Saltar al conteníu principal

Gobiernu del Principáu d'Asturies

Asturies, muncho más cerca

banda de sede
 

Tas en

Asturias.es Sede Electrónica BOPA y Llexislación Resultados Buscador BOPA

Consulta d'una disposición

Disposición anterior | Disposición siguiente


Boletín Nº 40 del miércoles 18 de febreru de 2015

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que no se aprueba el Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, en Salave, concejo de Tapia de Casariego, presentado por “Exploraciones Mineras del Cantábrico, S. L.” Expte. 11/C/03/13. Ref. GMMC/.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la sociedad “Exploraciones Mineras del Cantábrico, S. L.” (EMC), como titular de las concesiones mineras de la Sección C) Salave n.º 25.380, Dos Amigos n.º 24.471, Figueras n.º 29.500, Ampliación de Figueras n.º 29.969 y Segunda Ampliación de Figueras n.º 29.820, todas ellas vigentes, que conforman el denominado “Grupo Salave”, se presenta el 01/07/2011 ante la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (LMi) y del R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RMi), solicitud de aprobación del Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, en Salave, concejo de Tapia de Casariego.

Segundo.—Seguido el tramite previsto en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIAP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, normativa ambiental de aplicación al presente expediente, y tras las oportunas consultas, mediante Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se establecía el contenido del estudio de impacto ambiental (EIA) correspondiente al proyecto minero de explotación por interior del yacimiento Salave, promovido por Explotaciones Mineras del Cantábrico, S.L., en Tapia de Casariego. Expte. IA-IA-0382/11. (BOPA n.º 93 de 23 de abril de 2012).

Destacar que en esta fase de determinación del alcance y extensión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o “scoping”, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y a pesar de haber sido requerida para ello de forma expresa por el órgano ambiental, se abstuvo de pronunciarse y no presentó observación ni informe alguno ni sobre el EIA ni sobre el proyecto.

Tercero.—Por parte de EMC se presentó el 17/05/2012 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente al Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, en el concejo de Tapia de Casariego, conjuntamente con el resto de Documentación Técnica prevista en la normativa de aplicación. Dicho EIA se realizó de acuerdo con lo reflejado en la Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se estableció el contenido del estudio de impacto ambiental correspondiente al citado proyecto minero (BOPA n.º 93 del 23 de abril de 2012).

Desde la perspectiva de la técnica minera, el referido Proyecto, partiendo de la base que la mineralización del yacimiento está encajada en la parte oeste de la granodiorita de Salave, cerca del contacto con los metasedimentos de la serie Los Cabos y que dicho yacimiento está constituido por diversos cuerpos subhorizontales incluidos en una banda de dirección NE buzando unos 30º al NW, tiene por objeto el aprovechamiento subterráneo de los recursos auríferos puestos de manifiesto por la investigación minera de las reservas del yacimiento “Salave”, en la que se han estimado unos recursos de 44.137,69 kg de oro (según los datos del promotor). La duración del proyecto se estima en un total de 11 a 15 años: fase de obra o construcción 3 años, fase operacional de extracción y tratamiento del mineral para la obtención del oro 6 a 10 años y fase de clausura 2 años.

Cuarto.—Se procedió desde esta Consejería, a través de la Dirección General de Minería y Energía, como órgano sustantivo, a su tramitación de acuerdo con lo señalado en el referido TRLEIAP y el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) n.º 126 del 1 de junio de 2012, se procedió a someter a Información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”.

Paralelamente, y al amparo de lo establecido en el artículo 9 del citado texto refundido, a las Administraciones Publicas que fueron consultadas en la fase prevista en los arts. 6 y 8 del TRLEIAP, se le envió una copia en formato digital tanto del Estudio de Impacto Ambiental como del Proyecto Minero de explotación por interior.

Asimismo y al amparo de lo establecido en el artículo 9.3 “in fine” del texto refundido, se notificó a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas vinculadas a la protección de medioambiente, que hubiesen sido consultadas en la fase prevista en los arts. 6 y 8 del TRLEIAP, informándoles sobre el derecho a participar en el procedimiento y el momento en que podían ejercitar tal derecho.

