarán en el Plan anual de Control Financiero Permanente que será elaborado por la Intervención General y aprobado por quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia económica y presupuestaria”.

Por su parte, el desarrollo normativo de la función denominada de auditoría pública se encuentra en el título IV del D 70/2004, artículos 37 a 43, y el de la auditoría de subvenciones en el título V, artículos 44 a 48 inclusive, del mismo D 70/2004.

En relación a la auditoría pública, el artículo 37 D 70/2004 establece que “consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de que la actividad económico-financiera del sector público autonómico se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia mediante la aplicación de procedimientos de revisión selectivos”.

Por su parte el artículo 42.1 D 70/2004 prevé que “las auditorías a efectuar en cada ejercicio se determinarán en el Plan anual de Auditorías que será aprobado por la Consejería competente en materia económica y presupuestaria a propuesta de la Intervención General”, auditorías éstas cuya tipología es variada (art. 39 D 70/2004) y que pueden referirse a “todos los órganos y entidades integrantes del sector público autonómico, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la auditoría privada impuestas a las empresas públicas del Principado de Asturias por la legislación mercantil” (art. 38 D 70/2004).

Por último, el D 70/2004 también regula la auditoría de las subvenciones y ayudas públicas, a ejercer por la Intervención General “sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de las mismas” (art. 44 D 70/2004), con el objeto de verificar:

“a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradores de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas.

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración del Principado de Asturias por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas”.

Por tanto, a propuesta de la Intervención General, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 38, letra i), de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Aprobar el Plan Anual de Control Financiero Permanente para el ejercicio 2020, que se acompaña en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2020, que se acompaña en el anexo II de esta Resolución.

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Autorizar a la Intervención General a desarrollar e interpretar los presentes Planes, a cuyos efectos podrá dictar las instrucciones y aclaraciones que resulten necesarias para su aplicación.

En Oviedo, a 5 de febrero de 2020.—La Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba García.—Cód. 2020-01455.

Anexo I

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE PARA EL EJERCICIO 2020

1. Aspectos generales del Plan anual de Control Financiero Permanente.

Este Plan anual de Control Financiero Permanente recoge el conjunto de actividades de control financiero permanente que ha de desarrollar la Intervención General durante el ejercicio 2020.

Los órganos de la Intervención General encargados de la ejecución de este Plan anual de Control Financiero Permanente son los siguientes:

— Las Unidades de Control Financiero Permanente, en lo que se refiere al Servicio de Salud del Principado de Asturias.

— El Servicio de Control Financiero y sus Intervenciones Delegadas, en lo que se refiere al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias; y,

— El Servicio de Fiscalización e Intervención y las Intervenciones Delegadas directamente dependientes de la Intervención General, en los concretos aspectos que se les atribuyan en el Plan.

El contenido y desarrollo de la función de control financiero permanente está regulado en el Trreppa y en el D 70/2004, regulación a la que ya se ha hecho referencia en el preámbulo de esta Resolución.

Durante el ejercicio 2020 las actuaciones de control financiero permanente previstas en el presente Plan podrán ampliarse a otros sujetos integrantes del sector público autonómico o a otros contenidos a determinar, en su caso, en función de los resultados obtenidos en la ejecución de las actuaciones programadas o de cualquier otra circunstancia que lo aconseje. Los destinatarios y el alcance de las nuevas actuaciones de control financiero permanente se determinarán, a propuesta de la Intervención General, mediante la modificación del presente Plan anual de Control Financiero Permanente, tal como prevé el artículo 36 del D 70/2004.

2. Control financiero permanente del sector público del Principado de Asturias.

2.1. Control financiero permanente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

La Ley 1/1992, del Principado de Asturias, de 2 de julio (BOPA de 13-7-1992), crea el Servicio de Salud del Principado de Asturias (en adelante, Sespa), teniendo por objeto la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias y los que le puedan ser adscritos y transferidos, con la finalidad de proteger y mejorar el nivel de salud de la población, en todo caso, según los principios informadores de las actuaciones sanitarias del Principado de Asturias. Con la entrada en vigor de la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de Salud (BOPA de 11-4-2019), si bien se deroga la Ley 1/1992 antes citada, atribuye igualmente al Sespa “la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios conforme a los objetivos y principios de esta Ley” (art. 119).

