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Boletín Nº 151 del viernes 05 de agosto de 2022

AYUNTAMIENTOS

DE PEÑAMELLERA BAJA

Anuncio. Plan Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Por acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2022, se aprobó el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja para la gestión de los fondos Next Generation y se ordena su publicación, con el siguiente contenido :

1.—Preámbulo.

2.—Normativa de aplicación y guías para la elaboración.

3.—Conceptos y definiciones.

4.—Metodología.

5.—Ámbito objetivo del plan.

6.—Ámbito subjetivo del plan.

7.—Comité antifraude.

8.—Medidas de prevención.

9.—Medidas de detección.

10.—Medidas de corrección.

11.—Medidas de persecución.

12.—Aprobación y publicación del plan antifraude.

Anexos

Anexo I.—Creación del comité antifraude de Peñamellera Baja.

Anexo II.—Acta constitución comité antifraude-funciones.

Anexo III.—Declaración institucional sobre lucha contra fraude.

Anexo IV.—Autoevaluación inicial del riesgo de fraude.

Anexo V.—Código ético. Especial referencia a la política de obsequios.

Anexo VI.—DACI de órganos internos.

Anexo VII.—DACI de contratistas.

Anexo VIII.—Mapa de riesgos-banderas rojas en contratación.

Anexo IX.—Comprobación de riesgos.

Anexo X.—Publicación plan antifraude.

1.—Preámbulo

La Unión Europea tiene un notable bagaje en la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de la Unión. Las propias bases que conforman el sustrato de la Unión, como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), recogen disposiciones centradas en la adopción de medidas antifraude que tengan un efecto disuasorio y ofrezcan una protección eficaz en los Estados miembros, instituciones, órganos y organismos de la Unión.

Recientemente, la Unión Europea ha hecho una apuesta por dotar de fondos comunitarios a los Estados Miembros para dar respuesta a la grave crisis económica y social derivada del COVID-19. Así, se ha articulado Next Generation EU (NGEU). Ese fondo no responde a los mecanismos habituales de Financiación Comunitaria. Es un fondo extraordinario y sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Es un fondo que se superpone a los Marcos Financieros Plurianuales Europeos 2014-2020 (actualmente, en ejecución) y 2021-2027 (actualmente, en fase de programación). Un fondo destinado, no sólo a recuperar la actividad económica pre-pandemia, sino a transformar nuestra economía para hacerla más sostenible, digital y resiliente ante futuras vicisitudes.

La aportación de NGEU supone duplicar el presupuesto comunitario en los próximos años. Incorporará 750.00millones de euros al más de 1 billón de euros que contempla el Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027. Dentro de NGEU hay varios programas. Uno de los principales es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que se ha dotado del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el artículo 22 de dicho Reglamento, se establece la obligación de los Estados Miembros de tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude y la corrupción y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que han sido objeto de apropiación indebida.

En España, los fondos de dicho Mecanismo se vehiculan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fija hitos y objetivos de estricto cumplimiento, que fue aprobado definitivamente por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021. A su vez, el 29 de septiembre de 2021 se publicó la Orden HFP 1030/2021, sobre gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que configura y desarrolla un Sistema de Gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Orden recoge los siguientes principios:

Así, uno de los puntos principales es el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión y ejecución de los fondos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente la Orden establece la obligación por parte de cualquier órgano gestor o ejecutor de proyectos financiados con cargo a Next Generation EU, de un Plan de Medidas Antifraude que responda, de manera efectiva, a sus requerimientos. Tanto el artículo 6 de la Orden, como los anexos II.B.5 y III.C, establecen el contenido mínimo y los elementos que toda entidad interesada en este tipo de planes debe tener en cuenta para evitar que se produzcan situaciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses que puedan poner en juego los intereses financieros de la Unión Europea.

Se establece, además, que toda entidad ejecutora debe de disponer de este plan en el plazo improrrogable de 90 días “desde que se tenga conocimiento de la participación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

El presente documento responde a dicho requerimiento, como respuesta del Ayuntamiento de Peñamellera Baja a su participación en el citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.—NORMATIVA DE APLICACIÓN Y GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN

Entre la normativa aplicable a este Plan antifraude cabe destacar la siguiente:

1.—Normativa Europea:

• Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa que lo desarrolle.

• Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE). DOUE de 30 de julio de 2018, núm. 193.

• Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF). DOUE de 28 de julio de 2017, núm. 198.

2.—Normativa interna:

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva.

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) (art. 64)

• Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.—Otros documentos y guías que han servido para la elaboración del Plan Antifraude:

Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-2020). Guía desarrollada en aplicación del artículo 125.4 c) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-and-proportionate-anti-fraud-measures

Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01)-Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero.

https:/eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES

OLAF Compendium of Anonymised Cases-Structural Actions (Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales).

https://ec.europa.eu/sfc/ sites/default/files/sfc-files/OLAF-Intern-2011.pdf

OLAF practical guide on conflict of interest (guía práctica sobre el conflicto de intereses). https://ec.europa.eu/sfc/ sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf

OLAF practical guide on forged documents (guía práctica sobre la falsificación de documentos).

https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2019/05/Guide-on-forged-documents.pdf

Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-042017Canaldenuncias.pdf

3.—CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Resulta fundamental el conocimiento de las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, para diseñar el proyecto de lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE) y recogidas en el anexo III.C de la Orden HPF/1030/2021, se adoptan como tales, las siguientes definiciones:

1.—Conflicto de Intereses.

