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Boletín Nº 188 del viernes 29 de septiembre de 2023

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, INDUSTRIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Resolución de 15 de septiembre de 2023, de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de Explotación/valorización de escombreras asociadas al grupo minero Cutrífera en Moreda de Arriba (Aller). Expte. IA-IA-0102/2022//AUTO/2022/11462.

Analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de octubre de 2022, mediante encargo n.º 224460, la Sección de Ordenación Minera, remite la documentación al órgano ambiental (Sección de Evaluación Ambiental) conforme a lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para que formule la oportuna declaración de impacto ambiental (DIA).

Segundo.—Con fecha de 23 de noviembre de 2022, mediante encargo n.º 241543 se recibe de la Sección de Ordenación Minera (órgano sustantivo), documentación (informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico) que se ha de anexar a la enviada en el encargo n.º 224460, dado el carácter preceptivo del citado informe conforme al artículo 37.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tercero.—Consultado el informe de fecha 21 de noviembre de 2022, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), en el que se indica que el almacenamiento temporal de los materiales finos que se extraigan de la escombrera con destino a la central térmica de “La Pereda” en el concejo de Mieres, no son autorizables respecto a la ubicación prevista.

Cuarto.—Con fecha de 23 de diciembre de 2022, se notifica al promotor que para poder continuar con la tramitación ambiental, deberá presentar documentación que contenga la nueva ubicación de los acopios del material fino valorizable y también un plan relacionado con el transporte del material desde el origen de las escombreras hasta el destino final.

Quinto.—Con fecha de 5 de enero de 2023, mediante encargo n.º 259306, el órgano ambiental envía al órgano sustantivo, la notificación efectuada al promotor, para que tengan constancia de dicho trámite, conforme al artículo 40.3 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.

Sexto.—Posteriormente, con fecha de 20 de febrero de 2023 el promotor atiende a dicho requerimiento aportando un informe sobre los extremos planteados, indicando que la nueva ubicación de los acopios tendrá lugar dentro de la propia explotación, adjuntando cartografía de la misma.

Séptimo.—Con fecha 21 de febrero de 2023, el órgano sustantivo procede a la consulta a la CHC acerca de la nueva documentación presentada por el promotor, y finalmente dicha Administración Pública afectada emite informe con fecha 27 de marzo de 2023, que es trasladado al órgano ambiental con el fin de que pueda continuar con la tramitación del expediente, y formular la declaración de impacto ambiental del proyecto, a los efectos establecidos en el artículo 39 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Octavo.—Para tramitar la solicitud se incoa en la Sección de Evaluación Ambiental el expediente IA-IA-0102/2022 (AUTO/2022/11462).

Noveno.—La Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, en sesión de 28 de julio 2023 de 2022, tras examinar el expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria, acuerda por unanimidad adoptar acuerdo favorable sobre el informe para la propuesta de Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Explotación/Valorización de escombreras asociadas al Grupo Minero Cutrífera en Moreda de Arriba (Aller).”

Fundamentos de derecho

Primero.—La solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria se tramita de acuerdo al procedimiento regulado en el Título II, Capítulo II, Sección 1.ª, en los artículos 33 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Dentro de dicha tramitación se realiza la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, así como las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.3, 9.4, 36 y 37 de la citada Ley.

Como anexos de este informe se incluyen:

• Anexo I-Descripción del proyecto y de sus alternativas.

• Anexo II-Resultados del trámite de información pública, de las consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

• Anexo III-Análisis técnico del expediente.

Segundo.—Conforme a la actual estructura orgánica del Gobierno del Principado de Asturias corresponde a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma), la tramitación y resolución del presente expediente.

Tercero.—Conforme establece el Decreto 77/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la organización, composición y funcionamiento de la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias, corresponde a dicha Comisión emitir preceptivamente informe, con carácter previo a la emisión de las declaraciones de impacto ambiental que deban formularse de acuerdo con la normativa de evaluación ambiental de proyectos.

