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Boletín Nº 187 del miércoles 28 de septiembre de 2022

AYUNTAMIENTOS

DE NAVIA

Anuncio. Aprobación definitiva del proyecto de obras para la “Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo” y anexo expropiatorio. Expte. PAM/2022/5.

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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de julio de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por doña María Luján Martínez Suárez en su propio nombre y en interés de la comunidad hereditaria constituida al fallecimiento de doña María del Carmen Suárez Martínez, en base a

1. En relación con la titularidad del inmueble conocido como “Casa La Tahona”, sito en el número 3 de la Avda. Regueral de Navia:

Se aporta por la alegante documentación relacionada con la comunidad hereditaria constituida al fallecimiento de doña María del Carmen Suárez Martínez y que acredita su condición de interesada.

Si bien en el Registro de la Propiedad la finca que nos ocupa figura inscrita a nombre de doña Luisa Martínez Fernández, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se propone reconocer a doña María Luján Martínez Suárez la condición de interesada que solicita.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

b. Los que; sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

2. En relación con los errores e incongruencias que la alegante dice contener el Acuerdo Municipal de 28 de marzo de 2022:

Manifiesta la alegante desconocer el Órgano municipal que ha dictado el Acuerdo objeto de sus alegaciones. Y, al amparo de esa afirmación, se alega la nulidad de pleno derecho por incompetencia ratione materiae del órgano que dictó la resolución.

En este punto, sólo indicar que, tal y como se infiere del propio texto del Acuerdo, es el Ayuntamiento Pleno de Navia, órgano colegiado de máxima representación municipal, quien lo adopta y dicta el Acuerdo Municipal de 28 de marzo de 2022, por el que se aprueba el proyecto de obras para la “Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la ría de Navia”, redactado por la Ingeniero de caminos, canales y puertos doña Mercedes Sainz Vega por un importe de 178.669,44 €.

En relación con la duda planteada sobre si se trata o no de la aprobación inicial del proyecto, es el propio texto del acuerdo publicado en el BOPA núm. 72 de 13 de mayo de 2002 el que dice:

“El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2022, aprobó inicialmente el segregado 2 del provecto de obras para la «Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia»: redactado por la Ingeniero de caminos, canales y puertos doña Mercedes Sainz Vega.

Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública de ¡a referida obra, por lo que se incluye en el proyecto el anexo expropiatorio en el que se recoge la relación de bienes y derechos que resultan de necesaria ocupación para la ejecución de aquellas.

Este acuerdo, así como la relación detallada de bienes y derechos afectados, para que dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del último de los anuncios o al recibo de la notificación individual si ésta es posterior, puedan los interesados formular las alegaciones que estimen oportunas sobre la necesidad de la ocupación y sobre el estado material y legal de sus bienes.

Asimismo, a los solos efectos de la subsanación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hace pública, podrá comparecer cualquier otra persona física o jurídica, aportando cuantos datos y documentos acreditativos sirvan de fundamento para la rectificación.

Transcurrido el citado período de información pública sin que se hubieran presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de utilidad pública al cual se afectan los bienes expropiados, así como la relación de bienes y derechos a expropiar”.

En cuanto a la potestad expropiatoria, el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa señala que ésta solo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio. Cuando expropie el Municipio corresponde al Ayuntamiento en Pleno adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley de Expropiación Forzosa o al Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa (artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación, de 26 de abril de 1957).

El artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. Pero para que esto ocurra es necesario que en el proyecto se incluya, al momento de su aprobación, la relación de bienes y derechos a expropiar, con su descripción, al menos en su aspecto material. Relación esta, concreta y determinada, que viene recogida en el propio proyecto, con la incorporación al mismo del anexo expropiatorio.

La aprobación del Proyecto Segregado 2 “Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia”, supondrá la declaración de utilidad pública e interés social, y la necesidad de ocupación de las fincas y bienes que se incluyen en el anejo expropiatorio, conforme a lo señalado en los artículos 10 y 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

“Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada o que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados”.