Concepto: Se entiende que existe dicho conflicto, de conformidad con el artículo 61 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero) «cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal». Corresponde a las autoridades nacionales, de cualquier nivel, evitar y/o gestionar los potenciales conflictos de intereses.

En consecuencia, dicho conflicto de intereses:

• Resulta aplicable a todas las partidas administrativas y operativas y a todos los métodos de gestión.

• Cubre cualquier tipo de interés personal, directo o indirecto y

• Reclama la actuación ante cualquier situación que se «perciba» como un potencial conflicto de intereses.

Actores implicados en los posibles conflictos de intereses:

• Los empleados públicos a los que se encomiendan las tareas de gestión, control y pago, así como los demás agentes en los que se deleguen alguna/s de esta/s función/es.

• Los beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con los fondos del MRR, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

Clasificación de los posibles conflictos de intereses: Se han tenido en cuenta los siguientes:

• Conflicto de intereses aparente: cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario pueden comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, aunque finalmente no se encuentre un vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones de dicha persona (o una repercusión en dichos aspectos).

• Conflicto de intereses potencial: cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados de tal naturaleza que podrían ocasionar un conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas responsabilidades oficiales.

• Conflicto de intereses real: existe un conflicto entre el deber público y los intereses privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales.

2.—Fraude y Corrupción.

La Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (en adelante, Directiva PIF) establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan intencionadamente, concretando un régimen sancionador en el artículo 7. En cumplimiento de tal previsión, dicha Directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

De acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, —PIF—) la definición de fraude en materia de gastos consiste en cualquier «acción u omisión intencionada, relativa:

• A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta.

• Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto.

• Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio».

Se precisa que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.

El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establece que «constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido».

4.—METODOLOGÍA

El Comité antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, nombrado por Resolución de la Alcaldía n.º 151 de 9 de junio de 2022 y de acuerdo con las funciones establecidas en el acta de constitución, considerando la normativa aplicable y las guías recomendadas, ha elaborado el proyecto de medidas, dentro del plazo de 90 días, desde que se ha realizado la solicitud del primer proyecto a los Fondos Next Generation, estructurando las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

Se ha previsto un modelo para la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad del riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución de los fondos que se le han adjudicado, así como su revisión anual y, en todo caso, en el momento en el que se detecte cualquier caso de fraude o la existencia de cambios significativos en los procedimientos elegidos o en el personal.

Se ha establecido una estructura de 14 medidas en atención a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude con el siguiente esquema:

• Plan de Medidas Antifraude. Medidas de Prevención, Detección, Corrección y Persecución y acuerdo plenario para su aprobación que contiene:

Medidas de Prevención.

1. Declaración institucional de lucha contra el fraude. Igualmente debe ser un acuerdo formal.

2. Autoevaluación inicial del Riesgo de Fraude.

3. Código Ético con especial referencia a la política de obsequios.

4. Formación en materia ética y de persecución del fraude.

5. Procedimiento para tratar los conflictos de intereses.

6. Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses.

Medidas de Detección.

7. Indicadores de alerta: Sistema de Banderas Rojas.

8. Herramienta de prospección de datos (Data Mining) o puntuación de riesgos.

9. Cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias.

10. Unidad Antifraude que examine denuncias y proponga medidas.

Medidas de Corrección.

11. Revisión anual del Sistema Antifraude. Evaluación del potencial fraude como puntual o sistémico.

12. Efectos del fraude detectado: los proyectos se suspenden.

Medidas de Persecución.

13. Efectos del fraude detectado: se informa al Ministerio.

14. Efectos del fraude detectado: se denuncian los casos a las Autoridades Públicas Nacionales, de la UE, ante la Fiscalía o Tribunales competentes.

5.—ÁMBITO OBJETIVO DEL PLAN

El objetivo básico de este Plan de medidas antifraude en la gestión de fondos europeos es permitir al Ayuntamiento de Peñamellera Baja garantizar que los fondos correspondientes al PRTR que va a gestionar y ejecutar se utilizan de conformidad con las normas aplicables a la prevención, la detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Para ello se documenta una estrategia dirigida a alcanzar un modelo de organización que integra los principios de responsabilidad, transparencia, optimización de recursos, cumplimiento, integridad y gestión por objetivos, así como su seguimiento y control.

6.—ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

Las medidas de este Plan Antifraude se aplicarán a todas las personas de esta Entidad Local implicadas en la gestión de dinero público y, en concreto, a todas aquellas que tengan algún tipo de relación con el diseño, gestión, elaboración o ejecución de los proyectos que cuenten con financiación del PRTR.

