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Boletín Nº 109 del viernes 7 de junio de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Parroquia Rural de Bances por el que se delegan en el Ente Público la gestión, liquidación, recaudación e inspección de determinadas tasas.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de abril de 2019 Convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Parroquia Rural de Bances por el que se delegan en el Ente Público la gestión, liquidación, recaudación e inspección de determinadas tasas, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

RESUELVO

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, 29 de mayo de 2019.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana.—Cód. 2019-05798.

Anexo

CONVENIO ENTRE EL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA PARROQUIA RURAL DE BANCES POR EL QUE SE DELEGAN EN EL ENTE PÚBLICO LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE DETERMINADAS TASAS

En Oviedo a 22 de abril de 2019.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Dolores Carcedo García, Presidenta del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en virtud de su nombramiento como Consejera de Hacienda y Sector Público por Decreto 7/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, estando facultada para la suscripción del presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.k del Reglamento de organización y funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/2005, de 12 de mayo.

Y de otra, don Luis Fernando Álvarez Muñiz, Presidente de la Parroquia Rural de Bances, facultado según lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 11/1986, de 10 de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la parroquia rural.

Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las competencias y facultades que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto

Exponen

Primero.—El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelante el Ente Público) ha sido creado por la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, forma parte del sector público autonómico, y se encuentra adscrito a la Consejería de Hacienda y Sector Público.

Segundo.—De acuerdo con el artículo 10.uno.2 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, corresponde al Ente Público, entre otras competencias, la gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los tributos locales cuya competencia le haya sido delegada por las corporaciones locales.

Tercero.—El artículo 10.dos.2 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, dispone que para la consecución de sus objetivos el Ente Público podrá celebrar convenios con otras Administraciones Públicas.

Cuarto.—La Ley 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad jurídica de la parroquia rural establece los recursos que constituyen su hacienda, en concreto, en la letra c) del artículo 19 se recogen las tasas por los servicios de su exclusiva gestión y pertenencia prestados en las formas establecidas en la Ley. Por su parte, el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, recoge la posibilidad de que las entidades locales puedan delegar en la comunidad autónoma en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que la propia ley les atribuye.

Quinto.—Es de interés de la Parroquia Rural de Bances, hacer uso de la facultad que le confieren las normas mencionadas, según Acuerdo de la Junta de Parroquia de fecha 9 de abril de 2009.

Sexto.—Por su parte, la voluntad del Ente Público es la de ofrecer un servicio completo, riguroso y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurídicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo que resulten favorecidos el órgano encomendante, como los contribuyentes, destinatarios últimos del servicio. Para ello el Ente Público cuenta con los medios materiales y personales precisos.

Séptimo.—A tal efecto, las partes convienen en suscribir un convenio interadministrativo de los previstos en el artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se ajustará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio

1. El objeto del presente convenio lo constituye la delegación por parte de la parroquia rural de Bances en el Ente Público de las competencias marcadas entre las que se indican a continuación:

 Gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasa por suministro de Agua, Basura y Alcantarillado.

 Gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de Uso o Dominio Público titularidad de la parroquia rural correspondiente, por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos.

 Recaudación en vía ejecutiva de las restantes tasas que resulten exigibles por la parroquia rural.

2. No formará parte de la delegación la aprobación de las ordenanzas fiscales que se aprobarán por la parroquia rural correspondiente.

3. Respecto a la tasa por suministro de agua, no se delegan las labores de medición del consumo, sin perjuicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan arbitrarse.

4. Igualmente en relación a dicha tasa, el Ente Público de Servicios Tributarios condiciona la firma del convenio a que la ordenanza reguladora de la misma establezca un período de cobro trimestral o superior.

Segunda.—Competencias

El Ente Público, para el ejercicio de las competencias delegadas, dispondrá, entre otras, de las siguientes facultades:

1. Gestión tributaria e inspección.

• Actos administrativos de gestión y liquidación de las tasas, incluso de los intereses de demora, y realización de las notificaciones que de ellos se deriven.

• Confección y aprobación de los listados de liquidación.

• Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

• Actuaciones administrativas de comprobación e investigación, con calificación de infracciones en su caso, e imposición de sanciones.

• Resolución de los recursos que se interpongan contra actos propios de la gestión o inspección tributaria.

• Adopción del régimen de autoliquidación cuando legalmente proceda.

• Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.

• Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.

2. Gestión recaudatoria.

• La realización de los actos propios del procedimiento de recaudación en período voluntario y en período ejecutivo y la notificación de los mismos, con las especificaciones señaladas en el presente convenio.

• Determinación de períodos de cobranza voluntaria en el caso de la tasas de cobro periódico y notificación colectiva.

• Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos, devolución de costes de garantías y realización material de las devoluciones.

• Tramitación de aplazamientos y fraccionamientos.