Una vez finalizado el período de la información pública (BOPA 01/06/2012) y de la posibilidad por parte de las Administraciones Públicas y personas físicas o jurídicas públicas o privadas vinculadas a la protección de medio ambiente para que pudiesen presentar alegaciones, obran en el expediente las alegaciones que se reseñan en el anexo a la presente Resolución.

Quinto.—Seguido el trámite ambiental, y con la forma de “Resolución”, con fecha 20 de diciembre de 2012, por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, como órgano ambiental se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el BOPA N.º 13 de 17 de enero de 2013.

La referida DIA, publicada en el BOPA del 17/01/2013 (como informe preceptivo y determinante) fue expresamente favorable respecto de determinadas instalaciones (mina subterránea, pozos de ventilación, galería de acceso, escombrera ubicada al este del emboquille de la galería de acceso, planta de machaqueo en el interior de la mina, zona de acopios exterior, instalaciones auxiliares, pistas, accesos, línea eléctrica de 20 kV, planta de hormigón, plantas de tratamiento de aguas, edificios e instalaciones auxiliares en el entorno del emboquille de la galería de acceso, etc…) pero que, y en base al informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) de 3 de julio de 2012, fue desfavorable respecto a la Planta de tratamiento de mineral y al Depósito de lodos estériles.

Sexto.—Desde esta Consejería se consideró que la autorización del Proyecto a dictar por este órgano sustantivo contando solamente con la formulación de la DIA del 20/12/2012, podría estar jurídicamente viciada por posible fragmentación, si única y exclusivamente se procediese a aprobar las instalaciones con DIA favorable, y no se autorizasen o se dejase a un momento posterior la aprobación de la Planta de tratamiento de mineral y al Depósito de lodos estériles.

Conforme al art. 3.1 del TRLEIAP, puesto en consideración con su anexo I -Grupo 2-, en los proyectos mineros sometidos a EIA, es preciso que en todos los casos en el EIA han de incluirse todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etc.). En ese mismo sentido se expresa el art. 5.3 del TRLEIAP al indicar que “La evaluación de impacto ambiental (y también la DIA) comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto”.

En consecuencia, sobre la base de los principios que inspiran la tramitación administrativa en general (entre otros el de conservación de los actos y tramites administrativos) y ambiental en particular (entre otros, simplificación y concertación de los procedimientos de evaluación ambiental, actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible), a la vista de lo establecido en el art. 17.3 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y teniendo en cuenta el escrito que se presentó por EMC el 08/03/2013, desde esta Consejería se consideró que se podía proceder a completar el EIA, mejorándolo en los aspectos mencionados por el informe de la CHC de 3 de julio de 2012.

Séptimo.—Por EMC se presentó el 18/12/2013 ante este órgano sustantivo, el documento técnico denominado “Estudio de Impacto Ambiental ampliado al informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de 3 de julio de 2012” que se sometió a información pública (BOPA N.º 301 del martes 31 de diciembre de 2013), en donde se introducían mejoras ambientales de proyecto relativas a la (1) “Eliminación del proceso de oxidación a presión (POX) y lixiviación con cianuro (CIL)” (2) “Deposición de los estériles en flotación en seco” y (3) “Reducción de la gestión de instalación de estériles por relleno de interior de mina con pasta”, y también se daba respuesta al referido informe de la CHC de 3 de julio de 2012, analizando de forma exhaustiva los aspectos de “Hidrología, Hidrogeología y los aportes de aguas de mina, residuales y escorrentía” del referido Proyecto Minero de explotación por interior, teniendo en cuenta las mejoras ambientales introducidas.

Las mejoras ambientales introducidas por EMC, no son entendidas como una modificación del proyecto inicial, ya que dicha mejoras introducidas no suponen incremento significativo ni de las emisiones a la atmósfera, ni de los vertidos a cauces públicos o al litoral, ni de la generación de residuos ni de la utilización de recursos naturales, más al contrario suponen una reducción significativa del impacto del Proyecto.

Una vez finalizado el período de la información pública (BOPA n.º 301 del 31/12/2013) y de la posibilidad por parte de las Administraciones Públicas y personas físicas o jurídicas públicas o privadas vinculadas a la protección de medioambiente para que pudiesen presentar alegaciones, obran en el expediente las alegaciones que se reseñan en el anexo a la presente Resolución.

