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Boletín Nº 74 del martes 20 de abril de 2021

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Boal e Illano para la encomienda de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de enero de 2021 Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Boal e Illano para la encomienda de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

RESUELVO

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.

En Oviedo, 29 de marzo de 2021.—El Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.—Cód. 2021-03354.

Anexo I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS DE BOAL E ILLANO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DEL BAREMO DE VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

En Oviedo, a 1 de enero de 2021.

Reunidos

De una parte:

Dña. Melania Álvarez García, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en representación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020.

Y de otra:

D. José Antonio Barrientos González, Alcalde del Ayuntamiento de Boal, en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

D. Wenceslao González Rico, Alcalde del Ayuntamiento de Illano, en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,

Exponen

Primero.—La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema en el que colaboran y participan todas aquellas administraciones públicas con competencias en la materia.

Segundo.—La situación de dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

La dependencia se clasifica en tres grados: dependencia severa (grado III), dependencia grave (grado II) y dependencia moderada (grado I), que se obtienen mediante la aplicación del baremo de valoración de la dependencia (en adelante BVD) aprobado mediante Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tercero.—El Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establece que la valoración de la situación de dependencia le corresponde a la Administración del Principado de Asturias (artículo 6), a través de los órganos de valoración, integrados en los Equipos de Servicios Sociales Territoriales del Área de la Consejería competente en materia de servicios sociales (artículo 5).

Por su parte, la Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, por la que se regulan los órganos de valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia diferencia entre los unipersonales (los profesionales valoradores de los Equipos de Servicios Sociales Territoriales) y el Órgano de Valoración Autonómico, de carácter colegiado, entre cuyas funciones se encuentra las de “a) Colaborar y asesorar, previa petición de los órganos de valoración de los Equipos de Servicios Sociales Territoriales, en la elaboración de los dictámenes propuesta de la situación de dependencia, b) Asesorar en los procesos y técnicas de valoración, así como en la utilización del baremo, y velar por su correcta aplicación, mediante la emisión de informes y la realización de auditorías. c) Constituirse como referencia técnica en la coordinación con otros equipos que en campos distintos atienden a las personas que se valoran. d) Impulsar y promover medidas formativas.

Señala asimismo el Decreto en su artículo 13 que “La valoración se realizará, previo examen de la persona interesada, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Salud del Principado de Asturias y otros informes que, sobre su salud y sobre el entorno en que viva pueda aportar el interesado, considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas.

Cuarto.—El Decreto 68/2007 antes citado señala que el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se inicia a instancia de parte, mediante solicitud registrada en los centros de servicios sociales municipales, fijando un plazo máximo de cuatro meses para resolver.

Quinto.—Teniendo en cuenta que los profesionales valoradores asignados al Área I de servicios sociales (según la distribución territorial aprobada mediante Decreto 108/2005, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Mapa Asturiano de Servicios Sociales) resultan insuficientes para atender el volumen de solicitudes presentadas por las personas residentes en los concejos pertenecientes a la misma, dada la extensión geográfica de ésta y las especiales dificultades que ello conlleva en cuestiones de desplazamiento, se ha considerado necesario encomendar la aplicación del baremo de valoración de dependencia a los propios Ayuntamientos, como medida específica e innovadora, con el objeto de cumplir con el plazo legalmente establecido antes señalado.

Sexto.—La encomienda de gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios entre órganos administrativos o entidades públicas sin cesión de competencias se regula con carácter general en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el ámbito particular del Principado de Asturias en el artículo 18.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración a través de la formalización del correspondiente convenio de colaboración que deberá ser publicado para su efectividad en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Séptimo.—Por Acuerdo de 4 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma del presente convenio con el/los Ayuntamiento/s de para la encomienda de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia, y ha aprobado el modelo de convenio de colaboración conforme al que se habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se ajusta el presente.

Octavo.—El Ayuntamiento de Boal, por acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2020, ha autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia en los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.

El Ayuntamiento de Illano, por acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2020, ha autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia en los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma del presente convenio, con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio.

El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a la Entidad Local de Boal de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia a las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y residan en los concejos de Boal e Illano, durante el ejercicio 2021.

Segunda.—Alcance de la encomienda. Condiciones

a) A la Entidad Local le corresponde realizar las siguientes funciones de carácter material o técnico:

1. El estudio de los informes de salud aportados por las personas solicitantes para la valoración de la situación de dependencia.

