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Boletín Nº 256 del lunes 5 de noviembre de 2012

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen servicios mínimos para la huelga, convocada por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que se desarrollará en jornadas de 24 horas: los días 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 de noviembre de 2012.

Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos por esta Consejería y en base a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Administración del Principado de Asturias el 25 de octubre de 2012, se presenta escrito por medio del cual se convoca, por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), huelga para todos los Médicos y demás facultativos empleados en el ámbito de Atención Primaria y de Atención Especializada de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, incluyendo Médicos Internos Residentes, Profesores Vinculados, y el resto del personal médico y facultativo, ya sea personal estatutario, funcionario o laboral, a desarrollar, en jornadas de 24 horas: los días 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, y 30 de noviembre de 2012.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y a fin de proceder a la determinación de los servicios mínimos necesarios, el SESPA, propone, de forma coordinada y de conformidad con las necesidades señaladas en cada caso por cada una de las Gerencias de las Áreas Sanitarias, los servicios mínimos que se contienen en el anexo que se adjunta.

Segundo.—Los servicios mínimos han sido objeto de negociación con el Comité de Huelga en reunión mantenida el día 2 de noviembre de 2012, en la sede de la Consejería de Sanidad, y, dado que resulta obligado armonizar el interés general presente en el servicio prestado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, y el derecho de huelga, esta Consejería establece por la presente Resolución unos servicios mínimos esenciales mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—Establece la normativa (Art. 10.2 Real Decreto Ley 17/1977) que, cuando la huelga se declara en entidades encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa puede acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Define la jurisprudencia los “servicios esenciales”, como aquellos sin los cuales peligraría la vida, la salud y la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, esto es, en definitiva los servicios destinados a satisfacer los derechos fundamentales y bienes protegidos constitucionalmente y que priman sobre el derecho de huelga (las sentencias STC 26/81, 51/86, 53/86, 27/89 (sector sanitario), 43/90 y 123/90)

No cabe duda sobre el carácter de servicio esencial de la asistencia sanitaria, pues afecta notablemente al derecho a la salud de los usuarios, que se configura como un bien constitucionalmente protegido (Art. 43 CE). En ese sentido, el derecho de los trabajadores a defender sus intereses mediante el ejercicio del derecho a la huelga, tiene su límite legítimo en el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, a través de la determinación de los “servicios mínimos”, para lo cual, deben ponderarse en cada caso los bienes y derechos afectados, el ámbito de la huelga, su duración y demás circunstancias, de modo que exista una razonable proporción entre los servicios que se impongan a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos. Para ello, establece reiteradamente la Jurisprudencia que los elementos esenciales que han de sustentar las medidas adoptadas en orden al establecimiento de los servicios mínimos son, por un lado, la proporcionalidad, debiendo ponderarse todos los aspectos (ámbito territorial y personal de la medida, la duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, las concretas necesidades del servicio, y la naturaleza de los derechos constitucionalmente protegidos sobre los que repercute). Y por otro lado, la motivación. Los servicios mínimos que se establezcan, han de ser suficientemente motivados y explicitar los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, siendo en este sentido uniforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el sentido de considerar que el acto por el que se establecen los servicios mínimos que se deban prestar a la comunidad en jornadas de huelga, debe de estar debidamente motivado, justificando su necesidad con el fin de que los destinatarios conozcan las razones y criterios con los que fueron adoptados.

Segundo.—La Constitución Española reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga para la defensa de sus intereses, al igual que contempla la regulación legal del establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, siendo la Administración quien, en los supuestos de huelgas que afectan a la prestación de servicios públicos esenciales, tiene la competencia para acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de dichos servicios.

Es, por tanto, obligación de la Administración velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, si bien ha de tenerse en cuenta que exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos. La Jurisprudencia orienta una serie de principios en esta materia, como son:

• El derecho a la huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su interacción con otros derechos o bienes constitucionales protegidos, siempre que no rebasen su contenido esencial.

