OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín, para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes.
Habiéndose suscrito con fecha 1 de enero de 2021 Convenio de colaboración suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín, para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes, de acuerdo con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Resuelvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta resolución.
En Oviedo, 12 de febrero de 2021.—El Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.—Cód. 2021-01599.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LOS AYUNTAMIENTOS DE RIOSA, RIBERA DE ARRIBA Y MORCÍN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO Y DE TELEASISTENCIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES
En Oviedo, a 1 de enero de 2021.
Reunidos
De una parte:
Dña. Melania Álvarez García, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en representación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 04 de diciembre de 2020.
Y de otra:
D.ª Ana Isabel Díaz Fernández Alcaldesa del Ayuntamiento de Riosa,en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
D. Tomás Manuel Fernández Muñiz, Alcalde del Ayuntamiento de Ribera de Arriba en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
D. Maximino García Suárez Alcalde del Ayuntamiento de Morcín en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
Exponen
Primero.—La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho sujetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema en el que colaboran y participan todas aquellas administraciones públicas con competencias en la materia.
Segundo.—La citada Ley 39/2006 define en su artículo 22 al servicio de teleasistencia como aquél que “facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de la ayuda a domicilio.”. Por su parte, el artículo 23 de la citada norma define al servicio de ayuda a domicilio como “el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.”
Tercero.—Según se establece en el artículo 15 de la mencionada Ley, ambos servicios forman parte del Catálogo de servicios de atención a la dependencia, y como tales, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha de garantizar, planificar, ordenar, coordinar y dirigir los mismos en el ámbito de su territorio (artículo 11.1).
Cuarto.—Teniendo en cuenta que la titularidad y gestión de ambos servicios corresponde a las Entidades Locales cuando van dirigidos a toda la población (artículos 10 y 11 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales), la Administración del Principado de Asturias ha considerado conveniente, por razones de eficacia, venir encomendando desde 2013 la prestación de ambos a las Entidades Locales cuando aquellos se presten a personas dependientes, recayendo la prestación efectiva de estos servicios en una única Administración, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales: “las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, con el fin de mejorar la eficacia de la gestión pública y la atención a las personas usuarias, podrán delegar o encomendar la prestación o gestión de sus servicios o establecer convenios de colaboración de conformidad con los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico”.
Quinto.—La encomienda de gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios entre órganos administrativos o entidades públicas sin cesión de competencias se regula con carácter general en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el ámbito particular del Principado de Asturias en el artículo 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico a través de la formalización del correspondiente convenio de colaboración que deberá ser publicado para su efectividad en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Sexto.—Tras ocho años de vigencia de la encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio, procede revisar las condiciones en las que ésta se vaya a desarrollar. Concretamente, se actualiza el coste máximo de referencia a abonar cuando se preste en zona rural, atendiendo a su especial naturaleza y con el objeto de sufragar los mayores costes derivados de la adopción de criterios sociales en la adjudicación de los contratos. Asimismo, se introducen modificaciones en el clausulado que persiguen dotar de una mayor seguridad jurídica a ambas partes en la ejecución del convenio.
Séptimo.—Por Acuerdo de 04 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma del presente convenio con las Entidades Locales de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para personas dependientes, y ha aprobado el modelo de convenio de colaboración conforme al que se habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se ajusta el presente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Riosa por acuerdo del Pleno de 18 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba por Resolución de Alcaldía de 21 de diciembre de 2020 y el Ayuntamiento de Morcín por acuerdo del Pleno de 18 de diciembre de 2020, han autorizado la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la gestión de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes en los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos
Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma del presente convenio, con arreglo a las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto del convenio.
El convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a las Entidades Locales de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para las personas dependientes que tengan reconocido el derecho a recibirlos y residan en el concejo/s de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín durante el ejercicio 2021.
