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Boletín Nº 283 del viernes 7 de diciembre de 2018

AYUNTAMIENTOS

DE CUDILLERO

Anuncio. Aprobación definitiva del Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Cudillero.

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Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Cudillero al no haberse presentado alegaciones al mismo en el trámite de información pública, se publica el texto íntegro a efectos de su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo arts. 83 LPACAP y 17.2 TRLHL.

En Cudillero, a 22 de noviembre de 2018.—El Alcalde.—Cód. 2018-11775.

Anexo I

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

Índice

Preámbulo

Título I. Disposiciones Comunes.

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2.—Atribuciones de las funciones de control.

Artículo 3.—Formas de ejercicio.

Artículo 4.—Principios de ejercicio de control interno.

Artículo 5.—De los deberes del órgano de control.

Artículo 6.—De las facultades del órgano de control.

Título II. De la función interventora.

Capítulo I. Del ejercicio de la función interventora.

Artículo 7.—De las distintas fases de la función interventora.

Capítulo II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos.

Artículo 8.—Procedimiento sobre derechos e ingresos.

Capítulo III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos.

Artículo 9.—Procedimiento sobre gastos y pagos.

Sección 1.ª Disposiciones comunes.

Artículo 10.—Fiscalización con reparos.

Artículo 11.—Tramitación de discrepancias.

Sección 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa.

Artículo 12.—Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.

Artículo 13.—Expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación.

1. Obras en general

1.1. Expediente inicial.

Ficha 1. Aprobación del gasto.

Ficha 2. Adjudicación y formalización (compromiso del gasto).

1.2. Ficha 3. Modificados.

1.3. Ficha 4. Revisiones de precios.

1.4. Ficha 5. Certificaciones de obra.

1.5. Ficha 6. Reconocimiento de la obligación por IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra.

1.6. Ficha 7. Certificación final.

1.7. Ficha 8. Liquidación (reconocimiento de la obligación).

1.8. Ficha 9. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

1.9. Ficha 10. Indemnización a favor del contratista.

1.10. Ficha 11. Resolución del contrato de obra.

1.11. Ficha 12. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desestimiento en el procedimiento.

Artículo 14.—Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra.

Ficha 13. Adjudicación.

Ficha 14. Formalización.

Ficha 15. Certificaciones de obra.

Artículo 15.—Expedientes de contratos de suministros.

1. Suministros en general.

1.1 Expediente inicial.

Ficha 16. Aprobación del gasto.

Ficha 17. Adjudicación.

Ficha 18. Formalización.

1.2. Ficha 19. Revisión de precios (aprobación del gasto).

1.3. Ficha 20. Modificación del contrato.

1.4. Ficha 21. Abonos a cuenta.

1.5. Ficha 22. Entregas parciales y liquidación.

1.6. Ficha 23. Prórroga del Contrato.

1.7. Ficha 24. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

1.8. Ficha 25. Indemnización a favor del contratista.

1.9. Ficha 26. Resolución del contrato de suministro.

1.10. Ficha 27. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desestimiento en el procedimiento.

2. Adquisiciones de equipos y sistemas para el tratamiento de información.

3. Contrato de suministro de fabricación.

Artículo 16.—Expedientes de contratos de servicios.

1. Servicios en general:

1.1 Expediente inicial:

Ficha 28. Aprobación del gasto.

Compromiso del gasto:

Ficha 29. Adjudicación.

Ficha 30. Formalización.

1.2. Ficha 31. Modificación del contrato.

1.3. Ficha 32. Revisión de precios.

1.4. Ficha 33. Abonos a cuenta.

1.5. Ficha 34. Entregas parciales y liquidación.

1.6. Ficha 35. Prórroga del contrato.

1.7. Ficha 36. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

1.8. Ficha 37. Indemnizaciones a favor del contratista.

1.9. Ficha 38. Resolución del contrato de servicios.

1.10. Ficha 39. Pago de primas o compensaciones a los participantes o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desestimiento del procedimiento.

2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información.

Artículo 17.—Expedientes de contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Contratación centralizada.

1. Acuerdos marco:

1.1. Ficha 40. Adjudicación del acuerdo marco.

1.2. Ficha 41. Adjudicación de contratos basados en el acuerdo marco.

1.3. Ficha 42. Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco.

1.4. Ficha 43. Resto de expedientes.

2. Sistemas dinámicos de contratación:

2.1. Ficha 44. Implementación del sistema.

2.2. Ficha 45. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico.

2.3. Ficha 46. Resto de expedientes.

Artículo 18.—Expedientes de contratos de concesión de obras.

1. Expediente inicial.

1.1. Ficha 47. Aprobación del gasto.

Compromiso del gasto:

Ficha 48. Adjudicación.

Ficha 49. Formalización.

1.2. Ficha 50. Modificados.

1.3. Ficha 51. Revisión de precios.

1.4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte d e la administración.

1.4.1. Ficha 52. Abonos por aportaciones durante la construcción.

1.4.2. Ficha 53. Abonos por aportaciones al término de la construcción.

1.4.3. Ficha 54. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el art. 265 de la LCSP.

1.5. Ficha 55. Abono al concesionario de la retribución por la utlilización de la obra.

1.6. Ficha 56. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el art. 268 de la LCSP.

1.7. Ficha 57. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

1.8. Ficha 58. Indemnización a favor del contratista.

1.9. Ficha 59. Resolución del contrato/O.

1.10. Ficha 60. Pago de primas o compensaciones a los participantes o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desestimiento del procedimiento.

1.11. Ficha 61. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión.

Artículo 19.—Expedientes de concesión de servicios.

Ficha 62. Autorización del gasto.

Ficha 63. Adjudicación del contrato.

Ficha 64. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 20.—Expedientes relativos a otros contratos de servicios.

Artículo 21.—Expedientes relativos a ejecución de trabajos por la propia administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados.

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1. Expediente inicial:

Ficha 65. Aprobación del gasto.

Compromiso del gasto:

Ficha 66. Adjudicación.

Ficha 67. Formalización.

1.2. Ficha 68. Modificaciones del contrato.

1.3. Ficha 69. Abonos durante la ejecución de los trabajos.

1.4. Ficha 70. Prórroga del contrato.

1.5. Ficha 71. Liquidación.

Artículo 22.—Expedientes relativos al arrendamiento de bienes inmuebles por el Ayuntamiento de Cudillero, ya sea tramitado como expediente independiente o en un expediente de enajenación de un inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.

Ficha 72. Propuesta de arrendamiento.

Ficha 73. Acuerdo de concertación de arrendamiento.

Ficha 74. Prórroga y novación.

Ficha 75. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 23.—Expedientes de contratos de seguros.

Ficha 76. Aprobación del gasto.

Ficha 77. Compromiso del gasto.

Ficha 78. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 24.—Expedientes en concepto de indemnización por daños y perjuicios de responsabilidad patrimonial.

Ficha 79. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 25.—Expedientes de gastos derivados de expropiaciones forzosas.

Ficha 80. Incoación del expediente (autorización).

Ficha 81. Depósitos previos (compromiso).

Ficha 82. Indemnización por rápida ocupación.

Ficha 83. Determinación del justiprecio.

Ficha 84. Gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado Provincial de Expropiación.

Ficha 85. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del mismo.

Artículo 26.—Expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1. Expedientes de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Ficha 86. Aprobación del gasto.

Ficha 87. Compromiso del gasto.

Ficha 88. Reconocimiento de la obligación.

2. Expedientes en régimen de concesión directa.

Ficha 89. Aprobación y compromiso del gasto.

Ficha 90. Reconocimiento de la obligación.

3. Expedientes de Subvenciones nominativas.

Ficha 91. Aprobación y compromiso del gasto.

Ficha 92. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 27.—Expedientes de convenios celebrados con entidades colaboradoras en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ficha 93. Aprobación del gasto.

Ficha 94. Prórroga y modificaciones de los convenios.

Ficha 95. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 28.—Expedientes de convenios de colaboración celebrados con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.

Ficha 96. Aprobación del convenio.

Ficha 97. Modificaciones.

Ficha 98. Prórroga del convenio.

Ficha 99. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 29.—Expedientes para la concesión de ayudas de acción social.

Ficha 100. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 30.—Expedientes de nóminas de retribuciones de personal.

Ficha 101. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 31.—Expedientes de ejecución de sentencias.

Ficha 102. Reconocimiento de la obligación.

Artículo 32.—Expedientes de pagos a justificar.

Ficha 103. Expedición de pagos a justificar.

Ficha 104. Justificación del pago a justificar.

Artículo 33.—Expedientes de anticipos de caja fija.

Ficha 105. Constitución del anticipo.

Ficha 106. Reposición de fondos.

Artículo 34.—Expedientes de concesión de dominio público.

Ficha 106. Aprobación del gasto.

Ficha 107. Adjudicación.

Sección 3.ª De la fiscalización previa a la aprobación o autorización de gastos y de disposición o compromiso de gasto.

Artículo 35.—Régimen General.

Artículo 36.—Exención de fiscalización previa.

Sección 4.ª De la intervención previa al reconocimiento de la obligación y de la inversión.

Artículo 37.—Intervención de la liquidación del gasto.

Artículo 38.—Contenido de las comprobaciones.

Artículo 39.—Intervención material de la inversión.

Sección 5.ª De la intervención formal y material del pago.

Artículo 40.—De la intervención formal del pago.

Artículo 41.—Conformidad y reparo.

Artículo 42.—De la intervención material del pago.

Sección 6.ª De la omisión de la función interventora.

Artículo 43.—De la omisión de la función interventora.

Título III. Del control financiero.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 44.—Objeto, forma, ejercicio y alcance.

Artículo 45.—Actuaciones de control financiero.

Capítulo II. Del resultado del control financiero.

