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Boletín Nº 40 del sábado 18 de febrero de 2006

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2006, aprobó definitivamente la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo, cuyo texto íntegro es el siguiente:

(Expediente número 4.526/2005).

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS LOCALES DE. CONSUMO DEL AYUNTAMIENTO DE AVILES

Exposición de motivos

El artículo 51 de la Constitución Española, fundamento de todo el ordenamiento jurídico, establece que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores/as y usuarios/as, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. El derecho a la protección de la salud y de la seguridad del consumidor/a es un derecho fundamental reconocido al consumidor/a en el ámbito de la Unión Europea, en este sentido es preciso mencionar la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de Transposición al Ordenamiento Jurídico Español de Diversas Directivas Comunitarias en Materia de Protección de los Intereses de los Consumidores y Usuarios.

Nuestro texto constitucional también establece que “los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores/as y usuarios/as, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos/as, en los términos que la Ley establezca”.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 25 atribuye a los municipios las competencias en materia de defensa de usuarios/as y consumidores/as. Además, en el ámbito estatal, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, recoge la inspección de los productos y servicios de uso o consumo común, ordinario o generalizado, como materia propia de las corporaciones locales, también bajo los auspicios de una regulación superior.

Por otra parte, el Principado de Asturias, cuyo Estatuto de Autonomía fue aprobado por la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, asumió en virtud de su reforma, que se produjo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia correspondiente a desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa del consumidor/a, y en ejercicio de dicha competencia ha promulgado la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

La presente Ordenanza, cuyo ámbito de aplicación es el término municipal de Avilés, nace de la refundición de la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo y de la Ordenanza Local sobre Tipificación de Infracciones y Sanciones en Materia de Consumo, aprobadas por Acuerdos Plenarios del Ayuntamiento, de fechas 15 julio 1993 y 16 febrero 1995, respectivamente, y con el objeto y fin último de acomodar su contenido a la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

Por ello, en virtud de la legislación referida y con la intención última de la protección y defensa del consumidor/a y usuario/a, de la regulación municipal interna y de la promoción de los hábitos saludables de consumo entre los ciudadanos/as de Avilés, esta Ordenanza recoge como aspectos más importantes, entre otros:

• Los derechos de los consumidores/as y usuarios/as.

• Las Asociaciones Protectoras de los Derechos de los Consumidores/as y Usuarios/as.

• Competencias y órganos municipales de consumo.

• El Servicio Municipal de Consumo.

• La potestad sancionadora: Infracciones y sanciones.

Asimismo, la presente Ordenanza trata de aportar la necesaria regulación jurídica y el marco normativo adecuado que venga a garantizar la protección y defensa de los derechos de los consumidores/as y usuarios/as.

TITULO I.. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1.. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.—Objeto de la Ordenanza.

Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de la actividad municipal para la protección y defensa de la salud y de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores/as y usuarios/as, en los términos que dispone el artículo 51 de la Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de Transposición al Ordenamiento Jurídico Español de Diversas Directivas Comunitarias en Materia de Protección de los Intereses de los Consumidores y Usuarios, la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, del Principado de Asturias, y demás disposiciones que le sean de aplicación en el ámbito territorial del municipio de Avilés y en el marco de sus competencias.

Artículo 2.—Ambito de aplicación de la Ordenanza.

La presente Ordenanza será de aplicación en el término municipal de Avilés.

Capítulo 2.. Concepto de consumidor/a y usuario/a

Artículo 3.—Concepto de consumidor y usuario.

1. A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán consumidores/as y usuarios/as, las personas físicas o jurídicas que, como destinatarias finales, adquieran, utilicen o disfruten en el término municipal de Avilés, productos, actividades o servicios para su consumo o uso personal, familiar o colectivo, cualquiera que sea la naturaleza, pública o privada, individual o colectiva de quien lo produce, facilita, suministra, expide o presta.

2. No tendrán la consideración de consumidores/as o usuarios/as quienes, sin constituirse en destinatarios/as finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman, bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.

3. A los efectos de los apartados anteriores, la administración pública sólo será considerada como proveedora cuando preste un servicio o suministre un producto o bien en régimen de derecho privado.

Capítulo 3.. Derechos básicos de los consumidores y usuarios

Artículo 4.—Derechos básicos de los consumidores/as y usuarios/as.

