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Boletín Nº 45 del miércoles 6 de marzo de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019, en el ámbito de la Administración de Justicia.

Convocada huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2019 por diversas organizaciones sindicales, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o bien con convocatoria dentro del ámbito territorial propio de Asturias, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería, en el ámbito de la Administración de Justicia.

El artículo 496.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el ejercicio del derecho de huelga por parte del personal al Servicio de la Administración de Justicia se ajustará a lo establecido en la legislación general del Estado para funcionarios públicos, aunque estará en todo caso, sujeto a las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia.

Resulta por ello obligado adoptar las medidas necesarias para que, armonizando el interés general y el derecho de huelga, se asegure el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración de Justicia en el Principado de Asturias.

Conforme a lo establecido en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución Española, el ejercicio del derecho de huelga debe garantizar la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en los aspectos cuya paralización pueda causar perjuicios irreparables a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

En sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2007 (casación 7468/02), 26 de marzo de 2007 (casación 1619/03), 30 de abril de 2007 (casación 3549/03) y 9 de julio de 2007 (casación 3995/03) donde se reitera lo anteriormente declarado en la sentencia de la misma Sala de fecha 29 de junio de 2005, se establecen los rasgos fundamentales de la motivación y causalización en la fijación de los servicios mínimos y la adecuación y proporcionalidad de éstos a los fines previstos, puesto que estos dos elementos constituyen los aspectos fundamentales que delinean el contenido esencial del artículo 28.2 de la Constitución, siendo dichos rasgos los siguientes:

a) Los límites del derecho de huelga no son sólo los derivados directamente de su acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la Constitución, sino que también pueden consistir en otros bienes constitucionalmente protegidos. Los límites del derecho de huelga derivan, pues, no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados (STC 11/1981, fundamentos jurídicos 7.º y 9.º).

b) El artículo 28.2 C.E., al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, tiene el significado de expresar que el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante dicho instrumento de presión cede cuando con ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida en que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos: “el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga” (STC 11/1981, fundamento jurídico 18).

c) La noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. Esta última óptica, que pone el acento en los bienes e intereses de la persona, y no la primera, que se mantiene en la superficie de la necesidad de las organizaciones dedicadas a llevar a cabo las actividades, es la que mejor concuerda con los principios que inspira nuestra Constitución (STC 26/1981, fundamento jurídico 10) puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma (SSTC 26/1981, fundamento jurídico 10; 51/1986, fundamento jurídico 2.º).

d) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute (SSTC 26/1981, fundamentos jurídicos 10 y 15; 53/1986, fundamento Jurídico 3.º).

e) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir “una razonable proporción” entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos (STC 26/1981, fundamento jurídico 15). Si es cierto que las medidas han de encaminarse a “garantizar mínimos indispensables” para el mantenimiento de los servicios (STC 33/1981, fundamento jurídico 4.º), en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio (SSTC 51/1986, fundamento jurídico 5.º; 53/1986, fundamento jurídico 3.º), el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga, sólo hasta extremos razonables (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º), y si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la Empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe serle añadida a la misma “la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad” (STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º), aumentando así a la que se ejerce sobre el empresario la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios públicos (STC 11/1981, fundamento jurídico 18”.

Así en la Administración de Justicia deben considerarse esenciales los siguientes servicios:

1. Las actuaciones urgentes del Registro Civil. Si bien todas ellas se consideran servicio esencial, se entenderán de cumplimiento prioritario e inexcusable todas aquellas cuya naturaleza sea registral (nacimientos, defunciones, matrimonios).

2. El registro y reparto de escritos iniciadores y escritos de trámite dirigidos a todos los órganos judiciales del partido judicial, dado que podría afectar a la tutela judicial efectiva, especialmente si se trata del vencimiento de un plazo preestablecido en la Ley.

3. Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio de derechos a los ciudadanos.

4. Medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de familia, violencia sobre la mujer, libertad provisional, entre otras.

5. Servicios de guardia de Juzgados, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal de Asturias.

6. Juicios orales del orden penal en causas con preso.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, así como el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y previa negociación con los comités de huelga en reunión de 2 de marzo de 2018, por la presente.

RESUELVO

Primero.—Establecer como servicios mínimos, en el ámbito del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Principado de Asturias, que deberán ser atendidos durante la jornada de huelga general convocada para el día 8 de marzo, los que se determinan en el anexo que acompaña a la presente Resolución.