7.—COMITÉ ANTIFRAUDE

Para garantizar la adecuada aplicación de este Plan se ha creado el Comité Antifraude creado por Resolución de la Alcaldía n.º 151 de fecha 9 de junio de 2022 (anexo I) con las funciones establecidas en el acta de constitución (anexo II).

8.—MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Declaración institucional de lucha contra el fraude. Debe ser un acuerdo del Pleno.

La implicación de las autoridades en la organización se manifiesta mediante Declaración Institucional que acompaña a este Plan antifraude como anexo III y es un compromiso firme contra el fraude y tolerancia cero ante el fraude y se ha adoptado por acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2022.

La declaración institucional deberá tener difusión a través de su publicación en la web.

Autoevaluación Inicial del Riesgo de Fraude.

A fin de cumplimentar la situación inicial del Ayuntamiento de Peñamellera Baja antes de la elaboración del Plan Antifraude, se ha cumplimentado Test de auto-evaluación y riesgo inicial ajustado al modelo establecido como anexo II.B de la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre con el resultado que figura en el anexo IV.

Código Ético con especial referencia a la política de obsequios.

Se propiciará el desarrollo de una cultura ética para lo cual se ha elaborado un Código de Conducta que se incluye como anexo V. En el Código de Conducta se identifica, entre otras, la obligación de confidencialidad y secreto que les incumbe a los empleados públicos, así como la política de obsequios a la que están sometidos.

El Código de Conducta deberá difundirse entre el personal a través de su publicación en la web y mediante la remisión de un correo electrónico a cada miembro de la organización comunicándole tal publicación, incluyendo en dicho correo un enlace a dicha publicación. Estas comunicaciones se harán a través de la difusión del Plan Antifraude aprobado.

Formación en materia ética y de persecución del fraude.

Se pondrán en marcha acciones formativas para todos los niveles jerárquicos, que incluirán reuniones, seminarios, grupos de trabajo, etc., que fomenten la adquisición y transferencia de conocimientos.

Se centrarán en la identificación y evaluación de los riesgos, el establecimiento de controles específicos, la actuación en caso de detección de fraude, la identificación de casos prácticos de referencia, etc.

Procedimiento para prevenir los conflictos de intereses.

Entre las medidas establecidas por la Entidad local para prevenir la existencia de conflictos de intereses se encuentran las siguientes:

1.—Comunicación e información al personal sobre las distintas modalidades de conflicto de interés y de las formas de evitarlo.

• Comunicación de la aprobación del Plan Antifraude a todo el personal del Ayuntamiento través del correo electrónico.

• Celebración de dos sesiones de presentación del Plan para los cargos políticos, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento.

• Realización de sesiones formativas para los cargos políticos, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento.

• Creación de un buzón de sugerencias o denuncias que será publicado en la web del Ayuntamiento.

• Enlace en la página web al Plan Antifraude.

2.—Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) a los intervinientes en los correspondientes procedimientos, firmada por el responsable del órgano de contratación, el personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias, los expertos que evalúen las correspondientes solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos colegiados que pudieran intervenir en los procedimientos. Esta cumplimentación de la DACI se extenderá también, además de a los beneficiarios de la ayuda correspondiente, a los contratistas, subcontratistas, etc.

3.—Comprobación de información a través de bases de datos de los registros mercantiles, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de datos) o a través de la utilización de herramientas de prospección de datos («data mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE).

4.—Aplicación estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonómica o local correspondiente), en particular, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los Principios éticos, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la Abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses.

Se establece la obligación de cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) para todos los intervinientes en los procedimientos de contratación y de concesión de subvenciones financiados con cargo al MRR.

En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el Acta.

Igualmente, se establece la obligatoriedad de cumplimentación de la DACI como requisito a aportar por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.

Al cumplimentar la DACI se deberá observar la estricta aplicación del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los principios éticos, el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la abstención, y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En los anexos VI y VII se recogen las DACI para los órganos internos y de los contratistas, subcontratistas.

9.—MEDIDAS DE DETECCIÓN

Herramienta (Data Mining) o puntuación de riesgos.

La elaboración del mapa de riesgos es una de las medidas de prevención que se propone y que se completa con las medidas de detección vinculadas a los indicadores o banderas rojas.

Se parte de una auto-evaluación que identifica los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen en el Ayuntamiento y, si estos no fueran suficientes para considerar que el nivel de riesgo es aceptable, propone controles o medidas adicionales. Será revisado de manera periódica.

Se incluye un mapa de riesgos en cuatro materias (contratación, subvenciones convenios y gestión económico-patrimonial, si bien por el tamaño del Ayuntamiento los expedientes que serán objeto de los fondos UE Next Generation serán fundamentalmente de contratación.

En todos los procedimientos y fases se cumplimentará la siguiente información:

Órgano de contratación

Responsable del contrato

Controles existentes

¿Se documenta el control?

¿Qué grado de confianza ofrece el control?

Próximo control previsto

En el anexo VIII se establece un mapa de riesgos que en atención a la dimensión de este Ayuntamiento y al procedimiento en el cual va a tramitar en la ejecución de las actuaciones del PRTR, se ha puntuado en la materia de contratación y en la gestión económica y patrimonial del Ayuntamiento.