• Resolución de recursos contra la providencia de apremio y demás actos administrativos del procedimiento recaudatorio dictados por el Ente Público, así como de las solicitudes de suspensión asociadas a los mismos.

• Resolución de las tercerías que se promuevan en el procedimiento de apremio.

• Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación de un importe mínimo para la data y baja contable.

Tercera.—Especificaciones

1. Las competencias objeto de delegación se ejercerán por el Ente Público con medios personales, técnicos y materiales propios, y de acuerdo con los criterios que se aplican para la gestión, inspección y recaudación de los ingresos de la Administración del Principado de Asturias.

2. La recaudación de las deudas en período ejecutivo se realizará a partir de la carga en el sistema de gestión del Ente Público del fichero comprensivo de las mismas con las especificaciones técnicas que se comunicarán a la Parroquia. La periodicidad de remisión de ficheros será, como máximo, mensual. Esta carga será objeto de un proceso previo de validación y comunicación del resultado de la operación. Si la validación del fichero no se completa, se devolverá para la corrección de los errores advertidos. El Ente Público podrá rechazar las deudas cuya gestión por el procedimiento de apremio resulte improcedente o cuando la inconsistencia de la información remitida impida el inicio o la continuación del procedimiento. Así, se excluirán aquellas deudas cuyo titular no sea el correcto o no resulte completamente identificado con nombre y NIF; aquellas que se correspondan con deudores fallecidos o, en el caso de personas jurídicas, que se hayan extinguido a la fecha de finalización del plazo en período voluntario; o bien sean de deudores incursos en un proceso concursal en el que resulte improcedente el inicio o continuación del procedimiento de apremio. No podrán remitirse deudas para su recaudación ejecutiva de importe pendiente de recaudar inferior a 6 euros. Este límite se actualizará en función de lo establecido con carácter general para todas las deudas gestionadas por el Ente Público. No podrán remitirse deudas para su gestión ejecutiva respecto de las que haya transcurrido más de dos años desde la fecha fin de período voluntario de ingreso.

Cuarta.—Obligaciones de carácter económico de la Parroquia Rural

1. La Parroquia Rural, se obliga a pagar los gastos derivados de la asunción por el Ente Público de las competencias delegadas de acuerdo con los siguientes porcentajes e importes:

A. Porcentajes aplicables en período voluntario:

1) Gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasas por suministro de Agua, Basura y Alcantarillado: el 4% de la recaudación obtenida en período voluntario.

2) Gestión, liquidación, inspección y recaudación de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los bienes de uso o dominio público titularidad de la parroquia rural correspondiente, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos: el 1% de la recaudación obtenida en período voluntario.

B. Cuantías y porcentajes aplicables en período ejecutivo:

1. Corresponderá al Ente Público el importe de los recargos del período ejecutivo. Cuando por las circunstancias concurrentes no fuera posible determinar el recargo del período ejecutivo, el porcentaje aplicable será del 5% del principal adeudado.

2. El Ente Público aplicará el porcentaje sólo a la parte del principal destinado a la parroquia rural, es decir, excluido cualquier concepto integrante del principal que le corresponda, como el Impuesto sobre Afecciones Ambientales del Uso del Agua.

3. Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia de la ejecución derivada del procedimiento de apremio corresponderán al Ente Público. Los recargos y los intereses de demora corresponderán a la Parroquia Rural, si bien podrán ser aplicados a las cuantías previstas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se acumulen a la deuda en ejecutiva.

4. En el caso de devolución de ingresos indebidos que estuviese originada por causas ajenas a la gestión desarrollada por el Ente Público, éste quedará liberado de la retrocesión de las cuantías en compensación de gastos previstas en el presente convenio. El mismo régimen se aplicará al reembolso del coste de las garantías aportadas por el contribuyente para suspender la ejecución de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por declaración de improcedencia de la deuda.

Quinta.—Obligaciones de carácter económico del Ente Público

1. El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias liquidará y hará entrega a favor de la Parroquia, en el mes siguiente a cada trimestre natural, de los importes recaudados en dicho período.

2. De dicha liquidación se deducirán:

a) Las compensaciones fijadas en los apartados A) y B) de la cláusula anterior.

b) Las devoluciones de ingresos indebidos efectuadas por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

c) El reembolso del coste de las garantías efectuadas por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

d) Las costas devengadas que no hayan sido recuperadas del deudor.

e) Los importes resultantes a favor de la Parroquia serán trasferidos al practicar la liquidación a la cuenta del mismo designada al efecto. En caso de resultar importes negativos, éstos se compensarán con el importe positivo de las siguientes liquidaciones.

Sexta.—Liquidación anual

1. La liquidación anual, resumen y ajuste de las trimestrales del ejercicio, se practicará en el mes de marzo del ejercicio siguiente. Las diferencias de uno u otro signo, que ofrezca dicha liquidación sobre las trimestrales correspondientes al año natural serán incorporadas o compensadas de la que corresponda al primer trimestre del año en que se produzca la liquidación.