Artículo 46.—Informes de control financiero.

Artículo 47.—Destinatarios de los informes de control financiero.

Artículo 48.—Informe resumen.

Artículo 49.—Destinatarios del informe resumen.

Artículo 50.—Plan de acción.

Capítulo II. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas.

Artículo 51.—Delimitación y facultad.

Preámbulo

El control interno, regulado en el artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido en las Entidades Locales respecto de su gestión económica, y, en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.

De acuerdo con lo recogido en el artículo 3 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y en consonancia con lo recogido en el artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el objeto de la función interventora será controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el objeto del control financiero, ejercido mediante el control permanente y la auditoría pública, será verificar el funcionamiento de los servicios, y organismos autónomos, en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

La citada normativa se debe considerar de mínimos, reguladora del régimen general aplicable al ejercicio del control interno en las Entidades Locales.

En este sentido, y al igual que procede la Administración General del Estado a través de su Intervención General, se establece por el Pleno de la Entidad y mediante el presente Reglamento, las normas básicas para el adecuado ejercicio de las funciones del control interno recogidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; atendiendo siempre al principio de plena autonomía de los órganos de control respecto de las autoridades y órganos controlados.

Así, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz1 en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en virtud del principio de autoorganización y potestad reglamentaria reconocido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril a las Entidades Locales territoriales, con el presente Reglamento esta Entidad Local pretende la mejora en los mecanismos de gestión y control interno, en aras de una mayor eficacia.

Título I. Disposiciones comunes

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

Constituye el objeto de esta norma la regulación de las funciones de control interno respecto de la gestión económico-financiera y los actos con contenido económico de la Entidad Local, en base a los preceptos sobre control y fiscalización contenidos en el capítulo IV correspondiente al título V del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Artículo 2.—Atribución de las funciones de control.

Las funciones de control interno se ejercerán por la Intervención mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero con la extensión y efectos que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 3.—Formas de ejercicio.

1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

En los supuestos en que así lo determine la normativa aplicable, se realizará la función interventora en los consorcios.

2. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Igualmente incluirá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

3. De la misma manera corresponde a la Intervención, la elaboración y aprobación de las Instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance tanto del control posterior pleno en supuestos de fiscalización previa limitada de gastos como del control financiero en supuestos de fiscalización posterior de ingresos.

Artículo 4.—Principios de ejercicio del control interno.

1. La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional y procedimiento contradictorio.

2. El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades controladas.

No obstante, dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, dará cuenta al Pleno de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto con expresa mención del grado de cumplimiento de los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 5.—De los deberes del órgano de control.

1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.

Así, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

Igualmente deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En defecto de previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad económico- financiera controlada.

2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen en el artículo 5.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Artículo 6.—De las facultades del órgano de control.

El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la facultad de solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión; así como recabar directamente de las distintas áreas o unidades de la Entidad Local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.

Igualmente podrán recabar a través del Alcalde, el asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, o solicitar el asesoramiento de la Intervención General de la Administración del Estado con la suscripción del correspondiente Convenio.

Título II. De la función interventora

Capítulo I. Del ejercicio de la función interventora

Artículo 7.—De las distintas fases de la función interventora.

1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos.

El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del pago.

d) La intervención material del pago.

2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

3. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa.

La fiscalización previa examinará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas.

La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones comprobará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la Ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de este Reglamento.

La intervención formal de la ordenación del pago verificará la correcta expedición de las órdenes de pago.

La intervención material del pago verificará que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido.

Capítulo II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos

Artículo 8.—Procedimiento sobre derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior ejercido mediante el control financiero, tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

2. Esta fiscalización se ejercerá en dos momentos diferentes:

• La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local de los actos generadores de derechos e ingresos en la Tesorería.

• Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.

3. La toma de razón de contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión económico-presupuestaria, mediante la incorporación al sistema de información contable a través de los documentos contables correspondientes.

Así, cada área o servicio de la Entidad Local iniciará el correspondiente expediente que hará llegar a Intervención siguiendo el iter procedimiental habitual para su toma de razón en contabilidad.

4. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y muestreo.

a) Estas actuaciones comprobatorias posteriores tienen por finalidad asegurar que la gestión económico-financiera de los derechos e ingresos públicos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.

Las actuaciones a llevar a cabo deberán verificar en cualquier caso:

• El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.

• Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada caso aplicables.

• Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.

• Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida.

• Que el pagador es el correcto, examinando, en su caso, los supuestos de derivación de responsabilidad.

• Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el concepto adecuado y por el importe correcto.

b) Dicha verificación se realizará sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes de contenido económico, origen del reconocimiento o liquidación de derechos.

Como norma general, se determinarán los expedientes que se han de examinar mediante la aplicación de los procedimientos de muestreo o métodos de selección de muestras comúnmente aceptados.

La elección del procedimiento específico de muestreo a utilizar se efectuará en función de los medios disponibles y de los objetivos y alcance perseguidos, debiendo garantizarse, en todo caso, la aleatoriedad y objetividad del proceso de selección y la representatividad de la muestra.

La determinación del tamaño de la muestra o, alternativamente, de la precisión y nivel de confianza fijados, se realizará en función de los cometidos y carga de trabajo de la Intervención de que se trate y de los medios personales y materiales disponibles.

Igualmente, y con independencia del muestreo practicado, se podrá realizar el examen de expedientes determinados por razón de sus especiales características, tramitación o cuantía.

c) De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el órgano interventor deberá emitir informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas.

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de:

a) Los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

Consecuentemente, en estos supuestos, la función interventora en materia de devolución de ingresos indebidos solo alcanza a la fase de pago de dicho procedimiento, la ordenación del pago y pago material, que se fiscalizarán conforme a lo que se establece en el presente Reglamento respecto del ejercicio de la función interventora sobre los gastos y pagos; no estando sujeto al ejercicio de dicha función el acto del reconocimiento del derecho a la devolución.

b) Ingresos específicos singulares, tales como los subsumibles en materia de subvenciones o transferencias casuísticas, sean corrientes o de capital (que no sean reiterativas o preestablecidas legalmente como la participación de Tributos del Estado), los ingresos procedentes de operaciones financieras de cualquier género, los procedentes de convenios de cualquier clase, de enajenación de inversiones reales y más genéricamente los ingresos afectados a proyectos de gasto.

Esta fiscalización se ejercerá en función de la correspondiente fase del procedimiento sobre derechos e ingresos en las que se encuentre el expediente:

• El reconocimiento de derechos (fase contable “DR”).

• La recaudación e ingreso de fondos públicos (fase contable “I”).

En estos supuestos se verificará en todo caso:

• El cumplimiento de la legalidad en los procedimientos tanto de reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización del ingreso.

• Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada caso aplicables.

• Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.

• Que el pagador es el correcto.

• Que todos los derechos e ingresos están contabilizados en el concepto adecuado y por el importe correcto.

6. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las Entidad Local, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.

Capítulo III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 9.—Procedimiento sobre gastos y pagos.

1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.

La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en los artículos 14 y 15 de este Reglamento.

A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.

Cuando el Interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 5.1 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora.

Si el Interventor como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora considera que el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad mediante una diligencia firmada sin necesidad de motivarla.

Artículo 10.—Fiscalización con reparos.

1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.

Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.

2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como tal:

• Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.

• Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.

• Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días.

Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo siguiente.

4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor podrá fiscalizar favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente.

El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.

De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13.

5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 11.—Tramitación de discrepancias.

1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión.

Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Presidente de la Entidad o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora planteará al Presidente de la Entidad una discrepancia.

No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva.

3. Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción del reparo, al Presidente o al Pleno de la Entidad Local, según corresponda, y, en su caso, a través de los Presidentes o máximos responsables de los organismos autónomos locales, y organismos públicos en los que se realice la función interventora, para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos por el órgano de control.

4. El Presidente de la Entidad y el Pleno, a través del citado Presidente, previamente a la resolución de las discrepancias, podrán elevar resolución de las discrepancias al órgano que ejerza la tutela financiera.

A tales efectos, el Presidente remitirá propuesta motivada de resolución de la discrepancia directamente a la Intervención General de la Administración del Estado, concretando el extremo o extremos acerca de los que solicita valoración. Junto a la discrepancia deberá remitirse el expediente completo. Cuando el Presidente o el Pleno hagan uso de esta facultad deberán comunicarlo al órgano interventor y demás partes interesadas.

Cuando las resoluciones y acuerdos adoptados por la Entidad Local sean contrarios al sentido del informe del órgano interventor o al del órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, se incluirán en los informes referidos en los apartados siguientes.

5. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos suspensivo o no efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Entidad podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

6. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente los mismos términos, al Tribunal de Cuentas.

Sección 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa

Artículo 12.—Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de los actos de la Entidad Local por los que se apruebe la realización de gastos en las siguientes materias:

1. Contratos.

2. Indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial.

3. Expropiaciones forzosas.

4. Subvenciones y ayudas públicas.

5. Convenios de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.

6. Concesión de ayudas de acción social.

7. Concesión de anticipos al personal.

8. Indemnizaciones por razón de servicio al amparo del R.D. 462/2002.

9. Ejecución de sentencias.

10. Pagos a justificar.

11. Anticipos de caja fija.

12. Concesión de dominio público.

2. En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer (arts. 172 y 176 TRLRHL y 113 LCSP).

Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas cumpliendo los requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

b) En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

c) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

d) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate (art. 185 TRLRHL y 117.1 LCSP).

e) Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente.