RESUELVO

Primero.—Formular la declaración de impacto ambiental (DIA) por la que se determina la viabilidad a los efectos ambientales, de la alternativa 1, del proyecto: “Explotación/Valorización de escombreras asociadas al grupo minero Cutrífera en Moreda de Arriba (Aller)”, en los términos recogidos en la documentación aportada por el promotor (C6 Corporate S.L.) y vistas las aportaciones recibidas en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, que vienen reflejados en el anexo II.

Segundo.—Con el fin de garantizar y salvaguardar el medio ambiente y las condiciones de vida de la población más próxima al área de actuación, se establecen medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias de los efectos ambientales, que se contemplan en el presente informe (apartado II Medidas Protectoras y Correctoras, anexo III Análisis Técnico), a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado, además de las contempladas en el proyecto, en el plan de restauración, en el plan de gestión de residuos, en el estudio de impacto ambiental, y en la documentación complementaria que figura en el expediente, junto con las aportaciones recibidas durante la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas en lo relativo a sus competencias sectoriales.

Tercero.—Establecer las siguientes medidas y tener en cuenta los condicionantes, que deberán garantizarse por parte del promotor en las fases de ejecución, explotación, seguimiento y vigilancia y en su caso cese de la actividad proyectada, en relación a la:

a) Protección de la vegetación y de la fauna. Con carácter general, si se detecta la presencia de cualquier especie de flora o fauna catalogadas en las proximidades de las zonas de actuación, se comunicará tal circunstancia al órgano competente en la materia, a fin de que puedan adoptar las medidas que estimen oportunas. En todo caso, se observarán las prescripciones recogidas en la norma relacionada con la conservación de las citadas especies.

Se adoptarán las medidas oportunas para la erradicación, si fuera el caso, de las especies vegetales alóctonas invasoras, que estén presentes en el área de actuación, así como las necesarias para evitar su proliferación, propagación y colonización.

b) Protección del aire. Dado que la actividad proyectada está catalogada como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (Grupo B), según el anexo IV de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, antes de la ejecución de los trabajos proyectados, el promotor deberá solicitar autorización administrativa ante la autoridad competente en la materia.

Por otro lado para minimizar el impacto acústico se deberá estar a lo dispuesto tanto lo indicado en el Plan de Transporte entregado por el promotor y por lo indicado en la Ordenanza Reguladora de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial del concejo de Aller.

c) Protección de los recursos hídricos. En relación a las actuaciones proyectadas en el Dominio Público Hidráulico o en sus zonas de protección, que puedan alterar la calidad del agua, la hidrología de superficie y la subterránea, se tendrán en cuenta los condicionantes y las correspondientes autorizaciones administrativas previas, del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). Este organismo también informa que queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.

Por otro lado, el promotor debe asegurar la adopción de las medidas necesarias para evitar la afección de los recursos hídricos, cumpliendo el objetivo del Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental y también debe asegurar la protección de todas las masas de agua y cumplir con el Real Decreto 1514/2009 por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, según lo indicado por el Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental en relación a las competencias que tiene atribuidas.

d) Protección del Patrimonio Cultural. Durante la fase de ejecución del proyecto se deberán demarcar y balizar de forma permanente las dos bocaminas y la antigua casa de pagos existentes en la zona, al objeto de que el tránsito de maquinaria no ocasione afecciones sobre estos bienes.

e) Plan de restauración. Será presentado por el promotor ante la autoridad competente en minería y el contenido se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Con posterioridad el órgano competente autorizará el plan de restauración, si cumple con todos los requisitos establecidos en el citado Real Decreto 975/2009. Una vez realizados los citados trámites, el promotor deberá simultanear las labores de explotación con las labores de restauración de acuerdo con las directrices recogidas en el plan de restauración.

f) Plan de gestión de residuos mineros. Este documento deberá aportar la suficiente información para permitir a la autoridad competente evaluar la capacidad de la entidad explotadora de cumplir los objetivos de dicho plan y sus obligaciones con arreglo al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Conforme al artículo 17.1 de la citada norma, la entidad explotadora garantizará que los residuos se gestionan de un modo que no supongan peligro para la salud de las personas y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni a lugares que representen un interés especial.