Se ha evaluado cada riesgo en atención a dos circunstancias:

a) En una columna el impacto y la gravedad en términos generales y en la otra la probabilidad de que eso ocurra en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja con las justificaciones que se establecen.

b) Se ha baremado cada uno de las dos columnas descritas con los números 1 al 4 del siguiente modo:

• 1= Muy bajo; 2=Bajo; 3= Alto; 4 = Muy Alto.

Las valoraciones 3 y 4 constituyen señales de alarma o banderas rojas.

Una vez determinado el Nivel de Riesgo, se deberá proceder de la siguiente forma:

1. El nivel de riesgo es Bajo o Muy bajo. Se entiende que las medidas que tiene implementadas la entidad son correctas y, por tanto, no es preciso plantear medidas adicionales.

2. El nivel de riesgo es Alto o Muy alto. En estos casos, habrá que implementar medidas adicionales que traten de minimizarlo hasta un nivel Bajo o Muy bajo.

Como puede comprobarse, el objetivo final de este análisis es precisamente éste: situar el nivel de riesgo en un nivel Bajo o Muy bajo, adoptando para ello las medidas necesarias que permitan minimizar tanto su impacto como su probabilidad.

Alerta a través de banderas rojas.

Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial En los procedimientos que se tramiten para la ejecución de actuaciones del PRTR, en el ejercicio de la función de control de gestión, deberá quedar documentada, mediante la cumplimentación de la correspondiente lista de comprobación, la revisión de las posibles banderas rojas que se hayan definido.

Atendido las banderas rojas definidas para el Ayuntamiento y las que se han establecido para realizar las comprobaciones en todos los contratos financiados con los fondos europeos del PRTR,se debe proceder en cada expediente que se tramiten para la ejecución de actuaciones del PRTR, en el ejercicio de la función de control de gestión, deberá quedar documentada, mediante la cumplimentación de la correspondiente lista de comprobación, la revisión de las posibles banderas rojas que se hayan definido. Esta lista se pasará en todos los contratos financiados con los fondos europeos del PRTR.

Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan seguidamente las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas potencialmente fraudulentas.

Corrupción: sobornos y comisiones ilegales:

El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de explicación que un contratista recibe de un empleado/responsable contratante durante cierto tiempo.

Otros indicadores de alerta:

• Existe una relación social estrecha entre un empleado/responsable contratante y un prestador de servicios o proveedor;

• el patrimonio del empleado/responsable contratante aumenta inexplicada o repentinamente;

• el empleado/responsable contratante tiene un negocio externo encubierto;

• el contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales;

• se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan el valor de éstos;

• el empleado/responsable contratante rehusa la promoción a un puesto no relacionado con la contratación pública;

• el empleado/responsable contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de intereses.

Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un licitador:

• Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación;

• extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador;

• quejas de otros ofertantes:

• pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en procedimientos previos similares;

• pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;

• el poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un producto genérico.

Licitaciones colusorias:

• La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la industria, o con precios de referencia del mercado;

• todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;

• los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan en el procedimiento;

• los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;

• el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;

• patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos de baja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos, incompletos, etc.).

Conflicto de intereses:

• Favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en particular;

• aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, etc.;

• empleado/responsable contratante no presenta declaración de conflicto de interés o lo hace de forma incompleta;

• empleado/responsable contratante declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones;

• empleado/responsable contratante parece hacer negocios propios por su lado;

• socialización entre un empleado/responsable contratante y un proveedor de servicios o productos;

• aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado/responsable contratante.

Falsificación de documentos:

a) En el formato de los documentos:

• Facturas sin logotipo de la sociedad;

• cifras borradas o tachadas;

• importes manuscritos;

• firmas idénticas en diferentes documentos.

b) En el contenido de los documentos:

• Fechas, importes, notas, etc., inusuales;

• cálculos incorrectos;

• carencia de elementos obligatorios en una factura;

• ausencia de números de serie en las facturas;

• descripción de bienes y servicios de una forma vaga.

c) Circunstancias inusuales:

• Número inusual de pagos a un beneficiario;

• retrasos inusuales en la entrega de información;

• los datos contenidos en un documento, difieren visualmente de un documento similar expedido por el mismo organismo.

d) Incoherencia entre la documentación/información disponible:

• Entre fechas de facturas y su número;

• facturas no registradas en contabilidad;

• la actividad de una entidad no concuerda con los bienes o servicios facturados.

Manipulación de las ofertas presentadas:

• Quejas de los oferentes;

• falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;

• indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;

• ofertas excluidas por errores;

• licitador capacitado descartado por razones dudosas;

• el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.

Fraccionamiento del gasto:

• Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia;

• separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta;

• compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones.

Para una información más detallada, ver “Nota informativa sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el FC (COCOF 09/0003/00-): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ cocof/2009/cocof_09_0003_00_es.pdf

Se adjunta como anexo IX las siguientes listas de comprobación:

• Lista de comprobación de contratos en abierto, que deberá rellenar y firmar la persona responsable de contratación.

