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Boletín Nº 109 del viernes 13 de mayo de 2011

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social.

Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación, organización y desarrollo del sistema público de Servicios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Segundo.—La citada Ley establece, en su artículo 44, que el Principado de Asturias promoverá e impulsará la participación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en la realización de actividades en materia de acción social, y que a dicho efecto se establecerán programas de subvenciones, que se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos servicios y proyectos con la adecuación a los objetivos señalados por la planificación autonómica en materia de servicios sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la entidad promotora.

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

A los hechos señalados les son de aplicación los siguiente.

Fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, atribuye en su artículo 7 a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda el ejercicio de las competencias en materia de bienestar social, dentro de las cuales se encuentran las funciones relativas al desarrollo y gestión de los servicios sociales, que comprenden las facultades para la promoción de acciones y servicios para los colectivos con mayores necesidades de intervención social, así como el desarrollo de programas de apoyo económico.

Segundo.—El artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que con carácter previo al otorgamiento de subvenciones deben establecerse las bases reguladoras de la concesión. La misma previsión se recoge en el artículo 7 del Decreto, 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Tercero.—La competencia para aprobar las bases corresponde a la persona que ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de bienestar social, al amparo del artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y de los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

Cuarto.—El artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, establece la forma de Resolución de la persona titular de la Consejería para la aprobación de disposiciones de carácter general.

De acuerdo con todo ello,

Resuelvo

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, que se incorporan como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Derogar la Resolución de 27 de julio de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la inserción de colectivos en riesgo de exclusión.

Oviedo, 6 de mayo de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-09681.

Anexo

Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión

I.—Objeto de la subvención.

Es objeto de las presentes bases regular el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y entidades sin fin de lucro, con destino al desarrollo de programas de servicios sociales especializados dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión, a desarrollar en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Se entiende por servicios sociales especializados aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas por los servicios sociales generales a través de centros, servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una atención específica.

Se considerarán programas específicos a subvencionar, en el marco del Plan Autonómico de Inclusión Social, los siguientes:

1) Programas integrales que desarrollen medidas de acompañamiento y formación encaminadas a la integración personal, social y laboral de mujeres en situación o en riesgo de exclusión social.

2) Programas integrales dirigidos a favorecer la incorporación social de la población de etnia gitana en situación o en riesgo de exclusión que incluyan medidas de acompañamiento para el acceso normalizado a los sistemas públicos de protección social, con actuaciones transversales en las áreas de educación, salud y empleo, atendiendo especialmente a la educación infantil y la enseñanza obligatoria, singularmente en el caso de niñas y adolescentes, así como a la incorporación social de las mujeres.

3) Programas integrales de apoyo a la incorporación social de la población reclusa y ex-reclusa, con especial atención a la situación de las mujeres, que incluyan medidas de acompañamiento social, que planifiquen itinerarios formativo-laborales, y/o que faciliten el acceso al disfrute de permisos penitenciarios, el tránsito a la vida en libertad o al cumplimiento de medidas alternativas a las penas de prisión, atendiendo a las singularidades de colectivos especialmente vulnerables como personas drogodependientes o personas con discapacidades psíquicas.

4) Programas integrales para favorecer la incorporación social de personas que se dedican a la prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, que contemplen medidas de asesoramiento y acompañamiento en el uso de dispositivos y recursos públicos y privados, incluyendo la cobertura de las necesidades básicas de vestido y alimentación, actividades de acercamiento, formación de pares y otras encaminadas a la disminución de riesgos, así como itinerarios formativo-laborales.

5) Programas integrales para favorecer la incorporación social de personas con problemas de drogodependencias, que incluyan medidas de acompañamiento social e itinerarios formativo-laborales.

6) Programas integrales destinados a la incorporación social de personas sin hogar y sin alojamiento digno, que incluyan medidas de acompañamiento social e itinerarios formativo-laborales.

7) Otros programas no destinados a colectivos específicos y dirigidos a la incorporación social de personas en situación o riesgo de exclusión social, planteados desde la transversalidad, que incluyan medidas de acompañamiento social para el acceso a los recursos existentes y programas formativo-laborales destinados a personas que no acceden a las acciones formativas normalizadas.