• Una de esas limitaciones, expresamente prevista por la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad, entendidos como tales los que garantizan o atienden el ejercicio de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos.

• La consideración de un servicio como esencial no significa la supresión del derecho a la huelga de los trabajadores ocupados en el mismo, sino la prestación de aquellos trabajos que sean necesarios para asegurar la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que el propio servicio satisface.

• La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir esa exigencia y el tipo de garantías que han de adoptarse no pueden ser determinados de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurran para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho a la huelga y aquellos otros bienes que el propio servicio esencial satisface.

Resulta evidente que los médicos y demás facultativos empleados, incluyendo MIR y profesores vinculados, prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública, por lo que la Administración se ve obligada a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que por la presente Resolución se determina, por cuanto que la falta de protección del referido servicio prestado por dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

La huelga convocada por el SIMPA supone, por su duración, una importante disminución en el acceso de los ciudadanos a la salud, implicando una enorme incidencia en los tiempos de demora para la atención sanitaria, en general, y para la atención quirúrgica, en particular.

Se han de regular los servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga efectuada por el SIMPA, teniendo en cuenta su duración, la cual abarca prácticamente la totalidad del mes de noviembre de 2012; su modalidad de convocatoria en días alternos, la experiencia sobre el resultado que ha tenido el seguimiento de la huelga anteriormente convocada y celebrada durante el mes de octubre; la realidad sanitaria de los pacientes que no han sido atendidos y el riesgo que, por la demora asistencial durante dos meses consecutivos, podría materializarse sobre la salud de la población asturiana.

Por ello, la Administración del Principado de Asturias ha de adaptar los servicios mínimos esenciales que se han de prestar durante las jornadas de huelga convocadas en el mes de noviembre, conforme a la cuantificación que se establece en el anexo, entendiendo que ésta adaptación pretende garantizar su salvaguarda en el estado actual del conflicto.

Tercero.—Visto el artículo 17 e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, y la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de octubre de 2006, que ha declarado nulo el apartado l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, por el que se atribuía la competencia para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga al Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, previa negociación con el Comité de Huelga

RESUELVO

Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales a la comunidad dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, los que figuran como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 2 de noviembre de 2012.—El Consejero de Sanidad, Faustino Blanco González.—Cód. 2012-19904.

Anexo I

A) A fin de mantener los servicios esenciales relacionados con la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral, y con la protección de la salud, se establecen los siguientes niveles de funcionamiento de los mismos, de modo que los servicios mínimos que, a su vez, se determinan, garanticen su cobertura, en relación con la convocatoria de huelga a que hace referencia la presente Resolución:

1. Mantener la actividad urgente y la que no puede demorarse, así como la atención continuada:

a. Se mantendrá el 100% del funcionamiento previsto de los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, unidades de vigilancia intensiva, unidades de coronarias y todas aquellas que aborden patología de carácter urgente o crítica, así como la actividad relacionada con los partos y urgencias obstétricas. Igualmente, se garantizará la atención al 100% de la actividad relacionada con el trasplante de órganos.

b. Los servicios mínimos garantizarán la atención continuada.

c. Dada la duración prevista de la huelga, 3 días a la semana que se disponen de forma alterna (lunes-miércoles-viernes) a lo largo de todo el mes de noviembre; deben evitarse todos los riesgos para la vida o integridad física derivados de un retraso de varios días en la atención sanitaria. Debe considerarse igualmente el riesgo derivado de las demoras generadas en los controles periódicos y ajustes en el tratamiento de los pacientes que pueden estar hospitalizados durante ese tiempo.

d. Las demoras en las altas hospitalarias de varios días de duración pueden ocasionar graves repercusiones en la vida normal del paciente y riesgos nosocomiales o iatrogénicos. Las demoras que pudieran producirse generarían, además, con el transcurso de los días, una disminución en la disponibilidad de camas y recursos que pueden ser necesarios para la atención de otros pacientes. En consecuencia, se garantizará la expedición de las altas en el momento que corresponda.

