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Boletín Nº 45 del miércoles 6 de marzo de 2019

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establecen los servicios mínimos correspondientes a las empresas externas que prestan servicios auxiliares en la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con motivo de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019.

Convocada huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2019 por diversas organizaciones sindicales, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o bien con convocatoria dentro del ámbito territorial propio de Asturias, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería

El Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, atribuye a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras, las funciones de soporte tecnológico, informático y de comunicaciones del Principado de Asturias y la planificación y diseño de estrategias corporativas y acciones destinadas a garantizar y, en su caso, mejorar el soporte tecnológico, informático y de comunicaciones de la organización.

Estas funciones adquieren especial relevancia cuando se trata de garantizar la cobertura tecnológica e informática en la prestación de los servicios sanitarios sin la que éstos, evidentemente, carecerían de las herramientas técnicas adecuadas para poder desarrollar mínimamente sus prestaciones, de carácter esencial para la ciudadanía.

Efectivamente, el legítimo ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución no es ilimitado, derivando sus límites no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente protegidos, lo que implica que deba asegurarse el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad. En el ámbito de los servicios sanitarios esto supone la necesidad de conjugar el derecho de huelga con el derecho a la vida y a la integridad física de los usuarios de aquellos servicios, de modo que una disposición inadecuada de los servicios mínimos cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de funciones desarrolladas para garantizar el soporte tecnológico de los centros sanitarios, implicaría una vulneración del derecho fundamental a la salud, tanto de pacientes como del personal, en la amplísima dimensión que resulta de su configuración constitucional.

Conscientes de la importancia de mantener estos servicios accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es precisamente para las empresas adjudicatarias de contratos de cobertura tecnológica e informática en la prestación de los servicios sanitarios para las que se pretenden fijar los servicios mínimos que, como se ha expuesto, resultan esenciales para mantener el soporte tecnológico, de comunicaciones e informático, en el ámbito de la salud.

De ahí que, por razones suficientemente fundadas, los servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta el carácter general de la huelga y el número de efectivos afectados tratando de fijar como servicio mínimo el personal estrictamente necesario para garantizarlos, teniendo especialmente en cuenta que la ausencia de establecimiento de aquellos dejaría, por su repercusión sobre el servicio sanitario, a la población sin una asistencia esencial.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que establece que “cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas” y de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981, visto el artículo 17 e) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración, así como el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y el Consejo de Gobierno,

RESUELVO

Primero.—Establecer como servicios mínimos que deberán ser atendidos durante la jornada de huelga del 8 de marzo de 2019, los que a continuación se señalan:

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Segundo.—Corresponderá a las empresas gestoras de cada servicio designar a los trabajadores y trabajadores que han de garantizar la prestación de esos servicios mínimos.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución a las empresas que vienen prestando esos servicios y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 4 de marzo de 2019.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana. Por ausencia del Consejero de Empleo, Industria y Turismo (Decreto 5/2019, de 25 de febrero, del Presidente del Principado, BOPA de 26-2-2019).—Cód. 2019-02147.

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