1. Son derechos básicos de los consumidores/as y usuarios/as los siguientes:

a) La protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, incluyendo aquéllos que amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida.

b) La protección de sus derechos y legítimos intereses económicos y sociales, en especial frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

c) La recepción de una información veraz, correcta y suficiente sobre los diferentes bienes, productos o servicios.

d) La educación y formación en relación con todas las materias que puedan afectarles como consumidores/as y usuarios/as.

e) La representación, consulta y participación en las materias y procedimientos que les afecten, a través de las organizaciones legalmente constituidas para la defensa de sus intereses.

f) La protección jurídica, administrativa y técnica, así como la reparación e indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

2. Los derechos de los consumidores/as y usuarios/as serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario o generalizado. Asimismo, serán objeto de una especial vigilancia y control los bienes y productos de primera necesidad y los servicios esenciales para la comunidad, entendiéndose por tales aquellos que, por sus especiales características, resulten básicos para los consumidores/as y usuarios/as.

3. Se considerarán nulos de pleno derecho la renuncia previa al ejercicio de los derechos y legítimos intereses reconocidos en la presente Ordenanza, los actos en fraude de la misma, así como todos los pactos que tengan por objeto la exclusión de su aplicación.

4. Para que el consumidor/a pueda exigir sus derechos deberá cumplir con las obligaciones contractuales, así como con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable en materia de consumo, debiendo actuar conforme al uso correcto del bien, producto o servicio y respetar las instalaciones del establecimiento.

5. Los colectivos de consumidores/as y usuarios/as que, por circunstancias especiales, se encuentren en una situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada, serán objeto de atención prioritaria por parte del Ayuntamiento de Avilés que se dirigirá preferentemente a la infancia y adolescencia, enfermos, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres gestantes, inmigrantes y los sectores económicos y sociales más débiles.

Artículo 5.—Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as.

1. Son Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente dentro del término municipal y que tengan como exclusiva finalidad la información, educación y defensa de los derechos e intereses de los consumidores/as y usuarios/as, bien sea con carácter general o en relación con productos o servicios concretos.

2. Las Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as tendrán los derechos reconocidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley del Principado de Asturias de los Consumidores y Usuarios.

Artículo 6.—Tutela del derecho a la salud y seguridad de los consumidores/as y usuarios/as.

1. La corporación a través de los órganos y servicios establecidos con competencia en la materia de consumo, adoptará y promoverá las medidas adecuadas para la efectiva protección del derecho a la salud y seguridad de los consumidores/as y usuarios/as.

2. Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores/as y usuarios/as del término municipal no implicarán riesgos para su salud o seguridad, salvo lo usual y reglamentariamente admitido en condiciones normales y previsibles de utilización.

A los efectos de esta Ordenanza, se considerarán:

- Riesgos usualmente admitidos: Aquéllos inherentes a la propia naturaleza del producto, actividad o servicio y que no se pueden eliminar sin alterar la esencia del mismo.

- Riesgos reglamentariamente admitidos: Aquéllos previstos en las correspondientes reglamentaciones de los distintos productos, o que puedan derivarse de su consumo o utilización en las condiciones y con los requisitos establecidos en la misma.

Con carácter general, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza y de las personas a las que van destinados, serán puestos en conocimiento previo de los consumidores/as y usuarios/as por medio de una información veraz, eficaz y suficiente de sus características esenciales, disponiendo de las adecuadas instrucciones y advertencias para su uso o consumo correcto.

Artículo 7.—Tutela del derecho a la protección de los intereses económicos y sociales de los consumidores/as y usuarios/as.

La corporación a través de los órganos y servicios establecidos con competencia en la materia de consumo, adoptará y promoverá las medidas adecuadas para el ejercicio efectivo del derecho a la protección de los intereses económicos y sociales de los consumidores/as y usuarios/as.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa civil y mercantil y demás legislación aplicable, los consumidores/as y usuarios/as tienen derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales en los términos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley del Principado de Asturias de los Consumidores y Usuarios, así como en las disposiciones que las desarrollen, modifiquen o sustituyan.

TITULO II.. DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANOS MUNICIPALES DE CONSUMO

Capítulo 1.. Competencias en materia de consumo

Artículo 8.—Competencias en materia de consumo.

Corresponde al Ayuntamiento de Avilés, a través de su propio personal y de los medios que estime convenientes, promover y desarrollar la protección y la defensa de los consumidores/as y usuarios/as en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica y especialmente en los siguientes aspectos:

1. La información y educación de los consumidores/as y usuarios/as, estableciendo las Oficinas y Servicios de Información al Consumidor/a y Usuario/a de acuerdo con las necesidades del municipio.