Asimismo, en los expedientes de reconocimiento de obligaciones, que los mismos responden a gastos aprobados y comprometidos y, en su caso, fiscalizados favorablemente. En caso de que haya designación de Interventor para la comprobación material de una inversión, que se ha producido la intervención de la citada comprobación material de la inversión y su carácter favorable, sin perjuicio de lo dispuesto en distintos puntos del presente Acuerdo en los casos en que resulte de aplicación el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y no hubiese llegado el momento de efectuar la correspondiente comprobación material de la inversión.

f) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.

2. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa, así como para los gastos de cuantía indeterminada.

3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de otra plena con posterioridad, en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este Reglamento.

Artículo 13.—Expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación.

En los expedientes de contratos de obras, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a comprar serán los siguientes:

1. Obras en general.

1.1. Expediente inicial.

Ficha 1 A) Aprobación del gasto/autorización:

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP y art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que existe acta de replanteo previo (arts. 231 y 236 LCSP).

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos (arts 145 y 146 LCSP y 13.2 R.D. 424/2017).

f) En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas (art. 149.2 LCSP).

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP y art. 13.2 R.D. 424/2017).

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

o) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigidos por el art. 7.3 de la L:O 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (D.A 3.ª 3 LCSP y art. 13.2 R.D. 424/2017).

p) Informe del Secretario de la Corporación relativo a la aprobación del expediente de contratación (D.A 3.ª8 LCSP).

Ficha 2 B) Compromiso del gasto:

B.1) Adjudicación.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación (art. 157.6 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/1.

b) Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuando proceda (art. 65.1 y 326.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

d) Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, así como de las ventajas obtenidas en la negociación (art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto (art. 149.4 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

f) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en el caso previsto en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 107, 108 y 109 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo (art. 71.1. d) LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

B.2) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar.

Ficha 3 1.2. Modificados:

a) En el caso de modificaciones previstas en el PCAP, reguladas en el art. 204.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo (art. 204.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 y 242.5 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17).

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado (D.A. 3a 8 LCSP).

d) Que existe acta de replanteo previo (art. 231 y 236 LCSP).

Ficha 4 1.3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

a) Que se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos.

b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCA ni en el contrato (art. 103 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

Ficha 5 1.4 Certificaciones de obra/fase O:

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los Servicios correspondientes del órgano gestor (art. 62 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida (art. 240.2 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 103 y 105 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

d) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 198.2 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

e) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público (D. A 51.ª LCSP).

Ficha 6 1.5 Reconocimiento de la obligación por el IVA devengado en el pago de las certificaciones de obra:

a) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

Ficha 7 1.6 Certificación final:

a) Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la obra (art. 62 y 243 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede (art. 235 y 242.5 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la obra o, en su caso, acta de comprobación a la que se refiere el artículo 168 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o acta de comprobación y medición a la que se refiere el artículo 246.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (art.246LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

d) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 103 y 105LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

e) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, conformadas por el responsable del Servicio y de la Concejalía correspondiente.

Ficha 8 1.7 Liquidación (reconocimiento de la obligación).

a) Que existe informe favorable del facultativo Director de obra (art. 243.3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que existe informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede (art. 235 y 242.5 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17).

c) Que se aporta factura de la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, conformadas por el responsable del Servicio y de la Concejalía correspondiente.

Ficha 9 1.8 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

a) Que existe informe de la Secretaría General (art. 96.6.e) Ley 39/2015), art. 13.2 R.D. 424/17.

Ficha 10 1.9 Indemnización a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que existe informe técnico (art. 81.1 Ley 39/2015), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Que, en su caso, existe dictamen de Consejo de Estado (art. 191.3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

Ficha 11 1.10 Resolución del contrato de obra:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado (art. 191.3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/2017.

Ficha 12 1.11 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

a) Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

Artículo 14.—Expedientes de contratación conjunta de proyecto y obra.

La fiscalización de estos expedientes se realizará con arreglo a lo previsto para los de obras en general, con las siguientes especialidades:

2.1 Caso general:

A) Aprobación y compromiso del gasto: De acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público la fiscalización se pospone al momento inmediato anterior a la adjudicación, debiendo comprobarse como extremos adicionales a los requisitos básicos los siguientes:

Ficha 13 A.1) Adjudicación:

a) Que se aporta justificación sobre su utilización de conformidad con el artículo 234.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que existe anteproyecto o, en su caso, bases técnicas a que el proyecto deba ajustarse (art. 234.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (art. 234.2 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

d) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

e) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato ; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos (art. 145.5 a) y 145.6 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17 (art. 145.5 a) y 145.6 LCSP) art. 13.2 R.D. 424/2017.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

f) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento. (art. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

k) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. (art. 143.3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

m) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

n) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (art. 157.6 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

o) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17art. 149.4 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

p) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

q) Cuando de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el PCAP (art. 65.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/2017.

r) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.

s) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el art. 107.1 LCSP.

t) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

u) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 71.1 d) LCSP) art. 13.2 R.D. 424/2017.

v) Informe del Secretario de la corporación relativo a la aprobación del expediente de contratación (D.A 3.ª8 LCSP).

Ficha 14 A.2) Formalización.

a) Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (art. 39.2.e) LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar (art. 39.2.e) y 49.1 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

Ficha 15 B) Certificaciones de obra: Cuando se fiscalice la primera certificación, junto con los extremos previstos en el apartado segundo 1.4 deberá comprobarse:

a) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos y aprobado por el órgano de contratación. (art. 234.3 Y 235 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

b) Que existe acta de replanteo previo (art. 231, 234.3 Y 236 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

c) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013, de 27 de diciembre (art. 1 R.D. 1619/2012), conformadas por el Responsable del Servicio y de la Concejalía correspondiente.

Artículo 15.—Expedientes de contratos de suministros.

1. Suministros en general.

1.1 Expediente inicial:

Además de los requisitos básicos se comprobarán en el expediente como extremos adicionales los siguientes:

Ficha 16 A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (art. 67 RLCAP, DA 3a. 8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del suministro o, en su caso, documento descriptivo (art. 124 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio (art. 145 y 146 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas (art. 149.b LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 26 R.D. 817/2009).

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación (art. 202.2 LCSP).

h) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor (art. 159.1 LCSP).

i) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento.

j) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 29 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito.

l) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

n) Informe del Secretario de la corporación relativo a la aprobación del expediente de contratación (DA 3.ª8 LCSP).

o) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 de la LOEPSF, de 27 de abril (DA 3.ª3. LCSP).

B) Compromiso del gasto:

Ficha 17 B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (art. 157.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 167, 169.1,170.1 y 169.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017.

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto (art. 102.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso (art. 107, 108 y 109 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

g) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 71.1.d) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 18 B.2) Formalización:

a) En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (art. 71.1.d) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares (art. 39.2.e) y 49.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 19 1.2 Revisión de precios (aprobación del gasto):

a) Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 20 1.3 Modificación del contrato:

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo (art. 205 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 191.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000,00 €, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CCAA (art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 21 1.4 Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con el suministro realizado o fabricado.

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ficha 22 1.5 Entregas parciales y liquidación.

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción del suministro, o en el caso de arrendamiento de bienes muebles, certificado de conformidad con la prestación.

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 301.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (En el contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, a que se refiere el art. 205.2.c)3.º, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación, siempre que así se hay establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato), que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ficha 23 1.6 Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 29.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico (DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (que al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado nuevo contrato), que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto (art. 29.4. párrafo 4.º, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 24 1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 25 1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe informe técnico (art. 81.1 Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la C.A (art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 26 1.9 Resolución del contrato de suministro:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico (art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que, en su caso, existe dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la C.A (art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 27 1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

a) Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

2. Adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información:

Se comprobarán los mismos extremos previstos para los suministros en general.

3. Contrato de suministro de fabricación:

Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares determine la aplicación directa de las normas del contrato de obras, se comprobarán los extremos previstos para dicho tipo de contrato en el apartado relativo a los contratos de obras de este Acuerdo. En otro caso, dichos extremos serán los especificados para suministros en general.

Artículo 16.—Expedientes de contratos de servicios.

En los expedientes de contratos de servicios, con excepción de los que se adjudiquen en el marco de un sistema de racionalización técnica de la contratación, los extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:

1. Servicios en general.

1.1 Expediente inicial:

Ficha 28 A) Aprobación del gasto:

a) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (art. 67 RGLCAP, D. A 3.ª8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe pliego de prescripciones técnicas del servicio o, en su caso, documento descriptivo (art. 124 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que se justifica en el expediente la carencia de medios suficientes para la prestación del servicio por la propia Administración por sus propios medios (art. 116.4.f) LCSP y art. 13.2 R.D. 13.2).

e) Al tratarse de PCAP o documento descriptivo que establece varios criterios de valoración, que éstos están directamente vinculados con el objeto del contrato en base a la mejor relación calidad-precio (art. 145 y 146 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Al tratarse de un expediente donde se utilizan criterios que dependen de un juicio de valor, que el PCAP o el documento descriptivo prevé que la documentación relativa a estos criterios se presente en sobre independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Que el objeto del contrato está perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista (art. 99 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos (art. 145.5 y 146.1 LCSP).

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el del diálogo competitivo se verificará asimismo que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

g) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación.

j) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor.

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento (167 y 168 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

l) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 29 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público; y en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (art. 131.2, 167 y 172.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

p) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 de la LOEPSF, de 27 de abril (DA 3.ª 3. LCSP).