• Lista de comprobación de contratos menores, que deberá rellenar y firmar el responsable de contrato o el jefe del servicio contratante.

• Lista de comprobación de ejecución de contratos, que deberá rellenar y firmar el responsable de contrato o el jefe del servicio contratante.

Las listas firmadas se incorporarán al expediente de contratación correspondiente.

Cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias.

Se habilitará un buzón de correo electrónico que se publicará en la web que permitirá al personal de la institución comunicar, la información relevante en materia de integridad institucional, otra serie de cuestiones sobre riesgos de gestión y aportar las propuestas de mejora que considere oportunas y que estará disponible asimismo para personas ajenas a la institución.

Se informará también de la existencia del canal de denuncias externo habilitado por el SNCA (Infofraude), para la comunicación de información sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos, el cual dispone de un apartado específico relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/eses/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-042017Canaldenuncias.pdf

Según la citada comunicación, “a efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que corresponden al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en dicho ámbito, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web:

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitíos/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx

Asimismo, y siempre que excepcionalmente no sea posible la utilización de los citados medios electrónicos, los hechos podrán ponerse en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante el envío de la documentación.

Unidad Antifraude que examine denuncias y proponga medidas.

Las propuestas presentadas se analizarán por el Comité antifraude que propondrá las medidas oportunas.

10.—MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Revisión anual del Sistema Antifraude.

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja realizará un control periódico para verificar el cumplimiento de las reglas del plan y sus efectos prácticos por parte de la Comisión Antifraude. El seguimiento anual del plan se llevará a cabo por parte de la Comisión Antifraude a través de las reuniones que se celebraran cada año para realizar el ejercicio de evaluación de riesgo de fraude y la revisión del Plan Antifraude, en caso de ser necesario.

El proceso de seguimiento garantizará que se aplican los mecanismos de control adecuados para las actividades de la organización y que los procedimientos son seguidos en todos los niveles.

Más allá de la periodicidad de la revisiones y actualizaciones antes señaladas, los responsables de las diferentes unidades informarán al máximo órgano de dirección cuando surjan riesgos elevados o nuevos que sea necesario prevenir.

Finalmente se elaborará un informe al final de cada año sobre el cumplimiento de las medidas previstas en el plan. Dicho informe se elaborará por la Comisión Antifraude y se elevará al máximo órgano de dirección.

El informe anual de ejecución del plan, así como la presencia de incumplimientos o casos de sospecha de fraude o corrupción que puedan llegar a través del buzón habilitado y la reunión anual de la Comisión Antifraude, indicarán la necesidad de su actualización y recomendará su revisión siempre que sea necesario.

Se evaluará el cumplimiento de las medidas del plan por parte de la Comisión Antifraude y se propondrá, en su caso, la revisión y adaptación a la realidad a través de mejoras que garanticen la transparencia y minimicen los riesgos.

Efectos del fraude detectado: los proyectos se suspenden.

La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará por parte del Comité antifraude a las siguientes actuaciones:

• la inmediata suspensión del procedimiento,

• la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones,

• la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo,

• la evaluación de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual y

• la retirada de los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

11.—MEDIDAS DE PERSECUCIÓN

Efectos del fraude detectado: se informa al Ministerio.

Efectos del fraude detectado: se denuncian los casos a las Autoridades Nacionales, de la UE, ante la Fiscalía o Tribunales competentes.

A la mayor brevedad el Comité antifraude procederá a:

Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora (o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora), quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.

Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude —SNCA—) y para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.

Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

12.—APROBACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE Y PUBLICACIÓN

Por acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria el día 21 de julio de 2022, ha aprobado el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, con el siguiente contenido:

Acuerdo n.º 38/2022 de Pleno de sesión Ordinaria de a 21 de julio de 2022 (PEN/PL/2022/6). 3.—Plan Antifraude. Declaración Institucional (NMU/2022/4)

Antecedentes

Primero.— El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Segundo.—EL art. 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia da cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y establece al efecto que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Tercero.—Se ha elaborado una Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude con fecha 22 de febrero de 2022,y si bien ambos documentos carecen de valor normativo y se dictan tal y como ellos mismos establecen partiendo del pleno respeto a la potestad de auto organización recogida, en el caso de las entidades locales, en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y teniendo en cuenta el artículo 5.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público que dispone que corresponde a cada administración pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

Cuarto.—El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha participado en el programa de Ayudas, Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, para la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por lo tanto en virtud de los artículos 21.1.a), d) y s) y 22.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ha procedido al cumplimiento de las previsiones citadas.

