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Boletín Nº 261 del sábado 10 de noviembre de 2012

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los servicios mínimos de la Universidad de Oviedo, con motivo de la huelga general convocada para el día 14 de noviembre de 2012.

Convocada huelga general para el próximo día 14 de noviembre de 2012 por las Comisiones Ejecutivas de la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera y la Confederación Intersindical ratificada en el ámbito del Principado de Asturias por SUATEA, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Universidad de Oviedo.

Teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, de 5 de mayo, establece que “Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga «ex» art. 28.2 C. E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (sentencia 11/1981, F. J. 8 y 9). En concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos servicios ha de quedar salvaguardado. «En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella —dirá la sentencia 11/1981 (F. J. 18)—, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga».

La limitación del ejercicio del derecho de huelga por el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto jurídicamente indeterminado que es el de los «servicios esenciales de la comunidad», concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien satisfecho.

La tarea de definir esa elástica noción ha sido abordada por la sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de entender los servicios esenciales (F. J. 10). Según un concepto amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a «aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad», valorándose «el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones vitales», es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha actividad se pretende, esto es, «por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza», de forma que «para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos», debiendo considerarse como tales «los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos». A juicio del Tribunal es esta última línea interpretativa la que «ha de ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución». Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que el artículo 28.2 C. E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes de idéntica significación”.

Establecida la posibilidad de acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, para que el servicio tenga tal consideración deben ser también esenciales los bienes e intereses satisfechos, concurriendo tal condición en los derechos fundamentales, las libertades públicas y otros bienes constitucionalmente protegidos.

Los servicios mínimos que se establecen en la presente resolución se dirigen a garantizar el derecho a la educación, contemplado en el artículo 27 de la Constitución con el carácter de derecho fundamental; el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución y respecto al cual el artículo 6.4 del Real Decreto Ley 17/1977 establece la obligación de respetar la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17.e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y previa negociación con el comité de huelga en reunión de 7 de noviembre de 2012, por la presente,

Resuelvo

Primero.—Establecer como servicios mínimos en la Universidad de Oviedo que deberán ser atendidos durante la huelga convocada para el día 14 de noviembre de 2012, los que a continuación se señalan:

1. Personal de Administración y Servicios:

a) Área de acceso a centros públicos:

Un trabajador por edificio y turno que se responsabilizará de la apertura, cierre y control de acceso de los edificios, con el fin de garantizar su apertura a los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo.

b) Área de servicios de Salud Pública:

Un trabajador por turno en el animalario por considerar imprescindible la asistencia y cuidado diario de los animales.

c) Un trabajador en la Oficina del Registro General que evite posibles perjuicios a los administrados cuyas garantías se verían menguadas si fuera necesaria la entrega o envío de documentos.

2. Personal docente e investigador:

a) Decanos y Directores de Centro, que permanecerán en el Centro durante toda la jornada, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza universitaria.

b) Directores de Departamento, que permanecerán en el mismo durante toda la jornada, con el fin de garantizar el derecho a la enseñanza universitaria en cuanto al correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio que tengan lugar, así como los procesos de investigación que requieran continuidad.

Segundo.—Quienes desempeñen los servicios mínimos realizarán las funciones que les correspondan, de acuerdo al trabajo que habitualmente realizan o el que se establezca en esta resolución.

Tercero.—Los Decanos, Directores de Escuela y Directores de Departamento, utilizando los medios habituales de control de docencia y de asistencia, o los que consideren oportunos, elaborarán listados de las personas que han participado en la jornada de huelga, que deberá remitir por fax (985 10 40 24) al Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros antes de las 14 horas y las 19 horas respectivamente del citado día 14 de noviembre.

Cuarto.—Se atribuye al Gerente la designación de los empleados cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente Resolución.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos el mismo día de su publicación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, para el procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 8 de noviembre de 2012.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód. 2012-20352.

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