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Boletín Nº 71 del jueves 11 de abril de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Acuerdo de 3 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la plantilla de los centros públicos docentes no universitarios del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

La plantilla de los Centros Públicos está constituida por los puestos de trabajo de los cuerpos docentes que, dotados presupuestariamente, se adscriben a cada centro público y son necesarios para el desarrollo de la programación general de la enseñanza, de acuerdo con sus correspondientes unidades. Estos puestos permiten concretar las plazas vacantes del concurso de traslados, la oferta de empleo público y en último término la estabilización del profesorado adjudicando al mismo un destino definitivo. Con ella se responde a los mencionados principios de racionalidad, eficiencia y economía, toda vez que un número de plazas propuestas constituye el mínimo indispensable para dar respuesta a las necesidades básicas de los centros educativos en el sentido de poder impartir las distintas áreas, materias y módulos establecidos con carácter obligatorio en los Decretos por los que se aprueba el currículo de cada una de las enseñanzas autorizadas, teniendo en cuenta para su determinación las ratios de profesorado/alumnado legalmente establecidas así como la jornada lectiva establecida para el profesorado de los distintos cuerpos docentes. Estas plazas se incluyen como anexo del presente Acuerdo.

Fundamentos de derecho

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y reformado por las Leyes Orgánicas 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, dispone en su artículo 18.1 que “corresponde al Principado de Asturias la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme el apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía”. En consecuencia, corresponde al Principado de Asturias la dirección y gestión plena de estos servicios garantizando la máxima calidad con el objeto de dar cumplimiento al artículo 27 de la Constitución Española.

Por Real Decreto 2081/99, de 30 de diciembre, se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 74 que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares.

La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 8/1991, de 30 de julio, 4/1995, de 6 de abril, 15/1999, de 15 de julio y 15/2002, de 27 de diciembre, en su artículo 25 n) dispone, que corresponde, en todo caso, al Consejo de Gobierno: “Aprobar a propuesta del Consejero respectivo, previo dictamen preceptivo de la Consejería de la Presidencia e informe de la de Hacienda y Economía, la estructura y plantilla orgánica de las diferentes Consejerías y la creación, modificación o supresión de unidades orgánicas superiores a Negociado”.

Por su parte, el artículo 14.1 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, dispone: “El Consejo de Gobierno dirige la política de personal en materia de función pública de la Administración del Principado”, y en el apartado segundo: “Corresponde, en particular, al Consejo de Gobierno: h) “Aprobar las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias y acordar su publicación”.

La disposición adicional Sexta, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su apartado primero establece que el Gobierno desarrollará reglamentariamente las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes, y añade en el apartado segundo que “las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas a que hace referencia el apartado anterior”.

El Decreto 4/2012, de 26 de mayo, en conexión con el Decreto 11/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, dispone que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Hacienda y Sector Público, la Consejería de Educación y Universidades (posteriormente, de Educación, Cultura y Deporte) ejerce las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma respecto de los funcionarios de los cuerpos o escalas en que se ordena la función pública docente. Asimismo atribuye a la Consejería de Hacienda y Sector Público las competencias en materia de función pública y recursos humanos, sin perjuicio de las competencias de ordenación que tienen atribuidas las Consejerías respecto de su propio personal y de las que respecto del personal docente ostenta la Consejería de Educación y Cultura.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su actual redacción, atribuye a la Consejería de Educación y Cultura las competencias y funciones atribuidas hasta entonces a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por Decreto 74/2012, de 14 de junio, por el que se establece su estructura orgánica básica y el Decreto 29/2013, de 5 de junio, de primera modificación de este.

El artículo 29.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, establece que las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, eficiencia y economía.

La plantilla de los Centros Públicos está constituida por los puestos de trabajo de los cuerpos docentes que, dotados presupuestariamente, se adscriben a cada centro público y son necesarios para el desarrollo de la programación general de la enseñanza, de acuerdo con sus correspondientes unidades. Estos puestos permiten concretar las plazas vacantes del concurso de traslados, la oferta de empleo público y en último término la estabilización del profesorado adjudicando al mismo un destino definitivo. Con ella se responde a los mencionados principios de racionalidad, eficiencia y economía, toda vez que un número de plazas propuestas constituye el mínimo indispensable para dar respuesta a las necesidades básicas de los centros educativos en el sentido de poder impartir las distintas áreas, materias y módulos establecidos con carácter obligatorio en los Decretos por los que se aprueba el currículo de cada una de las enseñanzas autorizadas, teniendo en cuenta para su determinación las ratios de profesorado/alumnado legalmente establecidas así como la jornada lectiva establecida para el profesorado de los distintos cuerpos docentes. Estas plazas se incluyen como anexo del presente Acuerdo.

Por último; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que transpone al sistema legal español diferentes directivas europeas (concretamente, Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012), ha introducido un nuevo apartado 5 en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

A propuesta del Consejero de Educación y Cultura, al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019, así como el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, habiendo sido presentada y negociada la propuesta en la Mesa Sectorial de Personal Docente los días 5 y 11 de febrero de 2019 y habiéndose informado a la Junta de Personal Docente de los Centros Públicos no Universitarios el 12 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno,

ACUERDA

Primero.—Aprobar la plantilla de los centros docentes no universitarios, adscritos a la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, que se relacionan en el anexo que se acompaña y configurar todos y cada uno de los puestos incluidos en la misma como puestos que implican contacto habitual con menores, a excepción de los que figuran en el Centro de Educación de Personas adultas de Tabladiello, código 3328313.

Segundo.—Autorizar a la persona titular de la Consejería de Educación y Cultura para realizar la adecuación y redistribución de los efectivos de la plantilla de acuerdo con las necesidades de escolarización siempre que no implique un incremento del número total de plazas.

Tercero.—Disponer la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias determinando sus efectos al día siguiente de su publicación.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Dado en Oviedo, a 13 de febrero de 2019.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2019-03568.

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