3. Sobre la falta de competencia del Ayuntamiento de Navia para promover una actuación en terrenos de dominio público marítimo terrestre:

El Segregado 2 del “Proyecto para la restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo de la Ría de Navia” pretende actuar sobre la zona recogida en la Ley de Costa como servidumbre de tránsito. Tratándose, en este caso, de una franja de terreno de naturaleza urbana y de propiedad privada, tal y como se refleja en el anejo expropiatorio del Proyecto. Por lo tanto, en modo alguno se trata de terrenos de dominio público marítimo-terrestre como sostiene la alegante.

El Proyecto, según ya se ha señalado anteriormente, pretende la restauración ambiental de una zona concreta mediante la eliminación de los vertidos de aguas residuales domésticas a la ría. Para ello se prevé la demolición del colector situado en el cauce de la ría y la ejecución de un nuevo colector de saneamiento que recoja las aguas residuales domésticas para llevarlas a la EDAR de Navia-Coaña. Lo que en modo alguno supone duplicidad de saneamiento, ya que el existente que menciona la alegante en su escrito no resuelve el vertido directo a la Ría por parte de los predios incluidos en el anexo expropiatorio. Además, en el Proyecto se incluye la realización del paseo sobre la ría, desde el Parque de Ramón de Campoamor hacia el mar.

En la misma alegación, se habla de la contradicción que supone este Proyecto con las prescripciones contenidas en el planeamiento urbanístico vigente del Concejo.

El planeamiento urbanístico vigente pretende la rectificación de la situación urbanística preexistente mediante el desarrollo de las previsiones básicas del planeamiento general del concejo, permitiendo fijar la alineación trasera de los solares a la ría con el objeto de proporcionar un tratamiento urbanístico homogéneo a la fachada marítima y, al mismo tiempo, respetar la servidumbre de tránsito prevista por la Ley de Costas. Asimismo se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con el plan de ordenación en vigor.

Para la realización de este Proyecto, Segregado 2, se solicitará la correspondiente autorización de la Demarcación de Costas del Estado en el Principado de Asturias. Previamente ya ha sido autorizado el Proyecto originario del que este trae causa.

4. Sobre la improcedencia de un “proyecto de obras ordinarias” para ejecutar lo previsto en el Proyecto aprobado el 28/3/2022:

En relación con la posible afección del dominio público marítimo-terrestre esgrimida por la alegante en su escrito, indicar que la única actuación sobre el mismo sería, en su caso, previa la preceptiva autorización de la Demarcación de Costas del Estado, la ejecución de las obras necesarias para anular el saneamiento actual. El resto de actuaciones previstas serán, como ya se ha indicado anteriormente, sobre suelo urbano de titularidad privada.

A propósito de la protección integral de la “Casa de la Tahona” esgrimida por la alegante, según el Acuerdo del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, la parte afectada por el Proyecto no posee valor cultural protegido al no contar con valores culturales destacables y no suponer un menoscabo de sus valores culturales. Este aspecto será objeto de desarrollo más adelante, en otro apartado de este informe.

5. Sobre la improcedencia de un Proyecto de Obras Ordinario para fundamentar la utilidad pública:

El artículo 33.3 de la Constitución Española dispone: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes”.

Este precepto alude a la Expropiación Forzosa cuyo procedimiento queda regulado en la Ley de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento de 1957, entendiendo la expropiación forzosa como “cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique, venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”.

La relación de terrenos y propietarios de los mismos afectados por el Proyecto han sido incluidos en el anexo de Expropiaciones del mismo y hace referencia a cinco inmuebles.

El procedimiento de aprobación del proyecto se regirá por los arts. 93 y 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

A su vez, de acuerdo con el art. 10 de la LEF, La utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los mismos términos el precitado artículo 94 del TRRL, dispone: “Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa”.

Una vez aprobado provisionalmente el Proyecto por el Pleno de la Corporación, éste se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Navia, junto con la relación de propietarios y bienes/o derechos afectados contenido en el anejo de expropiaciones, durante el plazo de 20 días, de conformidad con el artículo 83, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, para que cualquier interesado y/o afectado pueda realizar las alegaciones que considere oportunas al respecto, de acuerdo con los arts. 17 y 18 de la LEF, así como con el mencionado art. 93, del TRRL.

Transcurrido el plazo indicado, se resolverían las alegaciones y, en su caso, se aprobaría definitivamente el Proyecto por el órgano competente.