El Sespa tiene naturaleza de “Ente de Derecho Público del Principado de Asturias, dotado de personalidad jurídica propia” (art. 118), con régimen contable de contabilidad pública, ya que “a los solos efectos de su régimen económico y presupuestario, al Sespa le serán de aplicación las previsiones relativas a los organismos autónomos del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio” (art. 141) y está sometido a la función interventora “mediante intervención delegada” (art. 143.1). La Intervención General del Principado de Asturias ejerce sus funciones en el ámbito del Sespa “en los términos que establece el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio y demás disposiciones que resulten de aplicación” (art. 143.2).

No obstante, por Acuerdo de 8 de febrero de 2002 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (BOPA de 22-2-2002), el Sespa cambia su modalidad de control interno y queda sometido a control financiero permanente.

Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2008 (BOPA de 14-11-2008), se modifica el Acuerdo de 2002 antes citado y el capítulo 1 del presupuesto Sespa (gastos de personal) queda nuevamente sometido a la función interventora, o fiscalización previa, previendo este nuevo Acuerdo que “la fiscalización se ejercerá sobre la nómina mensual de los distintos centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias” y que “la función interventora se ejercerá sobre muestras y afectará a la fase de disposición y reconocimiento de la obligación y propuesta de pago en los términos y las condiciones que determine la Intervención General”.

Por tanto, en materia de gastos de personal del Sespa, las Unidades de Control Financiero Permanente (en adelante, UCFP) ejercen la función interventora sobre la nómina mensual, fases de disposición y reconocimiento de la obligación, y lo hacen con técnicas de muestreo.

Los criterios para la selección de muestras en 2020, para la realización, sobre ellas, de la función interventora de la nómina, serán los siguientes:

1. Las muestras se referirán a perceptores de nómina y se extraerán mensualmente, cada uno de los doce meses del año, para cada una de las Áreas sanitarias.

2. Cada muestra habrá de estar integrada por perceptores de nómina que cumplan los siguientes criterios:

2.1. Pertenezcan al ámbito de la atención hospitalaria del Sespa.

2.2. Tengan conceptos retributivos variables incluidos en la nómina y, en particular, los siguientes: (a) guardias, (b) programas especiales y (c) prolongación de jornada.

3. En cada muestra mensual se incluirá, al menos:

3.1. El 10% del total de perceptores existentes con concepto retributivo: guardias (a).

3.2. El 15% del total de perceptores existentes con conceptos retributivos: (b) programas especiales y (c) prolongación de jornada.

La función interventora plena se realizará sobre los conceptos retributivos variables de nómina en virtud de los cuales efectivamente se haya seleccionado, en cada caso, la muestra mensual de perceptores.

2.1.A. Control financiero permanente de gastos de personal del Sespa.

Las UCFP realizarán los siguientes informes de control financiero permanente de gastos de personal del Sespa del ejercicio 2020:

2.1.A.1. Informes ejercicio 2020. Se realizarán informes resumen de los resultados obtenidos en la fiscalización de los gastos de personal del ejercicio 2020 en las Áreas de atención especializada que se indican:

— Área I: Hospital de Jarrio.

— Área II: Hospital Carmen y Severo Ochoa.

— Área III: Hospital San Agustín.

— Área IV: Hospital Universitario Centras de Asturias y Hospital Monte Naranco.

— Área V: Hospital de Cabueñes.

— Área VI: Hospital del Oriente de Asturias.

— Área VII: Hospital Vital Álvarez Buylla.

— Área VIII: Hospital Valle del Nalón.

2.1.A.2.—Informe sobre la evolución de los gastos de personal. Se realizará un informe específico para cada una de las Áreas sanitarias, al objeto de determinar la importancia de los gastos de personal respecto al total del presupuesto de gastos y analizar su evolución en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, determinando las causas de las variaciones producidas.