No se considerarán programas o proyectos objeto de esta subvención:

1. Actividades de formación profesional, educativa, laboral, sanitaria y cultural regladas, para los que existan otros cauces de financiación.

2. Programas que por su objeto puedan acogerse a financiación por las convocatorias públicas de subvenciones destinadas a colectivos específicos y promovidas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda u otras Consejerías de la Administración del Principado de Asturias, ni tampoco los programas que ya estén contemplados dentro de las prestaciones sociales básicas con financiación vía municipal o reciban financiación directa o indirecta por parte del propio órgano concedente.

3. Programas que lleven en funcionamiento menos de seis (6) meses en el momento de publicarse la convocatoria pública de subvenciones.

4. Programas que no impliquen una atención continuada al colectivo al que se dirijan o que consistan en actos, actividades o eventos puntuales.

Se considerarán gastos subvencionables los gastos corrientes que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen durante el ejercicio presupuestario correspondiente a la convocatoria pública.

En ningún caso podrán subvencionarse:

a) Intereses deudores de cuentas bancarias.

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) Gastos de procedimientos judiciales.

d) Gastos de inversión.

II.—Requisitos de las entidades beneficiarias.

Podrán concurrir a la convocatoria las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social en el ámbito descrito en estas bases, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma y que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Carecer de fin de lucro, circunstancia ésta que debe constar de forma explícita en sus estatutos constitutivos.

3. Tener un funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de la entidad de los estamentos vinculados al servicio prestado.

4. En el caso de fundaciones, haber presentado las cuentas anuales, que comprendan el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la situación financiera y de los resultados de la fundación, de acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

5. No haber dado lugar al reintegro o haber renunciado a la subvención para el mismo programa, por no haber realizado éste, en el año inmediato anterior a la convocatoria pública, siempre que el importe solicitado por la entidad para el desarrollo del programa coincidiese con el concedido por la Administración.

6. No haber rechazado la misma subvención, sin causa justificada, en la convocatoria inmediata anterior.

7. Haber justificado debidamente las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.

8. No ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigidas.

No podrán tener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentas bases las entidades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III.—Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios, que permitirán alcanzar una puntuación máxima de 170 puntos:

1. Criterios de valoración de las entidades. Máximo 50 punto.

1.1. Experiencia de la entidad. Se valora la antigüedad de la entidad desde su constitución (de 0 a 15 puntos):

— Más de 15 año. 15 puntos

— Entre 10 y 15 año. 10 puntos

— Entre 5 y 10 año. 5 puntos

— Entre 2 y 5 año. 3 puntos

— Entre 1 y 2 año. 2 puntos

— Menos de 1 año. 0 puntos

1.2. Experiencia específica en el desarrollo del programa para el que se solicita la subvención u otros destinados al mismo colectivo con fines y acciones semejantes (de 0 a 15 puntos):

— Más de 15 año. 15 puntos

— Entre 10 y 15 año. 10 puntos

— Entre 5 y 10 año. 5 puntos

— Entre 2 y 5 año. 3 puntos

— Entre 1 y 2 año. 2 puntos

— Menos de 1 año. 0 puntos

1.3. Implantación de la entidad en el ámbito territorial donde se desarrolla su programa (de 0 a 10 puntos):

— Cuenta con sede y personal en la zona. 10 puntos

— No tiene sede pero sí personal en la zona. 5 puntos

— Cuenta sólo con la sede en la zona. 2 puntos

— No cuenta ni con sede ni con personal en la zona. 0 puntos

1.4. Calidad en la gestión (0 a 10 puntos):

— La entidad tienen implantados sistemas de calidad normalizado. 10 puntos

— La entidad dispone de sistemas de calidad propios que contemplan la orientación a las personas destinatarias y la mejora continua. 5 puntos

— La entidad elabora memorias periódicas de ejecución y de evaluación de resultados de los programas que desarrollo. 2 puntos