B) Compromiso del gasto:

Ficha 29 B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (art. 157.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el PCAP (ACM2008 11.1.1.B.1, art. 65.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 169.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto (art. 102.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso (art. 107, 108 y 109 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

g) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.

h) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (ACM2008 11.1.1.B.1, art. 71.1.d) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 30 B.2) Formalización:

a) En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (art. 39.2.e) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares (art. 39.2.e) y 49.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 31 1.2 Modificación del contrato (compromiso del gasto):

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo (art. 205 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que existe informe de la Secretaría General (art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000,00 €, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CCAA (art. 191.3b) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 32 1.3 Revisión de precios (compromiso del gasto):

a) Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 33 1.4 Abonos a cuenta:

a) Que existe la conformidad del órgano correspondiente valorando el trabajo ejecutado.

b) En caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el artículo 198.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

c) Cuando en el abono a cuenta se incluya revisión de precios, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica.

e) Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta vaya a ser igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato, incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, que se acompaña, cuando resulte preceptiva, comunicación efectuada a la Intervención General de la Administración del Estado para la designación de un representante que asista a la recepción, en el ejercicio de las funciones de comprobación material de la inversión, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 198.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ficha 34 1.5 Entregas parciales y liquidación:

a) Que se acompaña acta de conformidad de la recepción con los trabajos.(art. 210 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica (art. 1 R.D. 1619/2012).

c) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) En el caso de que se haga uso de la posibilidad prevista en el artículo 309.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dicha opción está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ficha 35 1.6 Prórroga del contrato:

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 29.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico (art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (que al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado nuevo contrato), que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto.

Ficha 36 1.7 Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 37 1.8 Indemnizaciones a favor del contratista:

a) Que existe informe del Servicio Jurídico (art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017)

b) Que existe informe técnico (art. 81.1 Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017)

c) Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el Dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el art. 191 LCSP, que este dictamen consta en el expediente (art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 38 1.9 Resolución del contrato de servicios:

a) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico.(art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el Dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el art. 191 LCSP, que este dictamen consta en el expediente (art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 39 1.10 Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

a) Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

2. Expedientes relativos a la contratación de tecnologías de la información:

Se comprobarán los mismos extremos que para los contratos de servicios en general y, además, en la fase de aprobación del gasto, la existencia del informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas emitido por la Secretaría General de Administración Digital.

Artículo 17.—Expedientes de Contratos tramitados a través de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición. Contratación centralizada.

1. Acuerdos marco.

Se comprobarán como extremos adicionales, los que a continuación se enumeran:

Ficha 40 1.1 Adjudicación del acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación, se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto para los distintos tipos de contratos, así como que:

a) En su caso, existe el informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación al que se refiere el artículo 229.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Cuando se prevea hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 221.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, que el pliego regulador del acuerdo marco determine la posibilidad de realizar o no una nueva licitación y los supuestos en los que se acudirá o no a una nueva licitación. Además, en el caso de preverse la adjudicación sin nueva licitación, que el pliego prevé las condiciones objetivas para determinar al adjudicatario del contrato basado; y cuando el sistema de adjudicación fuera con nueva licitación, que se ha previsto en el pliego los términos que serán objeto de la nueva licitación, de acuerdo con el artículo 221.5 de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el acuerdo marco y los contratos basados, verificar que el porcentaje previsto no es contrario a lo indicado en el artículo 222 de la Ley de Contratos del Sector Público.

B) Adjudicación del acuerdo marco:

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado correspondiente para los distintos tipos de contratos, a excepción, en su caso, del relativo a la acreditación de la constitución de la garantía definitiva.

C) Formalización: En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión.

Ficha 41 1.2 Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

A) Con carácter previo a la apertura de la licitación:

a) En su caso, que la duración del contrato basado en el acuerdo marco se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

b) Que en los documentos de licitación, los términos para la adjudicación de los contratos basados son conformes con los pliegos del acuerdo marco.

B) Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco:

a) En su caso, acreditación de la constitución de la garantía definitiva (arts. 107 y sgtes LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y proceda una nueva licitación para adjudicar el contrato basado, conforme a lo establecido en el artículo 221.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se invita a la licitación a todas las empresas o, en su caso, a un mínimo de tres o al mínimo que fije el acuerdo marco.

c) En el caso de que el acuerdo marco se haya concluido con más de una empresa y todos los términos estén establecidos en el acuerdo, cuando no se celebre una nueva licitación, que dicha posibilidad estaba prevista en el pliego, en su caso, y concurre el supuesto previsto (art. 2221.4 LCSP y 13.2 R.D. 424/2017).

d) En el caso de que se celebre la licitación a través de una subasta electrónica, que su utilización se hubiera previsto en los pliegos reguladores del acuerdo marco (art. 143 LCSP y 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 42 1.3 Modificación del acuerdo marco y de los contratos basados en el acuerdo marco.

Se comprobarán los extremos contemplados en el apartado denominado modificación del contrato para los distintos tipos de contratos, en lo que resulte de aplicación, así como que:

a) Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no superen en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y que queda constancia en el expediente de que dichos precios no son superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrecen en el mercado para los mismos productos.

b) En su caso, cuando la modificación del acuerdo marco o del contrato basado se fundamente en lo dispuesto en el artículo 222.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que su precio no se incremente en más del 10 por 100 del inicial de adjudicación o en el límite que establezca, en su caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ficha 43 1.4 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

2. Sistemas dinámicos de adquisición.

Ficha 44 2.1 Implementación del sistema:

a) Previamente a la publicación del anuncio de licitación:

• Con carácter general:

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

c) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate (art. 185 TRLRHL y 117.1 LCSP).

• Extremos adicionales:

Los contemplados en el apartado denominado de aprobación del gasto, según el tipo de contrato.

Ficha 45 2.2 Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico.

• Con carácter general:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer (arts. 172 y 176 TRLRHL y 113 LCSP).

Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas cumpliendo los requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación reguladas en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

b) En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

c) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.

d) La competencia del órgano de contratación y en general del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate (art. 185 TRLRHL y 117.1 LCSP).

• Extremos adicionales:

a) Que se ha invitado a todas las empresas admitidas en el sistema o, en su caso, a todas las empresas admitidas en la categoría correspondiente.

b) Los relativos a la adjudicación para cada tipo de contrato.

Ficha 46 2.3 Resto de expedientes: Deberán comprobarse los extremos previstos para el contrato correspondiente.

Artículo 18.—Expedientes de contratos de concesión de obras.

Se comprueban como extremos adicionales a los requisitos básicos:

1. Expediente inicial:

Ficha 47 A) Aprobación del gasto:

a) Que existe estudio de viabilidad o, en su caso, estudio de viabilidad económico financiera (art. 247 LCSP, R.D. 424/2017).

b) Que existe anteproyecto de construcción y explotación de las obras, si procede, con inclusión del correspondiente presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras (art. 248 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

d) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (DA 3.ª 8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que existe acta de replanteo previo (art. 249 LCSP).

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato, que se toma en consideración más de un criterio de adjudicación y que cuando figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad- precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos (art. 145 y 146 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Asimismo, cuando se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, que figura como criterio evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente.

En el caso de que la licitación obedezca a una previa resolución del contrato de concesión por causas no imputables a la Administración, que se establece en el pliego o documento descriptivo como único criterio de adjudicación el precio y que en el expediente se incluye justificación de las reglas seguidas para la fijación del tipo de licitación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 281 y 282 de la Ley de Contratos del Sector Público.

h) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas (art. 149.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 202.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento (arts. 167 y 168 LCSP).

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, verificar que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (art. 131.2, arts. 167 y 172.3 LCSP).

m) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art 13.2 R.D. 424/2017).

n) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

o) Que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 29.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

p) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 de la LOEPSF, de 27 de abril (DA 3.ª 3 LCSP).

B) Compromiso del gasto:

Ficha 48 B.1) Adjudicación:

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (art. 157.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos previstos en las letras a), b) y c) del citado precepto (art. 102.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Que se acredita la constitución de la garantía definitiva, salvo en los casos previstos en el art. 107.1 LCSP. (art. 107, 108 y 109 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea (art. 71.1.d) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 49 B.2) Formalización:

a) Que se acompaña certificado del órgano de contratación, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (art. 39.2.e) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de la medida cautelar (art. 39.2.e) y 49.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 50 1.2. Modificados (compromiso del gasto).

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo (art. 205 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que, en su caso, se acompaña informe técnico justificativo de que concurren las circunstancias previstas en la letra b) o en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 270 de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 270.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Al tratarse de modificaciones no previstas en el PCAP y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000,00 €, que existe dictamen del Consejo de Estado o órgano equivalente de la CCAA (ACM2008 11.1.2, art. 191.3b) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 y 242.5 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Que, en su caso, existe acta de replanteo previo (art.231, 236 y 249.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, dictamen del Consejo de Estado (art. 191.2 y DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 51 1.3. Revisiones de precios (aprobación del gasto):

a) Que, en los contratos en los que pueda preverse la revisión de precios, se cumplen los requisitos recogidos en el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el pliego de cláusulas administrativas particulares establece la fórmula de revisión aplicable. En el caso de que para el contrato que se trate se haya aprobado una fórmula tipo, se verificará que no se incluye otra fórmula de revisión diferente en los pliegos (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que la posibilidad de revisión no está expresamente excluida en el PCAP ni en el contrato (art. 103 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

1.4. Financiación parcial de la construcción de la obra por parte de la Administración:

Ficha 52 1.4.1. Abonos por aportaciones durante la construcción.

a) Que existe certificación, autorizada por el facultativo Director de la obra y con la conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor. Recepción formal (art. 252 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo (art. 250.5, 266.3 y 268 LCSP, art. 13.2 LCSP).

c) En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 240.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida (art. 240.2 LCP, art. 13.2 LCSP).

d) Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) En el caso de la certificación final:

• Que está autorizada por el facultativo Director de la obra (art. 252 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

• Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 y 242.5 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

• Que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256.

• Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ficha 53 1.4.2. Abonos por aportaciones al término de la construcción.

a) Que se acompaña acta de comprobación a la que se refiere el artículo 256.

b) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo (art. 250.5, 266.3 y 268 LCSP, art. 13.2 LCSP).