2. Impulsar y realizar la inspección de los productos, bienes y servicios de uso común, ordinario y generalizado.

3. Apoyar y fomentar las Asociaciones de Consumidores/as y Usuarios/as radicadas en el término municipal de Avilés.

4. La promoción de órganos de participación ciudadana en materia de consumo.

5. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud, seguridad o a los intereses económicos de los consumidores/as.

6. Ejercer la potestad sancionadora dentro de los límites establecidos en la legislación vigente, por la comisión de infracciones en materia de defensa del consumidor/a, cuando se trate de empresas o establecimientos radicados en su término municipal o servicios prestado en dicho ámbito territorial.

Capítulo 2.. Organos municipales de consumo

Artículo 9.—Organos municipales de consumo.

Al objeto de garantizar el cumplimiento de la protección y defensa de los derechos básicos de los consumidores/as y usuarios/as, el Ayuntamiento de Avilés, en uso de su potestad de autoorganización podrá crear órganos complementarios, tales como Concejalías Delegadas, Comisiones informativas y Consejos Sectoriales para el desarrollo de las competencias atribuidas al mismo en materia de consumo.

La composición, funcionamiento y funciones de los anteriores se regularán dentro del marco establecido por el Reglamento Orgánico Municipal de conformidad con el artículo 20.1.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, sin perjuicio de lo que la legislación de la Comunidad Autónoma sobre régimen local pudiera establecer en materia de órganos complementarios.

TITULO III.. DEL SERVICIO MUNICIPAL DE CONSUMO

Capítulo 1.. Objetivo, estructura y funciones del Servicio Municipal de Consumo

Artículo 10.—Objetivos.

En el ejercicio de las competencias que atribuyen la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley del Principado de Asturias de los Consumidores y Usuarios, el Ayuntamiento de Avilés dispondrá de un Servicio Municipal de Consumo, integrado en la estructura del Ayuntamiento, al objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de los consumidores/as y usuarios/as reconocidos en la legislación vigente.

Con tal objeto el Servicio Municipal de Consumo se estructurará de la forma siguiente:

- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

- Inspección de Consumo.

- Junta Arbitral de Consumo.

Capítulo 2.. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

Artículo 11.—Funciones de la OMIC.

1. La Oficina Municipal de Información al Consumidor/a y Usuario/a (OMIC) tiene como funciones la información, ayuda, orientación y asesoramiento a los consumidores/as y usuarios/as, para el eficaz ejercicio de sus derechos, y, entre otras, podrá realizar las siguientes actividades:

a) La información, ayuda y orientación a los consumidores/as y usuarios/as para el adecuado ejercicio de sus derechos.

b) Recepción, registro y acuse de recibo de quejas, reclamaciones, denuncias e iniciativas de los consumidores/as y usuarios/as y su remisión a las entidades u órganos administrativos competentes para su resolución.

c) Indicación de las direcciones y principales funciones de otros centros públicos y asociaciones de defensa de los consumidores/as y usuarios/as.

d) Atender consultas sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con el uso y/o consumo de productos, bienes y servicios.

e) Información de productos y/o servicios retirados, suspendidos y/o prohibidos.

f) Recabar información directamente de los organismos públicos y privados.

g) Realizar campañas informativas, y difundir estudios y análisis comparativos.

h) Editar publicaciones.

i) Organizar y desarrollar cursos de formación a consumidores/as y usuarios/as.

j) Desarrollar actividades de animación sociocultural, que despierten el interés en temas de consumo.

k) Realizar actividades de colaboración con el sistema educativo, en materia de consumo.

l) Impulsar la creación de órganos de participación, asesoramiento y apoyo a asociaciones de consumidores/as.

m) Fomentar el asociacionismo de consumidores/as y usuarios/as.

n) En general, la atención, defensa y protección de los consumidores/as y usuarios/as, de acuerdo con la normativa vigente y las disposiciones que la desarrollen o modifiquen.

2. En la OMIC no podrá realizarse ninguna actividad publicitaria expresa o encubierta.

3. En el ejercicio de sus funciones, la OMIC, podrá recabar información directamente a cualquier organismo público, que estará obligado a prestarla.

Capítulo 3.. De la Inspección de Consumo

Artículo 12.—De la Inspección de Consumo.

1. La actividad de control e inspección que desarrolla esta Ordenanza estará encomendada al personal municipal de inspección de consumo, dependiente del Servicio de Consumo, el cual contará con la formación especifica adecuada y cumplirá con los requisitos legales para el desarrollo de tal función.