2. Junto con la liquidación anual, el Ente Público remitirá a la Parroquia un estado de cuentas de la gestión efectuada.

Séptima.—Obligación de colaboración de la Parroquia Rural

La Parroquia Rural comunicará de oficio al Ente Público cualquier información que incida en la efectividad de la gestión de las actividades delegadas, asimismo responderá a los requerimientos de información que puedan ser efectuados por el citado Ente en el desarrollo de las funciones delegadas.

Octava.—Régimen de impugnación de los actos dictados en ejercicio de la delegación

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los actos que dicte el Ente Público en el ejercicio de la delegación objeto de este convenio serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponde al propio Ente Público y que se encuentra regulado en la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, y demás normativa que le es de aplicación.

Novena.—Vigencia del convenio

1. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años, surtiendo efectos desde el día de su firma.

2. El convenio podrá prorrogarse hasta un período máximo de cuatro años adicionales mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con al menos tres meses de antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre).

Décima.—Resolución del convenio

1. Será causa de resolución del convenio, además de las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier circunstancia sobrevenida que altere las condiciones establecidas en este convenio.

2. Cuando alguna de las partes firmantes de este convenio incumpliese alguna de las obligaciones y compromisos asumidos, se deberá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo máximo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento regulada en la cláusula undécima.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el convenio, debiendo indemnizar la parte incumplidora los daños y perjuicios causados a la otra parte.

3. La resolución del convenio dará lugar a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, si cuando concurra alguna de las causas de resolución previstas en los apartados anteriores existiesen actuaciones iniciadas en vía ejecutiva, corresponderá al Ente Público tramitar los expedientes hasta su finalización, realizándose a continuación las liquidaciones que procedan por parte del Ente Público y la Parroquia Rural.

Undécima.—Comisión de Seguimiento

1. El convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes del Ente Público y dos representantes de la Parroquia Rural, designados por cada una de las partes, desempeñando la secretaría de la comisión un funcionario del Ente Público.

2. Corresponderá a la Comisión de Seguimiento la vigilancia y el control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por ambas partes.

3. El Ente Público y la Parroquia Rural, se comprometen a solventar por mutuo acuerdo, en el seno de la misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.

Duodécima.—Protección de datos de carácter personal

La presente cláusula tiene por objeto establecer los términos en los que el Ente Público, como encargado del tratamiento, podrá acceder a los datos de carácter personal para la adecuada gestión y recaudación de los ingresos de derecho público que le ha delegado la Parroquia rural de Bances.

1. Únicamente tratará los datos de carácter personal conforme a las instrucciones de la Parroquia rural, responsable del tratamiento.

2. No aplicará ni utilizará los datos de carácter personal con fines distintos a los previstos en el presente Convenio.

3. No comunicará los datos de carácter personal a los que tiene acceso, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de los organismos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la Ley o de las funciones encomendadas por la Parroquia rural. En concreto, la Parroquia rural de Bances autoriza expresamente al Ente Público a que, si lo estima conveniente, solicite la colaboración de la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias, SA, para la prestación de los servicios de gestión y recaudación objeto del Convenio, comprometiéndose a suscribir con ella el correspondiente contrato o convenio de Encargado de Tratamiento con el contenido mínimo estipulado.

4. Garantizará la adopción e implementación de las medidas de seguridad que correspondan en función de los datos accedidos.

5. Observará el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre los mismos. Igualmente, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de ellos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con la Parroquia rural.

6. Una vez finalizada la vigencia del Convenio, el Ente Público devolverá a la Parroquia Rural los datos de carácter personal objeto de tratamiento almacenados en sus equipos y/o soportes, al igual que cualquier soporte o documento en que consten, procediendo, acto seguido, a su eliminación. No obstante, en caso de existir obligación legal de custodia de la información o ser necesaria su conservación para hacer frente a posibles responsabilidades legales, el Ente Público no procederá a su destrucción sino que conservará copia de los mismos hasta que finalice el período correspondiente.

Decimotercera.—Naturaleza y régimen jurídico del convenio

1. El presente convenio tiene un carácter no contractual, resultándole de aplicación el artículo 4.1.c del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto, por una parte, su objeto es la delegación de competencias que conllevan la atribución de potestades públicas, y, por otra, corresponde exclusivamente a los empleados públicos el ejercicio de las funciones que implican una participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, como es el caso de las especificadas en la cláusula segunda del convenio.

2. El presente convenio se regirá por lo dispuesto en los artículos 47 al 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicándose con carácter supletorio el resto del articulado de la citada Ley y la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración.

3. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula undécima, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio que no cuenten con acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

Por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias

Por la Parroquia Rural de Bances

Dolores Carcedo García

Luis Fernando Álvarez Muñiz

Presidenta

Presidente

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