Quinto.—Por Resolución de la Alcaldía n.º 151/2022, de fecha de 9 de junio de 2022 se ha creado el Comité Antifraude, del Ayuntamiento de Peñamellera Baja cuya composición es la siguiente:

Nombre y apellidos

Cargo en el comité antifraude

Adscripción

M Covadonga Dopico Granda

Presidente

Secretaría-Intervención

Luciano González García

Secretario

Funcionario de Secretaría

Marta Llavona Campo

Vocal de Proyectos de Obras

Urbanismo. Arquitecta

Marta Rábago Corral

Vocal de Contratos y Compras

Funcionario de Intervención

Hortensia Cuétara Ibáñez

Vocal de Subvenciones

Urbanismo

Sexto.—Con fecha dieciséis de junio de 2022, se constituye el Comité Antifraude, se fijan las funciones del mismo, entre las que se ha señalado la elaboración de medidas antifraude.

Séptimo.—Con fecha 14 de julio de 2022 se entrega el documento de Medidas de Plan Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja que se adjunta a este documento con sus documentos y anexos.

Atendida la legislación aplicable siguiente:

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los artículos 21.1.a), d) y s) y 22.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sometida a votación se acuerda por ocho votos a favor (5 PP y 3 PSOE) que constituyen los ocho presentes, de los nueve que de derecho componen la Corporación el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la Declaración Institucional sobre lucha contra el fraude con el contenido establecido en el anexo III del documento que constituye el Plan de medidas antifraude y aprobar el documento completo del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja al que se refiere el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de diciembre, por el que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, para dar cumplimiento al art. 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que impone para la protección de los intereses financieros de la Unión a todos los beneficiarios de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses cuyo texto íntegro se anexa a este acuerdo.

Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, con enlace en la pagina web del Ayuntamiento junto con el Buzón de denuncias que fija el Plan.

Anexo I

RESOLUCIÓN ALCALDÍA CREACIÓN DEL COMITÉ ANTIFRAUDE DE PEÑAMELLERA BAJA

Resolución de Alcaldía n.º 151/2022. Asunto: Creación de Comité antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja

A la vista de que, en el ámbito de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiadas con fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), es necesario adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control de las entidades participantes.

A la vista de que, entre las medidas que se contemplan para implantar un sistema de gestión eficaz, el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas antifraude» con la finalidad de garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Asimismo, y a la vista de que la Orden HFP/1030/2021 lo configura como una actuación obligatoria, es preciso llevar a cabo el ejercicio inicial para la evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Considerando que esta entidad local tiene la condición de entidad ejecutora del PRTR, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales, y de acuerdo con las competencias atribuidas a la Alcaldía y recogidas en los artículos 21.1 a), d), y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, atendido el organigrama y los recursos humanos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja,

RESUELVO

Primero.—Aprobar la constitución del Comité Antifraude del Ayuntamiento de Peñamellera Baja con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de lucha contra el fraude derivadas de la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Segundo.—Designar a las siguientes personas como miembros del Comité:

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Tercero.—Que por parte de este Comité se proceda a la realización del ejercicio inicial de evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación en los procesos de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cuarto.—Notificar dichos nombramientos a las personas afectadas.

Quinto.—Publicar la presente Resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Anexo II

CONSTITUCIÓN COMISIÓN ANTIFRAUDE DEL AYTO. DE PEÑAMELLERA BAJA

Acta de constitución del comité antifraude

Reunidos en el Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, a las 13:00 horas del día dieciséis de junio de 2022, los integrantes del Comité Antifraude que se enumeran al margen, se inicia la sesión a las 13:10 horas, de orden de la Presidente.

Primero.—Constitución del Comité Antifraude.

Se da lectura a la Resolución de Alcaldía n.º 151/2022,de fecha de 9 de junio de 2022 de creación del Comité Antifraude, cuya composición es la siguiente:

Nombre y apellidos

Cargo en el comité antifraude

Adscripción

M Covadonga Dopico Granda

Presidente

Secretaría-Intervención

Luciano González García

Secretario

Funcionario de Secretaría

Marta Llavona Campo

Vocal de Proyectos de obras

Urbanismo. Arquitecta

Marta Rábago Corral

Vocal de Contratos y Compras

Funcionario de Intervención

Hortensia Cuétara Ibáñez

Vocal de Subvenciones

Urbanismo

Queda constituido formalmente con todos los designados asistentes o no a este acto, con el objeto de realizar el ejercicio inicial de evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación en los procesos de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, posteriormente, de diseñar las medidas antifraude a aplicar en el Ayuntamiento.

Segundo.—Funciones del Comité Antifraude.

De conformidad con las Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, referidos en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobadas por la Secretaría General de Fondos Europeos, son funciones de este Comité antifraude las siguientes:

1. Velar por la integridad y prevención de riesgos de fraude.

2. Realizar la autoevaluación inicial del riesgo de fraude.

3. Elevar al órgano competente de la declaración institucional y del Plan Antifraude y publicación en la web.

4. Implantar y desarrollar procesos de gestión de la información (reclamaciones, canales de denuncias, etc.).

5. Recibir y estudiar las posibles denuncias recibidas, así como elevarlas al superior jerárquico correspondiente o denunciar, si fuese necesario, ante las autoridades públicas competentes.

6. Validar los modelos de documentos necesarios para la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción y la documentación de las actuaciones relacionadas.

7. Proponer medidas correctoras y de mejora de los procedimientos relativos a la prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción.