Octavo.—A la vista de las alegaciones presentadas e informes y observaciones formuladas por las AA.PP. a esta información publica (BOPA 31/12/2013), incluido un informe de 31/01/2014 de la CHC, y con el fin de mantener el principio de contradicción, por parte de EMC con fecha 04/04/2014, tras el análisis de las alegaciones presentadas durante el período de información pública y del resto de informes y observaciones de las AA.PP., incluido un informe de la CHC de 31/01/2014, se les dio cumplida contestación.

Noveno.—Con fecha 22/04/2014, desde esta Consejería se remite el expediente al órgano ambiental para que éste formule la correspondiente DIA respecto al proyecto presentado en su conjunto, acompañándose entre otra documentación informe favorable con condiciones de la Permanente de la Comisión del Patrimonio Cultural de Asturias (ref. CPCA-1110/05), evacuado al amparo del art. 35 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, mediante Acuerdo adoptado en sesión celebrada el 27/11/2012.

Décimo.—Por EMC, y con fecha 11/07/2014, se aporta el documento denominado “Ampliación del informe de valoración de alternativas a la ubicación de las instalaciones mineras del Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de «Salave» —ampliación de respuesta al informe de la CHC de 31/01/2014—”. Paralelamente con fecha 16/07/2014, por la Dirección General de Minería y Energía, se evacúa “Informe sobre la posible afección al medio hídrico de la explotación minera de Salave planteada por EMC”, el cual incorpora los contenidos de un estudio técnico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el que se concluía que “la implantación de la industria extractiva se plantea como perfectamente compatible con los cauces (Orjales, Murias, Anguileiro) y las aguas subterráneas (acuíferos superior e inferior) y con el mantenimiento y mejora ambiental de las Lagunas de Silva”, al objeto que permitiese formular, con el mejor criterio técnico posible, una DIA por parte del órgano ambiental.

Remitida dicha documentación al órgano medioambiental, éste informa que debía ser este órgano sustantivo el que ponga a disposición de las personas interesadas y de las AA.PP. la información remitida, procediéndose mediante Resolución de 29/07/2014 de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a suspender el plazo para la formulación de la DIA del proyecto minero de explotación por interior del yacimiento minero de Salave por un plazo máximo de tres meses, hasta la recepción de la documentación adicional resultante de las nuevas consultas.

Es por ello que conforme al el art. 9.4 TRLEIAP se procedió a la publicación en el BOPA N.º 185 del sábado 9 de agosto de 2014, del anuncio de información relevante a efectos de la decisión a adoptar sobre la ejecución del proyecto minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, concejo de Tapia de Casariego, relativa a la valoración de alternativas a la ubicación de instalaciones mineras.

Una vez finalizado el período de la información pública (BOPA 09/08/2014) del anuncio de puesta a disposición de información relevante y de la posibilidad por parte de las Administraciones Públicas y personas físicas o jurídicas públicas o privadas vinculadas a la protección de medioambiente para que pudiesen presentar alegaciones, obran en el expediente las alegaciones que se reseñan en el anexo a la presente Resolución.

Consta la emisión de un nuevo informe por la CHC, de fecha 12 de septiembre de 2014, en el que se contesta que siguen siendo válidos, en relación con el Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración fechados en mayo de 2012, el informe de la Confederación Hidrográfica de fecha 3 de julio de 2012 y, en relación con el Estudio de Impacto Ambiental fechado en diciembre de 2013, el informe del Organismo de cuenca de 31 de enero de 2014, por lo que ningún motivo existe para modificar, ampliar o completar el contenido de los mismos.

A su vez, por EMC se presentó escrito el 06/10/2014, en el que a modo de síntesis, la empresa promotora considera que los informes de la CHC no facilitan al órgano ambiental la información necesaria que le permita motivar suficiente y razonablemente, de forma no arbitraria, lo que aquélla propugna, y ello debido a que la CHC no identifica impactos ambientales críticos, no identifica incumplimientos de parámetros concretos, no proponen ni una sola medida protectora o correctora y refiere de forma genérica supuestos incumplimientos de la legislación de aguas. También considera EMC que la CHC se ha extralimitado en sus competencias dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental, queriendo adelantar a esta etapa el trámite de autorización de vertido y requiriendo informaciones con elevado detalle no requeridas legalmente a otros proyectos industriales u obras similares.