2. El personal funcionario de la inspección, cuando actúe en el ejercicio de la función inspectora, tendrá la consideración de autoridad a todos los efectos, según establece el artículo 31 de la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, del Principado de Asturias de los Consumidores y Usuarios, y normativa que la desarrolle o sustituya.

3. Para el desarrollo de sus funciones, la inspección podrá solicitar el apoyo, concurso, auxilio y protección que les resulten precisos de cualquier otra autoridad y sus agentes.

4. Corresponde a la Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Avilés, sin perjuicio de los controles de mercado que puedan realizar otras Administraciones en este ámbito municipal, la supervisión y control de productos, bienes y servicios para comprobar el origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad, así como los demás requisitos exigidos por las disposiciones aplicables en cada momento.

5. La Inspección de Consumo actuará igualmente en los casos de denuncias o reclamaciones formalizadas por los consumidores/as y usuarios/as o sus asociaciones.

6. Para una mayor efectividad de la acción inspectora y cuando resulte de interés para el municipio de Avilés, podrá llevar a cabo campañas y programas anuales de inspección, encomendados por el Servicio de Consumo, dirigidos a un mayor control de mercado y al desarrollo de una política de prevención, en materia de consumo

7. Asimismo, podrá colaborar con las distintas administraciones en la realización de labores de inspección en el ámbito de esta Ordenanza.

8. La Inspección de Consumo se realizará conforme determinan los artículos 29 y siguientes de la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, del Principado de Asturias, de los Consumidores y Usuarios, y normativa que la desarrolle o sustituya.

Capítulo 4.. De la Junta Arbitral de Consumo

Artículo13.— De la Junta Arbitral de Consumo.

1. La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Avilés, como órgano colegiado, tendrá su sede en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, según se establece en el Acuerdo de Constitución firmado el 21 de abril de 1995.

2. La composición, competencias y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Avilés, se establecerán respetando lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y en las demás disposiciones que lo regulen.

3. La Junta Arbitral de Consumo será competente para atender reclamaciones de consumidores/as y usuarios/as, que tengan su domicilio o razón social dentro del ámbito territorial del municipio de Avilés, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte ni existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y de la judicial de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española.

4. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente a través de escrito dirigido a la administración competente.

Capítulo 5.. De la mediación

Artículo14.— De la mediación.

El Servicio Municipal de Consumo, bien directamente o a través del órgano de sus estructura que estime más conveniente, podrá realizar actos de mediación en materia de su competencia, con el fin de garantizar la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores/as, sin perjuicio de la labor que en este sentido puedan desarrollar las asociaciones de consumidores/as.

TITULO IV.. DE LA POTESTAD SANCIONADORA: INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo 1.. Disposiciones generales

Artículo 14.—Disposiciones generales.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Avilés, dentro de la esfera de sus competencias, ejercer la potestad sancionadora en materia consumo.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde/sa, salvo que por delegación, dicha conferencia se asigne al Concejal/a de Consumo, conforme a lo establecido en la normativa sobre régimen local.

3. Son infracciones administrativas en materia de defensa de los consumidores/as y usuarios/es las acciones u omisiones antijurídicas tipificadas en esta Ordenanza y en las demás disposiciones específicas en esta materia.

Capítulo 2.. Denuncias y reclamaciones

Artículo 15.—Denuncias y reclamaciones.

Si el consumidor/a de un producto o usuario/a de un servicio se siente lesionado en su salud o en sus legítimos intereses, o considera que se ha infringido una norma sobre la seguridad de los servicios o bienes de consumo, puede plantear ante el Servicio Municipal de Consumo la pertinente denuncia o reclamación.

Las reclamaciones y denuncias se presentarán, en la forma legalmente establecida, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor/a, o cualquiera de los medios contemplados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, que le dará el trámite oportuno.

A los efectos de esta Ordenanza se considerarán:

Las denuncias: Hechos formulados que constituyan infracciones administrativas en materia de consumo y que sean susceptibles de dar lugar a una acción de oficio de la administración.

Las reclamaciones: Hechos formulados que se plantearán cuando se lesionen derechos subjetivos de los consumidores/as que no constituyan infracción administrativa y sólo serán perseguibles a instancia de parte.

La administración municipal podrá actuar de oficio de acuerdo con el actual ordenamiento jurídico.

