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Boletín Nº 9 del viernes 12 de enero de 2007

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA
SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIóN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

La Ley 5/1999, de 29 de marzo, de creación del SERIDA, define a este organismo como una entidad pública del Principado de Asturias, la cual se regirá por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos y en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas por la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que le afecten contenidas en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario.

Una de las fuentes de financiación del organismo, prevista en el artículo 13 c) de la Ley de creación, es la derivada de de los ingresos por sus operaciones, entre las cuales se halla la prestación de servicios, tanto a particulares como a profesionales, asociaciones, fundaciones y empresas. Esta financiación, cada vez más relevante tanto en términos absolutos como relativos, se articula a través de los precios públicos por las actividades que el organismo realiza. Al Consejo Rector, como principal órgano central del SERIDA, le corresponde, de conformidad con el artículo 9.1.g) “informar la aprobación, modificación y revisión de precios y tarifas por la prestación y realización de servicios y actividades propias de la entidad. La competencia última para la aprobación, modificación y revisión de éstos le corresponde a la persona que ostente la Presidencia del Consejo Rector, oído este último”.

Por otra parte, El Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, establece en el capítulo II del título I, las normas, entre otras, sobre concepto, cuantía, fijación y administración de los precios públicos. Los servicios que presta este organismo y las actividades que desarrolla presentan las características exigidas por dicha Ley para que las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por los mismos hayan de ser consideradas como precios públicos, de acuerdo, igualmente, con los criterios fijados en tal sentido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, y lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Decreto Legislativo 1/1998.

Asimismo, se aprecia la necesidad de actualizar los conceptos y cuantías vigentes al día de la fecha, previstos en la Resolución de 4 de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de febrero, por la que se aprueban las cuantías exigibles por los precios públicos para el ejercicio 2006, los cuales se corresponden a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del organismo.

En su virtud, y conforme a lo previsto en el artículo 10.1.f) de la Ley 5/1999, previa autorización del Consejo Rector, de 20 de diciembre de 2006,

R E S U E L V O

Primero.—La realización de trabajos de prestación de servicios, asesoramiento técnico, de carácter científico y otras actividades relacionadas en el anexo estarán sujetos al pago de los precios públicos que figuran en aquél. La cuantía de dichos precios se incrementará con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que en cada caso proceda, a tenor de la normativa vigente en la materia.

Segundo.—Cuando se solicite a este organismo la realización de trabajos de carácter científico o asesoramiento técnico, cuyo desarrollo requiera determinar específicamente la dedicación de personal investigador, la utilización de equipo científico u otros bienes inventariables, el uso de instalaciones y la realización de desplazamientos, el Departamento de Investigación o el de Desarrollo Tecnológico y de Servicios, conjuntamente con el Area de Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal, formularán un presupuesto dentro del protocolo para el desarrollo del trabajo, que será sometido a la institución o entidad demandante de la actividad.

Tercero.—A efectos de la formulación del presupuesto, las cuantías unitarias que se tomarán en consideración serán las siguientes:

1. Valoración económica del tiempo de un equipo de investigación, formado por dos funcionarios del organismo, siendo uno de ellos un investigador y el otro miembro una persona para desarrollar tareas de apoyo a aquél: 52,50 euros/hora efectiva de trabajo.

2. Valoración de tiempo de personal laboral de necesaria contratación. Se aplicarán las previsiones del Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, y la normativa sobre cuantías retributivas anuales, aprobadas por los órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias. Para 2007, se establecen las siguientes:

Investigador (Grupo A): 50.544,07 euros.

Ayudante de Investigación de Laboratorio (Grupo C): 29.935,38 euros.

Ayudante de Investigación de Campo (Grupo C): 28.921,14 euros.

Auxiliar de Laboratorio (Grupo D): 25.701,07 euros.

Oficial de Campo (Grupo D): 22.534,45 euros.

3. Valoración del tiempo de utilización de equipos científicos y otros elementos inventariables: Según precio de adquisición del equipo a utilizar, correspondiendo un período de amortización de cinco años. En el caso de precisarse la adquisición de un equipo específico no disponible en el organismo para la realización del trabajo, su coste de adquisición.

4. Valoración por uso de instalaciones: Laboratorios y animalarios: 2.695,50 euros/mes.

Resto de edificios y talleres: 1.256,41 euros/mes.

5. Costes por la realización de viajes: Los resultantes de la aplicación de la actual normativa sobre comisiones de servicio, y disposiciones complementarias y de desarrollo.

6. Valoración de productos consumibles: Por su coste de adquisición para el organismo.

Cuarto.—Los precios públicos previstos en el anexo de esta Resolución se calculan, en general, de manera que cubran como mínimo los costes económicos efectivos del servicio realizado, tomando en cuenta el de cada uno de ellos de forma individualizada.

Se establecen las siguientes categorías de exoneración:

— Exoneración del 100 por 100: Becarios SERIDA o aquellos que realizan estudios y doctorados en este organismo.

— Exoneración del 50 por 100: Personal procedente de entidades colaboradoras. A estos efectos se entiende por entidades colaboradoras: Los centros de investigación del sistema español de investigación agraria, universidades españolas y latinoamericanas con las que el SERIDA tenga actividades de investigación.

— Exoneración según criterios de reciprocidad: Las exenciones totales o parciales que se determinen serán equivalentes a las establecidas por la contraparte para la prestación de los mismos servicios o realización de actividades similares.

— Exoneración por razones de interés público: Por causas debidamente acreditadas de interés público, podrán establecerse exoneraciones totales o parciales.

Quinto.—Quedan excluidos totalmente de esta Resolución los proyectos de investigación y otras actividades desarrolladas en el marco de convocatorias efectuadas por Instituciones autonómicas, nacionales e internacionales, que se regirán por las normas que establezcan cada una de ellas.

Sexto.—El ingreso de las cantidades correspondientes se efectuará una vez prestado el servicio o realizada la actividad por parte del SERIDA, en la cuenta número 2048 001 73 0420000156, que a tal efecto mantiene este Instituto en La Caja de Asturias, plaza de la Escandalera, de Oviedo. El ingreso de las cantidades que sean consecuencia de convenios de colaboración y/o contratos, se producirá en la misma cuenta, en la forma establecida en ellos, o bien en cualquier otra, a nombre del SERIDA, que se publique o notifique a los interesados.

Séptimo.—Los actos administrativos derivados de la gestión y recaudación de los precios públicos objeto de la presente Resolución podrán ser impugnados en la forma y plazos que establecen los artículos 24 y siguientes de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Octavo.—La presente Resolución deroga la anterior de 4 de enero de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de febrero, por la que se aprueban las cuantías exigibles por los precios públicos para el ejercicio 2006, surtiendo efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación o, con carácter previo, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dicto la Resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado estime procedente para la mejor defensa de sus intereses.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—La Presidenta del Consejo Rector del SERIDA.—135.

Anexo (Véase en formato PDF)

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