La sociedad promotora considera, dejando entrever la posible responsabilidad patrimonial de la Administración del Principado de Asturias al imposibilitar de forma definitiva la explotación de sus derechos mineros al asumirse un informe no vinculante, que “(…) tanto el EIA, como la documentación ampliatoria aportada por EMC a lo largo del procedimiento contienen una exhaustiva y detallada información debidamente contrastada y justificada en informes evacuados por consultores independientes en materia de dominio público hidráulico, lo que unido al propio Informe emitido por el IGME, permiten al órgano ambiental concluir que no existen impactos críticos sobre el dominio público hidráulico que desaconsejen la ejecución del proyecto, ni se presenta incumplimiento alguno de la normativa de aguas”.

Tras mencionar Jurisprudencia relativa al “control de la discrecionalidad”, EMC, entiende que “(…), es necesario que la resolución que la Administración adopte en el ejercicio de la potestad discrecional, debe ser suficientemente motivada”, “(…) la DIA debe contener pues una motivación suficiente, razonable y no arbitraria sea esta favorable o no al proyecto y, en este último caso, con relación al dominio público hidráulico, deben identificarse justificadamente cuáles serían los impactos críticos del proyecto, los incumplimientos a la normativa en materia de aguas y la imposibilidad de introducir medidas correctoras”, “(…) los sucesivos informes emitidos por la CHC carecen de la concreción necesaria sobre impactos críticos, normativa supuestamente infringida y medidas correctoras que permitieran a los órganos competentes decidir sobre el proyecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos significativos en el dominio público hidráulico”.

Asimismo, se hace referencia a la utilización del principio de precaución o cautela, en donde se señala lo imprescindible de acreditar la existencia de una incertidumbre científica en la que se soporte su aplicación, pues si no la hay, falta el presupuesto básico de la precaución, pudiendo el riesgo ser sencillamente alegado por la autoridad pública para fundamentar cualquier medida sobre cualquier objeto, como aquí ocurre, donde se informa desfavorablemente por unos riesgos cuya incertidumbre científica no se acredita, remitiéndose a un Informe de la Comisión Europea de 02/02/2000, que señala que la invocación del principio de precaución “no puede, sin embargo, legitimar en ningún caso una toma de decisión de naturaleza arbitraria”.

Undécimo.—Con fecha 04/11/2014, a la vista de los antecedentes y al amparo de lo establecido en el art. 12.1 TRLEIAP, desde esta Consejería, remitiendo la oportuna documentación, se solicitó la continuación del desenvolvimiento del expediente y que por parte del órgano ambiental, previos los tramites que fueren oportunos se formulase la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Previamente, esta Dirección General de Minería y Energía, remitió escrito a la CHC, solicitando aclaración sobre dos cuestiones del informe de la CHC de 12/09/2014: si los impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas se deben entender como “críticos”, y si en el supuesto de que el proyecto contemplare expresamente la ejecución de un emisario terrestre y submarino, se retirarían los reparos planteados por la Confederación. A este escrito, contesta el 23 de octubre de 2014 la CHC exponiendo que las deficiencias que había puesto de manifiesto este Organismo en sus informes previos aún permanecen, por lo que se remite y ratifica en el pronunciamiento expresado en sus informes de 3 de julio de 2012 y 31 de enero de 2014.

Duodécimo.—Previa reunión de 19 de diciembre de 2014 de la Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA), y con informe emitido por unanimidad, se formula, a los solos efectos ambientales la Declaración de Impacto Ambiental (Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente), con sentido desfavorable a la vista de los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que obran en el expediente, de los que resulta que no se han evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación.

Dicha DIA ha sido publicada en el BOPA N.º 4 del miércoles 7 de enero de 2015 se incorpora a la presente Resolución como un todo coherente a la misma. El contenido íntegro de la DIA, puede ser consultado en la página web institucional www.asturias.es, a través de <Red ambiental de Asturias> <Consultas e información pública de trámites ambientales> <Otros>. En dicha Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que formula la DIA desfavorable del proyecto de explotación por interior del yacimiento “Salave”, se incorporan los siguientes anexos: (I) Descripción del proyecto (II) Participación pública y (III) Análisis técnico de la evaluación ambiental.