Con fecha límite 31 de enero de 2021, las UCFP recogerán los resultados de los informes citados en los apartados 2.1.A.1 y 2.1.A.2 en un único “Informe provisional de control financiero permanente de gastos de personal-ejercicio 2020”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, apartados 1 a 3, del Decreto 70/2004, esto es, un “informe escrito comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo, que “se remitirá al gestor directo de las actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del mismo, formule las alegaciones que estime oportunas o manifieste su conformidad”.

Con fecha límite 30 de abril de 2021, las UCFP emitirán para cada Área sanitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33.5 del Decreto 70/2004, “Informe definitivo de control financiero permanente de gastos de personal-ejercicio 2020”, donde también se recogerán las alegaciones de cada gestor al informe provisional y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones.

2.1.B. Control financiero permanente del gasto en contratación del Sespa.

Las UCFP también ejercerán control financiero permanente sobre el gasto en contratación (capítulos 2 y 6 del presupuesto) que realice el Sespa en 2020.

2.1.B.1. Pruebas a realizar:

1.ª Control de legalidad, a priori, de la tramitación de la contratación administrativa.

a. Para cada Área sanitaria, además de la obligada asistencia a todas las mesas de contratación, se realizará durante el ejercicio 2020 control financiero permanente a priori, de cumplimiento de legalidad sobre todas las Propuestas de Resolución correspondientes a dos fases de la contratación administrativa:

— La fase de preparación de los expedientes de contratación administrativa, y

— La fase de adjudicación de los contratos administrativos, control que tendrá por objeto verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa y en materia de régimen económico-presupuestario.

De igual modo, se realizará control financiero permanente a priori de cumplimiento de legalidad sobre todas las Propuestas de Resolución correspondientes a la fase de preparación de los expedientes de contratación administrativa en los que la Dirección Gerencia del Sespa haya delegado la competencia para que un Área sanitaria actúe como órgano de contratación respecto a contratos que afecten a más de un Área sanitaria.

Asimismo, para cada Área sanitaria se realizará control financiero permanente a priori de cumplimiento de legalidad sobre las Propuestas de Resolución correspondientes a prórrogas, modificación de contratos, revisión de precios, modificación de anualidades y resolución de contratos, con el mismo objetivo antes señalado.

b. Para los servicios centrales del Sespa, además de la obligada asistencia a todas las mesas de contratación, se realizará durante el ejercicio 2020 control financiero permanente, a priori, de cumplimiento de legalidad sobre todas las Propuestas de Resolución correspondientes a la fase de preparación de los expedientes de contratación administrativa.

En las pruebas previstas en los apartados a y b (para cada Propuesta de Resolución sujeta a control, o bien para el grupo de Propuestas de Resolución sujetas a control en un período máximo de 15 días, si la UCFP estima esta agrupación más eficaz), la correspondiente UCFP emitirá un informe de contratación administrativa de carácter definitivo, en los términos previstos en el artículo 33 D 70/2004.

En todos estos casos de control financiero a priori y regular de la contratación administrativa, la emisión del informe provisional previsto en los apartados 1 a 3 del artículo 33 D 70/2004 se sustituye, en aras de la eficacia, por una interacción dinámica y continua con el gestor directo de la actividad controlada, siempre previa a la emisión del correspondiente informe de contratación administrativa, que posibilite la subsanación o alegación de cuantas cuestiones puedan ser pertinentes con carácter previo a la emisión del informe definitivo.

2.ª Control y análisis del gasto en compras.

Para cada Área sanitaria y para los servicios centrales del Sespa, las UCFP realizarán un análisis económico y estadístico de las compras de suministros y de servicios gestionadas por el Sespa en el ejercicio 2019 a través del módulo MM (Materials Management) del sistema de información contable Asturcón XXI.

2.1.B.2. Informes a realizar:

En cuanto a los informes de control financiero permanente a realizar sobre el gasto en contratación, se realizarán los siguientes:

A. Con fecha límite 31 de diciembre de 2020, para cada Área sanitaria y para los servicios centrales del Sespa, en lo que a éste le afecte, las UCFP recogerán los resultados de la prueba (2.ª) en un “informe provisional de control financiero permanente del gasto en contratación”. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Decreto 70/2004, este informe tendrá carácter provisional y “se remitirá al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del mismo, formule las alegaciones que estime oportunas o manifieste su conformidad”.

