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Boletín Nº 49 del viernes 08 de marzo de 2024

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA

Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento en el Principado de Asturias en el marco del Plan Estratégico de la PAC (2023-2027). Intervención 7202 “asesoramiento”.

En relación con las bases reguladoras de las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias en el marco de Plan de Estratégico de la PAC 2023-2027 (Intervención 7202 Asesoramiento) se dan los siguientes

Antecedentes de hecho

Las ayudas para los servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias tienen como objetivo principal poner a disposición de los ganaderos y agricultores un sistema para asesorarles sobre la gestión de tierras y sus explotaciones en consonancia con las políticas agrarias de desarrollo rural.

Hasta el año 2023, las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias se financiaban en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. Estas ayudas estaban sometidas al régimen del Reglamento (UE) 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuya vigencia finalizó el 31/12/2022; en el Principado de Asturias estaban reguladas por la Resolución de 27 de septiembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para los servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias.

Actualmente, se está produciendo el cambio de la normativa motivado por la aprobación y entrada en vigor del Plan Estratégico de la PAC. La puesta en marcha de una nueva arquitectura verde, va a suponer la adaptación de las explotaciones, los sistemas productivos y un cambio de mentalidad frente a los nuevos requisitos. Las normas de la condicionalidad reforzada exigen ya no sólo el cumplimiento de unas buenas prácticas agrarias y medioambientales, sino que trascienden a la denominada condicionalidad social. De la misma forma, las condiciones de los ecorregímenes exigen un asesoramiento para su cumplimiento.

Asimismo, la futura obligación de la cumplimentación del cuaderno digital de explotación, hará aún más necesaria la prestación de asesoramiento.

El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC, financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013, dedica el artículo 15 a regular los servicios de asesoramiento a las explotaciones. En el apartado primero del artículo 15 dice que los Estados miembros deben incluir en su plan estratégico de la PAC un sistema para la prestación de servicios de asesoramiento a los agricultores y a otras personas beneficiarias de las ayudas de la PAC sobre la gestión de la tierra y de las explotaciones.

A su vez, el artículo 78 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, establece que los Estados miembros podrán conceder ayudas para promover el asesoramiento entre otras formas de intercambio de conocimientos y difusión de información, siempre que se asegure que el asesoramiento sea imparcial, que los asesores estén debidamente cualificados y formados y no tengan conflicto de intereses.

De acuerdo con el mencionado Reglamento, en el Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027, aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución C(2022) 6017, de 31 de agosto de 2022, se incluye la intervención 7202 Asesoramiento.

En el ámbito de sus competencias, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, atenderá la necesidad de mantener servicios de asesoramiento en el Principado de Asturias durante el período de programación 2023-2027, mediante la aplicación de la Intervención 7202 del Plan Estratégico de la PAC.

Las normas sobre ayudas estatales, Reglamento (UE) 2022/2472, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no se aplican a la cofinanciación de estas ayudas de Desarrollo Rural, ni a la parte FEADER ni a la nacional, puesto que los servicios subvencionados y recogidos en estas bases reguladoras se desarrollan en su totalidad sobre operadores dedicados a la producción agrícola de los productos recogidos en el anexo I del TFUE.

Estas ayudas serán incluidas en el Plan Estratégico de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria 2024-2027 que se aprobará en este año 2024 siendo el objetivo estratégico de las mimas el fomento de la formación y del asociacionismo agrario.

Junto con la aprobación de la presente norma, necesaria para regular la aplicación de estas ayudas en el Principado de Asturias, resulta necesario derogar la Resolución de 27 de septiembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para los servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias, que es la normativa que se venía aplicando.

Fundamentos de derecho

1.—El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC, financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

2.—Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C (2022) 6017, de 31 de agosto de 2022, por la que se aprueba Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.

3.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4.—Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones y demás normativa aplicable.

Considerando

Primero.—El artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones prevé que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.—Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Principado de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Tercero.—Que el titular de esta Consejería es competente para conocer y resolver sobre los hechos objeto del presente expediente.

En virtud de los anteriores hechos, fundamentos de derecho y considerandos,

RESUELVO

Primero.—Aprobar las bases reguladoras relativas a las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias, en el marco de Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (Intervención 7202), que figuran en el anexo I.

Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Principado de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Segundo.—Derogar la Resolución de 27 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para los servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias.