Decimotercero.—Por el carácter desfavorable y determinante de la DIA, al ser adoptada en acuerdo unánime en el seno de la CAMA, no planteándose la posibilidad de utilizar mecanismo previsto en el art. 13 TRLEIAP, este órgano sustantivo debe de proceder a dictar Resolución no aprobando el Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, en Salave, concejo de Tapia de Casariego, presentado por “Exploraciones Mineras del Cantábrico, S. L.”

Decimocuarto.—En cuanto a las diferentes alegaciones, observaciones e informes presentados durante las informaciones públicas realizadas en la tramitación del expediente, que en último término solicitaban la no aprobación del Proyecto o la formulación de una DIA en sentido desfavorable, a saber, a la del BOPA 01/06/2012: 17 modelos-561 Alegaciones; a la del BOPA 31/12/2013: 14 modelos-823 alegaciones; y a la del BOPA 09/08/2014: 7 modelos-356 alegaciones (que se relacionan en el anexo a la presente Resolución), ya en el anexo II de la Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que formula la DIA desfavorable del proyecto de explotación por interior del yacimiento “Salave”, se analizaban estas diferentes alegaciones, observaciones e informes y se entiende que por parte del órgano ambiental son estimadas en cuanto a su finalidad última, esto es, al haber procedido a la formulación de una DIA en sentido desfavorable.

A su vez, respecto a otras motivaciones vertidas en las alegaciones presentadas a lo largo del desenvolvimiento procedimental del presente expediente, más allá de las opiniones subjetivas sobre la actuación del órgano sustantivo y de los augurios sobre un futuro distópico en el supuesto que se aprobase el Proyecto, es preciso tratar los aspectos sobre la fragmentación y la modificación del proyecto y la incorrección jurídica de la tramitación del expediente, los efectos “vinculantes generales” de la DIA publicada en el BOPA del 17/01/2013 y la imposibilidad de una nueva DIA, caducidad de las concesiones mineras sobre las que se sustenta el Proyecto, etc. Con fecha 28 de enero de 2015, se evacúa informe por el Servicio de Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo, que analiza, entre otras cuestiones, estas motivaciones presentadas en las alegaciones y del que, a modo de síntesis, se desprende lo siguiente:

En cuanto a la fragmentación y las “modificaciones del proyecto”, poner de manifiesto que el “Proyecto” sigue siendo el mismo tanto en la primera como en la segunda información pública, y en el trámite seguido para la puesta a disposición de información relevante, por cuanto que las mejoras ambientales introducidas por EMC (que se reflejan en el anexo I “descripción del Proyecto” de la de la Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que formula la DIA desfavorable) esencialmente la eliminación del cianuro, vertedero de residuos mineros no peligrosos no inertes para los estériles en flotación en seco, relleno del interior de mina con los propios estériles, dos balsas de decantación y dos de plantas de tratamiento de aguas para el vertido cero de la planta de tratamiento de mineral, y para el pretratamiento y tratamiento del resto de aguas para un vertido con niveles equivalentes a calidad de agua de consumo humano, etc… no pueden entenderse como una modificación del proyecto inicial que requiriesen la sujeción a una tramitación ambiental desde su inicio, ya que dichas mejoras introducidas, no suponen incremento significativo ni de las emisiones a la atmósfera, ni de los vertidos a cauces públicos o al litoral, ni de la generación de residuos ni de la utilización de recursos naturales, más al contrario suponen una reducción significativa del impacto del Proyecto, sin que por lo expuesto pueda entenderse que exista fragmentación ni modificación del Proyecto.

Respecto a la corrección de la tramitación ambiental, no se considera que exista vulneración de la legislación aplicable a la evaluación ambiental en la tramitación del expediente en donde siempre ha quedado garantizada la mayor transparencia.