8. Llevar a cabo el seguimiento y actualización del Plan Antifraude.

9. Celebrar reuniones anuales para la autoevaluación del riesgo de fraude.

10. Elaborar un plan de formación y comunicación al personal del Ayuntamiento.

Tercero.—Régimen de Funcionamiento del Comité Antifraude.

Se acuerda lo siguiente en cuanto al régimen de sesiones:

Con carácter ordinario el Comité Antifraude deberá reunirse, al menos, una vez al semestre para conocer de los asuntos que le son propios. Además de estas reuniones de carácter ordinario, podrá reunirse en cualquier momento con carácter extraordinario, cuando alguno de sus miembros así lo solicite a la persona encargada de realizar la convocatoria. La convocatoria a la misma será realizada por parte de la persona nombrada como Secretario del Comité y deberá ser realizada con una antelación de 48 horas y la misma deberá ir acompañada de un Orden del Día de los asuntos a tratar. De cada una de estas reuniones se elevará el oportuno Acta que deberá ser leída y aprobada por todos los miembros del Comité en la reunión siguiente a la celebración de la misma.

En todo caso, se reunirá el Comité Antifraude para elaborar y proponer el plan antifraude.

La presidente da por terminada la reunión a las 13:45 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales presentes; doy fe (firmas).

Anexo III

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja, como Entidad Local beneficiaria de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en concreto de las ayudas financiadas por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprueba por acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2022, la presente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja quiere manifestar su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con él como opuesta al conflicto de intereses, el fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

La Corporación Municipal manifiesta su firme oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus competencias y, en consecuencia, todos los miembros de su equipo directivo y cargos electos asumen y comparten este compromiso.

Por otro lado, y de conformidad a lo que estable el artículo 52 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, todos los empleados públicos que integran el Ayuntamiento de Peñamellera Baja tienen, entre otros, el deber de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”.

El objeto de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.

En justa correspondencia con este compromiso y de las recomendaciones de las autoridades estatales y europeas, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha redactado el Plan de Medidas Antifraude eficaces y proporcionadas de obligatorio cumplimiento.

Este Plan Antifraude cuenta con procedimientos para prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier actitud, acto o procedimiento que pudiera ser sospechoso de ser constitutivo de vulneración del principio de ausencia de conflicto de intereses, fraude o corrupción por parte de cualquier persona interviniente en nombre del Ayuntamiento.

Igualmente, cualquier persona que actúe en nombre del Ayuntamiento, empleado público o miembro de la Corporación, o cualquier persona o entidad ajena al mismo que sospeche la comisión de una actividad fraudulenta o lesiva a los intereses públicos financieros, tendrá a su disposición en la página web del Ayuntamiento un Buzón Antifraude para que pueda formular su denuncia, con el compromiso de que la misma será tratada en la más estricta confidencialidad.

En definitiva, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

Esta política y todos los procedimientos y estrategias se enmarcan en las directrices que establece la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás normativa y documentación que sirve de base para la misma. En definitiva, el Ayuntamiento adopta una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

Anexo IV

AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL PLAN ANTIFRAUDE

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Anexo V

CÓDIGO ÉTICO. ESPECIAL REFERENCIA A LA POLÍTICA DE OBSEQUIOS

1. Preámbulo.

2. Capítulo I. Objetivo y ámbito de aplicación.

3. Capítulo II. Principios éticos y pautas de conducta.

A) Principios Éticos.

B) Pautas de Conducta

1. Extracto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Extracto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Sección 4.ª Abstención y recusación.

3. Extracto del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público.

4. Extracto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (última modificación: noviembre de 2015).

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja viene haciendo una apuesta por la implantación de los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local.

Con la publicación de la Orden HFP/1030/2021, para la gestión de los fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un Código Ético que satisfaga las exigencias de medidas antifraude que recoge.

La creación del Código Ético recoge los principios fundamentales que deben presidir los comportamientos esenciales de las personas vinculadas al Ayuntamiento.

Define los principios básicos, las reglas de actuación y las conductas deseables en el personal de la corporación, para el buen desempeño de sus funciones y la mejor atención a la ciudadanía.

CAPÍTULO I. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Objetivo.

El objetivo del presente Código Ético es establecer los principios éticos y las normas de conducta por las que se deberá regir el personal que trabaja en el Ayuntamiento de Peñamellera Baja (empleados públicos y cargos electos), así como aquellos que trabajan en su nombre y/o pueden tener influencia en el comportamiento ético del mismo.

2. Ámbito de aplicación.

El presente Código será de aplicación:

Todos los cargos electos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja que estuvieran en activo.

Todos los empleados públicos en activo al servicio de la Administración municipal.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS ÉTICOS Y PAUTAS DE CONDUCTA

A) Principios de ética pública

El Ayuntamiento reconoce como principios básicos de ética pública:

1. Imparcialidad. El interés general ha de guiar las decisiones y actuaciones de todo el personal empleado en esta Institución, sea cual fuere su condición, sin que medie en ningún caso inclinación a favor o en contra, en la aplicación de normas, procesos, contrataciones, adjudicaciones o acciones de cualquier otro carácter.