El artículo 15 de la LEF, dispone que “declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar bienes o de adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación”, añadiendo el artículo 17 que, a estos efectos, “el beneficiario está obligado a formular una relación concreta e individualizada en la que se describan todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación”. En ese caso, “cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados” (artículo 17.2 LEF).

6. Sobre la ausencia de utilidad pública en la ejecución de una red de saneamiento duplicada:

Las Alegaciones presentadas aluden a la innecesaridad de ejecutar la red de saneamiento prevista por el Proyecto-Segregado 2, que daría lugar, según su argumentación, a dos redes de saneamiento que discurrirían en paralelo, una por el cauce de la ría y la otra por la calle Regueral.

En realidad, el Proyecto-Segregado 2 pretende anular la red de saneamiento que vierte directamente sobre el cauce de la Ría de Navia las aguas procedentes de los números 3,5, 7,9 ría y 13 de la Avenida Regueral y lograr con ello la restauración medioambiental de la zona.

Dicha red de saneamiento fue realizada por el Principado de Asturias y, en el primer tramo de unos 40 metros, buscó el reformado de las arterias principales de saneamiento de la Ría de Navia, desviándose en la rotonda, por la calle Ramón Valdés, hacia la zona del puerto. El Proyecto-Segregado 2, además de perseguir la restauración medioambiental de la zona con la eliminación de los vertidos de las aguas residuales domésticas a la ría, también evitará que los propietarios de los predios que se sitúan entre la ría de Navia y la calle Regueral tengan que acometer las reformas necesarias para evitar los vertidos en la ría.

Desde la aprobación por la Demarcación de Costas en el año 2017, hasta la aprobación del Segregado 2 de estas alegaciones, ha habido un nuevo intento por parte del Principado intentado dejar sin efecto el vertido directo de estos inmuebles a la ría, mediante la realización de un Proyecto que supondría una solución grapada a la pared sobre la ría, y esta solución no fue admitida técnicamente por la Demarcación de Costas del Estado, lo que nos ha llevado a la solución recogida, en este Proyecto Segregado 2.

7-8. Sobre la singularidad del inmueble “Casa la Tahona” y la falta de previsión en cuanto a la forma de llevar a cabo la demolición parcial:

Según la alegante este inmueble se encuentra incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, desde 1980, correspondiéndole la ficha NA-40. Continua la alegante diciendo que el Proyecto inicialmente aprobado por el Ayuntamiento no respeta la protección que le confiere su catalogación como “Edificio Inventariado”.

El Ayuntamiento de Navia, con fecha 24/04/2020, cursó una solicitud de autorización al Servicio de Patrimonio Cultural para la demolición de ampliación adosada al edificio Casa La Tahona, y situada entre el edificio catalogado y la ría de Navia (Expte. Municipal ns 1085/16).

Dicho expediente concluye que “llegados a este punto y puesto que la edificación en planta baja (el tercer tramo que se prolonga desde el edificio principal hasta la ría), no figura con ningún tipo de protección (según la información aportada por la documentación gráfica de las NNSS), ni tampoco figura en la descripción histórico-artística de la ficha del CU, ni tampoco se data ni se aporta información en la documentación del PCA, se deberá de solicitar de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, la autorización para proceder a la demolición del tercer tamo, adosado al cuerpo principal con fines industriales, y que se encuentra en la ampliación de planta baja situada entre el edificio protegido y la ría de Navia, por entender que no dispone de ningún nivel de protección, y su emplazamiento impide la ejecución de unas obras que llevan por finalidad la restauración ambiental de la ría de Navia, mediante la eliminación de vertidos de aguas residuales domésticas a la propia ría”.

Con fecha 26 de noviembre de 20202, el Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural, dependiente de la Dirección General de Cultura y patrimonio, en el que dice que el asunto de referencia ha sido informado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, en sesión de 13/11/2020, con el siguiente acuerdo:

“El Ayuntamiento de Navia, remite a esto Consejería documentación relativa a la demolición parcial de la ampliación del edificio «Casa La Tahona», por ser parte afectada por el «Proyecto de Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia».

El edificio donde se realizará una demolición parcial se encuentra afectado en lo referente a protección del Patrimonio cultural, principalmente, por su inclusión en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPCA), según resolución de 31 de agosto de 2018.

Encontrándose también afectado en el referente a protección del Patrimonio Cultural, por su ubicación en el Camino de Santiago, siendo de aplicación el Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico el llamado Camino de Santiago... etc.