Ficha 54 1.4.3. Abonos en caso de que la financiación de la construcción de la obra se realice a través de subvenciones o préstamos reintegrables, de acuerdo con el artículo 265 de la Ley Contratos del Sector Público.

a) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo (art. 250.5, 266.3 y 268 LCSP, art. 13.2 LCSP).

Ficha 55 1.5. Abono al concesionario de la retribución por la utilización de la obra.

a) Cuando se incluya revisión de precios, para su abono, comprobar que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 103.5 de la Ley de Contratos del Sector Público y que se aplica la fórmula de revisión prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Que se aporta factura por la empresa concesionaria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento que regula por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica.

c) En el caso de que la retribución se efectúe mediante pagos por disponibilidad, que se aplican los índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad previstos en el pliego, cuando proceda.

Ficha 56 1.6. Aportaciones públicas a la explotación, previstas en el artículo 268 de la Ley de Contratos del Sector Público.

a) Que la aportación pública está prevista en el pliego o documento descriptivo (art. 250.5, 266.3 y 268 LCSP, art. 13.2 LCSP).

Ficha 57 1.7. Pago de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro.

a) Que existe informe del Servicio Jurídico.

Ficha 58 1.8. Indemnización a favor del contratista.

a) Que existe informe del Servicio Jurídico art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe informe técnico (art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el Dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el art. 191 LCSP, que este dictamen consta en el expediente (ACM2008 13.7, art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 59 1.9. Resolución del contrato/reconocimiento de la obligación.

a) Que existe informe del Servicio Jurídico art. 96.6.e) Ley 39/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017.

b) Al tratarse de un trámite del procedimiento que requiere el Dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CA, de acuerdo con el art. 191 LCSP, que este dictamen consta en el expediente (ACM2008 13.7, art. 191.3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 60 1.10. Pago de primas o compensaciones a los participantes en el diálogo competitivo o a los candidatos o licitadores en el caso de renuncia a la celebración del contrato o desistimiento del procedimiento:

a) Que, en su caso, esta circunstancia está prevista en el pliego, anuncio o documento descriptivo.

Ficha 61 1.11. Pago al autor del estudio de viabilidad que no hubiese resultado adjudicatario de la correspondiente concesión:

a) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares no prevé que el pago de la compensación sea realizado por el adjudicatario de la concesión (art. 247.5 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados (art. 247.5 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 19.—Expedientes de concesión de servicios.

Ficha 62 A) Autorización del gasto (fase A).

a. Informe razonado del servicio que promueve la contratación motivando la naturaleza y las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas (art. 1, 28.1 y 116.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017), así como que ha de hacerse constar en el informe que ninguna tercera empresa ha participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato o ha asesorado al órgano de contratación durante el procedimiento de contratación (art. 70 LCSP).

b. Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 de la LOEPSF, de 27 de abril (DA 3.ª 3. LCSP).

c. Orden de iniciación del expediente acordada por el órgano de contratación (art. 117 LCSP).

d. Que conste pliego de clausulas administrativas particulares (art. 122 LCSP).

e. Que conste pliego de prescripciones técnicas.

f. Consta informe del Secretario de la Corporación relativo a la aprobación del expediente de contratación (DA 3.ª8 LCSP).

g. Tratándose de un contrato de concesión de servicios de valor estimado igual o superior a 5.548.000 euros (umbral de aplicación a partir de 1 de enero de 2018), se encuentra sujeto a regulación armonizada (no tratándose de ninguno de los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el art. 19.2 LCSP), ajustándose el pliego a las normas correspondientes.

h. Se verifica la procedencia del procedimiento negociado sin publicidad al tratarse de alguno de los supuestos recogidos en el art. 168 LCSP.

i. Acudiéndose al diálogo competitivo, se verifica que se trata de uno de los casos enumerados en el art. 167 LCSP (art. 131 y 172 LCSP).

j. Tratándose de un contrato de concesión de servicios especiales del anexo IV, se verifica que se acude al procedimiento restringido (art. 131.2 LCSP).

Ficha 63 B) Adjudicación del contrato (fase D).

a. Fiscalización previa de la autorización del gasto ex art. 16.3 LCSP y art. 7 R.D. 424/2017).

b. Resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, resolución que comporta la aprobación del gasto (art. 117.1 LCSP).

c. Acta de la mesa de contratación proponiendo el tercero adjudicatario (arts. 22.1 g) y 22.3 R.D. 871/2009), incorporándose, en su caso, al expediente los informes técnicos solicitados por ésta (art. 150 y 157.5 LCSP y art. 22.1 e) R.D. 817/2009), sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado (art. 146.2c) -y cuya evaluación de criterios resulta vinculante.

d. Cuando se haya declarado la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, se comprobará la solicitud de información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas así como el informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP).

e. Consta declaración responsable firmada por el licitador propuesto como adjudicatario (art. 140.1 LCSP).

f. Consta presentación por el tercero propuesto como adjudicatario de la documentación de no estar incurso en prohibición de contratar y, en particular, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social en el plazo señalado en el art. 150.2 LCSP.

g. Constitución por el tercero propuesto como adjudicatario de la garantía definitiva (art. 107.1 LCSP), incluyendo en su caso, la garantía complementaria que el órgano de contratación haya exigido en el pliego en el plazo señalado en el art. 150.2 LCSP.

Ficha 64 C) Reconocimiento de la obligación (fase O).

a. Se han fiscalizado las fases A y D.

b. Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013, de 27 de diciembre (art. 1 R.D. 1619/2012), conformadas por el Responsable del Servicio y de la Concejalía correspondiente (Base 27 Bases de ejecución del Presupuesto, art. 7. Reglamento regulador del registro contable de facturas del Ayuntamiento de Cudillero).

Artículo 20.—Expedientes relativos a otros contratos de servicios.

En los expedientes relativos a contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros o bien la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos, de carácter privado conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, se comprobarán los siguientes extremos adicionales:

1. En las fases correspondientes a la aprobación y compromiso del gasto del expediente inicial de estos contratos se comprobarán los mismos extremos previstos para los contratos de servicios en general.

2. En el resto de expedientes se comprobarán los extremos establecidos en el apartado relativo a los expedientes de contratos de servicios, en la medida que dichos extremos sean exigibles de acuerdo con su normativa reguladora.

Artículo 21.—Expedientes relativos a ejecución de trabajos por la propia administración: Contratos de colaboración con empresarios particulares y encargos a medios propios personificados.

1. Contratos de colaboración con empresarios particulares.

1.1 Expediente inicial:

Ficha 65 A) Aprobación del gasto:

a) Que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público y que el importe del trabajo a cargo del empresario colaborador, tratándose de supuestos de ejecución de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, no supere el 60 por ciento del importe total del proyecto (art. 30 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, documento descriptivo, informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 y DA 3.ª8 LCSP).

c) Cuando se utilice modelo de pliego de cláusulas administrativas, verificar que el contrato a celebrar es de naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico (art. 122.7 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede. En su caso, cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Que existe pliego de prescripciones técnicas del contrato o, en su caso, documento descriptivo.

f) Que existe acta de replanteo previo, en su caso (art. 231 y 236 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

g) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece, para la determinación de la mejor oferta, criterios vinculados al objeto del contrato; que cuando se utilice un único criterio, éste esté relacionado con los costes, de acuerdo con el artículo 146.1 de la Ley de Contratos del Sector Público; si el único criterio a considerar es el precio, se verificará que éste sea el del precio más bajo; y en los casos en que figuren una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, que se establezcan con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

En los casos en que el procedimiento de adjudicación propuesto sea el de diálogo competitivo asimismo se verificará que en la selección de la mejor oferta se toma en consideración más de un criterio de adjudicación en base a la mejor relación calidad- precio.

h) Cuando se prevea la utilización de varios criterios de adjudicación o de un único criterio distinto del precio, que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas (art. 145 y 146 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

i) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo prevé, cuando proceda, que la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ha de presentarse en sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición (art. 157.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

j) Que el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo establece al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el artículo 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación (art. 202.2 LCSP).

k) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado, comprobar que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. En caso de que este procedimiento se tramite según lo previsto en el artículo 159.6 de dicha Ley, se verificará que no se supera el valor estimado fijado en dicho apartado y que entre los criterios de adjudicación no hay ninguno evaluable mediante juicios de valor (art. 159.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

l) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación un procedimiento con negociación, comprobar que concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 167 o 168 de la Ley de Contratos del Sector Público para utilizar dicho procedimiento (arts. 131.2, 166.3, 167 y 168 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

m) Cuando se proponga como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo, verificar que se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, en el caso de que se reconozcan primas o compensaciones a los participantes, que en el documento descriptivo se fija la cuantía de las mismas y que consta la correspondiente retención de crédito (art. 167 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

n) En su caso, que la duración del contrato prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 29 LCSP).

o) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la posibilidad de modificar el contrato en los términos del artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, verificar que el porcentaje previsto no es superior al 20 por 100 del precio inicial; y que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

p) Cuando se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio y, en su caso, a requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes (art. 143,3 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

q) Que, en su caso, consta la retención del crédito exigida por el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

r) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 de la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (DA 3.ª3 LCSP), art. 13.2 R.D. 424/17.

s) Informe del Secretario de la corporación relativo a la aprobación del expediente de contratación (DA 3.ª8 LCSP).

