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Boletín Nº 107 del lunes 03 de junio de 2024

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA

Resolución de 17 de mayo de 2024, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores.

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 establece normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

Este reglamento establece, dentro de sus objetivos específicos, atraer y apoyar a las personas jóvenes agricultoras y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales, así como promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible. Para ello, instaura una intervención (ayuda) al establecimiento de personas jóvenes agricultoras y de nuevos agricultores y agricultoras, recogida en su artículo 75.

Mediante el Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), aprobado por la Comisión Europea en fecha 31/08/2022, se instaura una estrategia única que abarca todas las intervenciones de la PAC, durante el período 2023-2027, para todo el territorio nacional. En dicho Plan se recoge una intervención para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras (6961.1) y otra para el establecimiento de nuevos agricultores (6961.2).

Las normas básicas para la gestión de dichas intervenciones quedan establecidas a nivel nacional mediante la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, el Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agraria Común y el Real Decreto 1048/2022 de 27 de diciembre de 2022, sobre aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, y la regulación de la solicitud única.

El establecimiento de personas jóvenes y de nuevos agricultores y agricultoras como titulares de explotaciones agrarias contribuye de forma esencial al relevo generacional necesario para el sector, así como a la fijación de población en las zonas rurales que, con carácter general, se encuentran en situación de despoblamiento. El objetivo de estas intervenciones es, por tanto, contribuir al relevo generacional, así como la creación de empleo en zonas rurales.

Los citados objetivos se alcanzarán si se consigue el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y de nuevos agricultores y agricultoras en el sector agrario, mediante el otorgamiento de ayudas en el período inicial del establecimiento, según se determine por la autoridad competente para apoyarles en los retos económicos que surgen al principio de toda actividad empresarial, hasta que sean capaces de generar una rentabilidad adecuada.

Para ello, resulta primordial la publicación de unas bases reguladoras destinadas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras y de nuevos agricultores y agricultoras, que recojan esta nueva normativa europea y nacional, que regirá durante el período de vigencia del PEPAC 2023-2027.

Las ayudas que se regulan en estas bases reguladoras se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para el período 2024-2026, aprobado por la Resolución de 5 de abril de 2024, BOPA núm. 72 de 12-VI-2024.

De acuerdo al artículo 8.1.k de la Ley de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, el texto de las bases reguladoras se publicará en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias.

Una vez cumplido el trámite de información pública de la Propuesta de Resolución para aprobar las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y Nuevos agricultores en el Principado de Asturias en el Marco del Plan Estratégico de la PAC (2023-2027). Intervenciones 6961.1 y 6961.2, durante el que se han recibido escritos de alegaciones, observaciones y propuestas de mejora del texto por parte de determinados interesados, que han sido valoradas en el “Informe de valoración de las alegaciones realizadas a la propuesta de resolución para aprobar las bases reguladoras de las ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores durante el trámite de información pública” y, en el caso de las admitidas, incorporadas al texto definitivo

En cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han sustanciado los trámites de consulta, audiencia e información públicas.

En su virtud y de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, por la presente

RESUELVO

Primero.—Aprobar, para el ámbito territorial del Principado de Asturias, las bases reguladoras del procedimiento de concesión de las subvenciones: ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores.

Segundo.—Derogar la Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, para aprobar las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias, a la creación de empresas para jóvenes agricultores y para el apoyo a las inversiones no productivas vinculadas al cumplimiento de objetivos agroambientales y climáticos.

En todo caso, las convocatorias de ayudas y los expedientes correspondientes con compromisos en vigor se regirán por la normativa aplicable al tiempo de su autorización y de su otorgamiento y concesión.

Tercero.—Disponer la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—La Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de mayo de 2024.—El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez.—Cód. 2024-04450.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS Y NUEVOS AGRICULTORES

Primera.—Objeto

1. Las presentes bases tienen por objeto regular en el ámbito territorial del Principado de Asturias el otorgamiento de las ayudas, en modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva, para:

a) Establecimiento de personas jóvenes agricultoras.

b) Establecimiento de nuevos agricultores.

2. Dichas ayudas se encuentran incluidas en las intervenciones de Desarrollo Rural 6961.1 y 6961.2, respectivamente del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España, aprobado mediante Decisión de ejecución de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, para el período de programación 2023-2027, y en el artículo 75 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

3. Estas ayudas son cofinanciadas por Fondos europeos FEADER al 60%; Fondos del Principado de Asturias al 28% y Fondos AGE al 12%.

4. Las intervenciones descritas se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de funcionamiento de la unión europea (TFUE) y no está sujeta a la evaluación de las ayudas estatales.

Segunda.—Finalidad y objetivos

1. Las ayudas al establecimiento de personas jóvenes agricultoras y de nuevos agricultores tienen como finalidad contribuir al relevo generacional y a la creación de empleo en zonas rurales.

2. Con esta finalidad se pretende el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Atraer y apoyar a las personas jóvenes agricultoras y a otros nuevos agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales.

b) Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible.

Tercera.—Marco Normativo

Estas ayudas se regirán, además de lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la siguiente normativa:

1. Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que quedan derogados los Reglamentos (UE) 1305/2103 y 1307/2013.

2. Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) 1306/2013.

3. Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

4. La normativa derivada de los anteriores reglamentos comunitarios, así como cualquier otro reglamento posterior que le sea de aplicación y sus posibles modificaciones.

5. El Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC) del Reino de España 2023-2027, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de agosto de 2022, o el que se encuentre en vigor a fecha de la convocatoria, y su paquete normativo de aplicación. Así; Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas; Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER; Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común; Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como por el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

7. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

8. Ley 19/1995 de 4 de julio, de modernización de explotaciones agrarias.

9. Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

10. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

11. Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

Cuarta.—Definiciones

Además de las definiciones establecidas en la normativa comunitaria y estatal de aplicación y, en concreto, en el Reglamento (UE) n.º 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, en el Plan Estratégico de la PAC y la Ley 30/2022 de 23 de diciembre y en el R.D. 1048/2022 de 27 de diciembre, serán de aplicación a la resolución las definiciones que se establecen a continuación, así como las que se incluyan en la convocatoria de las ayudas, para una mejor comprensión:

1. Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

Se considerará como una sola explotación las pertenecientes a un mismo titular, aun cuando su base territorial radique en lugares geográficamente distintos y tengan distintas orientaciones productivas. La determinación de las ayudas en este tipo de explotaciones se efectuará conforme a las condiciones específicas que correspondan al municipio asignado a la explotación en función de la pertenencia a éste de la fracción mayoritaria de los bienes, derechos y elementos afectos a la misma.