Analizada la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Navia, se comunica lo siguiente:

1.—Se estima procedente la demolición parcial de la parte Este del edificio «Casa de la Tahona» dado que:

1. La parte afectada no posee valor cultural protegido al no contar con valores culturales destacables y no suponer menoscabo de sus valores culturales.

2. La parte afectada constituye una ampliación del cuerpo principal del edificio principalmente protegido por estar dotado de aspectos y elementos en grado singular.

2.—Dado que no se ha adjuntado Proyecto técnico reflejando modo, forma, alcance, etc. De la demolición parcial y de la reforma correspondiente el presente acuerdo no tiene valor definitivo como establece la legislación urbanística y cultural.

3.—Esta Consejería emitirá el preceptivo informe vinculante en base a Proyecto Técnico de Demolición parcial y reforma del edificio «Casa de la Tahona», cuando se reciba el mismo”.

En conclusión, la parte vinculada a la ”Casa de la Tahona” que resulta afectada por el Proyecto-Segregado 2 carece de la protección mencionada y para su derribo solo será necesario la realización de un Proyecto técnico de demolición parcial y reforma del edificio “Casa de la Tahona”, que habrá de ser sometido al Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural, del Principado de Asturias.

9. Sobre la falta de retención, habilitación y o consignación presupuestaria para cubrir no solo la ejecución del Proyecto, sino también la valoración de los bienes y derechos que el Ayuntamiento va a expropiar:

El acuerdo de Pleno de fecha 28 de marzo de 2022 aprobó inicialmente el Proyecto-Segregado 2 de obras para la “Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia”, redactado por la Ingeniera de caminos, canales y puertos, doña Mercedes Sainz Vega, por un importe de 178.669,44 €.

El importe consignado en ese acuerdo del Pleno del Ayuntamiento es la consignación presupuestaria prevista por el Ayuntamiento de Navia para la realización de las citadas obras. El anejo expropiatorio, en este momento procedimental, no requiere de consignación presupuestaria, pues el mismo solo acompaña al Proyecto de Obras para definir que bienes y derechos son afectados por el citado Proyecto.

La consignación presupuestaria para la realización del expediente expropiatorio ha de estar prevista en el momento en que el Ayuntamiento apruebe el inicio del mismo. Hito que todavía no se ha producido.

Como en cualquier caso será necesario la tramitación de un expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras previstas en el Proyecto-Segregado2, el Ayuntamiento de Navia en Pleno, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2022, adoptó entre otros, el acuerdo que, transcrito literalmente, dice:

“... se presupuestan 347.000€ para la expropiación de los terrenos del futuro paseo marítimo de Navia; y otros terrenos...”

Segundo.—Desestimar las alegaciones presentadas por doña María Paz Méndez-Castrillón Rodríguez en base a:

1. Hace referencia al Proyecto el aprobado por la Demarcación de Costas en el año 2017 y el Proyecto Segregado 2:

Manifiesta la alegante en su escrito que no tiene constancia del archivo del Proyecto aprobado por la Demarcación de Costas en el año 2017 y que la única referencia es la contenida en el nuevo anejo expropiatorio. Añadiendo que si ha sido solicitado el Archivo del anterior Proyecto, no puede haber un segregado del mismo, y que de ser así implicaría la nulidad del Segregado 2.

El Archivo del anterior Procedimiento fue solicitado a la Demarcación de Costas, una vez que el Ayuntamiento de Navia remitió el anexo expropiatorio para su incorporación al Proyecto inicial de Saneamiento. Momento en el cual la Demarcación de Costas manifestó que, dada la dilación con la que se había llevado el procedimiento aprobado inicialmente en noviembre de 2017, el retraso en la tramitación era causa más que sobrada de caducidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículos 21, 25, 84 y 95). Motivo por el cual, con el propósito de no dilatar más el procedimiento, el propio Ayuntamiento de Navia instó el Archivo del mismo, en la fecha referida por la alegante y según aparece recogido en el anexo expropiatorio.