Segunda.—Alcance de la encomienda.
a) La Administración del Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, se reserva las siguientes funciones:
1. El reconocimiento, la suspensión y/o la extinción del derecho de las personas dependientes al servicio de ayuda a domicilio y/o de teleasistencia mediante la aprobación de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
2. La fijación del intervalo de intensidad de los servicios, según la situación de dependencia reconocida.
3. La determinación de la capacidad económica de las personas dependientes beneficiarias y su participación en el coste de los servicios, así como el establecimiento de un precio público único para todo el territorio autonómico y su gestión y recaudación.
4. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta prestación de los servicios.
b) Por su parte, a la Entidad Local le corresponde:
1. La prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia a las personas dependientes que tengan reconocido el derecho a los mismos en su Programa Individual de Atención, respetando, en todo caso, las previsiones contenidas en el Decreto 42/2000 del Principado de Asturias, de 18 de marzo, por el que se regula la Ayuda a Domicilio y en la Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de 30 de junio de 2015, por la que se regulan los servicios y las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y demás normativa de aplicación en la materia.
2. Acordar con la persona dependiente las condiciones concretas de los servicios, garantizando en todo caso la intensidad que le corresponda en función de su situación de dependencia.
3. Enviar mensualmente a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar la relación nominal de las personas dependientes beneficiarias de los servicios objeto de encomienda, en el que se reflejen las altas, bajas e incidencias registradas en ese período.
4. Ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
5. Garantizar que el personal que realice las funciones de auxiliar de ayuda a domicilio cumpla con lo dispuesto en la Resolución de 1 de diciembre de 2017 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se regula la acreditación de la cualificación profesional y la habilitación excepcional del personal de atención directa en centros y servicios sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
6. Adoptar criterios sociales en la adjudicación de los contratos que proporcionen una mejor relación calidad-precio en la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, en los términos establecidos en el artículo 145 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En concreto, en las adjudicaciones de contratos deberán incluirse criterios como:
— las mejoras relacionadas con la conciliación familiar, la formación, la estabilidad en las contrataciones y las condiciones laborales en general de las personas trabajadoras.
— la contratación de personas beneficiarias de salario social básico o con dificultades en el acceso a un empleo.
— la oferta de prestaciones técnicas que mejoren la calidad del servicio a las personas usuarias
Tercera.—Financiación por la prestación de los servicios
1. Los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas dependientes se financiarán íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias hasta el nivel de protección garantizado que se señala a continuación:
1.1. Nivel de protección garantizado para el servicio de teleasistencia: hasta 20 euros/mes.
1.2. Nivel de protección garantizado para el servicio de ayuda a domicilio:
1.2.1. En el caso de que la Entidad Local venga prestando el servicio con medios propios con anterioridad al ejercicio 2013, el nivel de protección garantizado cubrirá su coste hasta un máximo de 22,50 euros/hora.
1.2.2. En el resto de supuestos, el nivel de protección garantizado cubrirá el coste por la prestación del servicio hasta las siguientes cuantías máximas:
• 17 euros/hora para la zona urbana.
• 18 euros/hora para la zona rural.
En el caso de que el coste real de la hora de ayuda a domicilio en zona rural sea superior a la cuantía máxima de referencia señalada, el exceso podrá compensarse con el coste real en zona urbana, siempre que éste sea inferior a 17 euros/hora y la media entre ambos no supere el coste máximo absoluto de 18 €/hora.
2. A los efectos del presente convenio, se entenderá por coste real aquél que esté directamente relacionado con la prestación de ambos servicios.
3. Cuando el coste real sea superior al precio de adjudicación, en el caso de gestión indirecta del servicio, deberá presentarse informe complementario con el desglose y justificación de los gastos imputados, para su aceptación previa por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
4. En caso de producirse variaciones en el coste certificado por parte de la Entidad Local durante el período de vigencia del presente convenio, éstas deberán ser justificadas mediante el oportuno informe con ocasión de la presentación de la certificación relativa al período en que se hayan producido.
5. Cuando el coste real sea superior al coste máximo de referencia aplicable, se entenderá como un nivel adicional al garantizado por el presente convenio, y en consecuencia, el exceso que represente respecto a la cuantía máxima de referencia correrá a cargo de la Entidad Local.
