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Boletín Nº 237 del viernes 13 de octubre de 2017

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se establecen los servicios mínimos que habrán de regir en las jornadas de huelga indefinida convocada por las organizaciones sindicales STAJ, CCOO, UGT y USIPA-SAIF, desde el día 16 de octubre de 2017, dentro del ámbito de la Administración de Justicia (personal funcionario).

Las organizaciones sindicales STAJ, CCOO, UGT y USIPA-SAIF han convocado huelga indefinida a partir del día 16 de octubre de 2017, en horario de 00 a 23 horas, que afectará a funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el Principado de Asturias, tal y como consta en el preaviso obrante en la Dirección General de Función Pública.

El artículo 496.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el ejercicio del derecho de huelga por parte del personal al Servicio de la Administración de Justicia se ajustará a lo establecido en la legislación general del Estado para funcionarios públicos, aunque estará en todo caso, sujeto a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia.

Resulta por ello obligado adoptar las medidas necesarias para que, armonizando el interés general y el derecho de huelga, se asegure el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración de Justicia en el Principado de Asturias.

Conforme a lo establecido en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución Española, el ejercicio del derecho de huelga debe garantizar la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en los aspectos cuya paralización pueda causar perjuicios irreparables a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

En sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2007 (casación 7468/02), 26 de marzo de 2007 (casación 1619/03), 30 de abril de 2007 (casación 3549/03) y 9 de julio de 2007 (casación 3995/03) donde se reitera lo anteriormente declarado en la sentencia de la misma Sala de fecha 29 de junio de 2005, se establecen los rasgos fundamentales de la motivación y causalización en la fijación de los servicios mínimos y la adecuación y proporcionalidad de éstos a los fines previstos, puesto que estos dos elementos constituyen los aspectos fundamentales que delinean el contenido esencial del artículo 28.2 de la Constitución, siendo dichos rasgos los siguientes:

a) Los límites del derecho de huelga no son sólo los derivados directamente de su acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la Constitución, sino que también pueden consistir en otros bienes constitucionalmente protegidos. Los límites del derecho de huelga derivan, pues, no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados (STC 11/1981, fundamentos jurídicos 7.º y 9.º).

b) El artículo 28.2 C.E., al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, tiene el significado de expresar que el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante dicho instrumento de presión cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida en que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos: “el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga” (STC 11/1981, fundamento jurídico 18).

c) La noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. Esta última óptica, que pone el acento en los bienes e intereses de la persona, y no la primera, que se mantiene en la superficie de la necesidad de las organizaciones dedicadas a llevar a cabo las actividades, es la que mejor concuerda con los principios que inspira nuestra Constitución (STC 26/1981, fundamento jurídico10) puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SSTC 26/1981, fundamento jurídico 10; 51/1986, fundamento jurídico 2.º).

d) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión —territorial y personal—, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute (SSTC 26/1981, fundamentos jurídicos 10 y 15; 53/1986, fundamento Jurídico 3.º).

e) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir “una razonable proporción” entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos (STC 26/1981, fundamento jurídico 15). Si es cierto que las medidas han de encaminarse a “garantizar mínimos indispensables” para el mantenimiento de los servicios (STC 33/1981, fundamento jurídico 4.º), en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio (SSTC 51/1986, fundamento jurídico 5.º; 53/1986, fundamento jurídico 3.º), el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga, sólo hasta extremos razonables (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º). Y si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la Empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma “la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad” (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º), aumentando así a la que se ejerce sobre el empresario la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios públicos (STC 11/1981, fundamento jurídico 18”.

Así en la Administración de Justicia deben considerarse esenciales lo siguientes servicios:

1. Las actuaciones urgentes del Registro Civil, tales como la expedición de licencias de enterramiento u otras actuaciones que puedan suponer perjuicio irreparable a los ciudadanos.