B. Con fecha límite 31 de marzo de 2021, para cada una de las Áreas sanitarias y para los servicios centrales del Sespa, en lo que a éste le afecte, las UCFP emitirán un “informe resumen definitivo de control financiero permanente del gasto en contratación” (art. 33.5, D 70/2004), que comprenderá:

Parte 1. Resultados del control de legalidad de la tramitación de la contratación administrativa, que recogerá un resumen de, al menos:

— Número de “informes de contratación administrativa” de carácter definitivo emitidos de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.1.B.1. Pruebas a realizar, prueba 1.ª Control de legalidad, a priori, de la tramitación de la contratación administrativa, clasificados por grupos normalizados, consensuados por las tres UCFP, bien de tipos de contratos, bien de fases de contratación, o por cualquier otro u otros criterios que se estimen relevantes, a efectos informativos, por las UCFP.

Parte 2. Control y análisis del gasto en compras y control del proceso material de compras de suministros, donde se recogerá, al menos:

— Informe definitivo de control financiero permanente del gasto en contratación, parte 2, elaborado a partir del informe provisional previsto en el apartado A anterior una vez consideradas las posibles alegaciones realizadas por cada gestor.

— Un resumen de los resultados más significativos que resulten del control.

— Un resumen de las propuestas de mejora que se estimen más necesarias.

2.1.C. Control financiero permanente del gasto en transferencias y subvenciones corrientes del Sespa.

Para los Servicios Centrales del Sespa, durante el ejercicio 2020 se realizará control financiero permanente, a priori, de cumplimiento de legalidad sobre todas las Propuestas dirigidas al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias que tengan por objeto la autorización de la suscripción de Convenios; así como, en su caso, la concesión de la correspondiente subvención por el Sespa.

2.2. Control financiero permanente del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (EPSTPA).

El Decreto 38/2005, de 12 de mayo (BOPA 19-5-2005), por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelante, EPSTPA), modificado por Decreto 35/2006, establece en su artículo 12 que este ente “formará y rendirá sus cuentas de acuerdo con los principios y normas recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y en sus normas de desarrollo”, quedando sometido a control financiero permanente en tanto que el mismo artículo prescribe que “el control financiero y de eficacia del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias se efectuará con carácter permanente por la Intervención General del Principado de Asturias”.

El Servicio de Control Financiero de la Intervención General, a través de su Intervención Delegada en el EPSTPA, ejercerá el control financiero permanente del EPSTPA durante el ejercicio 2019 realizando, al efecto, la siguiente actuación:

— Control de cumplimiento del principio de imagen fiel en la información suministrada por el Ente Público de Servicios Tributarios como consecuencia de la gestión de ingresos del Principado de Asturias para su contabilización, sobre una muestra que se determine por la Intervención General.

2.3. Control financiero permanente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa).

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril (BOPA de 30-4-2002), del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (en adelante, Idepa), establece que éste es “una entidad pública del Principado de Asturias” (art. 2) que “formará y rendirá sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan general de contabilidad vigente para la empresa española y disposiciones que lo desarrollen” (art. 28.4), quedando sometido a control financiero permanente en tanto que el artículo 32.1 Ley 2/2002 prescribe que su “control financiero y de eficacia […] se efectuará con carácter permanente por la Intervención General del Principado de Asturias”.

El Servicio de Control Financiero, a través de su Intervención Delegada en el Idepa, ejercerá el control financiero permanente del Idepa durante el ejercicio 2019 realizando, al efecto, la siguiente actuación:

— Control de cumplimiento sobre los fondos aportados por el Idepa a la empresa pública Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, SA en el ejercicio inmediatamente anterior.

3. Control financiero permanente de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.

3.1. Control financiero, a priori, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, prevé que “Con carácter previo … deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta ley” (art. 9.2).

Según el artículo 31.a D 70/2004, “el control financiero permanente se ejercerá sobre los actos, documentos o expedientes de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos no sometidos a intervención previa plena”. En este supuesto, el artículo 32.1 del mismo Decreto establece que “el control financiero permanente incluirá, con el alcance previsto en los correspondientes Planes anuales de Control Financiero Permanente, la verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extienda la función interventora en su régimen general”.