En texto de la alegación presentada subyace cierta confusión entre “Procedimiento” y “Proyecto”. Cuando se habla de caducidad, obviamente, se está haciendo referencia al procedimiento administrativo iniciado en su momento y que debido a la inactividad prolongada de la administración motiva que el Ayuntamiento de Navia solicite el archivo del mismo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 b) de la LPACAP, que configura el plazo de caducidad como término esencial que, una vez rebasado, conlleva ineludiblemente el archivo de lo actuado en el expediente. Lo que no impide la incoación de otro nuevo procedimiento, con base en el mismo Proyecto o en otro distinto.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa, es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo superior, o se prevea en una norma comunitaria europea.

En consecuencia, el archivo del procedimiento administrativo no afecta en nada al Proyecto de obras y su contenido.

2. Alegación sobre la duplicidad en la red de saneamiento propuesta en el Segregado.

Las dos alegaciones presentadas aluden a la innecesaridad de ejecutar la red de saneamiento prevista por el Proyecto-Segregado 2, que daría lugar, según su argumentación, a dos redes de saneamiento que discurrirían en paralelo, una por el cauce de la ría y la otra por la calle Regueral.

En realidad, el Proyecto-Segregado 2 pretende anular la red de saneamiento que vierte directamente sobre el cauce de la Ría de Navia las aguas procedentes de los números 3, 5, 7, 9 ría y 13 de la avenida Regueral y lograr con ello la restauración medioambiental de la zona.

Dicha red de saneamiento fue realizada por el Principado de Asturias y, en el primer tramo de unos 40 metros, buscó el reformado de las arterias principales de saneamiento de la Ría de Navia, desviándose en la rotonda, por la calle Ramón Valdés, hacía la zona del puerto. El Proyecto-Segregado 2, además de perseguir la restauración medioambiental de la zona con la eliminación de los vertidos de las aguas residuales domésticas a la ría, también evitará que los propietarios de los predios que se sitúan entre la ría de Navia y la calle Regueral tengan que acometer las reformas necesarias para evitar los vertidos en la ría.

Desde la aprobación por la Demarcación de Costas en el año 2017, hasta la aprobación del Segregado 2 de estas alegaciones, ha habido un nuevo intento por parte del Principado intentado dejar sin efecto el vertido directo de estos inmuebles a la ría, mediante la realización de un Proyecto que supondría una solución grapada a la pared sobre la ría, y esta solución no fue admitida técnicamente por la Demarcación de Costas del Estado, lo que nos ha llevado a la obra que se propone.

3. En relación con la aprobación inicial del Proyecto de Obra, sin la previa e inexcusable declaración de utilidad pública para la expropiación forzosa.

En este punto, en relación con la potestad expropiatoria, el artículo 2 de la Ley de Expropiación Forzosa señala que ésta solo podrá ser acordada por el Estado, La Provincia o el Municipio. Cuando expropie el Municipio corresponde al Ayuntamiento en pleno adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley de Expropiación Forzosa o al Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa (artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación, de 26 de abril de 1957).

La legislación también establece que el acuerdo de necesidad de ocupación, con el que se inicia el expediente expropiatorio, se encuentra implícito en la aprobación de proyectos de obras incluidos en los planes de obras y servicios locales (artículo 94 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y artículo 10 de la Ley de Expropiación).

El artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de Inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. Pero para que esto ocurra es necesario que en el proyecto se incluya, al momento de su aprobación, la relación de bienes y derechos a expropiar, con su descripción, al menos en su aspecto material. Relación esta, concreta y determinada, que viene recogida en el propio proyecto, con la incorporación al mismo del anexo expropiatorio.

La aprobación del Proyecto Segregado 2 “Restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia” supondrá la declaración de utilidad pública e interés social, y la necesidad de ocupación de las fincas y bienes que se incluyen en el anexo expropiatorio, conforme a lo señalado en los artículos 10 y 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa:

“Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados”.

4. En relación con el crédito presupuestario necesario para tramitar el proyecto de obras:

La alegante advierte en su escrito que no podrá tramitarse un proyecto de obras sin contar previamente con crédito presupuestario suficiente para atender a su pago. Añadiendo que, además, dicho Proyecto refleja un importe de 178.699,44 €, sensiblemente inferior al que su “Anejo Presupuestario” atribuye a los bienes y derechos a expropiar, cuyo importe asciende a 246.209,90€ y que la expropiación se ejecutará en su procedimiento por la empresa Sogepsa.

