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Boletín Nº 67 del viernes 09 de abril de 2021

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se establecen los servicios mínimos en los centros públicos de enseñanza no universitaria con motivo de la huelga convocada para el día 14 de abril de 2021.

Convocada por el Sindicato Unitario y Autónomo de los Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), miembro de la Confederación Intersindical, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), ambos con implantación en el sector de la Enseñanza pública, huelga para el día 14 de abril de 2021 que afecta al personal docente interino que desempeñan su función como tal en centros de enseñanza públicos no universitarios, tal y como consta en el preaviso obrante en la Consejería de Educación, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de la Consejería de Educación.

Establece el artículo 10, párrafo 2, del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, de 5 de mayo, establece que «Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga “ex” art. 28.2 C. E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (Sentencia 11/1981, F. J. 8 y 9). En concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos servicios ha de quedar salvaguardado. “En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella —dirá la sentencia 11/1981 (F. J. 18)—, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga”.

La limitación del ejercicio del derecho de huelga por el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto jurídicamente indeterminado que es el de los “servicios esenciales de la comunidad”, concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien satisfecho.

La tarea de definir esa elástica noción ha sido abordada por la Sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de entender los servicios esenciales (F. J. 10). Según un concepto amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a “aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad”, valorándose “el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones vitales”, es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha actividad se pretende, esto es, “por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza”, de forma que “para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos”, debiendo considerarse como tales “los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos”. A juicio del Tribunal es esta última línea interpretativa la que “ha de ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución”. Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que el artículo 28.2 C. E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes de idéntica significación».

Establecida la posibilidad de acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, para que el servicio tenga tal consideración deben ser también esenciales los bienes e intereses satisfechos, concurriendo tal condición en los derechos fundamentales, las libertades públicas y otros bienes constitucionalmente protegidos.

Los servicios mínimos que se establecen en la presente resolución se dirigen a garantizar el derecho a la educación, contemplado en el artículo 27 de la Constitución con el carácter de derecho fundamental; el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución y respecto al cual el artículo 6.4 del Real Decreto Ley 17/1977 establece la obligación de respetar la libertad de trabajo de aquellas personas que no quisieran sumarse a la huelga.

En conclusión, los Servicios mínimos que se declaran, atienden a la ponderación de los intereses en conflicto garantizando el efectivo derecho constitucional a la huelga de los trabajadores así como los derechos de los padres y madres a enviar a los menores a los centros educativos en condiciones de seguridad garantizando la adecuada atención de los mismos.

En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, previa negociación con el Comité de huelga en reunión celebrada el 6 de abril de 2021,

RESUELVO

Primero.—El derecho de huelga del personal docente interino de la Consejería de Educación y Cultura estará condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales.

Segundo.—Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes deseen ejercer su legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios mínimos:

a) Independientemente del tipo de centro, el personal funcionario docente titular de la dirección y de la jefatura de estudios, y la persona que ejerce las funciones de coordinación Covid del centro, y la persona titular de la secretaría, esta última si no existe jefatura de estudios, estarán en servicios mínimos si son interinos o interinas.

b) Además, dependiendo del tipo de centro, estará de servicios mínimos el siguiente personal interino docente:

En los Colegios Rurales Agrupados: Debe asegurarse que existe en el CRA una persona funcionaria de carrera que atienda cada localidad. En otro caso, se nombrarán en servicios mínimos a tantas personas interinas como sea necesario para que cada localidad esté atendida por una docente o un docente.

En los Centros Públicos de Educación Especial: Debe asegurarse que en el centro educativo haya una persona funcionaria de carrera cada tres unidades o fracción. En otro caso, se nombrarán en servicios mínimos a tantas personas interinas como sea necesario para que en cada tres unidades o fracción haya un docente o una docente.

En los centros que imparten enseñanzas de Infantil y/o Primaria: Debe asegurarse que en el centro educativo haya una persona funcionaria de carrera cada cuatro unidades o fracción. En otro caso, se nombrarán en servicios mínimos a tantas personas interinas como sea necesario para que cada cuatro unidades o fracción haya un docente o una docente.

En los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria: Debe asegurarse que en el centro educativo haya una persona funcionaria de carrera cada cinco unidades o fracción. En otro caso, se nombrarán en servicios mínimos a tantas personas interinas como sea necesario para que cada cinco unidades o fracción haya un docente o una docente.

En las Escuelas Hogar y centros con Residencia-Internado: Además del personal interino designado para todos los centros públicos docentes, habrá un efectivo docente interino por turno en servicios mínimos si no hubiera personal funcionario docente de carrera en dicho turno.

Tercero.—Las Direcciones de los centros docentes determinarán nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente Resolución.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos el día de su publicación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, para el procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 6 de abril de 2021.—La Consejera de Educación, Carmen Suárez Suárez.—Cód. 2021-03463.