— La entidad no tiene implantados sistemas de evaluación ni de calidad. 0 puntos

2. Criterios de valoración de los programas. Máximo 120 punto.

2.1. Adecuación del programa a las pautas marcadas por el Plan Autonómico de Inclusión Social (hasta 30 puntos):

— Contempla medidas de acompañamiento para el acceso a los sistemas públicos de protección social. 5 puntos

— Desarrolla acciones transversales en educación, salud y empleo. 5 puntos

— Prevé medidas específicas para la incorporación social de la mujer. 5 puntos

— Planifica itinerarios formativo-laborales. 5 puntos

— Atiende a más de un colectivo. 5 puntos

— Incluye proyectos individualizados de incorporación social. 5 puntos

2.2. Colaboración del programa con los planes locales de inclusión del concejo o de los concejos donde se desarrolla (de 0 a 20 puntos):

— Los objetivos y las actuaciones del proyecto se enmarcan en su totalidad en las líneas del plan municipal. 20 puntos

— Los objetivos y las actuaciones del proyecto se enmarcan mayoritariamente dentro de las líneas del plan municipal. 15 puntos

— Los objetivos y las actuaciones del proyecto se enmarcan parcialmente dentro de las líneas del plan municipal. 10 puntos

— Los objetivos y las actuaciones del proyecto coinciden con alguna de las líneas del plan municipal. 5 puntos

— Los objetivos y las actuaciones del proyecto no se enmarcan ni coinciden con las líneas del plan municipal. 0 puntos

2.3. Adecuación técnica programa (hasta 35 puntos):

2.3.a. Definición de necesidades sociales (0 a 5 puntos):

— Justifica las necesidades sociales que busca atender y la insuficiencia o falta de cobertura de medios públicos. 5 puntos

— Justifica las necesidades sociales que busca atender, pero no la insuficiencia o falta de cobertura de medios públicos. 3 puntos

— Justifica parcialmente las necesidades sociales que busca atender. 2 puntos

— No se justifican debidamente las necesidades sociales a atender. 0 puntos

2.3.b. Planificación y evaluación (hasta 20 puntos):

— Define con claridad y precisión las actuaciones a desarrollar. 5 puntos

— Planifica un calendario de ejecución de las actuaciones. 5 puntos

— Contiene indicadores de ejecución. 5 puntos

— Define un sistema de evaluación de cumplimiento de objetivos. 5 puntos

2.3.c. Medios para la ejecución (0 a 5 puntos):

— Los medios personales, técnicos y materiales son suficiente y adecuados para el desarrollo del proyecto de modo eficiente. 5 puntos

— No todos los medios personales, técnicos y materiales son suficientes y adecuados pero permiten desarrollar el programa. 3 puntos

— Los medios personales, técnicos y materiales no son suficientes. 0 puntos

2.3.d. Valoración de costes (0 a 5 puntos):

— Se ajusta a precios de mercado. 5 puntos

— Excede en menos de un 15% los precios de mercado. 3 puntos

— Excede en más de un 15% los precios de mercado. 0 puntos

2.4. Enfoque de género para lograr la igualdad entre mujeres y hombres (0 a 10 puntos):

— Incluye medidas específicas tendentes a lograr la igualdad. 10 puntos

— Planifica actividades formativas en relación a la igualdad. 5 puntos

— No incluye medidas de igualdad entre mujeres y hombres. 0 puntos

2.5. Corresponsabilización en la financiación del programa (0 a 10 punto):

— Existe cofinanciación, por aportaciones propias y/o de otras entidades, públicas o privadas, de al menos el 50% del coste del programa. 10 puntos

— Existe cofinanciación, por aportaciones propias y/o de otras entidades, públicas o privadas, de al menos el 25% del coste del programa. 5 puntos

— Existe cofinanciación, por aportaciones propias y/o de otras entidades, públicas o privadas, de al menos el 15% del coste del programa. 3 puntos

— Existe cofinanciación, por aportaciones propias y/o de otras entidades, públicas o privadas, inferior al 15% del coste del programa. 2 puntos