Alega también la nulidad de pleno derecho porque el Proyecto sometido a información pública, es un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en el art. 47.1.e) de la Ley 30/1295, del LPACAP.

Que según lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Navia el pasado 28 de marzo del presente año, el Proyecto de Obras tiene asignación presupuestaria de 178.699,44 €, importe en el que se han evaluado las obras contenidas en el proyecto, según se recoge en el citado acuerdo.

Por otra parte, efectivamente, la cantidad prevista en el anexo expropiatorio no cuenta, en este momento, con partida presupuestaria designada al efecto para poder llevarla a cabo.

El importe consignado en ese acuerdo del Pleno del Ayuntamiento es la consignación presupuestaría prevista por el Ayuntamiento de Navia para la realización de las citadas obras. El anexo expropiatorio, en este momento procedimental, no requiere de consignación presupuestaria, pues el mismo solo acompaña al Proyecto de Obras para definir que bienes y derechos son afectados por el citado Proyecto.

La consignación presupuestaria para la realización del expediente expropiatorio ha de estar prevista en el momento en que el Ayuntamiento apruebe el inicio del mismo. Hito que todavía no se ha producido.

Como en cualquier caso será necesario la tramitación de un expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras previstas en el Proyecto-Segregado2, el Ayuntamiento de Navia en Pleno, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2022, adoptó entre otros, el acuerdo que, transcrito literalmente, dice:

“... se presupuestan 347.000€ para la expropiación de los terrenos del futuro paseo marítimo de Navia, y otros terrenos...”

Finalmente, dejar constancia que el expediente expropiatorio será impulsado y tramitado por el propio Ayuntamiento de Navia, que conforme a la legalidad es quien tiene esa prerrogativa expropiatoria.

5. En relación a la supuesta discriminación en cuanto al ancho de la servidumbre de tránsito que se pretende en su propiedad de 6 metros, mientras que para el propietario del número 9 de la calle Regueral la servidumbre queda circunscrita a 3 metros de ancho:

El Título II de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, rubricado como “Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre” se ocupa de diversas cuestiones relacionadas con las limitaciones de uso y las servidumbres legales impuestas por la norma: las disposiciones del mismo tienen el carácter de regulación mínima y complementaria de la de las CC. AA.

Los principios generales de esta regulación parten de entender que los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres legalmente previstas, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. Las servidumbres, se añade, serán imprescriptibles en todo caso (artículo 21 de la Ley), exceptuándose de la sujeción señalada los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional, conforme a su legislación específica.

Entre las Servidumbres legales, el artículo 27 de la Ley hace referencia a la Servidumbre de Tránsito y dispone:

“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilando y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros.

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos”.

Una vez referida la regulación establecida por Ley de Costas para la servidumbre de tránsito resulta claro que el anexo expropiatorio cumple con la legalidad vigente.

Ahora bien, dicho lo anterior, se debe señalar que la Demarcación de Costas en Asturias, dependiente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que a su vez depende del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, con fecha 17 de diciembre de 2019, numero de Salida 9938268, dirige un Informe al Ayuntamiento de Navia, en el que se dice:

“Con fecha de registro de entrada de 26 de noviembre de 2019 se recibió solicitud de emisión del Informe al que se refiere la letra b, del apartado primero de la Disposición Transitoria Decimocuarta del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, formulada por D. Eduardo García Fabero, en relación con unas obras en la planta baja de la avenida Regueral, 9, de Navia (Bar La Magaya), T. M. de Navia.

Esta petición se fundamenta en el escrito al que se refiere la primera de las declaraciones responsables presentadas por los interesados, y que a continuación se relacionarán:

Constan en esta Demarcación de Costas, dos declaraciones responsables formuladas por los interesados, poro acometer obras en servidumbres de protección, para la reforma de las instalaciones del negocio de hostelería:

Primero.—Con fecha de Registro de entrada 3 de mayo de 2019, se recibe oficio de la entonces, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de 22 de abril de 2019, considerada ajustada a derecho una declaración responsable presentada por el Interesado (ref. OT265/19, SER03/19/330038) para la sustitución de cubierta en local comercial (restaurante y cocina), eliminando la proyección de espuma para resolver goteras, y colocando panel tipo sándwich con acabado en color negro sin modificación de volumen, en la avda. Regueral, 9, bajo.