En este marco legal, el Servicio de Fiscalización e Intervención con carácter general, y las Intervenciones Delegadas en las Consejerías de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos en los concretos casos que determine la Intervención General al objeto de agilizar, en su caso, este control, realizarán control financiero permanente, a priori, de cumplimiento de legalidad sobre todas las Propuestas de Resolución de aprobación, o de modificación, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones que sean elaboradas por la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos durante 2020.

Para cada Propuesta de Resolución sujeta a control se emitirá un informe normalizado y de carácter definitivo, de control financiero de Bases Reguladoras de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 33 del D 70/2004.

En este caso de control financiero a priori y regular de bases reguladoras de la concesión de subvenciones, la emisión del informe provisional previsto en los apartados 1 a 3 del artículo 33 D 70/2004 se sustituye, en aras de la eficacia, por una interacción dinámica y continua con el gestor directo de la actividad controlada, siempre previa a la emisión del correspondiente informe y que posibilite la subsanación o alegación de cuantas cuestiones puedan ser pertinentes, bien con carácter previo a la emisión del informe definitivo o bien con carácter previo a la fiscalización del gasto que corresponda a la convocatoria de subvenciones en el marco de la bases reguladoras informadas.

En todo caso, el Servicio de Fiscalización e Intervención emitirá un informe resumen anual comprensivo de los resultados más significativos de las actuaciones de control financiero realizadas en relación a las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones propuestas durante 2020, informe de carácter anual que deberá estar finalizado el 28 de febrero de 2021.

Anexo II

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS PARA EL EJERCICIO 2020

1. Aspectos generales del Plan Anual de Auditorías.

El Plan Anual de Auditorías recoge el conjunto de actividades de control financiero mediante auditorías que ha de desarrollar la Intervención General durante el ejercicio 2020.

El contenido y desarrollo de la función de control financiero mediante auditorías está regulado en el Trreppa y en el D 70/2004, regulación a la que ya se ha hecho referencia en el preámbulo de esta Resolución.

Según el artículo 39 D 70/2004, la auditoría pública puede adoptar las siguientes modalidades:

a) Auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de la información y documentación contable con el objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de aplicación.

b) Auditoría de cumplimiento, cuyo objeto es la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación.

c) Auditoría operativa, consistente en el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas.

d) Auditoría de contratos programas y de seguimiento de planes de equilibrio financiero, que tiene por objeto contratos-programa u otros convenios en los que las aportaciones a realizar por el Principado se encuentren condicionadas en su importe al cumplimiento de determinados objetivos, al importe o evolución de determinadas magnitudes financieras o al cumplimiento de determinadas hipótesis macroeconómicas, con el fin de verificar la adecuación de la propuesta de liquidación formulada por el órgano previsto en el convenio de cumplimiento de las referidas condiciones.

El órgano de la Intervención General encargado, con carácter general, de la ejecución del Plan Anual de Auditorías es el Servicio de Control Financiero, si bien también podrán realizar actuaciones concretas de control financiero, mediante auditorías, las Intervenciones Delegadas de la Intervención General en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.

Durante el ejercicio 2019 las actuaciones de control financiero mediante auditorías previstas en este Plan podrán ampliarse a otros objetos susceptibles de ser auditados o a otros integrantes del sector público autonómico a determinar, en su caso, en función de los resultados obtenidos en la ejecución de las actuaciones programadas o de cualquier otra circunstancia que lo aconseje. Los destinatarios y el alcance de las nuevas actuaciones de control financiero mediante auditorías se determinarán, a propuesta de la Intervención General, mediante la modificación del presente Plan Anual de Auditorías, tal como prevé el artículo 42 del D 70/2004.