2. Actividad agraria: la producción, cría o cultivo de productos agrarios (productos recogidos en el anexo I del Tratado Fundacional de la Unión Europea, TFUE, así como el algodón y los árboles forestales de ciclo corto, excluidos los pescados, crustáceos y moluscos), con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y maquinaria agrícolas empleados de forma habitual.

3. Persona joven agricultora: Es la persona agricultora que no ha cumplido más de 40 años en el año natural de su primera solicitud subvencionable de ayuda y:

• Se ha incorporado por primera vez como responsable de explotación conforme a la definición del punto 4.1.5 del PEPAC.

• Puede acreditar la formación o capacitación adecuada en el ámbito agrario, para cuya determinación se conjugarán criterios de formación lectiva y capacitación profesional, con un mínimo de 150 horas lectivas, tal y como establece el artículo 4.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Para acreditarla, se aceptarán los siguientes documentos:

a) Cursos o seminarios de capacitación agraria así como titulaciones oficiales equivalentes, ambos reconocidas por la autoridad competente.

b) Experiencia previa acreditada como trabajador autónomo colaborador en explotaciones familiares durante al menos 5 años. En el caso de que no se llegue a los 5 años de experiencia previa acreditada, será necesario disponer de 30 horas lectivas de formación, por año que reste hasta alcanzar los 5 años establecidos.

4. Nuevo agricultor/a: Persona física que ya ha cumplido más de 40 años en el año natural de su primera solicitud subvencionable de ayuda, y cumple el resto de los requisitos establecidos en el apartado anterior para la persona joven agricultora.

5. Jefe o persona responsable de la explotación: persona física o grupo de personas físicas que dispone del control efectivo y a largo plazo de la explotación agraria, en lo que respecta a las decisiones relacionadas con la gestión, los beneficios y los riesgos financieros, y por tanto responsable de la gestión de las operaciones financieras y de producción habituales y diarias de la misma.

En el caso de personas físicas, será la persona titular de la explotación.

En el caso de personas jurídicas, la persona responsable de explotación dispondrá de, al menos, el mismo porcentaje de participación en el capital social y en los derechos de voto dentro de la junta rectora de la persona jurídica, que el personal socio mayoritario. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo anterior se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa otra persona jurídica.

6. Microempresa: empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

7. Pequeña empresa: empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Quinta.—Personas beneficiarias. Requisitos y forma de acreditarlos

1. Personas beneficiarias: Aquellas personas físicas que cumplan con la definición de persona joven agricultora para la Ayuda para el Establecimiento de personas jóvenes agricultoras y las que cumplan con la definición de nuevo agricultor y agricultora para la Ayuda para el Establecimiento de nuevos agricultores y accedan a la titularidad de una explotación agraria radicada en el Principado de Asturias, mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Acceso de la persona joven agricultora o nuevo agricultor/a a la titularidad única de la explotación agraria mediante compra, herencia, pacto sucesorio, donación del pleno dominio o del usufructo, arrendamiento, comodato, aparcería, o cualquier otro contrato de transmisión acorde con la legislación vigente de los elementos de la explotación, que incluirá el acceso a la responsabilidad civil y fiscal de la gestión de la misma y del conjunto de bienes y derechos que la constituyen.

En este caso, la instalación de la persona joven o nueva agricultora podrá realizarse en una explotación que genere media o una UTA de la persona que se instala.

La instalación en una explotación que genere media UTA deberá realizarse en régimen de pluriactividad, tal y como se definirá en cada convocatoria de ayudas, de acuerdo a la normativa de la Seguridad Social vigente en cada momento.

b) Acceso a la titularidad no única de la explotación, mediante alguno de los siguientes supuestos:

1.º Acceso a la titularidad de una explotación agraria de titularidad compartida.

2.º La incorporación como socia o socio de una entidad de carácter asociativa con o sin personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución, que sea titular de una explotación agraria y que tenga por objeto principal el ejercicio de la actividad agraria y agraria complementaria y que cumpla que al menos el 50% de sus personas socias sean agricultoras profesionales y al menos el 50% de su capital social pertenezca a personas socias que sean agricultoras profesionales. La ocupación de las personas jóvenes o nuevas agricultores que se instalen en esta modalidad será de una UTA completa por persona instalada.

Independientemente de cuál sea la modalidad de incorporación no única de la persona joven o nueva, siempre debe cumplir los requisitos exigidos a la persona que se incorpora como titular única.

2. Requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias:

a) Edad:

i En el caso de la Ayuda para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras:

Haber cumplido los 18 años al formalizar la solicitud de ayuda, y no cumplir los 41 años en el año natural de presentación de la solicitud.

ii En el caso de la Ayuda para el Establecimiento de nuevos agricultores y agricultoras:

Tener al menos 41 años o cumplirlos en el año natural de la presentación de la solicitud de ayuda y no cumplir los 56 años en el año natural de presentación de la solicitud.

b) No haber recibido ayuda de primera instalación. Se entenderá que no ha recibido una ayuda de primera instalación aquella persona joven/nueva que, aún habiendo sido beneficiaria de una ayuda de primera instalación, consta su renuncia a la misma o la revocación de la misma por causa imputable a la actuación de la Administración y, en cualquiera de los dos casos, sin que hubiera recibido importe alguno por tal concepto. En estos supuestos, será necesaria la valoración caso por caso para determinar que las razones de la misma no están relacionadas con negligencias o incumplimientos por parte de la persona beneficiaria.

c) Instalarse accediendo por primera vez a la titularidad de una explotación agraria. Se considerará que una persona ya está instalada en la actividad agraria, y por tanto no tiene derecho a estas ayudas, cuando con anterioridad a los dos años naturales previos al de presentación de la solicitud los ingresos agrarios hayan sido superiores a 10.000 euros/año.

d) Instalarse en una explotación que genere al menos media UTA de la persona joven/nueva que se instale en el caso de pluriactividad y de una UTA en el resto de los casos.

e) Que el 25% o más de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria en el período impositivo disponible más reciente si la persona que se instala se ocupa en media UTA o ser agricultor profesional, si se ocupa una UTA completa, en la Fase 3 del plan empresarial.

f) Poseer la capacitación y competencia profesionales adecuadas o comprometerse a adquirirlas en un plazo de 36 meses desde la concesión de la ayuda. Para acreditarla se estará a lo establecido en la Base reguladora cuarta.