Tercero.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1.k de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de interés, las presentes bases será publicadas en el portal de transparencia del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Anexo I

Primera.—Objeto

1.—Las presentes bases tienen por objeto regular en el ámbito territorial del Principado de Asturias, el otorgamiento de las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

2.—Dichas ayudas se encuentran incluidas en la intervención de Desarrollo Rural “Intercambio de conocimientos y difusión de información” del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España, aprobado mediante Decisión de ejecución de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, para el período de programación 2023-2027.

3.—Estas ayudas son cofinanciadas por: Fondos europeos FEADER (60%); Fondos del Principado de Asturias (28%); Fondos AGE (12%).

Segunda.—Finalidad y objetivos

1.—La finalidad de estas ayudas es proveer a los agricultores y ganaderos (incluyendo a los jóvenes) de servicios de asesoramiento a sus explotaciones, que abarcarán aspectos económicos, medioambientales y sociales, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 78 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

Con esta finalidad se pretende cumplir, entre otros, los siguientes objetivos:

— Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias del Principado de Asturias.

— Modernizar el sector agrario regional, fomentando la innovación, la digitalización y el conocimiento compartido.

— Promover técnicas agrícolas que mejoren la sostenibilidad de las explotaciones en los siguientes aspectos: socio-económico; medioambiental; bienestar animal; calidad y seguridad alimentaria.

— Fortalecer, de esta manera, el tejido socio-económico de las zonas rurales.

2.—La presente intervención se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y no está sujeta a la evaluación de las ayudas estatales.

Tercera.—Marco normativo

Estas ayudas se regirán, además de lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la siguiente normativa:

a. Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que quedan derogados los Reglamentos (UE) 1305/2103 y 1307/2013.

b. Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) 1306/2013.

c. Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.

d. La normativa derivada de los anteriores reglamentos comunitarios, así como cualquier otro reglamento posterior que le sea de aplicación y sus posibles modificaciones.

e. El Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PAC) del Reino de España 2023-2027, aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de agosto de 2022, o el que se encuentre en vigor a fecha de la convocatoria, y su paquete normativo de aplicación. Así; Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER; Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común; Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

f. Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.

g. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000 y la disposición derogatoria única de la Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes.

h. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarta.—Definiciones

Además de las definiciones establecidas en la normativa comunitaria y estatal de aplicación y, en concreto, en el Plan Estratégico de la PAC y la Ley 30/2022 de 23 de diciembre, y en el Reglamento (UE) n.º 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, serán de aplicación a la presente resolución las siguientes definiciones para una mejor comprensión:

— Joven agricultor: A efectos de estas ayudas se considera joven agricultor aquel/la a quien se le ha concedido una ayuda a jóvenes agricultores para la creación de empresas por parte del Principado de Asturias hasta la finalización del período de los compromisos adquiridos como consecuencia de la misma, incluso si aún no figura como titular o socio de una explotación agraria. Además, también se considera joven agricultor aquel/la que ha solicitado una ayuda la creación de empresas por parte del Principado de Asturias en la última convocatoria abierta, aunque no haya sido aún concedida, siempre y cuando ya figure como titular de explotación agraria en el correspondiente registro.

Quinta.—Beneficiarios, requisitos y forma de acreditarlos.

1.—Podrán ser beneficiarios las cooperativas agrarias, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones profesionales agrarias, las asociaciones agrarias, las organizaciones de productores, así como otras entidades de carácter mercantil cuya actividad principal no sea la venta de suministros al sector agrario y asesoramiento relacionado con dicha venta.

2.—Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos:

— Tener la sede social en el Principado de Asturias o bien tener presencia en Asturias. Se entenderá por presencia en Asturias el ejercicio, constatable en el ámbito territorial del Principado de Asturias, de cualquier actividad generadora de riqueza o conocimiento.

— Las entidades beneficiarias deben estar constituidas al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria de las ayudas.

— El asesoramiento debe estar incluido dentro de sus fines estatutarios.

Las entidades beneficiarias deberán acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos mediante la documentación que se exija en la correspondiente convocatoria, en la que se podrá eximir de la presentación de aquellos documentos que ya obren en poder de la administración o hayan sido elaborados por cualquier otra administración, salvo que el interesado se opusiese a su consulta.

3.—En el caso de ayudas por importes superiores a 30.000 € los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Para ello se les requerirá la siguiente documentación con carácter previo a la concesión de las ayudas.

— En caso de sociedades que, de acuerdo con la normativa contable puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, el cumplimiento de plazos de podrá acreditar mediante declaración responsable.