B) Compromiso del gasto:

Ficha 66 B.1) Adjudicación.

a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación al respecto (art. 157.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe del servicio técnico correspondiente (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 169.1, 169.6 y 170.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con el artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de adjudicación los extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) Que, en su caso, se acredita la constitución de la garantía definitiva (art. 107, 108 y 109 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo (art. 149.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

g) Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (art. 71.1. d) art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 67 B.2) Formalización.

a) En su caso, que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento (art. 71.1.d) LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, deberá comprobarse igualmente que ha recaído resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión o de las medidas cautelares (art. 39.2.e) y 49.1 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 68 1.2. Modificaciones del contrato.

a) En el caso de modificaciones previstas según el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público, que la posibilidad de modificar el contrato se encuentra prevista en los pliegos, que no supera el límite previsto en los mismos, y que no se incluyen nuevos precios unitarios no previstos en el contrato (art. 204 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de modificaciones no previstas, o que no se ajusten a lo establecido en el artículo 204, que se acompaña informe técnico justificativo de los extremos previstos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y que no se superan los porcentajes máximos previstos en dicho artículo (art. 205 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, (art. D.A 3.ª8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) En su caso, que existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Cuando no exista informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, y no resulte procedente por razón de la cuantía, que al expediente se incorpora pronunciamiento expreso de que las obras del proyecto no afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra (art. 235 Y 242.5 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e) En su caso, que existe acta de replanteo previo (art. 231 Y 236 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 69 1.3 Abonos durante la ejecución de los trabajos.

a) Que existe certificación o documento acreditativo de la realización de los trabajos y su correspondiente valoración, o que se aportan los justificantes de los gastos realizados.. Certificación autorizada por el Director dde la obra con la conformidad de los servicios correspondientes al órgano gestor (art. 62 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En el caso de que se realicen pagos anticipados, que tal posibilidad estuviera prevista en los pliegos y que el contratista ha aportado la correspondiente garantía (art. 240.2 LCSP art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) En su caso, que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica (art. 198.4 y 210 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017), conformadas por el responsable de servicio y la Concejalía correspondiente.

d) En caso de efectuarse pagos directos a subcontratistas, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares, conforme a la disposición adicional 51.ª de la Ley de Contratos del Sector Público (art. D.A 51 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 70 1.4. Prórroga del contrato.

a) Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 29.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que no se superan los límites de duración previstos por el pliego de cláusulas administrativas particulares o el documento descriptivo (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que se acompaña informe del Servicio Jurídico (D.A 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) En el supuesto de que resulte de aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que consta justificación en el expediente y que se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado en dicho precepto (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 71 1.5. Liquidación.

a) Que se acompaña certificación o acta de conformidad de la recepción de las obras, o de los bienes de que se trate (art. 210 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que se aportan los justificantes de los gastos realizados, o las correspondientes relaciones valoradas (art. LCSP, art. 234.3 y 235 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que, en su caso, existe proyecto informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, si procede y aprobado por el órgano de contratación (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Que se aporta factura por la empresa adjudicataria de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación y, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica (art. 29.4 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 22.—Expedientes relativos a arrendamiento de bienes inmuebles por el Ayuntamiento de Cudillero, ya sea tramitado como expediente independiente o en expediente de enajenación del inmueble en el que simultáneamente se vaya a acordar su arrendamiento.

1. Expediente inicial.

Ficha 72 A) Propuesta de arrendamiento.

a) Que existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado (art. LCSP, art. 124.2 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) En los procedimientos de arrendamiento por concurso, que existe pliego de condiciones del concurso (art. LCSP, art. 234.3 y 235 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la contratación (art. 1116.3 LCSP, art. D.A. 3.ª 8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d) Informe de valoración de las repercusiones del contrato en el cumplimiento por la Entidad Local de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige el art. 7.3 LOEPSF, de 27 de abril (D.A 3.ª LCSP).

Ficha 73 B) Acuerdo de concertación del arrendamiento.

a) Que existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta (art. LCSP, DA 3a.8 LCSP LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Cuando se proponga el concierto directo de arrendamiento de un bien inmueble, que concurren las circunstancias previstas para ello en la normativa (art. 124.1 Ley 33/2003 PAP (sup), art. 13.2 R.D. 424/2017).

c) En caso de arrendamiento por concurso, cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano competente para la adjudicación (art. 157.6 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 74 C) Prórroga y novación:

a) Que, en su caso, existe informe técnico, que recogerá el correspondiente estudio de mercado (art. LCSP, art. 124.2 Ley 33/2003 PAP (sup), art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que, en su caso, existe informe del Servicio Jurídico sobre los aspectos jurídicos de la propuesta (D.A 3.ª8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 75 D) Reconocimiento de la obligación:

a) Que existe la conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada (art. LCSP, art. 210 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b) Que se aporta factura por el arrendador de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, conformada por el responsable de servicio y la Concejalía correspondiente.

Artículo 23.—Expedientes de contratos de seguros.

Ficha 76 a) Aprobación del gasto.

a) Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 77 a) Compromiso del gasto.

a) No se requieren extremos adicionales.

Ficha 78 a) Reconocimiento de la obligación.

a) Factura expedida por el adjudicatario en los términos del R.D. 1619/2012 y Ley 25/2013, de 27 de diciembre, conformadas por el Responsable del Servicio y de la Concejalía correspondiente (art. 1 R.D. 1619/2012).

Artículo 24.—Expedientes en concepto de indemnización por daños y perjuicios de responsabilidad patrimonial.

Ficha 79 a) Reconocimiento de la obligación.

a) Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 25.—Expedientes de gastos derivados de expropiaciones forzosas.

En este tipo de expedientes se comprobarán junto a los requisitos básicos los extremos adicionales que se relacionan para cada de una fases del expediente:

Ficha 80.1. Incoación del expediente de expropiación. Declaración de ocupación y necesidad (autorización del gasto).

a) Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 81 2. Depósitos previos (compromiso del gasto).

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF y 56 RLEF).

b) Que existe acta previa a la ocupación (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF).

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF y 56 RLEF).

Ficha 82 3. Indemnización por rápida ocupación (reconocimiento de la obligación).

a) Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF y 56 RLEF).

b) Que existe acta previa a la ocupación (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF).

c) Que existe hoja de depósito previo a la ocupación (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 52 LEF y 56 RLEF).

Ficha 83 4. Determinación del justoprecio por los procedimientos ordinario y mutuo acuerdo (aprobación y compromiso del gasto).

a) Que existe la propuesta a la que se refiere el art. 25.a) del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 25 RLEF).

b) Que existe informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación (art. 13.2 R.D. 424/2017 art. 25 RLEF).

Ficha 84 5. Gasto en los que el justiprecio haya sido fijado por el Jurado Provincial de Expropiación u órgano de análoga naturaleza (aprobación y compromiso del gasto).

a) No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 85 6. Pago de intereses de demora por retrasos en la determinación del justiprecio y en el pago del mismo. (aprobación y compromiso del gasto).

a) No se efectuará la comprobación de ningún extremo adicional (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 26.—Expedientes de subvenciones y ayudas públicas a las que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1. Expedientes de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva.

Ficha 86 A) Aprobación del gasto.

a. Que existen las bases reguladoras de la subvención y que han sido, en su caso, publicadas en el BOP (art. 17 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Que en la convocatoria figuran los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, el establecimiento de una cuantía adicional máxima, en aplicación del art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.(art. 23.2.b) LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que en la convocatoria figuran los criterios de valoración de las solicitudes y que éstos son conformes con los establecidos en las correspondientes bases reguladoras (art. 23.2.i LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. Cuando se trate de expedientes de aprobación de gasto por la cuantía adicional del art. 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, una vez obtenida la financiación adicional, se verifica que no se supera el importe establecido en la convocatoria (art. 58 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e. Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

f. La subvención propuesta se ajusta al Plan Estratégico de subvenciones previamente aprobado (art. 8.1 LGS).

Ficha 87 A) Compromiso del gasto.

a. Que existe el informe del órgano colegiado correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes (art. 24.4 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas (art. 24.4 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que la propuesta de resolución del procedimiento expresa el solicitante o la relación de solicitantes a los que se va a conceder la subvención y su cuantía (art. 24.4 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017.

Ficha 88 A) Reconocimiento de la obligación.

a. Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías (art. 17.1.j) y k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención (art. 17.1.k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017). En este caso que los beneficiarios se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (art. 13 y 23 LGS, art.s 18 a 23 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. Que se acompaña certificación a que se refiere el art. 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención (art. 88.3 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

2. Expedientes de Subvenciones a conceder en régimen de concesión directa.

Ficha 89 A) Aprobación y compromiso del gasto.

a. Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento (art. 22.2 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 13 Y 23.4 LGS, art. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. La subvención propuesta se ajusta al Plan Estratégico de subvenciones previamente aprobado (art. 8.1 LGS).

e. Está prevista en el Presupuesto General de la Entidad Local o se trata de alguno de los restantes supuestos de concesión directa previstos en el art. 22.2 LGS (Art. 55 RLGS).

Ficha 90 A) Reconocimiento de la obligación.

a. Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías (art. 17.1.j) y k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención (art. 17.1.k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (art. 13 y 23 LGS, art.s 18 a 23 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. Que se acompaña certificación a que se refiere el art. 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención (art. 88.3 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

e. Resolución acordando la concesión de la subvención dictada por órgano competente.

f. Formalización del oportuno convenio.