2. Garantizar la continuidad de los tratamientos de día de oncología médica, radioterapia y de hemodiálisis.

a. El funcionamiento de estos servicios será del 100%, teniendo en cuenta, por un lado, la patología oncológica abordada en dichas unidades y que se trata de pacientes que requieren una especial atención y seguimiento, así como, por otro, la patología renal grave abordada en las unidades de hemodiálisis.

b. Las demoras en aquellas interconsultas y pruebas diagnósticas que puedan significar una modificación o ajuste en el tratamiento de estos pacientes, pueden generar perjuicios significativos en el pronóstico vital o en las posibilidades de curación. En este sentido se tendrá especial consideración la duración total del paro convocado, así como la proximidad con días de fin de semana o festivos.

3. Atender en consultas externas a los pacientes programados, tanto con carácter preferente como primeras consultas, o cuando la demora diagnóstica o terapeútica implique riesgo, así como a aquellos pacientes que lleguen desplazados de otros términos municipales.

a. Tanto las primeras consultas, como las consultas programadas con carácter preferente, se basan en características clínicas del proceso que hacen necesaria una atención en un plazo breve de tiempo pues es previsible que el paciente precise un diagnóstico o completar la valoración realizada por el médico de atención primaria. En consecuencia, la duración prevista de la huelga que alcanza prácticamente un mes de duración, contando con los fines de semana adyacentes a los paros convocados, hacen necesario atender al 100% de las consultas preferentes así como las primeras consultas sin que se acumulen días de demora.

b. Asimismo, se considerará que implica riesgo la demora de consultas sucesivas o revisiones, en las que puede ser necesario valorar un informe de una prueba diagnóstica e instaurar un tratamiento, o puede ser preciso valorar la eficacia de un tratamiento instaurado con anterioridad.

c. La suspensión de una consulta en el caso de ciudadanos que acuden procedentes de otros términos municipales, puede producir graves perjuicios a los pacientes, tanto en lo relativo a su integridad física como por las dificultades de tratamiento. En consecuencia, deben atenderse el 100% de estos pacientes el día que estaban citado.

d. Se garantizarán las consultas ligadas a procesos quirúrgicos en los servicios de anestesia y reanimación de conformidad con los criterios establecidos en el siguiente apartado.

4. Garantizar las intervenciones quirúrgicas ya programadas con carácter preferente, así como aquellas derivadas de actuaciones que hayan sido previamente suspendidas.

a. En la programación quirúrgica ha de tenerse en cuenta la situación clínica de los pacientes. Se tendrán en cuenta igualmente los criterios de riesgo vital, riesgo para la integridad física, incapacidad funcional, posibilidad de secuelas o patologías especialmente penosas o dolorosas.

b. De éste modo, se habrá de garantizar todas aquellas intervenciones en que su demora pueda implicar riesgo para el paciente, entendiéndose que ese riesgo para la salud concurre, en todo caso, en aquellos pacientes que hayan sido incluidos por el facultativo en la lista de espera quirúrgica como preferentes o con prioridad 1 o 2, la cirugía urgente diferida, la cirugía mayor que requiera preparación, la cirugía que necesite autotransfusión o en aquellas intervenciones donde concurra la limitación de la capacidad funcional del paciente.

c. Por otro lado, y dado que la demora quirúrgica en los procesos implica un riesgo para la salud tanto física o psíquica de los pacientes, se garantizará la realización de todas aquellas intervenciones quirúrgicas que hubieran sido previamente suspendidas.