En el caso de la Entidad Local de Riosa Para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 24.290,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
• 24.220,00 € para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
• 70,00 € para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En el caso de la Entidad Local de Ribera de Arriba Para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 26.020,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
• 25.950,00 € para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
• 70,00 € para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
En el caso de la Entidad Local de Morcín Para la financiación de ambos servicios el Principado de Asturias ha dispuesto un crédito inicial por importe de 17.370,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-227-014 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2021 y conforme a la siguiente distribución inicial:
• 17.300,00 € para financiar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
• 70,00 € para financiar la prestación del servicio de teleasistencia.
Cuarta.—Régimen de liquidación y pago
Con el objeto de determinar la aportación de la Administración del Principado de Asturias para la financiación de ambos servicios, la Entidad Local deberá presentar dentro de los diez primeros días del mes siguiente una certificación mensual emitida por el Secretario – Interventor, conforme al modelo que se adjunta como anexo, en el que deberá hacerse constar:
1. Identidad (nombre, apellidos, DNI) de las personas dependientes a las que han prestado el servicio de ayuda a domicilio y/o el servicio de teleasistencia en ese período.
2. Número total de horas prestadas a cada persona dependiente, en el caso del servicio de ayuda a domicilio.
3. Coste real de la prestación del servicio por persona dependiente, con el límite del precio máximo de referencia aplicable.
Por su parte, la Administración del Principado de Asturias, una vez revisadas las certificaciones presentadas, procederá al abono de las cantidades correspondientes a la Entidad Local por la prestación de ambos servicios, con carácter trimestral.
La certificación relativa al mes de diciembre podrá sustituirse por una declaración responsable estimativa del gasto, previa solicitud de la Entidad Local. Finalizado el período anual de prestación se liquidarán las cantidades certificadas que no hubieran sido abonadas a la fecha en que finalice el encargo, o se procederá al reintegro de las cantidades abonadas en exceso.
Quinta.—Comisión de seguimiento
Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones, así como de la resolución de los problemas que pudieran derivarse.
A tales efectos, un órgano mixto de vigilancia y control integrado por tres representantes de la Consejería Derechos Sociales y Bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos representantes de la Entidad Local.
Dicha comisión tendrá como principales funciones:
1) El control, la evaluación, y el seguimiento de la gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
2) La interpretación del clausulado del presente convenio.
3) La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes mediante el presente convenio o sus modificaciones.
4) Resolución sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio.
La Comisión se reunirá en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, levantándose la correspondiente acta de dichas reuniones en la que se harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados, debiendo estar firmada por los representantes de las partes asistentes a la misma.
La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la persona que ejerza la presidencia con su voto en caso de empate.
Sexta.—Vigencia.
El presente convenio de colaboración estará vigente durante el ejercicio 2021 de conformidad con lo previsto en la cláusula primera.
No obstante, las partes manifiestan su intención de prorrogar su vigencia para el ejercicio 2022, para lo que será necesaria la suscripción de la correspondiente adenda con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Séptima.—Extinción.
Son causas de extinción del presente convenio:
1) El mutuo acuerdo de las partes.
2) El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio o sus modificaciones. En estos casos, será necesario informe previo de la Comisión de seguimiento.
La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, basado en el incumplimiento por parte de la Entidad Local, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización, pudiendo la Consejería suspender de manera cautelar el procedimiento de liquidación y abono del período que estuviera en curso en el momento de producirse el hecho causante, a la vista del informe emitido por la Comisión de seguimiento.
En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la comisión de seguimiento resolverá acerca de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación aplicable a las mismas y los mecanismos para dar continuidad a la prestación de los servicios a las personas dependientes.
Octava.—Régimen Jurídico
Este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico, y demás normativa que resulte aplicable para la interpretación, modificación y resolución, en general, de cuestiones no contempladas en el mismo.
Novena.—Recursos y Jurisdicción competente
Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De acuerdo al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, de forma previa a interposición de recurso contencioso-administrativo se podrá requerir a la otra parte para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.
En prueba de conformidad con las estipulaciones anteriores, ambas partes firman y sellan el presente convenio, por quintuplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.
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