Cuestión aparte merecen las consideraciones que se realizan sobre los efectos “vinculantes generales” de la DIA publicada en el BOPA del 17/01/2013 y la imposibilidad de una nueva DIA. Como es sabido en los últimos años, a través de la Jurisprudencia se ha venido definiendo el cuerpo de doctrina tanto respecto del procedimiento de evaluación ambiental (calificado como «procedimiento administrativo instrumental» con respecto al procedimiento sustantivo) como de la naturaleza jurídica de la Declaración de Impacto Ambiental («informe preceptivo y determinante»), sin que el presente procedimiento administrativo del Proyecto de EMC, y el procedimiento administrativo destinado a la evaluación ambiental del Proyecto de EMC puedan tratasen como expedientes autónomos y sin conexión alguna. Por lo tanto se entienden como un error o una “confusión” entre los conceptos de “vinculante y determinante”, que en algunas de las alegaciones e informes obrantes en el expediente, se considere que la DIA publicada en el BOPA N.º 13 de 17 de enero de 2013, produce “efectos vinculantes generales” y que no es legal tramitar el Estudio de Impacto Ambiental dentro de un expediente en el que ya existe una DIA parcialmente desfavorable.

En cuanto a las alegaciones que plantean la posible caducidad de las concesiones mineras sobre las que se sustenta el Proyecto dudándose de su vigencia, poner de manifiesto que según los datos obrantes en los archivos de la Dirección General de Minería y Energía, queda inequívocamente acreditada la vigencia de la totalidad de las concesiones mineras que conforman el denominado “Grupo Salave”, y de la corrección de las prorrogas concedidas, ratificada en los fundamentos Jurídicos expuestos en la Sentencia (firme) de 12 de mayo de 2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de la Plataforma “Oro No”, contra resolución de esta Consejería que prorrogaba la vigencia de una de las concesiones que sustentan el citado Proyecto Minero.

Respecto a las últimas alegaciones presentadas por EMC el 06/10/2014, desde esta Consejería como órgano sustantivo, una vez que el órgano ambiental ha formulado una DIA con sentido desfavorable a la vista de los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ya no puede entrar a valorar, si los informes de la CHC (no vinculantes), carecen o no del más mínimo rigor ni científico ni técnico, ya que en todos ellos se refieren a los riesgos y a la afección al DPH sobre la base de conjeturas y meras incertidumbres todas ellas huérfanas de pruebas que avalen que esa afección al DPH suponga un impacto que causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación, sin que, por otra parte la CHC, se plantee la posibilidad de establecer medidas protectoras o correctoras que pudiesen paliar el impacto.

Tampoco nada se puede señalar sobre si la ausencia de motivación de la DIA desfavorable basada únicamente en la hipotética afección al DPH alegada por la CHC en informes no vinculantes, pudiera rayar o no en la arbitrariedad al no estar debidamente justificada ni motivada, ni sobre si al plantarse medidas concretas para paliar la afección al DPH, la “carga de la prueba” para acreditar fehacientemente dicha afección y poner de manifiesto e identificar cuál o cuáles son los Impactos ambientales críticos, entendidos como aquellos cuya magnitud es superior al umbral aceptable y con los que se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras, se invertiría y recaería sobre la CHC.

Igualmente nada puede indicarse sobre el principio de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad, consagrado en el art. 39 bis Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, respecto a que cuando en el ejercicio de sus respectivas competencias las AA.PP. exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, se deberá de elegir la medida menos restrictiva.

Decimoquinto.—Debido al número de personas que han presentado alegaciones que se relacionan en el anexo a la presente Resolución (a la del BOPA 01/06/2012: 17 modelos-561 Alegaciones; a la del BOPA 31/12/2013: 14 modelos-823 alegaciones; y a la del BOPA 09/08/2014: 7 modelos-356 alegaciones) y teniendo en cuenta el elevado coste que supone proceder a la notificación individual del traslado de la Resolución a cada uno de los alegantes, así como también que en muchas de las alegaciones no se especifica correctamente un domicilio a efectos de la practica de la notificación, se aprecia que existen razones de interés público que aconsejan la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente Resolución, surtiendo los efectos previstos en los artículos 59 y 60 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

En la publicación de la presente Resolución que se realice en el BOPA, y conforme a la recomendación dada por la Agencia Española de Protección de Datos en su Resolución de 30/05/2014, que archivó la denuncia que en día había sido presentada ante dicha Agencia por parte de D. Carlos González-Antón Álvarez, la identificación de los datos personales de los alegantes se realizará únicamente con sus iniciales y número de DNI.