Segundo.—Con fecha de registro de entrada 13 de diciembre se recibe escrito de los interesados, por el que se aporta copia de la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento de Novia, y dirigida a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, para la reforma (modernización) de las instalaciones y los acabados del restaurante La Magaya (ntra ref.SER03/19/33/092).

En relación con la declaración responsable, mencionada en el apartado Primero, con fecha 27 de noviembre de 2019, por parte de esta Demarcación de Costas se procedió a requerir al interesado el aporte de documentación complementaria, junto con la orden de paralización de las obras que se ubicaban en la servidumbre de tránsito, en relación con la rehabilitación de un anejo ubicado en la parte trasera del edificio.

Conforme a la documentación obrante en el expediente y previo Informe de la Vigilancia, las instalaciones de ambas declaraciones eran preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de Costas.

En ambos casos, es de aplicación la mencionada disposición 14B RGC.

1.—En las Obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposición transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de la Licencia municipal, y cuando fuera exigiole, autorización de la Administración General del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para los usos recogidos en el artículo 25.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se aplicarán las siguientes reglas:

(...). bj Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcción e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existente y sin que el incremento de valor de aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que, con carácter previo, la Administración General del Estado, emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá de emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable (...).

Por lo anterior, se analizarán ambos casos por separado, siendo cada una de las declaraciones responsables presentadas objeto de análisis:

Primero.—Expediente SER03/19/330038

El 16 de diciembre, la Vigilancia de Costas de este Departamento Ministerial remite informe, en el que se hace constar que el anejo a la edificación ubicado en la parte trasera del inmueble, que habla sido objeto de una paralización de las obras, ha sido demolido por los interesados, de tal manera que los primeros tres metros medidos hasta la Ribera del mar se encuentran completamente expeditos.

Por lo anterior es de aplicación el punto quinto de la mencionada Transitoria Decimocuarta RGC, que dispone:

5.—A los efectos previstos en la letra b) del apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de fa Ley 22/1988, de 28 de julio, se considerará que la servidumbre de tránsito queda garantizada si se encuentra total y permanentemente desocupada en al menos tres metros, de tal forma que, además del paso publico peatonal, que también garantizado el de los vehículos de vigilancia y salvamento (...).

Por lo tanto, esta Demarcación de Costas emite informe favorable, a la ejecución de las obras ubicadas en el anejo posterior a la edificación principal, en servidumbre de tránsito, y se levanta la orden de paralización de las actuaciones, ya que se ha procedido a la demolición parcial del mismo, garantizando la efectividad de la mención da servidumbre de tránsito.

Segundo.—Expediente SER03/19/33/092

En relación con las obras de modernización de las instalaciones y de los acabados del local comercial denominado «La Magaya», esta Demarcación de Costas entiende que es de aplicación la letra b), del aparatado Segundo de la mencionada DT143 rgc, que dispone:

b) Si se emplazan en lo zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura, ni superficie de los construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración General del Estado, emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo máximo de dos meses desde su solicitud. Si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene informe favorable. No será necesaria la emisión de este informe cuando se trate de obras de pequeña reparación que únicamente suponga cambio de elementos accesorios y las que exija la higiene, ornato y conservación, siempre que no supongan modificación del uso al que se encuentren destinados, ni incremento relevante del valor de la edificación.

Por lo anterior, y considerando que las obras en el local comercial cumplen con las condicionantes impuestas en esta letra, esta Demarcación de Costas entiende innecesaria la emisión del informe mencionado.”

De otra parte, dejar constancia en este caso, que la alegante en el año 2013, realizó unas obras consistentes en “Adecuación de oficina de Farmacia, sita en la calle Regueral”. Como consecuencia de las mismas, la Oficina Técnica Municipal, remitió copia de los expedientes que obren en poder de ese Ayuntamiento, con relación al local situado en la Avenida Regueral, número 7, destinado a Farmacia, a la peticionaria, en este caso, la Consejería de Sanidad. A la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Con fecha de Salida 16 de diciembre de 2013.

En fecha 19 de marzo de 2012, doña María Paz, solicita Licencia de Obras que consistieron en la renovación total de Instalaciones sanitarias, renovación total de falsos techos, de suelos, de la instalación eléctrica, instalación de gas, renovación medidas seguridad, impermeabilización total de la cubierta y renovación de la fachada.