3. Expedientes de subvenciones nominativas.

Ficha 91 A) Aprobación y compromiso del gasto.

a. Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguna de las normas que, según la normativa vigente, habilitan para utilizar este procedimiento (art. 22.2 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 13 y 23.4 LGS, art. 18, 19, 22, 23 y 24 a 29 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 92 A) Reconocimiento de la obligación.

a. Para aquellas subvenciones en las que su normativa reguladora prevea que los beneficiarios han de aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías (art. 17.1.j) y k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en la normativa reguladora de la subvención (art. 17.1.k) 34.4 LGS, art.s 42, 43 y 88.2 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que el beneficiario se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro (art. 13 y 23 LGS, arts. 18 a 23 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. Que se acompaña certificación a que se refiere el art. 88.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, expedida por el órgano encargado del seguimiento de la subvención (art. 88.3 RLGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 27.—Expedientes de convenios celebrados con Entidades Colaboradoras en el Marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ficha 93 1. Aprobación del convenio (fase AD).

a. Que el objeto del convenio a celebrar con la Entidad Colaboradora no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público (art. 13 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Acreditación en la forma establecida en la normativa reguladora de la subvención, de que la entidad colaboradora se halla al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no está incurso en las prohibiciones para obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 13 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que existe informe de la Secretaría general o del servicio jurídico (art. 50.2.a) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

d. Que no tiene una duración superior a la legalmente prevista y, en el caso de que se haya previsto la posibilidad de prórroga del convenio, que ésta no supera el plazo legalmente establecido (art. 16.2 LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 94 2. Prórroga y modificaciones de los convenios (fase AD).

a. Que está prevista en el convenio (art. 49.2 g) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Que se acompaña informe de la Secretaría General o del servicio jurídico (art. 50.2.a) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el convenio (art. 13.3.c) LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 95 2. Reconocimiento de la obligación.

a. Para aquellas subvenciones en que su normativa reguladora prevea que las entidades colaboradoras deben aportar garantías, que se acredita la existencia de dichas garantías (art. 16.2.d) LGS, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 28.—Expedientes de convenios celebrados de colaboración con otras entidades públicas o con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado.

En las distintas fases se comprobarán como extremos adicionales los que a continuación se relacionan:

Ficha 96 1. Aprobación del convenio (fase AD).

a. Que existe informe de la Secretaría General o del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio (art. 50.2.a) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 97 2. Modificaciones (fase AD).

a. Que existe informe de la Secretaría General o del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio (art. 50.2.a) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 98 3. Prórroga del convenio (fase AD).

a. Que existe informe de la Secretaría General o del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio (art. 50.2.a) Ley 40/2015, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Ficha 99 4. Reconocimiento de la obligación (fase O).

a. En su caso, certificación expedida por el órgano previsto por el convenio de colaboración, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos (art. 13.2 y 19.c) R.D. 424/2017).

Artículo 29.—Expedientes para la concesión de ayudas de acción social.

Ficha 100 1. Reconocimiento de la obligación (fase O).

a. Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 30.—Expedientes de nóminas de retribuciones del personal.

Ficha 101 1. Reconocimiento de la Obligación (fase ADO/O).

a. Que las nóminas mensuales deben estar firmadas por la Alcaldía.

b. Informe sobre incidencias en asistencias al puesto de trabajo más allá de los derechos legalmente adquiridos.

c. Un informe mensual formado por la Técnica auxiliar de nóminas que acompañe a la nómina, previo a la contabilización de la misma, que recoja los siguientes puntos:

d. Un resumen que refleje las variaciones sobre la nómina anterior y que justifique las mismas, como:

a) Nuevos contratos de trabajo.

b) Finalización de contratos.

c) Altas y/o bajas por enfermedad, accidente, etc.

d) En relación a las gratificaciones por servicios extraordinarios:

d.1) Las comunicaciones de los servicios correspondientes firmadas por el responsable con el detalle del número de horas realizadas y la concreción de las fechas y los trabajos realizados.

d.2) La Autorización previa a la realización de los servicios extraordinarios firmada por el responsable o por la Concejalía correspondiente, no se considera un requisito básico de acuerdo con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 2008, no obstante la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, en su informe de fiscalización de cuentas del Ayuntamiento de Chelva, año 2002, así como la Cámara de Cuentas de Madrid, en su informe de fiscalización de cuentas del Ayuntamiento de Alcorcón y OOAA dependientes, años 2000-2001, advierten de su necesidad, por lo que está Intervención realiza la recomendación sin que sea causa de reparo suspensivo, pudiendo ser objeto de fiscalización plena posterior al finalizar el ejercicio.

e) Decretos de reconocimiento de la antigüedad del personal (trienios) que afectan a la nómina correspondiente, en su caso, y relación de nuevos trienios que se cumplan el mes de la mencionada nómina.

f) En relación a los pagos de complementos de productividad, se debe motivar la causa por la que se percibe.

g) Detalle de todos aquellos conceptos de percepción puntual como subvenciones sanitarias, certificado del Secretario del tribunal de dietas por asistencia a tribunales,…

h) Detalle de las dietas satisfechas a los miembros de los órganos de gobierno por la asistencia a las sesiones de los órganos a que pertenecen, junto a certificado de Secretario y número de sesiones realizadas (art. 75.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

i) Cualquier otro extremo a que pueda afectar la nómina mensual respecto de la del mes anterior

El mencionado resumen debe recoger la distribución de la nómina por aplicación presupuestaria, indicando el importe del gasto meritado, así como la comprobación aritmética de que se corresponde con la del mes anterior más la suma algebraica de las variaciones anteriormente indicadas incluidas en la nómina que se trate, desglosando dichas variaciones por aplicación presupuestaria y por trabajador.

e. Que conforme a lo establecido en el art. 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la nómina deberá acompañarse de un informe de la Técnico de RRHH, Jefe de Servicio, sobre la legalidad de las incidencias mensuales (dietas, kms, etc), haciendo referencia en todo caso.

Artículo 31.—Expedientes de ejecución de sentencias.

Ficha 102 1. Reconocimiento de la obligación (fase ADO/O).

a. Documento de la sentencia (art. 219.2 c TRLRHL).

b. Se acredita el carácter firme de la sentencia (art. 219.2 c TRLRHL).

c. Resolución del órgano encargado del cumplimiento de la sentencia acordando expresamente su pago (art. 219.2 c TRLRHL).

d. En el supuesto de ejecución provisional (art. 524 y siguientes LEC, y art. 289 y siguientes Ley 36/2011, de 10 de ocutbre, reguladora de la jurisdicción social) de sentencias no firmes que condenen al pago de cantidades se comprobará la existencia de resolución judicial en la que se adopte dicha medida así como la existencia de la resolución del órgano administrativo encargado del cumplimiento de la sentencia acordando expresamente el pago de la cantidad que proceda (art. 219.2 c TRLRHL).

e. Que existe informe de la Secretaría General o informe jurídico sobre la aprobación del expediente (art. 13.2 R.D. 424/2017).

Artículo 32.—Expedientes de pagos a justificar.

Ficha 103 1. Expedición del pago a justificar.

a. Se expide la orden con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a anticipos de caja fija (art. 219.2.c9 TRLRHL, art. 24 RD424/2017).

b. La propuesta se ajusta a las normas reguladoras de la expedición de estos pagos contenidos en las bases de ejecución del presupuesto.

c. La orden de pago se expide a favor de funcionario o personal laboral del ayuntamiento.

d. El perceptor propuesto no tiene en relación con el mismo concepto presupuestario ningún pago anterior pendiente de justificar (arts. 190.2 tercer párrafo TRLRHL y 71 R.D. 500/1990).

e. La expedición de la orden de pago a justificar se acomoda al Plan de disposición de fondos de la tesorería municipal aprobado por el Presidente de la entidad local o, en su defecto, al orden de prelación de pagos del art. 187 TRLRHL.

Ficha 104 2. Justificación del pago a justificar.

a. Se fiscalizó la expedición de la orden de pago a justificar.

b. No se excede el plazo máximo de tres meses (o inferior fijado en las bases) para justificar la aplicación de las cantidades percibidas (art. 190.2 TRLRHL y 70.1 R.D. 500/1990).

c. Para la aprobación de la cuenta justificativa resulta competente el órgano que la aprueba con arreglo a lo establecido en la legislación de régimen local aplicable y al régimen de delegación de competencias vigente.

d. Se acompaña cuenta justificativa:

1. Firmada por el interesado.

2. Incluye un resumen cuadrado de la cuenta.

3. Incluye justificante acreditativo del reintegro del sobrante.

4. Se rinde dentro del plazo establecido.

e. Comprende, debidamente relacionadas, facturas y documentos originales por importe igual al consignado en el resumen de la cuenta.

f. Consta factura o justificante en los términos del art. 72 RLCAP de todos los gastos realizados.

g. Queda acreditada la realización material del pago al acreedor de la factura o justificante.

h. La totalidad de los gastos justificados -concretos y determinados- responden al propósito en relación con el cual se expidió la orden de pago y en su ejecución se ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

i. Consta justificante del reintegro a las arcas municipales de las cantidades no invertidas (art. 70.2 R.D. 500/1990).

Artículo 33.—Expedientes de anticipos de caja fija.

Ficha 105 1. Constitución del anticipo.

a. Con arreglo a lo establecido en la legislación de régimen local y al régimen de delegación de competencias corresponde al Alcalde autorizar la constitución de anticipos de caja fija.

b. Los gastos en relación con los que se formulan en la propuesta de constitución del anticipo son de naturaleza periódica o repetitiva.

c. La persona propuesta como habilitado tiene la condición de funcionario o personal laboral del ayuntamiento.

d. La constitución del presente anticipo de caja fija no excede del propuesto en la Bases de ejecución del Presupuesto.

e. La constitución del presente anticipo de caja fija se acomoda al Plan de disposición de fondos de la tesorería municipal aprobado por el Presidente de la entidad local o, en su defecto, al orden de prelación de pagos del art. 187 TRLRHL.

f. Ante el silencio de las bases de ejecución del presupuesto al respecto debe acudirse con carácter supletorio a lo dispuesto en el R.D. 725/1989 (art. 4) que contempla la apertura de cuentas corriente bancarias a favor de las Cajas pagadoras sin que conste la autorización de la existencia de cantidades de efectivo para atender gastos de menor cuantía:

f.1. No consta actuación alguna al respecto.

f.2. Consta autorización para la existencia de metálico con el que atender estos gastos.

g. Los habilitados rinden cuentas por los gastos atendidos con el anticipo de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, siempre de acuerdo a las normas dictadas por el Pleno (art. 74 R.D. 500/1990).

h. Las órdenes de pago se expiden con aplicación a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el importe de las mismas, previa presentacion y aprobación por el Concejal correspondiente de dichas cuentas.

i. La cuenta justificativa se presenta al menos una vez cada trimestre. Durante laprimera quincena posterior a cada trimestre natural, como plazo máximo, se procederá a la rendición de cuentas por parte del habilitado correspondiente a los pagos realizados en el trimestre inmediatamente anterior, si no se hubiera presentado en dicho trimestre.

j. En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, al menos, en el mes de diciembre de cada año, rindiendo cuentas y reintegrando en las arcas municipales el importe no dispuesto.