2. El registro de escritos y documentos en los que venza un plazo preestablecido en la Ley y que pueda deparar perjuicio a la tutela judicial efectiva.

3. Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio irreparable a los ciudadanos.

4. Medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de familia, violencia sobre la mujer, libertad provisional, entre otras.

5. Servicios de guardia de Juzgados, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal de Asturias.

6. Juicios orales del orden penal en causas con preso.

7. Servicios Comunes.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y artículo 17.e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, así como el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y previa negociación con el comité de huelga en reunión de 22 de septiembre de 2017, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Establecer como servicios mínimos, en el ámbito del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Principado de Asturias, que deberán ser atendidos durante las jornadas de huelga indefinida convocada desde el día 16 de octubre, los que se determinan en el anexo que acompaña a la presente Resolución.

Segundo.—Los centros y dependencias judiciales del Principado de Asturias permanecerán abiertos durante las jornadas de huelga convocadas.

Tercero.—El ejercicio del derecho comportará las deducciones salariales correspondientes en quienes lo ejerciten.

Cuarto.—El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos esenciales será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos el mismo día de su publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 11 de octubre de 2017.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód. 2017-11348.

Anexo

1. Tribunales:

Un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y un funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que presten servicios en cada una de las Salas y, en su caso, Secciones o Fases del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial. Un funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial para las tres Salas del Tribunal Superior de Justicia y Secretaría de Gobierno y tres para las ocho Secciones de la Audiencia Provincial (dos para las Secciones con sede en Oviedo y uno para las Secciones con sede en Gijón).

La justificación viene dada por la necesidad de atender el registro y aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos, a cuyo efecto se estiman como servicios mínimos un funcionario de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y/o Tramitación por cada Sala, Sección o Fase y un número mínimo de funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial para la atención a las Salas de Vistas (juicios orales).

Un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y un funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa para las Secretarías de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y Audiencia Provincial.

La justificación viene dada por la necesidad de atender los registros del Tribunal Superior y Audiencia Provincial respecto de escritos y documentos en los que venza un plazo preestablecido en la Ley y que pueda deparar perjuicio a la tutela judicial efectiva.

2. Juzgados:

Con excepción de los Juzgados que actúen de guardia, que habrán de contar con la dotación de personal que lleva a cabo habitualmente el servicio de guardia, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes:

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: un funcionario en el orden civil/registro civil y un funcionario en el orden penal.

Al tratarse de órganos con competencias en materia civil y penal y con funciones de registro civil, la justificación de establecer como servicios mínimos un funcionario para el orden civil/registro civil y otro para el orden penal viene determinado por la necesidad de atender aquellas actuaciones, civiles y penales, en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio de derechos a los ciudadanos, así como las causas con detenido o preso o, en su caso, actuaciones urgentes del registro civil.

— Juzgados de Primera Instancia: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y, por cada tres Juzgados, uno del cuerpo de Auxilio Judicial.

En los Juzgados de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo y Gijón y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Avilés, al tener competencias en materia de Registro Civil, los servicios mínimos constarán de un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno del cuerpo de Auxilio Judicial.

— Juzgados de Instrucción: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y, por cada tres Juzgados, uno de Auxilio Judicial.

Con el fin de atender aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio de derechos a los ciudadanos o la adopción de medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de privación de libertad, entre otras, se considera como servicios mínimos la asistencia de un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y por cada tres Juzgados uno del cuerpo de Auxilio Judicial.

— Juzgados de lo Penal: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial por cada órgano.

Al objeto de garantizar la celebración de juicios orales del orden penal en causas con preso, se consideran como servicios mínimos la asistencia de un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio por cada uno de los Juzgado de lo Penal, asegurando las vistas con preso señaladas.

— Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada uno de los Juzgados y, por cada tres Juzgados, uno de Auxilio Judicial.

Para la práctica de aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio irreparable a los ciudadanos, se establecen como servicios mínimos un funcionario del cuerpo de Gestión y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y, por cada tres Juzgados, uno de Auxilio Judicial, asegurando la celebración de las vistas señaladas.