— En caso de sociedades que, de acuerdo con la normativa contable no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, mediante certificado emitido por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4.—No podrán obtener la condición de beneficiario:

a. Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2, 3 y 3 bis del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b. Las personas físicas o jurídicas que no acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c. Los deudores de la Hacienda del Principado por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

d. Las empresas en crisis, según la definición establecida en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014) o norma que la sustituya, con las excepciones que se establezcan en dicho texto.

e. Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Sexta.—Actuaciones subvencionables

Podrán obtener ayudas las siguientes actuaciones de asesoramiento a pequeñas y medianas explotaciones agrarias ubicadas en el Principado de Asturias.

6.1.—Servicio de Asesoramiento básico

6.1.1. Este tipo de asesoramiento se realizará individualmente a cada explotación y, de entre todas las materias de asesoramiento incluidas en el apartado 4 del artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/2115 contendrá aquellos aspectos concretos demandados por los titulares de la explotación que haya solicitado el asesoramiento adaptando el contenido del mismo a los distintos tipos de explotación asesorada (orientación, tamaño etc.).

6.1.2. Cualquier asesoramiento básico debe incluir al menos dos visitas presenciales en la explotación de las que se dejará constancia en un acta de asesoramiento cuyo modelo se establecerá en cada convocatoria y en la que de definirán al menos datos relativos a: asesoramiento en materia digital, requisitos legales de gestión, buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra y condicionalidad social. El acta deberá firmarse tanto por el asesor como por la persona de la explotación que reciba el asesoramiento (titular. Socio, trabajador etc.).

6.1.3. Además, el servicio de asesoramiento básico debe incluir obligatoriamente un asesoramiento en materia digital que consistirá al menos en:

— Comprobación, durante la primera visita, de los medios electrónicos disponibles: pc, tablet, teléfono móvil con conexión de datos etc... verificación de existencia de cuenta de correo electrónico y de certificado digital del titular o del representante legal de la explotación en caso de titulares que sean personas jurídicas.

— Asesoramiento para obtención de cuenta de correo electrónico debiendo constar la existencia de la misma desde la primera visita.

— Asesoramiento para la obtención del certificado digital de el/la titular de la explotación asesorada o de su representante legal. En caso de no disponer de certificado, durante la primera visita a la explotación debe realizarse asesoramiento que permita establecer la cita para obtenerlo. Posteriormente, en la explotación o en las oficinas de la entidad beneficiaria, debe prestarse asesoramiento para la instalación del certificado en el/los dispositivos electrónicos necesarios.

6.1.4. Asimismo, el asesoramiento básico comprenderá en todo caso, la comprobación de los datos de la explotación incluidos en el Registro Autonómico de Explotaciones del Principado de Asturias (REA), a través de la verificación de los datos existentes en el cuaderno de explotación digital (CUE) de la explotación y el asesoramiento para la actualización de los mismos en caso de detectarse algún tipo de error.

6.1.5. Este servicio básico deberá incluir el asesoramiento para cubrir el cuaderno de explotación digital o en papel según se trate, de la explotación asesorada en lo relativo a:

— Tratamientos fitosanitarios.

— Comunicaciones obligatorias por participación en ecorregímenes.

6.1.6. Asimismo y como parte del asesoramiento básico en materia digital para las explotaciones ganaderas obligadas a comunicar los movimientos de los animales de la explotación, debe proporcionarse formación relativa al acceso y manejo de la aplicación REMOWEB.

6.1.7. En el plazo máximo de un mes tras la primera visita, el asesor hará llegar a la explotación un plan estratégico de actuaciones en el que se detalle:

— El diagnóstico de la situación actual de la explotación con respecto a cada uno de los aspectos recogidos en el Acta de asesoramiento.

— Los objetivos y metas propuestas (de tipo económico, técnico, medioambiental y/o social).

— Las actuaciones concretas que deben realizarse para lograrlas.

6.1.8. La segunda visita de asesoramiento obligatoria, en función de la naturaleza de las actuaciones recomendadas, podrá efectuarse:

— En el momento de la puesta en marcha de las actuaciones.

— Una vez que éstas se hayan llevado a cabo para evaluar la aplicación y efecto de las mismas.

6.1.9. La duración mínima de este tipo de asesoramiento, que incluirá al menos dos visitas presenciales a la explotación y tendrá en cuenta el tiempo destinado a desplazamientos y el resto de tiempo de trabajo dedicado al asesoramiento, se establecerá en cada convocatoria.

6.2.—Servicio de Asesoramiento intermedio-económico

6.2.1. Este tipo de asesoramiento consiste en un asesoramiento básico conforme a lo dispuesto en el apartado anterior al que se añade, además, un estudio técnico económico y fiscal de cada explotación.

6.2.2. Al objeto de homogeneizar los estudios que las distintas entidades prestadoras realicen, se establece como norma general que los estudios económicos de cada explotación se realizarán tomando los datos completos de un año natural que se especificará en la convocatoria.