g) Presentar un plan empresarial, cuyo contenido se especificará en la convocatoria, y que sirva para analizar la viabilidad de la actividad a desarrollar. La concesión de la ayuda requerirá que el plan empresarial refleje el grado de viabilidad económica y la situación de la explotación en que queda instalado la persona joven/nuevo agricultor o agricultora, debiendo obtener un margen bruto de las actividades productivas positivo y prever para el mismo una renta de las actividades agrarias y complementarias procedente de aquella, medida en términos de margen neto, igual o superior al IPREM aplicable en el año de la solicitud. La explotación deberá generar una renta unitaria de trabajo de al menos el 35% de la renta de referencia y posibilitar la ocupación de al menos media UTA de la persona joven/nueva que se instala. Asimismo, contemplará un itinerario de asesoramiento a desarrollar durante toda la duración del mismo.

h) Instalarse en una explotación agraria que se ajuste a la definición de micro o pequeña empresa, según se establece en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

i) Ejercer el control efectivo de la explotación (jefe o jefa de explotación).

j) Instalarse en una explotación agraria radicada en el territorio del Principado de Asturias.

k) Que la explotación agraria en la que se instala la persona joven/nueva o los elementos de dicha explotación (construcciones e instalaciones agrícolas y ganaderas, fincas y ganado), no procedan de cambios de titularidad o divisiones de otra anterior, cuando la persona titular de aquella pudiera seguir gestionando la explotación y tenga con la persona joven/nueva relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta segundo grado o sea cónyuge o pareja de hecho, salvo que dicho titular cese en la actividad agraria o ganadera por jubilación, incapacidad o causa debidamente justificada.

l) En todo caso, cumplir los requisitos generales establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de personas beneficiarias.

3. El solicitante deberá justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante la documentación que se exija en la convocatoria correspondiente, en la que se podrá eximir de la presentación de aquellos documentos que obren en poder de la administración.

4. Compromisos de la persona beneficiaria:

a) Comenzar a aplicar el plan empresarial dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha en la que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda. El plan empresarial tendrá una duración máxima de cinco (5) años desde la fecha de resolución de concesión de la ayuda. En aquellas producciones de crecimiento lento (manzano, aguacate, etc..) podrá ampliarse este período según criterio de la Comisión de Valoración y previa acreditación suficiente aportada por el interesado, circunstancia que se reflejará en la Resolución de concesión.

b) En su caso, adquirir la capacitación y competencia profesionales adecuadas en un plazo de treinta y seis (36) meses desde la concesión de la ayuda.

c) Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda conforme al plan empresarial aprobado durante al menos cinco (5) años desde la fecha de la Resolución de concesión de la ayuda.

d) Cumplir la explotación las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal según se establezca en la convocatoria.

Sexta.—Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas. Complementariedad y Delimitación

1. Conforme al artículo 36 del Reglamento 2021/2116 en el marco del FEADER una operación únicamente podrá recibir distintas formas de apoyo del Plan Estratégico de la PAC y de otros fondos mencionados en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060 o de instrumentos de la Unión si el total acumulado de las ayudas concedidas en virtud de las diferentes formas de apoyo no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe máximo de ayuda aplicables a ese tipo de intervenciones a que se refiere el título III del Reglamento (UE) 2021/2115.

2. La persona beneficiaria tiene la obligación de comunicar de inmediato al órgano concedente cualesquiera subvenciones, ayudas o ingresos que para la misma finalidad y de cualquier procedencia haya solicitado o le hayan sido concedidas o pagadas.

3. Estas ayudas serán incompatibles entre sí, y durante el tiempo de mantenimiento de compromisos, ambas serán incompatibles con la realización de estudios reglados que requieran presencia obligatoria, excepto que dichos estudios sean de la rama agraria y se realicen en el ámbito del Principado de Asturias o provincia limítrofe, en los términos indicados en la Convocatoria.

4. Complementariedad con otras Intervenciones: Serán compatibles con la percepción de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2021/2115 y con la de Instrumentos financieros del artículo 80. Podrán combinarse con las Intervenciones de 6841.1-Ayudas a inversiones productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y bienestar animal; 6841.2-Ayudas a inversiones en modernización y/o mejora de explotaciones agrarias; 7169-Cooperación para la sucesión de explotaciones agrícolas; 7201-Formación y 7202-Asesoramiento. También podrán combinarse con la Intervención 6844-Ayudas a inversiones no productivas en explotaciones agrarias vinculadas a la mitigación-adaptación al cambio climático, uso eficiente de los recursos naturales y biodiversidad, en caso de que el solicitante no solicite optar al incremento por la adopción de medidas preventivas. Asimismo, son complementarias a aquellas intervenciones que también priorizan actuaciones ubicadas en Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas con o Red Natura 2000, a las medidas agroambientales y la producción ecológica reguladas en la Solicitud Única de la PAC.

Estas ayudas podrán ser compatibles y por ello podrán combinarse con ayudas correspondientes a Instrumentos Financieros comunitarios, que consistirán en préstamos garantizados y bonificación de intereses, tal y como se define en la normativa reguladora.

5. A estos efectos, se entiende que existe combinación de medidas, cuando las solicitudes de ayuda para las distintas Intervenciones se efectúen en la misma convocatoria o, en su caso, en convocatorias separadas en las que se señale dicha posibilidad. Cuando se trate de convocatorias abiertas, se entenderá que se combinan cuando las solicitudes de ayudas se efectúen en el mismo procedimiento de selección.

En supuestos de combinación de Intervenciones, la solicitud de ayuda para cada una de ellas se evaluará en relación con los criterios de admisibilidad y de selección de las normas y disposiciones de la Intervención concreta.

6. Delimitación: Ambas serán de aplicación exclusiva por la Consejería competente en materia agraria, en consecuencia, no es preciso establecer delimitación alguna.

Séptima.—Clase y cuantía de las ayudas

1. En la convocatoria se indicará la cuantía total máxima de las ayudas convocadas detallando, por separado, dentro del mismo crédito, las cuantías destinadas a subvencionar cada línea de ayuda. La distribución de estas cuantías tiene carácter estimativo y podrán ser trasvasados los importes sobrantes entre los distintos grupos de solicitudes. Asimismo, se indicará, en su caso, la cuantía adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

2. En las convocatorias abiertas que se realicen al amparo del artículo 59 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando a la finalización de un período se hayan concedido las ayudas correspondientes sin que se hubiera agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan. En tal caso, la asignación de los fondos no empleados entre los períodos restantes se hará en función del número de solicitudes previstas para cada de uno de ellos o, si esta circunstancia no pudiera ser estimada de forma fundada, en partes iguales.

3. En el caso de la tramitación anticipada del expediente, al amparo del artículo 30 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (en adelante TRREPPA), la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado, debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Principado de Asturias.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del TRREPPA, la convocatoria será plurianual aplicándose los gastos a la anualidad primera y cuarta del plan empresarial, coincidiendo con la justificación de la Fase 1 y de la Fase 3, respectivamente.