Segundo.—Los centros y dependencias judiciales del Principado de Asturias permanecerán abiertos durante las jornadas de huelga convocadas.

Tercero.—El ejercicio del derecho comportará las deducciones salariales correspondientes en quienes lo ejerciten.

Cuarto.—El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos esenciales será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos el mismo día de su publicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de marzo de 2019.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód. 2019-02202.

Anexo

A) Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

1.º Tribunales

Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que presten servicios en cada una de las Salas y, en su caso, Secciones del Tribunal Superior de Justicia y de la Audiencia Provincial, y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial para las tres Salas del Tribunal Superior de Justicia; cuatro para las ocho Secciones de la Audiencia Provincial (tres para las seis Secciones con sede en Oviedo y uno para las dos Secciones con sede en Gijón). Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal para la Secretaría de Gobierno.

2.º Juzgados

Con excepción de los Juzgados que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes:

— Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: Los juzgados de guardia tendrán que contar con toda la dotación del personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente (Llanes, Cangas de Onís, Piloña, Villaviciosa, Luarca, Castropol, Cangas del Narcea, Tineo, Pravia).

En el resto de juzgados:

— En localidades con 2 juzgados: 1 gestor y 1 tramitador por juzgado, y 1 auxilio compartido con el juzgado de guardia (Lena, Laviana, Grado).

— En localidades con 3 juzgados: 1 gestor y 1 tramitador por juzgado y 1 auxilio compartido para los 2 juzgados que no estén de guardia (Langreo, Mieres).

— En localidades con 4 o más juzgados: 1 gestor y 1 tramitador por juzgado y 1 auxilio para cada 3 juzgados que no estén de guardia (Siero, Avilés).

— Juzgados de Primera Instancia: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o uno de Tramitación Procesal y, por cada tres Juzgados, uno de Auxilio Judicial.

— Juzgados de Instrucción: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o uno de Tramitación Procesal y, por cada cinco Juzgados (o menos si fuera el caso), uno de Auxilio Judicial.

— Juzgados de lo Penal: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

— Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o uno de Tramitación Procesal en cada uno y uno de Auxilio Judicial por cada tres Juzgados (o menos si fuera el caso).

— Juzgados de lo Social: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o uno de Tramitación Procesal en cada uno, y dos de Auxilio Judicial para los seis Juzgados de Oviedo, dos para los de Gijón y uno para los dos Juzgados de lo Social de Avilés y uno para Mieres.

— Juzgados de lo Mercantil: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o uno de Tramitación Procesal y, uno de Auxilio Judicial para los dos Juzgados n.º 1 y 2 de Oviedo y uno de Gestión Procesal o de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial para el Juzgado n.º 3 con sede en Gijón.

— Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

— Juzgados de Violencia sobre la Mujer: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

— Juzgado de Menores: un funcionario.

— Juzgados de Primera Instancia con funciones adscritas de Registro Civil: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

3.º Servicios

— Decanatos de los Juzgados: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

— Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, uno de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial.

— Servicio de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial y Servicios comunes de Registro y Reparto en los partidos judiciales en que esté determinado (constando la designación de un refuerzo Siero, Langreo y Mieres-): un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal.

— Oficina de Atención a las Víctimas: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.

4.º Juzgados y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz

— Un funcionario por cada uno de los Juzgados y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

5.º Órganos del Ministerio Fiscal

Con excepción de las Fiscalías que actúen de guardia, que habrán de contar con toda la dotación de personal que efectúa el servicio de guardia habitualmente, en los órganos que se especifican a continuación, se consideran servicios mínimos los funcionarios siguientes:

— Fiscalía Superior del Principado de Asturias: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, dos funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

— En la Fiscalía de Área de Gijón: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal.

— En las Secciones Territoriales de Avilés y Langreo: un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal o un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal.

— En la Fiscalía de Menores: dos funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial.

6.º Instituto de Medicina Legal de Asturias

— Los servicios mínimos serán cubiertos por los funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial en servicio de guardia.

B) Personal Laboral que presta servicios en los órganos o servicios judiciales

1.º Oficiales de autopsia: Un oficial de autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

Justificación: Necesidad de atender situaciones urgentes y/o esenciales el día de la huelga que requieran el apoyo mínimo imprescindible a los médicos forenses de personal de la citada categoría profesional

2.º Vigilantes: Uno en Oviedo (edificio del TSJ).

Justificación: Necesidad de atender situaciones de control de accesos y seguridad de los edificios el día de la huelga.

3.º Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores: El miembro del equipo técnico que realice funciones de guardia.

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