2. Control financiero, mediante auditorías, del sector público del Principado de Asturias sujeto a contabilidad privada.

2.1. Auditoría de cuentas.

Las empresas públicas (sociedades mercantiles), fundaciones y organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada incluidos en el ámbito subjetivo de la correspondiente Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales, someten, con carácter general, sus cuentas anuales a auditoría de cuentas, bien de forma obligada, por aplicación de la normativa vigente en materia de auditoría, bien por decisión voluntaria de sus respectivos Consejos de Administración, Patronatos u órganos de gobierno.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, “podrán realizar la actividad de auditoría de cuentas las personas físicas o jurídicas que, reuniendo las condiciones a que se refieren los artículos 9 a 11, figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”.

Visto lo anterior, el control financiero del sector público con régimen de contabilidad financiera privada, a realizar por la Intervención General mediante auditorías públicas, se sustituye, en el marco del Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2020, por el control financiero mediante auditoría de cuentas del ejercicio 2019.

En el caso de aquellos integrantes del sector público sujetos al régimen de contabilidad financiera privada, más arriba definido, que finalmente no sometieran, a su cargo, sus cuentas anuales del ejercicio 2019 a un control de auditoría de cuentas, ésta sería llevada a cabo por cuenta de la Intervención General en el segundo semestre del año 2020.

Además, el Servicio de Control Financiero elaborará en el segundo semestre del ejercicio 2020 un informe resumen comprensivo de los principales resultados y conclusiones obtenidos del análisis de los informes de las auditorías de cuentas del ejercicio 2019 correspondientes a las entidades integrantes del sector público autonómico sujetas al régimen de contabilidad financiera privada, tal como anteriormente se ha definido.

2.2. Auditoría de cumplimiento.

El Servicio de Control Financiero realizará la siguiente actuación de control financiero:

— Auditoría de cumplimiento en materia de contratación pública sobre una muestra de contratos licitados por cada uno de los sujetos integrantes del sector público sujeto al régimen de contabilidad financiera privada que determine la Intervención General para los que no se haya efectuado esta auditoría en el ámbito del Plan Anual de Auditorías de 2019.

3. Control financiero de las ayudas y subvenciones cofinanciadas con cargo a fondos europeos.

Respecto a las ayudas y subvenciones cofinanciadas con cargo a fondos europeos hemos de tener en cuenta:

— La previsión genérica del artículo 44 del D 70/2004 en relación a la auditoría de las subvenciones y ayudas públicas.

— El Decreto del Principado de Asturias 122/2006, de 5 de diciembre (BOPA de 22-12-2006), por el que se constituye el Organismo Pagador del Principado de Asturias para la gestión de los fondos europeos agrícolas, Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y se regula su organización y funcionamiento, que establece en su artículo 6 que “el órgano de certificación será la Intervención General del Principado de Asturias, a quien le compete la certificación de las cuentas del Organismo Pagador en cuanto a su veracidad, integridad y exactitud, según establece el artículo 7 del Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio de 2005.”

— El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE 30-12-2013), por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, que recoge en su artículo 127 cuales son las funciones de la autoridad de auditoría, debiendo ésta “garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del programa operativo y una muestra apropiada de las operaciones sobre la base del gasto declarado. El gasto declarado se auditará sobre la base de una muestra representativa, y, como normal general, se basará en métodos de muestreo estadísticos”.

En el apartado 5 de este mismo artículo 127 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se prevé que la autoridad de auditoría ha de elaborar:

“a) Un dictamen de auditoría de conformidad con el artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento Financiero.

b) Un informe de control en el que se expongan las principales conclusiones de las auditorías realizadas de conformidad con el apartado 1, incluidas las deficiencias halladas en los sistemas de gestión y control, y las medidas correctivas propuestas y aplicadas.”

En cumplimiento de la normativa citada la Intervención General del Principado de Asturias, a través de su Servicio de Control Financiero, llevará a cabo durante el ejercicio 2020 las siguientes actuaciones de auditoría, así como aquellas otras que pueda establecer la Comisión europea en cada caso.

3.1. Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Cuentas del organismo pagador de los fondos Feaga y Feader.

El Servicio de Control Financiero de la Intervención General llevará a cabo las siguientes actuaciones con el alcance que establezcan las orientaciones de la Comisión Europea:

A. Auditoría de la cuenta Feaga y auditoría de la cuenta Feader, tanto de regularidad como de sistemas, para el ejercicio financiero comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2020.