5. Cuando el crédito consignado en la convocatoria para cada anualidad no se ajustase a lo solicitado por el conjunto de peticionarios, que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas, se procederá a reajustar las anualidades previa aprobación por el órgano competente.

6. La cuantía individualizada de la ayuda que puede otorgarse, dentro del crédito disponible, se establecerá en la convocatoria, y consistirá en una prima básica y en unos incrementos, en forma de subvención directa, que se abonarán en dos tramos cuya cuantía se establecerá en la convocatoria pudiendo variar el primero en la horquilla del 35% al 65% y el segundo del 65% al 35%.

a) La prima básica será de una cuantía de hasta 50.000 euros a tanto alzado, condicionada a la correcta y completa aplicación del plan empresarial, según lo establecido en la ficha de la intervención en PEPAC. Estas ayudas podrán combinarse con ayudas en forma de instrumento financiero. En cuyo caso, la suma del importe de subvención no rembolsable más el importe equivalente de subvención bruta del préstamo, calculado conforme al Reglamento UE n.º 964/2014, no podrá superar la intensidad máxima de la ayuda.

b) A la prima básica se le podrán sumar hasta 50.000 euros en incrementos, resultando un máximo de 100.000 euros de ayuda, en función de que el Plan Empresarial contemple alguna de las circunstancias siguientes, que en todo caso deberán realizarse, acreditarse y validarse adecuadamente:

i) La persona joven/nueva beneficiaria de estas ayudas es Mujer: 5.000 euros

ii) Explotación dedicada a la producción láctea, con las características que se establezcan en la convocatoria, ubicada en Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas y/o Zona de Red Natura 2000, según el listado de municipios que se recogen en la normativa reguladora de las Ayudas incluidas en la Solicitud Única de la PAC: 10.000 euros. Y pudiendo alcanzar hasta los 15.000 euros en caso de destinar la materia prima a la elaboración de productos amparados por DOP e IGP asturianas

iii) Explotación calificada como producción ecológica: 15.000 euros

iv) El establecimiento se realiza en una explotación de ganadería extensiva, y que a su vez, incorpora en su plan empresarial medidas preventivas que evidencien una corresponsabilidad, para evitar posibles daños al ganado por ataques de fauna salvaje y que cuenten con un seguro que cubra los daños producidos por ataques de animales salvajes, según se establezca en la convocatoria: 15.000 euros.

La cuantía de la prima básica se aplicará en su totalidad a aquellas solicitudes cuyos titulares se incorporen en explotaciones que posibiliten su ocupación en una UTA. En los casos en los que la persona que se incorpore a la actividad agraria lo haga con media UTA, la cuantía de la prima básica se aplicará en un 50%.

En el caso de los incrementos las cuantías se aplicarán en su totalidad a las solicitudes cuyos titulares se incorporen en explotaciones que posibiliten su ocupación en una UTA y su plan empresarial contemple las circunstancias correspondientes. Se aplicarán en un 50% en aquellos casos en los que el titular de la solicitud se incorpore con media UTA, a excepción del incremento por ser mujer, que se aplicará en su totalidad si la solicitante es mujer independientemente de la UTA aportada en la instalación.

7. Los criterios de aplicación de la ayuda son los siguientes:

a) En una misma explotación o por los elementos de una misma explotación (construcciones e instalaciones agrícolas y ganaderas, fincas y ganado), no podrá percibirse más de una ayuda integra en forma de prima de instalación durante el plazo de diez (10) años siguientes a la fecha de su concesión.

b) No obstante, cuando se produzca la primera instalación de varias personas jóvenes/nuevos mediante su integración como socios en una entidad asociativa, con o sin personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución, o entidad de titularidad compartida, se podrá conceder una ayuda íntegra de primera instalación por cada persona joven o nueva que se instale; en este caso, el número de unidades de trabajo agrario requeridas en la explotación debe ser igual o mayor que el número de personas jóvenes que se instalan, cada uno de los cuales deberá ocuparse en la explotación a tiempo completo.

8. El importe concedido a cada solicitante, que deberá ser fijado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.

Octava.—Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente resolución se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, bien mediante convocatoria y procedimiento selectivo únicos o mediante una convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año, según se establezca en la convocatoria. En el/los procesos selectivos se incluirán todas aquellas peticiones que reúnan los requisitos exigidos en estas bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente, y de acuerdo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá como mínimo el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en forma de extracto, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que publicará el texto íntegro de la misma en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, que forma parte de dicha Base de Datos.

3. La concesión de la subvención estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes en cada convocatoria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el crédito disponible se distribuirá entre los solicitantes con derecho de la forma indicada en los Criterios de Selección de Operaciones hasta ajustarse a la asignación presupuestaria

Novena.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a presentar

1. Las solicitudes podrán presentarse por las personas interesadas directamente, o por aquellas personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho, conforme al modelo que se establezca en la convocatoria correspondiente, y podrán obtenerse y cumplimentarse a través de la Sede Electrónica del Gobierno del Principado de Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/2022 de la PAC, por aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los términos previstos reglamentariamente.

En cualquier caso, para las personas físicas que la autoridad competente no tenga acreditado fehacientemente que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, se establecerán, en base al derecho administrativo y de conformidad a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo establecido en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los mecanismos y recursos necesarios para asegurar su derecho a la transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos.

3. El plazo de presentación de solicitudes que será, como mínimo, de un (1) mes desde la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y la documentación que debe acompañar a la misma se determinará en cada convocatoria. Si durante ese plazo se presentara más de una solicitud sobre la misma actuación, sólo se atenderá a la presentada en el último lugar, quedando anuladas las anteriores.

4. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria se excluirán del procedimiento de concesión.

5. En cada convocatoria se establecerá aquella documentación e información cuya presentación se considera mínimo imprescindible para la tramitación de la solicitud, que en todo caso será la que permita conocer al solicitante y la actuación objeto de la subvención y su intención inequívoca de solicitar la ayuda.

• Solicitud de ayuda en modelo normalizado establecido en cada convocatoria.

• Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

• Declaración responsable del solicitante relativa a los siguientes extremos que se incluirán en la solicitud de la ayuda:

o De no incurrir en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2, 3 y 3 bis del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

o De las subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad.

o De si se ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

o De hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

o De no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

La falta de dicha documentación o información supondrá la exclusión de la solicitud del procedimiento de concesión.

6. Cada solicitante deberá aportar junto con la solicitud de ayuda la documentación que establezca la convocatoria y que deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la ayuda y los compromisos adquiridos.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, se podrá obviar la presentación de la documentación siempre que no haya caducado su validez y que se hubiera aportado con anterioridad ante la Administración actuante o que hubiesen sido elaborados por la misma, especificando la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o que hayan sido elaborados por éstas.

8. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos que se especificarán en la convocatoria, por una declaración de la persona solicitante en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. La solicitud de ayuda conllevará la autorización de la persona solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

Igualmente conllevará la autorización para la consulta de la información precisa a otras administraciones para la verificación del cumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos establecidos reglamentariamente.

La administración podrá efectuar dichas comprobaciones con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención y en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.

10. En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica por parte de la persona solicitante o su representante, por su naturaleza no pudieran ser presentados electrónicamente, se permitirá la presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para ello, y junto con el documento que se presenta, la persona interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, así como el número de expediente.

Décima.—Órgano instructor, tramitación y subsanación de defectos.

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio con las competencias en instalación de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores (en adelante, Servicio gestor) y se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria serán revisadas por el personal de las Oficinas Comarcales de Agricultura y/o por el designado al efecto, que verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación exigida en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes bases y en la convocatoria, el personal de la Oficina Comarcal de Agricultura y/o el designado al efecto competente, requerirá a la persona solicitante, para que conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley y que le será notificada. Este requerimiento podrá ser único y común para todas las personas solicitantes de una misma línea de ayuda.

4. El personal de las Oficinas Comarcales de Agricultura y/o el designado al efecto emitirá informe en el que conste si la persona beneficiaria cumple o no los requisitos exigidos para acceder a la ayuda. Dicho informe, junto con la correspondiente documentación será enviado, en un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha de cierre del período de recepción de solicitudes, al Servicio gestor que continuará con la instrucción del procedimiento. El citado informe no crea derecho alguno a favor de la persona peticionaria, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

5. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá declararse suspenso el plazo máximo para resolver, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento, o, en su defecto, por el del plazo concedido.

6. Una vez revisados y completados los expedientes, el órgano instructor los remitirá a la comisión de valoración para su estudio y evaluación.

Undécima.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las ayudas.

1. Las solicitudes de ayuda serán evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos en la versión en vigor a fecha de publicación de la convocatoria del documento de “Criterios de Selección de operaciones” aprobado por la Autoridad Regional de Gestión del PEPAC, refrendado por el Comité de Seguimiento del PEPAC y publicado en la página web (www.asturias.es). Estos criterios tendrán en cuenta los criterios generales establecidos en el PEPAC para la intervención aquí regulada, y su valoración concreta se especificará en la convocatoria de ayudas.

2. Si bien la valoración concreta se establecerá en cada convocatoria, los criterios generales serán los establecidos en el PEPAC para esta intervención:

• Creación de empleo adicional

• Acciones innovadoras para la explotación

• Explotaciones acogidas a producción ecológica u otros regímenes de calidad diferenciada.

• Persona solicitante mujer

• Ubicación de la explotación

• Sostenibilidad ambiental

• Combinación con otras intervenciones.

• Orientación técnico económica de la explotación.

• Modalidad de instalación.

• Capacitación profesional.

3. En el supuesto de situaciones de empate en la puntuación obtenida, se priorizarán las solicitudes atendiendo a los criterios de desempate que se establezcan en la convocatoria. De persistir el empate se podrá proceder al prorrateo entre las solicitudes empatadas si así se establece en la convocatoria.

4. No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección obtengan una valoración inferior al mínimo de puntos que se establezcan en la convocatoria.

Decimosegunda.—Comisión de valoración.

1. Una comisión de valoración constituida al efecto realizará el estudio y evaluación de las solicitudes remitidas desde el órgano instructor.

2. La comisión de valoración estará presidida por la persona titular del Servicio competente en materia de ayudas a la incorporación a la actividad agraria, o persona en quien delegue, y formarán parte como vocales dos técnicos de la Consejería competente en materia agraria y actuando como Secretario un profesional jurídico del Servicio de Asuntos Generales.

El Presidente de la Comisión podrá, además, convocar a otras personas en función de las características de las materias a analizar, que actuarán como asesores con voz pero sin voto.

3. Las funciones de la comisión de valoración serán las siguientes:

a. Asegurar la aplicación del principio de concurrencia competitiva.

b. Estudiar y valorar las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria.

c. Comparar las solicitudes admitidas, con el fin de establecer entre las mismas el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de adjudicación.

d. Confeccionar un acta en la que se recoja el resultado de la evaluación, los cálculos realizados y las puntuaciones obtenidas, y en la que se formule propuesta motivada de concesión o denegación.

e. Elaborar una relación ordenada de aquellas solicitudes, que, habiendo superado la puntuación mínima exigida, y cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases para adquirir la condición de persona beneficiaria, sean desestimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración establecidos.

4. Si alguno de las personas beneficiarias renunciase a la subvención el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona solicitante que corresponda según el orden establecido en la relación prevista en el punto e) del apartado anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. En su condición de órgano colegiado, la comisión de valoración se regirá por lo dispuesto en la Sección 3.ª, capítulo II, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimotercera.—Resolución del procedimiento de concesión

1. El órgano instructor, a la vista de los expedientes y del acta de la comisión de valoración, elevará propuesta al órgano competente para la resolución.

2. Reformulación: Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la persona beneficiaria la reformulación de su solicitud en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El órgano competente para la ordenación y resolución del procedimiento es la persona titular de la Consejería competente en materia agraria, o a quien corresponda por delegación.

4. El contenido de la resolución será, al menos, el establecido en el artículo 9.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y además indicará la desestimación del resto de solicitudes.

5. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPA. Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiese dictado resolución, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No obstante, conforme al artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Igualmente serán de aplicación los supuestos de suspensión del plazo máximo para resolver del artículo 22 de la Ley.

6. En caso de presentación de solicitudes por un importe de subvención superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. Aquellas personas solicitantes a las que, aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de persona beneficiaria, no se les concedió ayuda por ser inferior su puntuación a la de las seleccionadas y no tener cabida en la cuantía máxima convocada, quedarán en lista de espera, ordenadas conforme a los criterios de selección, para en el caso de que algunas de las ayudas concedidas quedaran sin efecto por renuncia, poder otorgar la ayuda solicitada siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

8. Sin perjuicio de lo establecido al efecto en la convocatoria, las resoluciones de concesión podrán contemplar pagos fraccionados.

9. No podrán obtenerse dos ayudas para idéntica Intervención.

10. En el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de autorización o pronunciamiento de cualquier organismo, incluida la propia Consejería competente en la materia, la concesión de la subvención no implica la obtención de dichas autorizaciones, que la persona solicitante deberá tramitar separadamente del expediente de subvención.

11. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer por las personas interesadas, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recurso, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y en el 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

12. La notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimocuarta.—Modificaciones de la resolución.

1. Toda alteración de las condiciones, subjetivas y objetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Se podrán autorizar modificaciones del plan de empresa relacionadas con la producción o las actuaciones contempladas. Se acompañará a la solicitud el nuevo plan empresarial, que deberá cumplir los requisitos exigidos para el plan inicial.