2. La aplicación del baremo de valoración de la dependencia (BVD) conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

3. La valoración del entorno social y la emisión de un informe del entorno, conforme al modelo que será facilitado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

4. El registro del informe de aplicación del BVD y del informe del entorno social en el nSisaad, conforme a las especificaciones señaladas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

5. El envío mensual al Equipo de Servicios Sociales Territorial del Área I (Navia) de la relación nominal de las personas valoradas, conforme a las especificaciones señaladas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

6. Recibir la formación, ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica aplicable a la valoración de las personas dependientes.

7. Garantizar que el personal que realice las funciones antes señaladas cuente con una de las siguientes titulaciones: Trabajo Social, ATS/DUE, Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia o Medicina.

8. Asumir la responsabilidad del encargado de tratamiento de los datos.

b) La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en el ejercicio de sus competencias, ejercerá las siguientes funciones:

1. Impartir la formación necesaria a los profesionales municipales designados para realizar la valoración. Esta formación será certificada para aquellos profesionales que realicen funciones de valoración de manera efectiva y acreditada.

2. Facilitar los accesos a la herramienta informática nSissad para el correcto registro de los informes emitidos por los profesionales municipales.

3. Formular los dictámenes propuesta sobre el grado de dependencia de las personas valoradas, a través de los órganos de valoración del Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área I, conforme a los informes emitidos y registrados por los profesionales municipales, así como aprobar las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, en el ejercicio de sus competencias.

4. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta valoración de las personas.

Tercera.—Financiación

La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar cubrirá los costes salariales y de desplazamiento originados por la aplicación del baremo de valoración de la dependencia y las tareas inherentes a ello, fijándose un coste unitario para ello de 98,63 € por persona valorada.

Teniendo en cuenta que el número de solicitudes pendientes de valorar en el/los concejo/s al que se extiende esta encomienda ascendía a 31 de octubre de 2020 a un total de 30, se autoriza un crédito máximo por importe de 2.958,87 euros a favor del Ayuntamiento de Boal, con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-009 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2021.

Si bien este crédito es suficiente para atender el máximo previsto de valoraciones pendientes a realizar por la Entidad Local a lo largo del ejercicio 2021, en caso de necesidad y a propuesta de la comisión de seguimiento, podrá ampliarse mediante la suscripción de la correspondiente adenda, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Cuarta.—Régimen de liquidación y pago.

Con el objeto de determinar la aportación de la Administración del Principado de Asturias para la financiación de la presente encomienda, la Entidad Local deberá presentar dentro de los diez días primeros del mes siguiente una certificación mensual emitida por el Secretario-Interventor, conforme al modelo que se facilite, en el que deberá hacerse constar la identidad (nombre, apellidos, DNI) de las personas dependientes a las que se ha valorado.

Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una vez recibida la certificación mensual, procederá a ordenar el pago de las cantidades correspondientes a la Entidad Local en el plazo máximo de un mes.

Quinta.—Comisión de seguimiento.

Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones, así como de la resolución de los problemas que pudieran derivarse.

A tales efectos, un órgano mixto de vigilancia y control integrado por tres representantes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos representantes por la Entidad Local.

Dicha comisión tendrá como principales funciones:

1) El control, la evaluación, y el seguimiento de las valoraciones efectuadas por los profesionales municipales.

2) La interpretación del clausulado del presente convenio.

3) La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes mediante el presente convenio o sus modificaciones.

4) Resolución sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio.

5) Ampliación del número máximo de valoraciones a realizar, en los términos previstos en la cláusula tercera.

La Comisión se reunirá en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, levantándose la correspondiente acta de dichas reuniones en la que se harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados, debiendo estar firmada por los representantes de las partes asistentes a la misma.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la persona que ejerza la presidencia con su voto en caso de empate.

Sexta.—Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo previsto en la cláusula primera.

Séptima.—Extinción anticipada.

Son causas de extinción del presente convenio:

1) El mutuo acuerdo de las partes.

2) El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio o sus modificaciones. En estos casos, será necesario informe previo de la Comisión de seguimiento.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, basado en el incumplimiento por parte de la Entidad Local, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización, pudiendo la Consejería suspender de manera cautelar el procedimiento de liquidación y abono del período que estuviera en curso en el momento de producirse el hecho causante, a la vista del informe emitido por la Comisión de seguimiento.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la comisión de seguimiento resolverá acerca de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación aplicable a las mismas.

Octava.—Régimen Jurídico.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás normativa que resulte aplicable para la interpretación, modificación y resolución, en general, de cuestiones no contempladas en el mismo.

Novena.—Recursos y Jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De acuerdo al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, de forma previa a interposición de recurso contencioso-administrativo se podrá requerir a la otra parte para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.

En prueba de conformidad con las estipulaciones anteriores, ambas partes firman y sellan el presente convenio, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.

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