Este control de las cuentas del organismo pagador de los fondos Feaga y Feader se realizará al amparo de lo dispuesto en:

— El Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE 20-12-2013), relativo a la financiación y seguimiento de la Política agrícola Comunitaria (PAC).

— El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014, de la Comisión, de 6 de agosto de 2014 (DOUE 28-8-2014) que complementa al Reglamento (UE) 1306/2013.

B. Las auditorías que resulten seleccionadas por la IGAE en el marco del Plan anual Nacional de Control conforme al Reglamento (UE) n.º 1306/2013, antiguo Reglamento (CE) n.º 485/2008, relativo a los controles por los Estados Miembros de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía.

3.2. Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020.

En relación con el Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) para Asturias, en el que la Intervención General del Principado de Asturias es la Autoridad de Auditoría, siguiendo las exigencias de los Reglamentos Comunitarios se prevén las siguientes actuaciones de auditoría a realizar por el Servicio de Control Financiero de la Intervención General:

A Auditoría de operaciones:

La muestra ha de referirse a los gastos declarados por el Principado de Asturias durante el período que media del 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, y su selección se determinará en función del tamaño de la población, bien por métodos aleatorios, si la población es considerada “pequeña”, o bien aplicando el sistema estadístico MUM estándar (muestreo por unidad monetaria) si la población no es considerada “pequeña”.

B Auditoría de sistemas de gestión y control:

Se programa el seguimiento de aquellos requisitos clave que no hubieran alcanzado una valoración de 1 en la auditoría de sistemas del Organismo Intermedio llevada a cabo conforme a la Estrategia de Auditoría aprobada.

C Auditoría de las cuentas:

Auditoría de las cuentas del ejercicio financiero correspondiente al período 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 480/2014 del Consejo, de 3 de marzo.

3.3. Programa Operativo Feder Asturias 2014-2020.

En el caso del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para Asturias, la Autoridad de Auditoría es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mientras que la Intervención General del Principado de Asturias se limita a asumir funciones y responsabilidades como “Otro Organismo de Control” (OOC).

Siguiendo las exigencias de los Reglamentos Comunitarios se prevé que por parte del Servicio de Control Financiero de la Intervención General se realicen las siguientes actuaciones:

A. Auditoría de operaciones:

La muestra se referirá a los gastos declarados por el Principado de Asturias durante el período 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, y su selección, que corresponde realizar a la IGAE como Autoridad de Auditoría, se determinará en función del tamaño de la población.

B. Auditoría de sistemas de gestión y control:

Se programa el seguimiento de aquellos requisitos clave que no hubieran alcanzado una valoración de 1 en la auditoría de sistemas ya llevada a cabo sobre la Dirección General de Presupuestos, como Organismo Intermedio de Gestión (OIG), tal y como está previsto en la Estrategia de Auditoría.

3.4. Programa Operativo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca Asturias 2014-2020.

En el caso del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) La Autoridad de Auditoría es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mientras que la Intervención General del Principado de Asturias se limita a asumir funciones y responsabilidades como “Otro Organismo de Control” (OOC).

Siguiendo las exigencias de los Reglamentos Comunitarios se prevé que por parte del Servicio de Control Financiero de la Intervención General se realicen las siguientes actuaciones:

A. Auditoría de operaciones:

La muestra se referirá a los gastos declarados por el Principado de Asturias durante el período 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, y su selección, que corresponde realizar a la IGAE como Autoridad de Auditoría, se determinará en función del tamaño de la población.

B. Auditoría de sistemas de gestión y control:

Se programan los siguientes trabajos:

— La auditoría de sistemas de la Dirección General de pesca Marítima, como Organismo Intermedio de Gestión (OIG), conforme a la Estrategia de Auditoría aprobada.

— El seguimiento de aquellos requisitos clave que no hubieran alcanzado una valoración de 1 en la auditoría de sistemas llevada a cabo de la Dirección General de Presupuestos, como Organismo Intermedio de Certificación (OIC), tal y como está previsto en la Estrategia de Auditoría.

3.5. Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE 2014-2020.