5. Garantizar los servicios diagnósticos necesarios cuando se hayan indicado con carácter preferente, cuando la demora pueda suponer un riesgo para la salud del paciente, o cuando se trate de pacientes que lleguen desplazados desde otros municipios.

a. Las solicitudes de carácter preferente se basan en características clínicas del proceso que hacen necesaria una atención en un plazo breve de tiempo. En consecuencia, la duración prevista de los paros convocados, hacen necesario atender el 100% de las solicitudes de pruebas diagnósticas de carácter preferente sin que se acumulen días de demora.

b. Igualmente, puede existir riesgo clínico importante en enfermos con sospecha de patología cardiaca, respiratoria, neurológica, traumática, oncológica o hematológica, debiendo garantizarse por ello el 100% de las pruebas ligadas a éstas patologías, aquellas pruebas diagnósticas derivadas de primeras consultas o de consultas preferentes, así como las que requieran preparación previa ya iniciada o en curso. Igualmente se garantizarán las pruebas ligadas a intervenciones quirúrgicas, y en particular, las pruebas ligadas a “preoperatorios”.

c. La demora de pruebas diagnósticas puede producir un grave riesgo para la salud de los pacientes por cuanto que retarda el diagnostico y la consecuente imposición del tratamiento terapéutico, por ello deberán garantizarse todas aquellas pruebas que hubieran sido previamente suspendidas.

d. La suspensión de una prueba diagnóstica en el caso de ciudadanos que acuden procedentes de otros municipios, puede producir graves perjuicios a los pacientes, tanto en lo relativo a su integridad física como por las dificultades de tratamiento. En consecuencia, deben atenderse el 100% de estos pacientes el día que estaban citados.

6. Garantizar el acceso al servicio sanitario en los centros de atención primaria.

a. El profesional médico más cercano al ciudadano y, por tanto, el primer lugar de atención sanitaria es el centro de salud o consultorio local correspondiente. En consecuencia, se hace necesario garantizar el acceso de las personas enfermas a los facultativos de los dispositivos sanitarios de Atención Primaria en aras a la protección de su salud e integridad física.

b. La duración prevista de la huelga obliga a establecer una dotación mínima en los centros de salud y consultorios locales según los días diferentes en que se ha de producir la citada huelga.

c. La dotación mínima en los centros de salud y consultorios locales ha de establecerse teniendo en cuenta los días de la semana en que ha de desarrollarse la huelga ya que tradicionalmente los días lunes son los de mayor carga asistencial, a lo que ha de añadirse la necesidad de mantener un nivel de dotación suficiente los viernes dado que, tratándose de un período de huelga, debe evitarse limitar la accesibilidad durante varios días seguidos, como sucedería en ambos días al estar seguidos de fin de semana.

7. Garantizar la continuidad asistencial en los casos que resulte necesario.

a. Los pacientes que tras una consulta se encuentren con una presunción diagnóstica que precise una realización de pruebas complementarias de forma inmediata, no deben ver interrumpido su proceso asistencial.

b. Los pacientes que estando en observación de urgencias, o en otras dependencias hospitalarias, y precisen ingreso en una unidad de vigilancia intensiva, unidad de coronarias o cama de hospitalización, no deben ser sometidos a demoras derivadas de hipotéticos retrasos en las altas de otros pacientes en esas unidades por causa de la convocatoria de huelga, dado que podrían derivarse efectos importantes no deseados para la salud e integridad física del enfermo. Igualmente ha de contemplarse la circunstancia de los pacientes que tras una intervención quirúrgica, precisen traslado a una unidad de hospitalización especial o convencional. En ambas circunstancias ha de garantizarse que no se interrumpe la continuidad asistencial.

c. Igualmente, debe garantizarse la continuidad en la asistencia cuando proceda el seguimiento en otros niveles de atención, para todos aquellos enfermos en los que la interrupción del proceso asistencial puede general riesgos para su vida o integridad física o psíquica, con especial atención, en el caso de hospitalización, al riesgo de infección nosocomial.

B) La concreción de los servicios mínimos en Atención Primaria y en Atención Hospitalaria para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales a la comunidad dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias, es la siguiente:

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