Y, con fecha 10 de julio de 2012, se solicita otra Licencia municipal, en este caso para la Colocación de nave prefabricada en sándwich de chapa gris, instalación eléctrica y colocación de estanterías en Farmacia.

Y en el mismo, en su última página, se dice:

“Realizada visita de inspección, el 30 de octubre de 2013, a las 11 horas, se concluye:

1. Las obras objeto del expediente, se ajustan a las Licencias Municipales concedidas.

2. El Almacén existente, y que linda con la «Ría de Navia», no tiene autorización municipal para destinarlo al uso de «Almacén de Farmacia».

Para su obtención, y por encontrase la edificación incluida en la servidumbre de tránsito, sería preceptivo el Informe vinculante de la Demarcación de Costas, y el posterior informe favorable de CUOTA. Asimismo, se constata que esta construcción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de las Normas Subsidiarias Municipales, se encuentra fuera de ordenación, y le resulta de aplicación el régimen jurídico regulado en el art 107.2 TROTU y 292.2 ROTU”.

6. Disconformidad con la valoración de bienes contenida en el anejo expropiatorio:

Manifiesta la alegante su disconformidad con la valoración que figura en el anejo expropiatorio. En este punto solo señalar que, una vez iniciado el procedimiento expropiatorio y se de traslado de los criterios de valoración y de la hoja de aprecio, la alegante podrá formular su hoja de aprecio y cuantas alegaciones estime oportunas.

Tercero.—Aprobar definitivamente el proyecto de obras para la “Restauración ambiental, saneamiento y Paseo Marítimo en la Ría de Navia”, redactado por la Ingeniero de caminos, canales y puertos doña Mercedes Sainz Vega por un importe de 178.669,44 €.

Cuarto.—Declarar necesaria la realización de la referida obra, considerando implícita la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los inmuebles cuya relación concreta, individualizada y valorada se aprueba definitivamente y se describe en el anexo expropiatorio que acompaña el proyecto de obras:

n.º 1.—Parcela sita en avda. Regueral, 3, de Navia

Referencia catastral. 3935808PJ8233S0001KI

Titular catastral: Herederos de María Luisa Martínez Barón

Superficie suelo: 426,00 m²

Superficie construida: 767,00 m²

Superficie a expropiar: 69,10 m²

Construcción afectada: 113,85 m² (local)

n.º 2.—Parcela sita en avda. Regueral, 5, de Navia

Referencia catastral: 3935807PJ8233S0001OI

Titular catastral: Construcciones Peñasobia, S. L.

Superficie suelo: 424,00 m²

superficie construida: 181,00 m²

Superficie a expropiar: 74,28 m²

Construcción afectada: dos casetas + muro

n.º 3.—Parcela sita en avda. Regueral, 7, de Navia

Referencia catastral: 3935806PJ8233S0001MI

Titular catastral: María Paz Méndez-Castrillón Rodríguez y otros

Superficie suelo: 561,00 m²

Superficie construida: 189,00 m²

Superficie a expropiar: 135,16 m²

Construcción afectada: 37,97 m² (caseta + muro)

Cierre afectado: 18,83 ml

n.º 4.—Parcela sita en avda. Regueral, 9, de Navia

Referencia catastral: 3935811PJ8233S0001KI

Titular catastral: Eduardo García Fabero y otros

Superficie suelo: 206,00 m²

Superficie construida: 200,00 m²

Superficie a expropiar: 43,81 m²

Construcción afectada: caseta

n.º 5.—Parcela sita en avda. Regueral, 13, de Navia

Referencia catastral: 3935803PJ8233N0001LM

Titular catastral: Carmen Pérez Álvarez

Superficie suelo: 635,00 m²

Superficie construida: 1.053,00 m²

Superficie a expropiar: 119,79 m²

Construcción afectada: muro

Cierre afectado: 33,04 ml

Quinto.—Dar traslado a los servicios municipales para iniciar la tramitación del proyecto expropiatorio para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra restauración ambiental, saneamiento y paseo marítimo en la Ría de Navia.

Lo que se hace público para conocimiento general, informando a los interesados que contra este acuerdo se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

En Navia, 16 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2022-07102.