g) Fianzas y garantías. Con independencia de cualquier otro tipo de fianza o garantía que se encuentre recogida en la legislación vigente, se exigirá garantía suficiente, de acuerdo a los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, para el cumplimiento de las medidas protectoras y la restauración de los terrenos afectados

h) Cese de la actividad. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en el caso de cese de las labores por parte de la entidad explotadora, ya sea por agotamiento de los recursos, abandono de las actuaciones proyectadas, renuncia del título minero o cualquier otra causa, la autoridad minera competente deberá contemplar las actuaciones y medidas necesarias para que se proceda a ejecutar el plan de restauración que corresponda.

El almacenamiento temporal de los materiales finos que se extraigan de la escombrera, con destino a la central térmica de “La Pereda” en el concejo de Mieres, se ubicará finalmente en el interior de una nave con una superficie aproximada de 600 m², ubicada en el interior de la explotación y con capacidad suficiente en principio para albergar las 3.000 t de material cribado. En el caso de que estos acopios intermedios se hagan en el exterior de la nave, bien por no cumplir las previsiones de almacenaje de la nave o por otra razón y la explotación sea abandonada por los motivos antes mencionados, el promotor deberá proceder a restaurar la zona afectada y costear dichas labores, ya que su valoración no fue incluida inicialmente en el plan de restauración.

i) Programa de vigilancia ambiental. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en la declaración de impacto ambiental, en el plan de restauración y en el plan de gestión de residuos y se facilitará el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y abandono de la explotación.

j) Condicionantes sectoriales. La declaración de impacto ambiental se emitirá a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigentes, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Analizando la documentación ambiental presentada, se constata que la superficie de la escombrera n.º 3, afecta en un 1% a la superficie del Monte de Utilidad Pública (MUP) n.º 190 “Pinin de Moreda y Cuesta” del concejo de Aller. Cualquier actuación que se lleve a cabo en esta zona deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en Ley 3/2004 de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias y el promotor deberá tramitar todas aquellas autorizaciones necesarias ante el órgano competente en la materia.

A la vista de los informes sectoriales presentados durante la fase de consultas a las Administraciones Públicas afectadas, se detecta que en la actualidad y en los términos en los que está planteado el proyecto, existe incompatibilidad urbanística en los terrenos en los que se pretende llevar a cabo la actividad objeto de evaluación. Si fuera necesario, la aprobación de la figura urbanística a que hubiera lugar para el desarrollo de este proyecto, se supedita entonces a la superación del trámite ambiental que correspondiera, en virtud de lo establecido en la norma ambiental sectorial.

Cuarto.—Se ordenará la publicación de la declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación, conforme a lo previsto en el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Quinto.—La declaración de impacto ambiental del proyecto perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el BOPA no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años, conforme establece el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. El promotor del proyecto deberá comunicar, al órgano ambiental que emite esta resolución, la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto.

Sexto.—La autorización del proyecto queda sujeta a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Séptimo.—El seguimiento de la declaración de impacto ambiental se llevará a cabo conforme a lo previsto en el estudio de impacto ambiental, y a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Octavo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contra la Declaración de Impacto Ambiental, no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Noveno.—En caso que se produjeran modificaciones de las características del proyecto sobre el que se formula la declaración de impacto ambiental, deberá valorarse si puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y en su caso, si precisa realizar algún trámite de evaluación ambiental.

Décimo.—El órgano ambiental, podrá iniciar el procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 44 de la Ley 21/2013; en particular, cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

Undécimo.—La presente propuesta de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigentes, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del citado proyecto.

El texto completo de los anexos de la presente resolución está disponible en el siguiente enlace de la página web del Principado de Asturias:

https://medioambiente.asturias.es/inicio

En el apartado “Participación Ciudadana: Consultas e información pública de trámites ambientales”; subapartado Otro”

Oviedo, 15 de septiembre de 2023.—La Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Nieves Roqueñí Gutiérrez.—Cód. 2023-08565.