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Boletín Nº 179 del viernes 16 de septiembre de 2022

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se establecen los servicios mínimos en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias con motivo de la huelga convocada para el 19 de septiembre de 2022.

Convocada huelga para el 19 de septiembre de 2022 por acuerdo mayoritario de trabajadores de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en asamblea celebrada el 6 de septiembre de 2022, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras docentes de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, resulta imprescindible mantener cubiertos determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería.

Resulta por ello obligado armonizar el interés general y el derecho de huelga mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de esta Consejería.

Establece el artículo 10, párrafo 2, del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, de 5 de mayo, establece que «Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga “ex” art. 28.2 C. E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (Sentencia 11/1981, F. J. 8 y 9). En concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos servicios ha de quedar salvaguardado. “En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella —dirá la Sentencia 11/1981 (F. J. 18)—, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga”.

La limitación del ejercicio del derecho de huelga por el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto jurídicamente indeterminado que es el de los “servicios esenciales de la comunidad”, concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien satisfecho.

La tarea de definir esa elástica noción ha sido abordada por la Sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de entender los servicios esenciales (F. J. 10). Según un concepto amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a “aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad”, valorándose “el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones vitales”, es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha actividad se pretende, esto es, “por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza”, de forma que “para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos”, debiendo considerarse como tales “los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos”. A juicio del Tribunal es esta última línea interpretativa la que “ha de ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución”. Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que el artículo 28.2 C. E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes de idéntica significación».

Establecida la posibilidad de acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, para que el servicio tenga tal consideración deben ser también esenciales los bienes e intereses satisfechos, concurriendo tal condición en los derechos fundamentales, las libertades públicas y otros bienes constitucionalmente protegidos.

Los servicios mínimos que se establecen en la presente Resolución se dirigen a garantizar el derecho a la educacion, contemplado en el artículo 27 de la Constitución con el carácter de derecho fundamental; el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución y respecto al cual el artículo 6.4 del Real Decreto Ley 17/1977 establece la obligación de respetar la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga, más aún cuando a la hora de fijar los servicios mínimos se especifica expresamente que se hace con la exclusiva finalidad de garantizar, el acceso de los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo deseando así ejercer su derecho al mismo.

En conclusión, los Servicios mínimos que se declaran, atienden a la ponderación de los intereses en conflicto.

A todo lo anterior se añade que la Sentencia de 20 de noviembre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada con ocasión de la huelga convocada para el día 13 de diciembre de 2016, confirmó los servicios mínimos fijados por Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de fecha 2 de diciembre de 2016, en la que únicamente se establecían servicios mínimos en el ámbito del personal no docente por encima de un trabajador en relación con una específica categoría profesional (“Auxiliar educador”), en relación con un determinado tipo de Centros docentes (“Centros Educativos Especiales”) y en relación solo con algunos de éstos (dos: Latores-Oviedo y de Castiello de Bernueces-Gijón). La justificación de la medida se encuentra no solo en la esencialidad del servicio prestado en los mismos —que también se predica del resto de centros en los que se fija un servicio mínimo sobre la base de la unidad— sino también en datos o criterios que se considera respetan el principio de proporcionalidad entre derechos en conflicto (el derecho a huelga frente el derecho al trabajo de los empleados que no quieran secundar la huelga y los derechos a la educación y la sanidad de los destinatarios finales de los servicios cuya prestación trata de garantizarse con la fijación de estos servicios mínimos: los escolares, muchos de ellos con necesidades educativas especiales) que ha de presidir la adopción de esta medida.

En orden a la tramitación de la presente propuesta, previa negociación y audiencia al Comité de Huelga en reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2022.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

RESUELVO

Primero.—El derecho de huelga del personal de la Consejería de Educación estará condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales.

Segundo.—Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes deseen ejercer su legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios mínimos respecto al personal docente de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias:

El personal funcionario docente titular de la dirección y una persona perteneciente al claustro de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, garantizando así el servicio esencial en las dos sedes de la misma.

Tercero.—La dirección del centro docente determinará nominativamente la persona cuya función se establece como servicios mínimos en la presente Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos el día de su publicación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, para el procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 15 de septiembre de 2022.—La Consejera de Educación, Lydia Espina López.—Cód. 2022-07070.