2. Integridad. Las personas a las que resulte de aplicación este Código ejercerán sus funciones y adoptarán las decisiones que correspondan con estricta sujeción a la legalidad, sin que en este proceso influyan en modo alguno sus creencias, ideología o intereses personales. No solicitarán ni aceptarán regalos, favores, compensaciones o beneficios que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.

3. Objetividad. Toda actuación deberá regirse por criterios objetivos relacionados con la materia sometida a consideración, nunca con los sujetos interesados ni con criterios subjetivos de quien actúa que denoten animadversión personal o trato de favor.

4. Rendición de cuentas. Se realizará siempre que legítimamente proceda o sea solicitado por el órgano competente, incluyendo la justificación sobre las gestiones realizadas derivadas de sus obligaciones.

5. Transparencia. Estarán sujetas a este principio todas las acciones realizadas a la forma nítida, fidedigna, motivada y pública, con el único límite que dicte el ordenamiento jurídico.

6. Honradez. El personal del Servicio Público debe actuar honestamente, de forma recta, con dedicación necesaria, respetuosa y justa, conforme a los principios y normas establecidos por esta Institución.

7. Liderazgo. Las autoridades electas y el personal empleado al servicio de esta Administración municipal ejercerán la influencia necesaria sobre el resto del personal para que trabaje de forma entusiasta y ejemplar hacia el objetivo común de servicio a la ciudadanía.

8. Legalidad. El personal del Ayuntamiento se ajustará, en todas sus actuaciones, a la legalidad vigente.

9. Derechos humanos. Respetaremos y haremos respetar los derechos humanos, fomentaremos los valores cívicos, y utilizaremos un tono respetuoso y deferente en nuestras intervenciones tanto hacia cualquier miembro del Ayuntamiento como hacia la ciudadanía, a la que facilitaremos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

10. Participación. Será objetivo prioritario la participación interinstitucional y con otras instituciones públicas o privadas, para el correcto ejercicio del Servicio Público en aras del interés general y del reconocimiento de los derechos de la ciudadanía.

11. Eficacia. Se exigirá por parte de la Administración pública local el logro, en un tiempo razonable, de los objetivos de interés público establecidos. Se proporcionarán los recursos necesarios para alcanzarlos y se facilitará la actualización de conocimientos del personal del Servicio Público.

12. Interés general. Toda actuación y comportamiento tendrán como objetivo la búsqueda del interés general, que siempre ha de prevalecer sobre el interés público y sobre el interés particular.

13. Vocación de Servicio Público. La Corporación local proclama como uno de sus distintivos la dedicación profesional municipal, desde la atención y ayuda efectiva a su ciudadanía.

14. Lealtad Institucional. Se apuesta por un comportamiento y sentimiento de respeto y fidelidad común hacia las personas, y por un compromiso institucional desde la necesidad de colaboración, coordinación e información recíproca.

15. Confidencialidad. El personal del Servicio Público reconoce el compromiso de no hacer público lo conocido en el ejercicio de las actuaciones que le son propias, elevándose al rango de secreto cuando el grado de diligencia en la custodia o anonimato de datos estén protegidos por la Ley o por el rango profesional.

16. Eficiencia. Toda actuación de esta institución local estará guiada por la obtención de los objetivos al menor coste posible, velando por la economía de medios, apostando por la austeridad y la racionalización de recursos, y propiciando la gratuidad en todo aquello que sea factible.

B. Pautas de conducta (extractos de las leyes aplicables)

La actividad diaria del personal destinado a la gestión, seguimiento y control de los fondos del PRTR debe reflejar el cumplimiento de los principios éticos recogidos a continuación en extractos de algunas normas de aplicación, de forma que queden compendiados en un único documento los artículos de mayor relevancia a en lo que a la conducta en el ejercicio de sus funciones se refiere, sin perjuicio de que tales normas sean aplicables en su totalidad y sin perjuicio de la aplicabilidad del resto de normas vigentes en la materia aun cuando no hayan sido recogidas en el presente documento:

B1. Extracto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

El título II otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos. Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos, uno de ellos, las infracciones en materia de conflicto de intereses.

Buen gobierno (Artículo 25. Ámbito de aplicación y art. 26. Principios de buen gobierno)

En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.

Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

Principios de buen gobierno.

Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes principios generales:

• Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

• Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

• Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

• Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

• Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

• Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

• Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

• Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

• Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

• Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

• Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

• No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

• No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

• Desempeñarán sus funciones con transparencia.

• Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

• No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales

• Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título.

Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses (Artículo 27)

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

B2. Extracto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Sección 4.ª Abstención y recusación

Abstención (Artículo 23)

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

Recusación (Artículo 24)

En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.

Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

B3. Extracto del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta (Artículo 52)

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Principios éticos (Artículo 53)

Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Principios de conducta (Artículo 54)

Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

B4. Extracto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (última modificación: noviembre de 2015)

La regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

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Peñamellera Baja, a 26 de julio de 2022.—El Alcalde.—Cód. 2022-05993.