En todo caso la solicitud de autorización deberá formularse antes de que se hayan iniciado los cambios para los que se pide la autorización y estará debidamente acompañada de los documentos que fuese obligado presentar conforme a lo exigido en la base décima. Serán denegadas las modificaciones que no cuenten con evaluación favorable del servicio gestor.

3. El órgano competente para la concesión de la ayuda lo será también para su modificación.

4. Si como consecuencia de la modificación se produjeran alteraciones que afecten a la puntuación otorgada en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud.

5. No obstante, lo anterior, el órgano concedente podrá aceptar alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, puestas de manifiesto por el interesado en la justificación, sin que haya mediado solicitud de autorización previa, siempre que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y no suponga dañar derechos de terceros. La aceptación de dichas alteraciones no exime a la persona beneficiaria de las sanciones que puedan corresponder.

6. Cuando se trate de combinación de Intervenciones, la solicitud de modificación de la resolución de concesión para una Intervención estará supeditada, para su autorización, a que no se alteren las condiciones establecidas en la concesión de las restantes Intervenciones.

Decimoquinta.—Obligaciones y compromisos de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias, además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las siguientes:

1. Realizar y cumplir las acciones de acuerdo con las condiciones señaladas en la resolución de otorgamiento de la ayuda, debiendo acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad o proyecto o el cumplimiento del fin o propósito.

2. Comunicar por escrito a la Consejería competente las modificaciones que alteren o dificulten el desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda incrementarse.

3. Cumplir las normas mínimas, que en su caso les afecten, en materia de contratación, medioambiental, urbanística, e higiénico sanitaria y contar antes que se realice el pago final, con todos los permisos, licencias y registros que sean preceptivos para el desarrollo normal de la actividad.

4. Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de los documentos presentados para la justificación de la ayuda que se realice con posterioridad a dicha justificación, o intercambios comerciales que afecten a los mismos.

5. Conservar los originales de todos los documentos aportados ante la Consejería para la justificación de la ayuda hasta la finalización del período de durabilidad de las operaciones y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales, de la Unión Europea, y, en general, de los órganos de control cuando le sean reclamados.

6. Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control.

7. Comunicar al órgano concedente las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales en el plazo legalmente establecido.

8. Ejercer la actividad agraria en la explotación, conforme al plan empresarial aprobado, durante al menos 5 años desde la fecha de la Resolución de concesión de la ayuda.

9. Llevar, bien un sistema de contabilidad separado, bien un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 123.2.b) i) del R(UE) 2021/2115.

10. Dar publicidad de la financiación de la actuación, en los términos que se establezcan en la convocatoria y de acuerdo con lo previsto en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2022/129 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión y los Planes Estratégicos de la PAC.

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa europea de aplicación, de acuerdo con lo establecido en estas bases y en la convocatoria correspondiente.

12. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actuaciones subvencionadas. Comunicación que debe ser realizada en cuanto se conozca la citada obtención y siempre con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

13. Los beneficiarios estarán obligados a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia que se recogen para ellos en el capítulo II del Título I de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, sobre publicidad activa.

Decimosexta.—Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y requisitos.

1. En caso de incumplimiento por la persona beneficiaria de cualquiera de los requisitos y obligaciones, sean estas últimas condiciones o compromisos, establecidos en la resolución de concesión de subvención, en la correspondiente convocatoria o en las presentes bases reguladoras, el régimen de penalizaciones se aplicará de conformidad con el artículo 9 de la Ley 30/2022 de 23 de diciembre por la que se regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas y con el R.D. 147/2023, en concreto con el capítulo III del Título II, “Intervenciones del Feader fuera del Sistema Integrado de Gestión y Control”.

La autoridad competente denegará íntegramente la ayuda solicitada en caso de que se determine que la persona beneficiaria ha facilitado datos o información incorrecta de manera intencionada con objeto de recibir la ayuda.

La autoridad competente denegará íntegramente la ayuda solicitada en caso de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control por parte de la persona beneficiaria de las ayudas. Se entiende que existen estas circunstancias cuando la misma, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de control.

2. La determinación de las penalizaciones por incumplimiento de los criterios o los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones se realizará de acuerdo con una calificación previa de los mismos, de conformidad con lo previsto en el anexo R.D. 147/2023, que podrá ser: Excluyente, Básico, Principal, Secundario y Terciario. Se considerará que un incumplimiento es excluyente cuando el mismo no respete los criterios o requisitos de subvencionabilidad establecidos en la concesión y, en su caso, para el mantenimiento de la ayuda.

En cuanto al cálculo de las penalizaciones, la ayuda se denegará o se retirará total o parcialmente en caso de que no se cumplan los compromisos establecidos, o, cuando proceda, otras obligaciones de la operación establecidas en la normativa de la Unión Europea, nacional o autonómica, o en el propio PEPAC, en particular, en materia de contratación pública o ayudas estatales, así como otras normas y requisitos obligatorios.

Para la calificación específica de los incumplimientos, se deberá valorar y evaluar los incumplimientos en función de la gravedad, alcance, persistencia, reiteración e intencionalidad de estos. Dicha calificación se llevará a cabo teniendo en cuenta el anexo del R.D. 147/2023 y se especificará en la Convocatoria.

Si un mismo incumplimiento supone más de una penalización por los criterios o los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, se aplicará la de mayor importe.

Asimismo, si se observaran incumplimientos de los criterios o requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones, cuando no se haya presentado la solicitud de pago, dichos incumplimientos se evaluarán conforme a lo indicado en los apartados anteriores para aplicar la penalización correspondiente.

Las penalizaciones no tendrán el carácter de sanción, y serán compatibles con las sanciones que, en su caso, procedan.

4. En caso de detección de incumplimientos, incluidos los que afecten a los criterios de selección de operaciones valorados en el procedimiento de selección, el Servicio competente deberá proceder a la revisión del informe de control administrativo de la puntuación de la solicitud de subvención y, en su caso, de la intensidad de subvención resultante.

La nueva puntuación otorgada al expediente como consecuencia de la revisión será comparada con los resultados del proceso de selección de la convocatoria, de manera que, si ésta resulta inferior a la de la última solicitud seleccionada o no alcanza el mínimo establecido para acceder a la ayuda, la persona beneficiaria perderá por completo el derecho a la subvención y estará obligada a la devolución, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas.

En caso contrario, podrá mantenerse la vigencia de la concesión de ayuda, si bien, con la intensidad de ayuda resultante de la revisión y con las consecuencias económicas y de compromisos de la persona beneficiaria que ello implique.