— No existe cofinanciación. 0 puntos

2.6. Cobertura territorial de las actuaciones (0 a 10 puntos):

— Se desarrollan en más de cinco concejos. 10 puntos

— Se desarrollan en al menos tres concejos. 5 puntos

— Se desarrollan en dos concejos. 2 puntos

— Se desarrollan en un solo concejos. 0 puntos

2.7. Colaboración de voluntariado en tareas de apoyo sin sustituir las intervenciones profesionales (0 a 5 puntos):

— Existe colaboración de voluntariado, con un plan de formación. 5 puntos

— Existe colaboración de voluntariado sin plan de formación. 3 puntos

— No existe colaboración de voluntariado. 0 puntos

La puntuación mínima exigida para obtener subvención será del diez por ciento (17 puntos) de la máxima posible según los criterios de valoración anteriores.

IV.—Cuantía de las subvenciones.

El importe máximo de la subvención se determinará en la resolución de convocatoria pública. En todo caso, la concesión de subvenciones estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

Una vez establecido el orden de prelación entre todas las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según los criterios de valoración fijados en la Base III, se procederá al prorrateo entre todas las entidades beneficiarias del importe global máximo destinado a las subvenciones.

V.—Instrucción.

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento que se designe en la convocatoria comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas, de conformidad con lo establecido en las normas que regulan las subvenciones.

Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que de no hacerlo y, en todo caso, transcurrido dicho plazo se la tendrá por desistida de su petición, archivándose la solicitud previa resolución dictada en los términos previstos en la mencionada Ley.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán, junto con las solicitudes, al Área o Servicio que corresponda en función de la materia, acompañando un informe del órgano instructor en el que conste si de la información obrante se desprende que las entidades solicitantes cumplen los requisitos necesarios para la concesión de la subvención, a efectos de su estudio y valoración.

El órgano instructor que se determine en la convocatoria trasladará a la comisión de valoración el informe evacuado por el Área o Servicio correspondiente.

La comisión de valoración estará integrada por la persona titular del órgano central competente en materia de inclusión social de la Consejería competente en materia de bienestar social, quien ejercerá la presidencia, o la persona en quien delegue, actuando como vocales al menos dos empleados/as públicos/as adscritos al servicio con competencia en materias atinentes a la atención de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social conforme a la estructura orgánica vigente.

Cuando la persona que ejerza la presidencia lo estime oportuno, podrá incorporar a la comisión, con voz pero sin voto, a empleadas/os públicas/os con adscripción a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

La composición concreta de la Comisión de Valoración se especificará en la Resolución de convocatoria pública de subvenciones.

La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento a lo previsto en al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tras examinar la valoración de las solicitudes presentadas y el informe del Área o Servicio que corresponda, la Comisión de Valoración levantará acta y formulará, en un plazo no superior a quince (15) días, una propuesta de resolución provisional de concesión y denegación de subvenciones de acuerdo con los requisitos y criterios de adjudicación señalados en las Bases II, III y IV, que estará supeditada a la planificación general de la Consejería, a las prioridades fijadas y a las limitaciones presupuestarias.

La propuesta de resolución provisional se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería competente, con apertura de un plazo de diez (10) días para presentación de alegaciones.

Examinadas las alegaciones que presenten las entidades solicitantes, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de subvención y la cuantía de ésta, y se elevará, a través del órgano instructor, a quien sea titular de la Consejería con competencia en la materia, que será el órgano competente para resolver.

VI.—Resolución.

El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona titular de la Consejería con competencia en la materia, mediante Resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

La resolución señalará las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, los importes concedidos, las condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, y las formas y condiciones de abono y el plazo para su cumplimiento.

La resolución se notificará a las entidades interesadas de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ajustándose la práctica de la notificación o publicación a lo establecido en el artículo 59 de la misma.

La concesión de la subvención solicitada no genera derecho alguno respecto a su percepción en futuras convocatorias.

Cualquier alteración de las condiciones, objetivas y/o subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

VII.—Modificación de la resolución de concesión.