— Juzgados de lo Social: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en cada uno de los Juzgados y tres de Auxilio Judicial para los seis Juzgados de Oviedo, dos para los cuatro Juzgados de Gijón, uno para los dos Juzgados de Avilés y uno para el Juzgado de Mieres.

Con el fin de llevar a efecto aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio irreparable a los ciudadanos, se establecen como servicios mínimos un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y, por cada dos Juzgados, uno de Auxilio Judicial.

— Juzgados de lo Mercantil: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial para los dos Juzgados de Oviedo. Para el Juzgado con sede en Gijón, un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial.

Para la práctica de actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer la pérdida o perjuicio de derechos a los ciudadanos, se establecen como servicios mínimos un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y un funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial para los dos Juzgados de Oviedo y uno del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o uno de Tramitación Procesal y Administrativa y uno del Auxilio Judicial para el Juzgado de Gijón.

— Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno del cuerpo de Auxilio Judicial.

Con el fin de asegurar el funcionamiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se designa un funcionario del cuerpos de Gestión, uno de Tramitación y uno de Auxilio Judicial al objeto de tutelar los derechos de los internos.

— Juzgados de Violencia sobre la Mujer: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial.

En los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con funciones en materia de violencia sobre la mujer, se designarán los servicios mínimos conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

A fin de que se puedan adoptar medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de familia o de violencia sobre la mujer, así como causas con detenido en la materia, se establecen como servicios mínimos un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial.

— Juzgado de Menores: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del cuerpo de Auxilio Judicial, con el fin de garantizar el servicio.

3. Juzgados y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz:

— Un funcionario por cada uno de los Juzgados y Agrupaciones de Secretaría de Juzgados de Paz.

Un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa o del cuerpo de Auxilio Judicial, al objeto de garantizar la apertura y el servicio que les es propio en la materia, principalmente, de Registro Civil.

4. Servicios:

— Decanatos: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno de Auxilio Judicial.

Se trata de un servicio que tiene encomendada, entre otras funciones principales, la recepción de demandas y escritos dirigidos a todos los órganos judiciales del partido judicial, lo que podría ocasionar un perjuicio a la tutela judicial efectiva, sobremanera, si se trata del vencimiento de un plazo preestablecido en la Ley.

— Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y uno del cuerpo de Auxilio Judicial.

Con el fin de asegurar la realización de actos de comunicación de carácter urgente y toda vez que este servicio presta asistencia a todos los juzgados y tribunales del partido judicial en el que están constituidos.

— Servicios de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial: un funcionario.

Se trata de un servicio en el que su esencial función es la de recepción de escritos dirigidos a las Secciones de la Audiencia Provincial, lo que podría ocasionar un perjuicio a la tutela judicial efectiva, sobremanera, si se trata del vencimiento de un plazo preestablecido en la Ley, al tratarse de un órgano que tiene competencias tanto en el ámbito civil como en el penal.

— Oficinas de Atención a las Víctimas: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

5. Órganos del Ministerio Fiscal:

Con excepción de las Fiscalías que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes, con el fin de garantizar las medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de familia, violencia sobre la mujer y libertad provisional, entre otras:

— Fiscalía Superior del Principado de Asturias: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, dos funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

— Fiscalía de Área de Gijón: un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa y uno del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

— Secciones Territoriales de Avilés y Langreo: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

— Fiscalía de Menores: dos funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial.

Con el fin de garantizar las medidas cautelares o provisionales urgentes con respecto a los menores infractores y la adopción de medidas y de asistencia a los detenidos, entre otras, se establece como servicios mínimos la asistencia de dos funcionarios.

6. Instituto de Medicina Legal de Asturias:

— Los servicios mínimos serán cubiertos por los médicos forenses y funcionarios de los cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial en servicio de guardia.

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