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Boletín Nº 102 del viernes 4 de mayo de 2012

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se suspende totalmente la acreditación concedida a Policlínicas Toreno, S.L., como servicio de prevención ajeno.

Visto: El expediente tramitado en esta Consejería de Economía y Empleo, relativo a la entidad Policlínicas Toreno, S.L., y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de fecha 8 de noviembre de 2006, se acreditaba definitivamente a la referida entidad como servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las empresas, en las disciplinas preventivas de Ergonomía y Psicosociología Aplicada en determinados sectores de actividad (CNAE) y Medicina del Trabajo con carácter general para todos los sectores productivos, con ámbito territorial para el Principado de Asturias.

Segundo.—Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2011, notificado el día 15 de noviembre, se comunica a Policlínicas Toreno, S.L., que, con fecha 24 de marzo de 2011, todos los servicios de prevención ajenos han de contar con la acreditación en las cuatro especialidades preventivas, procediéndose, en caso contrario, a iniciar expediente de revocación de la acreditación.

Tercero.—Con fecha 17 de noviembre de 2011, el servicio de prevención de la referencia presenta escrito en el que solicita “no sea revocada dicha acreditación como Servicio de Prevención ajeno, con objeto de completar la adecuación de nuestro servicio de prevención ajeno a los requisitos de dicho R.D., según procedimiento ya en trámite”. Con esta misma fecha, se presenta proyecto de acreditación en las especialidades de seguridad e higiene para completar las cuatro especialidades preventivas y dar cumplimiento al Real Decreto 337/2010, y su desarrollo mediante la Orden TIN 2504/2010.

Cuarto.—Con fecha 30 de noviembre de 2011, la Inspección de Trabajo informa el proyecto de acreditación presentado.

Quinto.—Con fecha 7 de diciembre de 2011, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales emite informe sobre este proyecto de acreditación. Las insuficiencias puestas de manifiesto por el organismo técnico en su informe son las siguientes:

Sobre los medios humanos:

No se identifican las personas —personal técnico en PRL— que van a asignarse a cada una de las especialidades técnicas. Asimismo, no se aporta curriculum profesional de los mismos ni copia del contrato laboral, que permita verificar la información facilitada.

No se aporta documentación acreditativa de las titulaciones académicas y en materia de prevención de riesgos laborales del personal técnico.

No se justifica, de manera clara, el mantenimiento en su plantilla de un número de técnicos, en el ámbito del Principado de Asturias, no inferior al resultante del cálculo para el dimensionamiento de los recursos humanos de los servicios de prevención, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de la Orden TIN/2504/2010, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la acreditación de estas entidades, entre otras cosas porque no se explica convenientemente como se realiza el citado cálculo, no quedando claro si se considera a los técnicos de PRL a jornada completa o a media jornada y además al especificar los sectores productivos remite al CNAE-93 y no al CNE-2009.

Sobre número de empresas y volumen de trabajadores:

No se aporta la previsión sobre el número de empresas y su volumen de trabajadores por empresa, especificando su distribución territorial así como su sector o subsector de actividad productiva, según el CENAE-2009, con dos o tres dígitos respectivamente, tal y como se dispone en el artículo 3, apartados 2.d) y 2.e), de la Orden TIN/2504/2010, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la acreditación de estas entidades, se utiliza el CNAE-93.

Sobre instalaciones y medios instrumentales:

No se indican las instalaciones y descripción de locales, con indicación de su ubicación, que permita valorar su idoneidad para valorar su idoneidad para realizar los análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades, asimismo se deberá indicar las instalaciones con los medios precisos para la impartición de actividades formativas y divulgativas básicas. Se deberán presentar contratos de servicios con organismos y/o laboratorios que permitan llevar a cabo las analíticas y pruebas necesarias para el desarrollo de la actividad preventiva para la que solicitan ampliación.

El equipamiento relacionado en la documentación aportada no cubre los medios técnicos exigidos en el anexo II de la Orden TIN/2504/2010, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la acreditación de estas entidades.

En cuanto al apartado de la documentación relativo a “previsión de dotación de personal para desarrollar la actividad preventiva”, se señala que los técnicos de prevención de las diferentes especialidades tendrán una dedicación semanal a esta actividad de 20 horas, a excepción del Diplomado en Enfermería del Trabajo, es decir, de media jornada, cuando, al menos, el Médico especialista en Medicina del Trabajo debe tener dedicación a jornada completa, según lo dispuesto en la normativa sanitaria en vigor (art. 4 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención).