En la tramitación de denuncias o reclamaciones, los órganos municipales de consumo se inhibirán en la resolución de expedientes que excedan de su competencia material o territorial, de acuerdo con la legislación básica de régimen local y demás normas legales de aplicación, debiendo comunicar al reclamante el organismo al que se ha dirigido o se debe dirigir su expediente.

Capítulo 3.. Infracciones y sanciones

Artículo 16.—Infracciones.

1. Constituyen infracciones en materia de protección de la salud y seguridad de los consumidores/as:

a) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de naturaleza sanitaria.

b) Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores/as, ya sea de forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.

c) El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades que resulten competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública o la seguridad de los consumidores/as.

d) El incumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad de bienes o servicios.

2. Se consideran infracciones por alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo:

a) La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes a los que se haya adicionado o sustraído cualquier sustancia o elemento para variar su composición, estructura, peso o volumen con fines fraudulentos, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estén expresa o reglamentariamente autorizados o para encubrir la inferior calidad o alteración de los productos utilizados.

b) La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes cuando su composición o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorización administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente.

c) El incumplimiento de las normas relativas al origen, calidad, composición, cantidad, peso o medida de cualquier clase de bienes o servicios destinados al público o su presentación mediante envases, etiquetas, rótulos, cierres, precintos o cualquier otra información o publicidad que induzca a engaño o confusión o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio.

d) El incumplimiento en la prestación de toda clase de servicios de las condiciones de calidad, cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, de conformidad con la normativa vigente o las condiciones o categoría en que se ofrezcan.

e) El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones ofrecidas al consumidor/a, si fueran más favorables, en materia de garantía y arreglo o reparación de bienes de consumo de uso duradero, la insuficiencia de la asistencia técnica o inexistencia de piezas de repuesto contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las condiciones ofrecidas al consumidor/a en el momento de adquisición de tales bienes, si fueran más favorables.

f) En general, cualquier situación que conduzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o servicio.

3. Son infracciones en materia de transacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y en materia de precios:

a) La venta al público de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los máximos legalmente establecidos o con incumplimiento de las disposiciones o normas vigentes en materia de precios y márgenes comerciales.

b) La ocultación al consumidor/a o usuario/a de parte del precio mediante formas de pago o prestaciones no manifiestas o mediante rebajas en la calidad o cantidad reales respecto a las prestaciones aparentemente convenidas.

c) La imposición de condiciones que supongan una prohibición de vender a precios inferiores a los mínimos señalados por el productor/a, fabricante o distribuidor/a de productos singularizados por una marca registrada.

d) La realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor o usuario la condición expresa o tácita de comprar una cantidad mínima o máxima, o productos o servicios no solicitados.

e) La intervención de cualquier persona, firma o empresa de forma que suponga la aparición de un nuevo escalón intermedio dentro del proceso habitual de distribución, siempre que origine o dé ocasión a un aumento no autorizado de los precios o márgenes máximos fijados.

f) El acaparamiento o detracción injustificada del mercado de materias o productos destinados directa o indirectamente al suministro o venta al público, en perjuicio directo o inmediato del consumidor/a o usuario/a.

g) La falta de presupuesto previo, extensión de la correspondiente factura por la venta de bienes o prestación de servicios o del recibo de depósito en los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite por escrito el consumidor/a o usuario/a.

4. Son infracciones en materia de normalización, documentación y condiciones de venta o suministro:

a) El incumplimiento de las disposiciones relativas a normalización o tipificación de bienes o servicios que se produzcan, comercialicen o existan en el mercado.

b) El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre prohibición de elaborar o comercializar determinados productos y la comercialización o distribución de aquéllos que precisen autorización administrativa, y en especial, su inscripción en el Registro General Sanitario, sin disponer de la misma.

c) El incumplimiento de las disposiciones que regulen el marcado, etiquetado y envasado de productos, así como la publicidad sobre bienes y servicios y sus precios.

d) El incumplimiento de las disposiciones sobre utilización de marchamos, troqueles y contramarcas.

e) El incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, instalación o servicio o como garantía para la protección del consumidor/a y usuario/a.

f) El incumplimiento de las condiciones de venta en establecimientos permanentes, en la vía pública, venta domiciliaria, ambulante, por correo o por entregas sucesivas o de cualquier otra forma de toda clase de bienes y servicios.

g) La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

h) La coacción, intimidación o cualquier otra forma de presión al consumidor/a o usuario/a que limite o altere su capacidad de decisión o libre consentimiento.