5. El procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, se atendrá a lo dispuesto en la base decimonovena relativa a revocación y reintegro, y régimen de sanciones.

Decimoséptima.—Procedimiento de justificación y pago.

1. La persona beneficiaria deberá realizar la solicitud de pago a la finalización de las actuaciones y siempre dentro de los plazos establecidos en la Resolución de concesión. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con los modelos que se aprueben en la convocatoria correspondiente y se acompañará la documentación que se señale en la misma, que acredite que la actuación ha sido realizada. Las solicitudes de abono deberán ajustarse en el tiempo a lo señalado en la resolución de concesión correspondiente.

Se establecen las siguientes fases de justificación en función de las fases del plan empresarial:

• Fase 1: Acreditación del comienzo del plan empresarial, en el mismo año de la concesión de la ayuda.

• Fase 2: Acreditación de la fecha de instalación. En el segundo año de la concesión de la ayuda.

• Fase 3: Cumplimiento del plan empresarial. En el cuarto año de concesión de la ayuda.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin presentarse ésta, se requerirá a la persona beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido comportará la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención, y la exigencia del reintegro en su caso.

Cuando la actuación subvencionada no pueda realizarse en el plazo establecido podrá concederse a la persona beneficiaria, a solicitud de ésta, una prórroga del plazo de ejecución por causas debidamente justificadas.

El procedimiento para la concesión de la prórroga es el establecido en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. La solicitud de prórroga y su concesión deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.

2. La justificación de la subvención se llevará a cabo en la modalidad de cuenta justificativa, conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En caso de justificación por medio de cuenta justificativa se documentará conforme al art. 72 y ss. El contenido mínimo de la cuenta justificativa vendrá constituido por:

Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. En la convocatoria se establecerá un modelo normalizado para la elaboración de la misma.

Esta memoria se acompañará de la documentación que se establezca en la convocatoria, con el objeto de justificar la realización de los hitos o fases señaladas en el plan empresarial, la conformidad con la normativa en materia de medioambiental, urbanística, higiénico sanitaria y de bienestar animal, la disposición de los permisos, licencias y registros que sean preceptivos para el desarrollo normal de la actividad, y el cumplimiento de los requisitos que sean exigibles en su condición de beneficiario.

3. Estudio de admisibilidad:

a) El personal de las Oficinas Comarcales de Agricultura y/o el designado al efecto, realizará un estudio de admisibilidad consistente en un examen de las solicitudes de pago y documentación justificativa presentadas por las personas beneficiarias para acreditar el cumplimiento de las fases del plan empresarial. Se emitirá un acta de dicho estudio.

b) El cumplimiento del plan empresarial se evaluará previo al pago del último tramo de la ayuda y requerirá, al menos, una visita a la explotación. En ella se comprobará que la gestión efectiva de la explotación se realiza por la persona beneficiaria de forma directa y personal.

c) Cuando la persona beneficiaria no acredite alguna de las fases del plan empresarial se iniciará procedimiento de revocación y, en su caso, reintegro de las ayudas percibidas. A salvo, aquellas explotaciones en los que al momento de certificar la Fase 3 no cumplan los requisitos exigidos por causa justificada a criterio de la autoridad competente y cuyo plan empresarial hubiera sido ampliado por la Resolución de concesión, en cuyo caso, se abonará el último tramo de la ayuda siempre que cumplan el resto de las obligaciones recogidas en el plan empresarial, debiendo justificar el hito del margen neto y de ingresos agrarios o de ser agricultor profesional como máximo en el período de los tres años posteriores a la fecha final de justificación. El incumplimiento de dicha justificación determinará la obligación de reintegrar el total de la ayuda.

Los beneficiarios podrán solicitar en cualquiera de las fases de justificación el aplazamiento en el cumplimiento de los compromisos por causas excepcionales debidamente justificadas y que no puedan ni deban ser consideradas causas de fuerza mayor. La autoridad competente, tras valorar las causas excepcionales esgrimidas, podrá ampliar el plazo de cumplimiento de compromisos hasta como máximo los 5 años de mantenimiento del plan empresarial, sin que sea motivo de no abono de la ayuda.

4. La propuesta de pago de la ayuda será efectuada por el órgano instructor y se generará tras el estudio de admisibilidad emitido por el personal de las Oficinas Comarcales de Agricultura y/o por el designado al efecto.

Antes de proponerse el pago el beneficiario deberá acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Decimoctava.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones.

1. Procederá la revocación, y en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente percibidas, incrementadas con el interés de demora legalmente establecido, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o en la convocatoria, o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

2. De conformidad el artículo 3.19) del R. D. 1048/2022 de 27 de diciembre, serán de aplicación las causas de fuerza mayor previstas en el artículo 1105 del Código Civil, las del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021. Sin perjuicio de que la autoridad competente pueda establecer otras causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, en todo caso se considerarán al menos como tales las siguientes:

a. Fallecimiento de la persona beneficiaria o desaparición de la misma, declarada legalmente.

b. Incapacidad laboral de larga duración de la persona beneficiaria.

c. Catástrofe natural grave o fenómeno climatológico adverso asimilable a catástrofe natural que haya afectado seriamente las tierras agrarias de la explotación.

d. Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.

e. Epizootia, reconocida por la autoridad competente, que haya afectado a una parte o a la totalidad del ganado de la explotación de la persona beneficiaria.

f. Plaga vegetal o enfermedad vegetal causada por microorganismos patogénicos o factores ambientales, reconocida por la autoridad competente, que hayan afectado a una parte o a la totalidad de los cultivos de la explotación de la persona beneficiaria.

g. La expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

h. La pérdida de la producción en una parte o en la totalidad del cultivo o del rebaño, por daños producidos por la fauna silvestre que hayan sido reconocidos por la autoridad competente.

La persona beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito al órgano concedente de la ayuda, las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicho órgano, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la persona beneficiaria o su derechohabiente esté en condiciones de hacerlo.

La autoridad competente deberá tomar las decisiones en materia de fuerza mayor o circunstancias excepcionales caso por caso y sobre la base de pruebas pertinentes.

3. Lo señalado en los apartados precedentes deberá entenderse sin perjuicio de las reducciones y exclusiones establecidas en el Real Decreto 147/2023.

4. Procederá el reintegro de la ayuda por incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, de la obligación de justificación y de la obligación de la adopción de medidas de difusión de la financiación pública recibida, según las medidas indicadas en la convocatoria de las ayudas.