Ficha 106 2. Reposición de fondos.

a. Consta de cuenta justificativa debidamente firmada.

b. Constan facturas originales justificativas de los pagos o comprobante sustitutivo de las mismas en los términos del art. 72 RLCAP.

c. Conformidad en la recepción de la obra, servicio o suministro, constando el recibí del acreedor o documento que acredite el pago del importe correspondiente.

d. Los gastos -concretos y determinados- efectuados corresponden/no corresponden a atenciones de carácter periódico o repetitivo tal y como exigen los arts. 190.3 TRLRHL y 73.1 R.D. 500/1990 y en su ejecución se ha seguido el procedimiento legalmente establecido (art. 27.1 a) R.D. 424/2017).

e. La totalidad de los gastos efectuados lo han sido en el presente ejercicio presupuestario.

f. Existencia de crédito suficiente en las diversas aplicaciones presupuestarias correspondientes a los gastos efectuados.

g. Las salidas de fondos se han efectuado mediante talón u orden de transferencia bancaria, y sólo se han destinado al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de Caja Fija.

h. La competencia para la aprobación de la cuenta justificativa corresponde con arreglo a lo establecido al Alcalde.

Artículo 34.—Expedientes de concesión de dominio público.

Ficha 106 1. Aprobación del expediente.

a. Que existe informe de estudio económico financiero para la estimación del canon anual (art. 20.1.a) TRLRHL, art. 93.4 Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, art. 13.2 R.D. 424/2017)..

b. Que existe pliego de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo (DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que existe proyecto, redactado por la corporación o por particulares, que contendrá los datos y documentos y los demás que determinare aquella, conforme al art. 84 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

d. Que la garantía provisional consistirá en el 2 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación y, además, del presupuesto de las obras que, en su caso, hubieren de realizarse conforme al art. 87.3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

e. Que la garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión, dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación, consistirá en el 5 por 100 del valor del dominio publico ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras que hayan de ejecutar, conforme al art. 90.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

f. Que existe informe de la Secretaría General (DA 3a.8 LCSP, art. 13.2 R.D. 424/2017).

g. Resolución del Expediente.

Ficha 107 2. Audicación.

a. Que existe certificado de la adjudicación del expediente de concesión de dominio público (art. 13.2 R.D. 424/2017).

b. Que la concesión se ha formalizado en documento administrativo (art. 93.2 Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, art. 13.2 R.D. 424/2017).

c. Que la concesión se otorga por tiempo determinado (art. 93.3 Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, art. 13.2 R.D. 424/2017).

Sección 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso de gasto

Artículo 35.—Régimen General.

1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en la sección 2.ª, están sometidos a fiscalización previa los demás actos de la Entidad Local, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto, no incluidos en la relación del artículo de este Reglamento.

2. Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la realización de un gasto, comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto:

— La autorización (fase “A”).

— La disposición o compromiso (fase “D”) del gasto.

Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos:

— Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.

— Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre que tengan contenido económico.

3. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente, y en cualquier caso:

a) La existencia y adecuación del crédito.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso.

d) Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informe de fiscalización se pueda dictar el acuerdo o resolución procedente.

e) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha excedido.

Artículo 36.—Exención de fiscalización previa.

No estarán sometidos a la fiscalización previa:

a) Los gastos de material no inventariable.

b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

d) Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

e) Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.

Sección 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión

Artículo 37.—Intervención de la liquidación del gasto.

1. Están sometidas a intervención previa las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones, ya tengan su origen en la Ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.

2. Esta intervención se practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase “O”.

En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión.

Artículo 38.—Contenido de las comprobaciones.

Sin perjuicio de las verificaciones en caso de aplicarse el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:

a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados en las fases contables “A” y “D” y en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.

b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:

• Identificación del acreedor.

• Importe exacto de la obligación.

• Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.

c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.

Artículo 39.—Intervención material de la inversión.

1. La intervención de la comprobación material de la inversión, se realiza antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación efectuándose sobre la realidad física de las inversiones.

2. Esta intervención material de la inversión se practicará por el órgano interventor y verificará:

• La realización de las obras, servicios y adquisiciones financiados con fondos públicos,

• Su adecuación al contenido del correspondiente contrato.

La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.

3. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.

4. La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto fijen un importe inferior.

En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

Para ello deberá hacer llegar con dicha antelación solicitud al respecto, debidamente informada por el órgano gestor con los documentos pertinentes, a las dependencias de la Intervención.

El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.

En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.

5. En el resto de casos la intervención de la comprobación material de la inversión no será preceptiva, justificándose la comprobación de la inversión con uno de los siguientes medios:

• El acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma.

• Con una certificación expedida por el Jefe de la unidad a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación con ellos, hubieran sido previamente establecidas.

Sección 5.ª De la intervención formal y material del pago

Artículo 40.—De la intervención formal del pago.

1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería.

2. Dicha intervención tendrá por objeto verificar:

• Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente.

• Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.

• Que se acomodan al plan de disposición de fondos, mediante el examen del propio plan de disposición de fondos o del informe que al respecto emita la Tesorería.

• En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, que las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan.

Artículo 41.—Conformidad y reparo.

Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículos anterior, hará constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a las cajas pagadoras.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección motivará la formulación de reparo por el órgano interventor, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

Artículo 42.—De la intervención material del pago.

1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:

a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad.

b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.

c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.

2. Dicha intervención incluirá la verificación de:

• La competencia del órgano para la realización del pago.

• La correcta identidad del perceptor.

• El importe debidamente reconocido.

3. Cuando el órgano Interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.

Sección 6.ª De la omisión de la función interventora

Artículo 43.—De la omisión de la función interventora.

1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Alcalde decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Alcalde deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en su caso, procedan.

El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

3. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgan gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido.

4. Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.

Título III. Del control financiero

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 44.—Objeto, forma, ejercicio y alcance.

1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, tiene por objeto verificar que el funcionamiento de los servicios de esta Entidad Local en el aspecto económico-financiero de los sujetos enumerados en el artículo 1 de este Reglamento, se adecúa a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, comprobando la adecuada y correcta obtención y utilización de los créditos, así como la realidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas.

2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las unidades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, en las instrucciones recogidas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local y en la normativa básica de aplicación: el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública, con el alcance determinado en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

Artículo 45.—Actuaciones de control financiero.

1. El control financiero permanente se ejercerá mediante comprobación de que el funcionamiento de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, realizado de forma continua, y mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

Dicho control financiero permanente podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.

d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros y gastos.

e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.

f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.

g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.

2. Las auditorías consistirán en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente, mediante la aplicación de las actuaciones singulares determinadas al efecto en el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

Dichas actuaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el análisis de la actividad económico-financiera, alguno de los siguientes modelos de auditoría: de cuentas, de cumplimiento, y operativa.

Para la aplicación de los procedimientos de auditoría, los encargados de la misma podrán:

a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico financiera del órgano, organismo o ente auditado.

b) Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.

c) Solicitar información fiscal y de Seguridad Social.

d) Solicitar de terceros información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por éstas y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista un acuerdo al respecto con el tercero.

e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera y contable.

f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.

g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.

h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.

Capítulo II. Del resultado del control financiero

Artículo 46.—Informes de control financiero.

1. El órgano Interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las actuaciones de control financiero, deberá emitir informe escrito en el que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada:

• Los hechos comprobados.

• Las conclusiones obtenidas.

• Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control.

• Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata.

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime oportunas o en el caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste indique las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas.

3. Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano interventor emitirá el informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a definitivo.

4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas alegaciones.

Artículo 47.—Destinatarios de los informes de control financiero.

1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención a los siguientes destinatarios:

a) Al gestor directo de la actividad controlada.

b) Al Alcalde de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento.

El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

c) A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del sector público.

Artículo 48.—Informe resumen.

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.

Artículo 49.—Destinatarios del informe resumen.

1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local serán remitidos por la Intervención a los siguientes destinatarios:

a) Al Pleno, a través del Alcalde de la Entidad.

b) A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer cuatrimestre de cada año.

Artículo 50.—Plan de acción.

1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido en el artículo anterior, el Alcalde de la Entidad formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para subsanarlas.

2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá:

• Las medidas de corrección adoptadas,

• el responsable de implementarlas y

• el calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Entidad como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos en el plazo de quince días naturales.

El órgano interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto, en su caso, en el plazo de quince días naturales desde la recepción del referido plan de acción.

Capítulo III. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas

Artículo 51.—Delimitación y facultad.

1. El control financiero se ejercerá por la Intervención respecto de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, y en su caso, entidades colaboradoras, con el alcance y finalidad contemplados en el presente Reglamento y el Plan Anual de Control Financiero de esta Entidad Local.

2. Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán, previa autorización de la Intervención, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

3. A estos efectos el modelo asegurará, con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el 80% del presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el 100% de dicho presupuesto.

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