5. Son otras infracciones en materia de defensa del consumidor/a:

a) La negativa, resistencia u obstrucción a suministrar datos, a facilitar la información requerida por las autoridades competentes en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere la presente Ordenanza, así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.

b) La dilación, negativa o resistencia a atender a los requerimientos efectuados por las autoridades competentes en materia de defensa del consumidor/a.

c) La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de intimidación o presión a los funcionarios/as encargados/as de las funciones a que se refiere la presente Ordenanza o contra las empresas, particulares u organizaciones de consumidores/as que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, denuncia o participación en procedimientos en materia de defensa del consumidor/a.

d) La manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de mercancía cautelarmente intervenida.

e) En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en Materia de Defensa del Consumidor, en la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, y en esta Ordenanza.

Artículo 17.—Calificación de las infracciones.

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor/a, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 18.—Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, o norma que lo sustituya.

2. Las infracciones en materia de defensa de los consumidores/as y usuarios/as serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del preceptivo expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.

3. La instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismo hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposición de sanción.

4. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 19.—Expedientes sancionadores municipales.

1. Siempre que el Ayuntamiento tuviera conocimiento, por medio de sus inspectores/as o en virtud de denuncia de algún ciudadano/a o de una asociación de consumidores/as, de la comisión de alguna de las infracciones tipificadas, instruirá el oportuno expediente sancionador, que se tramitará con arreglo a lo establecido en los artículos precedentes.

2. Cuando por razón de la infracción detectada, de la materia, o por la repercusión de los hechos, el Ayuntamiento entienda que debe ser impuesta una multa cuya cuantía excede de su competencia dará traslado del expediente al órgano de la administración que resulte competente para que, en su caso, proceda a instruir el expediente y sancionar al infractor/a, de acuerdo con la gravedad de los hechos. En este caso, el organismo que instruye el expediente comunicará al Ayuntamiento la tramitación y la resolución del expediente.

3. Cuando tras la instrucción y resolución del expediente por parte de la corporación, resultare la comisión de una infracción y procediera la oportuna sanción, la multa aplicada será considerada ingreso de la entidad local en toda su extensión, pudiéndose aplicar para la efectividad de su cobro lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y legislación que la desarrolle o sustituya.

4. En el supuesto de que una infracción en materia de consumo haya causado algún tipo de daños y perjuicios, la satisfacción o reparación de los mismos será una circunstancia atenuante en orden a la graduación de la sanción impuesta, pudiendo imponerse ésta en su grado mínimo. A dichos efectos el órgano instructor comunicará al imputado, al inicio de las actuaciones relativas al procedimiento sancionador, las pretensiones del reclamante.

Artículo 20.—Sanciones.

De conformidad a lo que establece en el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en Materia de Defensa del Consumidor y de la Producción Agroalimentaria, en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, y en la disposición adicional 5ª de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y demás disposiciones concordantes, las infracciones en materia de defensa de los consumidores/as y usuarios/as serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:

Infracciones leves, hasta 3.006 euros.

Infracciones graves, desde 3.007 euros hasta 15.025 euros.

Cuando por la naturaleza y gravedad de la infracción ésta se califique de muy grave y hayan de superarse las anteriores cuantías, se remitirá el expediente con la oportuna propuesta al órgano correspondiente de la administración que resulte competente.

Artículo 21.—Sanciones accesorias.

En los expedientes que deba resolver el propio Ayuntamiento podrá acordarse, como sanción accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgos previsibles para la salud o seguridad de las personas.

Los gastos que ocasionen el transporte, distribución, almacenaje o destrucción de las mercancías señaladas en el párrafo anterior, serán por cuenta del infractor/a.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas la Ordenanza Reguladora de los Servicios Locales de Consumo y la Ordenanza Local sobre Tipificación de Infracciones y Sanciones en Materia de Consumo, aprobadas por Acuerdos Plenarios del Ayuntamiento de Avilés, de fechas 15 de julio de 1993 y 16 de febrero de 1995, respectivamente.

Disposición final.

En todo lo no previsto en esta ordenanza será de aplicación la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 11/2002, del Principado de Asturias de los Consumidores y Usuarios, y demás legislación aplicable en materia de consumo o normas que las sustituyan.

Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor, a tenor de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez se haya publicado completamente su texto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicho texto legal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, advirtiéndose que contra la aprobación definitiva de la referida Ordenanza, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 26 de enero de 2006.—El Alcalde.—1.610.