Una vez recaída la resolución de concesión, las entidades beneficiarias podrán solicitar de forma motivada la modificación de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o programa subvencionado en los términos exactos que figuren en la solicitud, siempre y cuando:

a) No se modifique de forma sustancial el contenido del mismo.

b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la concesión de la subvención.

c) No haya finalizado el plazo para la realización de la actividad.

d) No se lesionen derechos de terceros.

VIII.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones.

Sin perjuicio de las exclusiones contempladas en la Base I, la subvenciones que se concedan serán compatibles con la percepción de cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe conjunto de la subvención y esas otras subvenciones o ayudas no supere el coste total de la actividad subvencionada.

IX.—Reformulación y aceptación de solicitudes.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figure en la solicitud presentada, la entidad beneficiaria podrá reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la comisión de valoración, se remitirá con todo lo actuado a la persona titular de la Consejería competente en la materia para el dictado de la resolución.

En todo caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos.

La subvención se tendrá por aceptada cuando se conceda en los importes solicitados y no se comunique desistimiento por la entidad solicitante, y/o transcurrido el plazo para reformular sin que se comunique el desistimiento por la entidad solicitante.

El plazo para presentar reformulaciones será de diez (10) días a partir de la publicación de la propuesta de resolución en el tablón de anuncios de la Consejería, de acuerdo con lo previsto en la Base V.

X.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

El plazo, el lugar y la forma de presentar las solicitudes serán los que se fijen en la resolución de convocatoria pública.

XI.—Justificación de las subvenciones.

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará en la forma y en el plazo que se señalen en la resolución de convocatoria pública, y se acompañará de la documentación acreditativa de la realización de la actividad objeto de la subvención que determine la misma resolución.

Se aplicará a la justificación de subvenciones, con carácter supletorio, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XII.—Pago de la subvención.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará, con carácter general, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.

Podrán realizarse abonos parciales, que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.

Se podrá autorizar el pago anticipado total o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido al órgano instructor, en los términos previstos en el artículo sexto, apartado d), de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modificada por la Resolución de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad de prestar garantía.

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.

XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fundamente la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de esas actuaciones.

d) Comunicar al órgano concedente tan pronto como lo conozcan y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

g) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda información o publicidad de la actividad subvencionada, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

i) Adecuar los programas y/o proyectos a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y a la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.

XIV.—Seguimiento.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidos otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como su evolución y su seguimiento.

Al efecto, podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

Además, podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comunicada a la Consejería concedente y contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo cambios.

XV.—Revocación y reintegro.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto, o la no adopción del comportamiento que fundamente la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Resto de supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistente en dar la adecuada publicidad, por parte de las entidades beneficiarias, del carácter público de la financiación del programa. Si se hubiera incumplido esta obligación, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del régimen previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se aplicarán las siguientes reglas:

e.1) Si resultara aún posible el cumplimiento de la obligación de difusión, el órgano concedente requerirá a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión obligatorias en un plazo no superior a quince (15) días, con expresa advertencia de las consecuencias que del incumplimiento pudieran derivarse. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera cumplido este trámite.

e.2) Si, por haberse desarrollado ya las actividades concernidas, no resultara posible el cumplimiento de la obligación de difusión, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitan dar la difusión de la financiación pública con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente a la entidad beneficiaria deberá fijarse un plazo no superior a quince (15) días para la adopción de las medidas, con la advertencia expresa de las consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento.

Procederá asimismo el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones supere el coste de la actividad.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa instrucción de expediente, en el que a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes que resulten pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria. El plazo máximo para dictar esta resolución será de doce (12) meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

XVI.—Régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones en relación con estas subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por los artículos 68 y siguiente del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio

La competencia para imponer sanciones corresponderá a quien sea titular de la Consejería competente en la materia, según el procedimiento establecido en el artículo 70 del precitado texto refundido.

XVII.—Régimen supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases generales se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, y a las demás disposiciones que resulten de aplicación.

XVIII.—Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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