Sexto.—Mediante requerimiento de fecha 14 de diciembre de 2011, notificado el día 19 de diciembre, se requiere al servicio de prevención para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, aporte documentación tendente a subsanar las insuficiencias puestas de manifiesto por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en su informe.

Séptimo.—Con fecha 7 de febrero de 2012, se recibe comunicación del acuerdo suscrito entre “Prevención Toreno, S.L., y Previlabor 365, S.L.”, teniendo el segundo la intención de asumir los medios humanos y materiales del primero.

Octavo.—Con fecha 2 de marzo de 2012, la Directora General de Trabajo, por delegación del Consejero de Economía y Empleo, acuerda iniciar el expediente de revocación de la acreditación como servicio de prevención ajeno de Policlínicas Toreno, S.L. El citado acuerdo se le notifica al servicio de prevención en fecha 13 de marzo de 2012, informando de la posibilidad de presentar alegaciones por parte de los interesados en un plazo de 15 días, sin que hasta la fecha se haya recibido alegación alguna.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia de esta Consejería, para conocer del presente expediente, viene determinada por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 337/2010, de 19 de marzo y Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre de 2010 y el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios al Principado de Asturias en materia de ejecución de la legislación laboral, y en el Decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo.

Segundo.—El artículo 26.1 del citado Real Decreto 39/1997 establece que “las entidades especializadas deberán mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevención establecidos en este Real Decreto y en sus disposiciones de desarrollo”. El apartado tercero del mismo artículo establece: “Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a través de las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podrá revocar total o parcialmente la acreditación otorgada conforme al procedimiento que se establece en el artículo 27. La revocación o suspensión parcial se entenderá referida únicamente al ámbito territorial de actuación de la entidad especializada donde se hayan comprobado las deficiencias”.

Tercero.—El artículo 27.1 establece que “la autoridad laboral competente iniciará el expediente de revocación de la acreditación mediante acuerdo que se notificará a la entidad afectada y que contendrá los hechos comprobados y las irregularidades detectadas…”. De conformidad con el apartado 5 del mismo artículo, este acuerdo de inicio debe ser notificado a la entidad, abriéndose un plazo de 15 días para alegaciones.

Cuarto.—El artículo 27 del Real Decreto 39/1997, respecto a la revocación de la acreditación, señala que la resolución dictada al respecto declarará “la suspensión total o parcial de la acreditación cuando el expediente se haya iniciado por la circunstancia señalada en el apartado 3 del artículo anterior “ (reseñado en el fundamento de derecho segundo). “En el caso del párrafo b, la resolución habrá de fijar el plazo en el que la entidad debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la acreditación quedará definitivamente revocada. Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones oportunas, dictará nueva resolución en el plazo máximo de tres meses levantando la suspensión acordada o revocando definitivamente la acreditación”.

Quinto.—Vistas las insuficiencias en los requisitos de funcionamiento como servicio de prevención ajeno puestas de manifiesto por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, no cumpliendo con los requisitos exigibles para obtener la acreditación en las cuatro especialidades preventivas, lo que supone incumplimiento de lo previsto en el artículo 18.1 y 18.2.a) del citado Real Decreto 39/1997, insuficiencias que no han sido subsanadas por la entidad acreditada, habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido para ello, vista la normativa citada y demás de aplicación:

RESUELVO

Primero.—Suspender totalmente por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente Resolución, la acreditación concedida a Policlínicas Toreno, S.L., para actuar como servicio de prevención ajeno de riesgos laborales a las empresas, en las disciplinas preventivas de Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.

Segundo.—Conceder a la citada entidad un plazo de un mes, a contar desde la notificación de la presente resolución, para acreditar ante esta Administración que reúne las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad. Transcurrido este plazo sin que la entidad haya presentado ninguna documentación tendente a esta acreditación, la acreditación quedará definitivamente revocada, sin necesidad de más trámites.

Tercero.—Esta resolución será objeto de publicación en el BOPA, al objeto de su conocimiento por los posibles afectados.

Practíquense las oportunas anotaciones registrales y notifíquese esta Resolución al interesado y al resto de autoridades laborales y sanitarias implicadas, haciéndoles saber que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando el último día del plazo sea inhábil. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Economía y Empleo, en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 29 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Oviedo, 11 de abril de 2012.—La Directora General de Trabajo.—(P.D. Resolución de 22/11/2011, BOPA 28/11/11).—Cód. 2012-07411.

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