En el caso del Programa Operativo de Empleo Juvenil correspondiente al Fondo Social Europeo, la Autoridad de Auditoría es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), mientras que la Intervención General del Principado de Asturias se limita a asumir funciones y responsabilidades como “Otro Organismo de Control” (OOC).

Siguiendo las exigencias de los Reglamentos Comunitarios se prevén las siguientes actuaciones de auditoría a realizar por el Servicio de Control Financiero de la Intervención General:

A- Auditoría de operaciones:

La muestra ha de referirse a los gastos declarados por el Principado de Asturias durante el período 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2020, y su selección será realizada por la IGAE como Autoridad de Auditoría en función del tamaño de la población.

4. Control financiero de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos.

4.1. Control financiero de contratos administrativos menores.

Las Intervenciones Delegadas de la Intervención General realizarán una auditoría de cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa de una muestra de contratos menores realizados por las Consejerías de la Administración del Principado de Asturias y por sus organismos autónomos en el ejercicio 2019 y, en su caso, en 2020.

El alcance del control y el tamaño de la muestra a seleccionar para cada Consejería y organismo autónomo serán determinados por la Intervención General.

El alcance, objetivos y resultado de esta auditoría, para cada Consejería u organismo autónomo, se recogerá en un informe provisional previamente normalizado. Este informe deberá estar finalizado el 30 de agosto de 2020 y, de acuerdo con lo previsto en el art. 40 del D 70/2004, deberá elaborarse según lo establecido en el artículo 33, apartados 1 a 3 del mismo D 70/2004, esto es, un “informe escrito comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo” que “se remitirá […]. Al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del mismo, formule las alegaciones que estime oportunas o manifieste su conformidad”.

Para cada Consejería u organismo autónomo, y con fecha límite 30 de noviembre de 2020, las Intervenciones Delegadas emitirán “informe definitivo de control financiero de contratos menores–Consejería u Organismo XX” donde se recogerán las alegaciones de cada gestor al informe provisional y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones (art. 33.5 D 70/2004).

4.2. Control financiero de subvenciones nominativas.

Las Intervenciones Delegadas de la Intervención General realizarán una auditoría de cumplimiento de la normativa en materia subvenciones de una muestra de justificaciones de subvenciones nominativas otorgadas por la Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos. La auditoría se referirá a subvenciones nominativas cuyo plazo de justificación haya finalizado con anterioridad a la fecha de realización de la auditoría.

El alcance del control y el tamaño de la muestra a seleccionar para cada Consejería y organismo autónomo serán determinados por la Intervención General.

El alcance, objetivos y resultado de esta auditoría, para cada Consejería u organismo autónomo, se recogerá en un informe provisional previamente normalizado. Este informe deberá estar finalizado el 30 de noviembre de 2020 y, de acuerdo con lo previsto en el art. 40 del D 70/2004, deberá elaborarse según lo establecido en el artículo 33, apartados 1 a 3, del mismo D 70/2004, esto es, un “informe escrito comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo” que “se remitirá [...] al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del mismo, formule las alegaciones que estime oportunas o manifieste su conformidad”.

Para cada Consejería u organismo autónomo, y con fecha límite 30 de noviembre de 2020, las Intervenciones Delegadas emitirán “informe definitivo de control financiero de subvenciones nominativas–Consejería u Organismo XX” donde se recogerán las alegaciones de cada gestor al informe provisional y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones (art. 33.5 D 70/2004).

4.3. Auditoría de sistemas.

Registro Contable de Facturas previsto en el artículo 12 de la Ley 25/2013.

La disposición final 6.4 de la L.O. 6/2015, de 12 de junio, introdujo un nuevo apartado 3 en el artículo 12 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en virtud del cual las Intervenciones Generales, u órganos equivalentes de cada administración, han de realizar una auditoría anual de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en dicha Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que las facturas dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración que hayan sido presentadas en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas no quedan retenidas en ninguna de las fases del proceso.

En esta auditoría, que será realizada por el Servicio de Control Financiero de la Intervención General, también ha de incluirse un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.

El período a auditar será el ejercicio 2019 y para la realización de dicho trabajo se seguirá la guía de auditoría establecida por la IGAE.

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