Fundamentos de derecho

Primero.—Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas (LMi) y el R.D. 2857/78, de 25 de agosto que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RMi), BOE n.º 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de 1978, con especial referencia al art. 71 LMi y art. 93 RMi relativos a la aprobación de Proyectos.

Segundo.—Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, así como el Reglamento que lo desarrolla aprobado por R.D. 1131/88, de 30 de septiembre (BOE n.º 239, 5-10-88), que establece la necesidad de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para este tipo de Proyectos de explotación de recursos minerales.

Tercero.—Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE n.º 143, del 13/06/2009), modificado por el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo (BOE n.º 118 de 17/05/2012) así como lo que le pudiere ser de transitoria aplicación del R.D. 2994/82, de 15 de octubre (BOE n.º 274, de 15-11-82), sobre Restauración del Espacio Natural afectado por Actividades Mineras, la Orden de 20 de noviembre de 1984 (BOE 285 de 28-11-84), y el R.D. 1116/84, de 9 de mayo (BOE 141, de 3-6-84) sobre Restauración del espacio natural afectado por explotaciones de carbón a cielo abierto y la Orden de 13 de junio de 1984 (BOE 143, de 5-6-84) que lo desarrolla, derogados por el citado R.D. 975/2009.

Cuarto.—Real Decreto 863/85 de 2 de abril (BOE 140, de 12/06/1985) que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.G.N.B.S.M.),, así como las Instrucciones Técnicas que lo desarrollan, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva (BOE n.º 25 de 30/01/2006), así como el R.D 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger y la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras (BOE n.º 240 del 07/10/1997).

Quinto.—Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, que exige en su art. 35 la necesidad de incluir en todas las actuaciones que se sometan a Evaluación de Impacto Ambiental el correspondiente apartado especifico sobre las afecciones que se pudieran producir al patrimonio cultural, para su informe por la Consejería competente en esta materia.

Sexto.—Siendo esta Consejería competente para conocer el presente expediente en virtud de las atribuciones que en materia de minería y energía le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O 1/94 y 1/99; y el R.D. 386/85 de 9 enero, sobre traspaso de competencias, y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, se delega en el titular de la Dirección General la competencia para resolver el referido expediente, por la presente,

RESUELVO

Primero.—No aprobar el Proyecto Minero de explotación por interior del yacimiento de “Salave”, en Salave, concejo de Tapia de Casariego, presentado por “Exploraciones Mineras del Cantábrico, S. L.” al haberse formulado Declaración de Impacto Ambiental (Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente-BOPA N.º 4 del miércoles 7 de enero de 2015), con sentido desfavorable a la vista de los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que obran en el expediente, de los que resulta que no se han evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas, que el proyecto causará previsiblemente efectos negativos significativos sobre el medio ambiente, y que las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente de su completa corrección o adecuada compensación.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo los efectos previstos en los artículos 59 y 60 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sirviendo de contestación a las personas físicas y jurídicas que presentaron alegaciones durante las fases de información pública y que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de febrero de 2015.—El Consejero de Economía y Empleo.—P.D., Resolución de 03/07/2012 (BOPA del 6 de julio), el Director General de Minería y Energía.—Cód. 2015-02830.

Anexo

Expte. 11/C/03/13

Relación de alegaciones presentadas conforme a la recomendación dada por la Agencia Española de Protección de Datos en su Resolución de 30/05/2014, que archivó la denuncia que en día había sido presentada ante dicha Agencia por parte de D. Carlos González-Antón Álvarez.

Informaciones públicas BOPA 01/06/2012, 31/12/2013 y 09/08/2014.

BOPA 01/06/2012

Ver boletín en PDF para consultar la tabla

BOPA 31/12/2013

Ver boletín en PDF para consultar la tabla

BOPA 09/08/2014

Ver boletín en PDF para consultar la tabla

Disposición anterior | Disposición siguiente

Información sobre el documento

© Copyright 2006. Gobiernu del Principau d'Asturies