5. Los incumplimientos en materia de publicidad por parte de los beneficiarios serán objeto de las oportunas reducciones en la liquidación final de los costes ejecutados, en porcentajes que oscilarán entre el 5%, en los casos más leves y cuya corrección pueda realizarse sin menoscabo de la debida publicidad y la anulación completa de la operación en casos excepcionalmente graves, flagrantes, irreversibles y trascendentes.

6. Serán causas de reintegro total de la subvención:

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Las resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control previstos en la base decimosexta, así como el cumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales.

7. Cuando se detecten diferencias de más del 10% entre el importe incluido en la solicitud de pago de una entidad beneficiaria y la subvencionabilidad de los gastos incluidos en su solicitud de pago se aplicarán las penalizaciones incluidas en el artículo 51 Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027

8. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano concedente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del Servicio competente, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.

9. En caso de detectarse infracciones y sanciones en materia de Transparencia será de aplicación el Régimen sancionador incluido en los artículos 19 a 26 de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. Las infracciones en materia de publicidad activa, derecho de acceso y obligación de suministrar información se califican en los artículos 20 y 21 de la citada norma en muy graves, graves y leves, en función del tipo de incumplimiento y las sanciones correspondientes se indican en los artículos 22 y 23 respectivamente.

10. Se podrán emplear los canales de denuncia que el Plan antifraudes de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 13-I-2022) contempla en su apartado 2.4.

11. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

12. La determinación de las cantidades a reintegrar se efectuará de acuerdo con lo establecido en artículo 10 Ley 30/2022 de 23 de diciembre.

13. En lo referente al régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de su desarrollo, y en los artículos 68 a 70 del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, y, específicamente para estas ayudas, por el Título II (Régimen sancionador en materia de ayudas de la política agrícola común) de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en la forma expresada en el artículo 14 de la citada Ley 30/2022, de 23 de diciembre, y en función de la comisión de las mismas, los artículos 15 y 16 indican las sanciones que pueden aplicarse. La graduación de las sanciones se realizará conforme al artículo 17 de la Ley 30/2022.

Decimonovena.—Seguimiento y control de las subvenciones.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración General del Estado o del Principado de Asturias, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones solicitadas y concedidas, así como su evaluación y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en Título III, Capítulo III Control de intervenciones y ayudas no incluidas en el sistema integrado de gestión y control, del R.D. 1047/2022.

2. Para realizar dichas funciones se podrá utilizar cuantos medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

3. Las personas solicitantes y las personas beneficiarias de ayudas están obligadas a colaborar en el desarrollo de la actividad de control, proporcionando los datos requeridos, facilitando el acceso a las instalaciones y permitiendo el desarrollo del control. Si por parte de la persona beneficiaria o de su representante se impidiera la ejecución de la actividad de control, se reflejará dicha circunstancia y se rechazará la solicitud correspondiente. Y, en su caso, se procederá a la denegación de la solicitud de subvención o la revocación de la misma con reintegro de los pagos efectuados.

4. Controles sobre el terreno de las solicitudes de pago: Las autoridades competentes llevarán a cabo controles sobre el terreno antes de que se abone el pago final. Los controles incluirán una verificación de:

a) Los criterios de subvencionabilidad, los compromisos y otras obligaciones que puedan comprobarse en el momento de la visita y que no hayan podido verificarse durante los controles administrativos.

b) La exactitud de los datos declarados por la persona beneficiaria en relación con los documentos disponibles y los registros oficiales.

c) Las obligaciones de las personas beneficiarias en cuanto a información y publicidad de la ayuda, de acuerdo con lo indicado en la normativa correspondiente.

Las comprobaciones realizadas en los controles sobre el terreno quedarán recogidas en las correspondientes listas de control o en informes de control, que garanticen su trazabilidad y su pista de auditoría.

Para la realización de los controles podrán utilizarse fotografías georreferenciadas que aporte la persona beneficiaria, u otros medios telemáticos, para verificar los criterios de subvencionabilidad, compromisos y otras obligaciones, siempre que la información obtenida ofrezca pruebas pertinentes y fiables.

5. Controles a posteriori: En las intervenciones o ayudas que tengan operaciones que están sujetas a compromisos de durabilidad, se llevarán a cabo controles a posteriori con el fin de verificar su permanencia durante el tiempo establecido en la normativa correspondiente.

En la realización de los controles a posteriori, podrán utilizarse fotografías georreferenciadas que aporte la persona beneficiaria u otros medios telemáticos, para verificar los compromisos y otras obligaciones, siempre que la información obtenida ofrezca pruebas pertinentes y fiables.

Los controles a posteriori consistirán en la verificación de que no ha habido modificaciones con respecto a:

a) El cese o la transferencia de una actividad productiva a otra comunidad autónoma distinta de la que recibió la ayuda.

b) Un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una empresa o a un organismo público una ventaja indebida.

c) Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

6. De conformidad a lo previsto en el artículo 31 del R.D. 1047/2022, en relación con el plan autonómico de control para cada campaña se podrán considerar como posibles casos de creación de condiciones artificiales para la obtención de las ayudas, las siguientes, entre las que se incluyen las situaciones de riesgo previstas en el apartado G) del anexo I del Real Decreto 1047/2022:

a) Divisiones ficticias de explotaciones a los efectos de obtener ayudas.

b) Varios beneficiarios legalmente independientes en la misma dirección o con instalaciones comunes (mismas instalaciones, mismas instalaciones de almacenamiento, etc.).

c) Oficinas idénticas o puerta a puerta sin separación física normal.

d) Enlaces comerciales exclusivos o casi exclusivos entre las dos compañías (facturas siempre o prácticamente siempre de una a otra, posiblemente a precios inexplicablemente bajos).

e) No hay evidencia de flujo de efectivo para pagar las facturas.

f) Las empresas tienen fines comerciales idénticos o altamente complementarios.

g) Los empleados de una empresa son los gerentes o dueños de la otra.

h) El administrador o propietario-gerente de una empresa es el cónyuge del propietario del otro.

i) Una sola compañía se ha dividido en dos negocios continuos en forma conjunta

Vigésima.—Publicidad y Transparencia.

1. Estas subvenciones serán registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Asimismo, la concesión de subvenciones será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a los efectos de la publicidad en los términos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al igual que los pagos realizados, las resoluciones del procedimiento de reintegro y las resoluciones firmes del procedimiento sancionador, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 del R. D. 130/2019.

2. Con esa publicidad se dará por cumplida la obligación en materia de publicidad activa y relativas a la información económica, presupuestaria y estadística señaladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

3. Los datos relativos a los beneficiarios serán comunicados a la Unión Europea y al Ministerio con competencias en la materia y serán publicados de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 99 del Reglamento (UE) n.º 2021/2116/del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común que remite al art. 49 del Reglamento 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021. Los datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación tanto de la Unión Europea como nacionales.