6.2.3. En cada convocatoria y al objeto de obtener resultados homogéneos, el órgano gestor podrá definir el formato en el que deben aportarse los datos de los estudios económicos realizados en el momento de la justificación de la subvención.

6.2.4. El asesor deberá elaborar un estudio técnico económico que permita conocer, a cada explotación asesorada, su coste efectivo de producción calculado como la suma de todos los costes en los que ha incurrido o ha asumido el productor para desarrollar su actividad y que son necesarios para obtener cada producto (un litro de leche, un kg de carne, un kg de manzana, etc.)

6.2.5. El asesor, asimismo, deberá incluir en el estudio un apartado relativo a la fiscalidad de la explotación. Dicho apartado deberá incluir contener, al menos:

— Un diagnóstico de la situación actual de la explotación con respecto a su fiscalidad.

— Una propuesta de actuaciones concretas con vistas a mejorar la gestión de la explotación desde el punto de vista fiscal.

6.2.6. Como parte del asesoramiento intermedio económico, el/la asesor/a debe ofrecer al titular de la explotación la posibilidad de proporcionarle la herramienta para la toma de datos de los estudios económicos y asesorarle para realizar las anotaciones en la misma.

6.2.7. La duración mínima de este tipo de asesoramiento, que incluirá al menos dos visitas presenciales a la explotación y tendrá en cuenta el tiempo destinado a desplazamientos y el resto de tiempo de trabajo dedicado al asesoramiento, se establecerá en cada convocatoria.

6.3.—Servicio de Asesoramiento intermedio-técnico:

6.3.1. Consiste en un asesoramiento básico conforme a lo dispuesto en el apartado 6.1 y que por sus características requieren de un asesoramiento técnico específico en uno o varios de los siguientes aspectos:

— Asesoramiento en nutrición sostenible de suelos y elaboración de un Plan de Abonado conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la nutrición sostenible en los usos agrarios destinado a aquellas explotaciones agrarias ubicadas en el Principado de Asturias que por sus características tienen la obligación de contar con un Plan de abonado.

Para poder abordar este tipo de servicio es necesario que la entidad cuente con personal acreditado como asesor en fertilización (bien como personal propio o a través de una prestación de servicios externos), conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre.

— Asesoramiento para explotaciones bovinas que por su capacidad productiva pertenezcan a los grupos II, III y IV según la clasificación detallada en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, para la elaboración y llevanza del SIGE (Sistema Integrado de Gestión de Explotaciones de Ganado Bovino).

— Asesoramiento para explotaciones porcinas para la elaboración y llevanza del SIGE (Sistema Integrado de Gestión de Explotaciones de Ganado Porcino) definido en el Real Decreto 306/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas extensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivas.

6.3.2. La duración mínima de este tipo de asesoramiento, que incluirá al menos dos visitas presenciales a la explotación y tendrá en cuenta el tiempo destinado a desplazamientos y el resto de tiempo de trabajo dedicado al asesoramiento, se establecerá en cada convocatoria.

6.4.—Servicio de Asesoramiento Integral:

6.4.1. Este servicio supone un asesoramiento completo que incluye un asesoramiento intermedio económico y asesoramiento intermedio técnico según lo detallado en los apartados 6.2 y 6.3.

6.4.2. La duración mínima de este tipo de asesoramiento, que incluirá al menos dos visitas presenciales a la explotación y tendrá en cuenta el tiempo destinado a desplazamientos y el resto de tiempo de trabajo dedicado al asesoramiento, se establecerá en cada convocatoria.

Séptima.—Condiciones generales de los servicios de asesoramiento

1.—Las actuaciones objeto de la ayuda no pueden haberse iniciado con anterioridad a la fecha en la que se solicite la subvención. En ningún caso se subvencionarán servicios de asesoramiento cuya fecha de la primera visita sea anterior a la fecha de solicitud de la ayuda por parte de la entidad beneficiaria.

2.—La ayuda se abonará al prestador del servicio, que es quien tendrá la consideración de beneficiario de la misma. En ningún caso podrá suponer pago directo a los agricultores y ganaderos destinatarios de los servicios de asesoramiento.

3.—Podrán beneficiarse de estos Servicios de Asesoramiento las personas físicas que sean titulares, socios y/o trabajadores de una explotación agraria ubicada en el Principado de Asturias, incluyendo a los jóvenes o nuevos agricultores recién incorporados a la actividad, según se define en la base cuarta. No podrá ser condición para acceder al Servicio la pertenencia a la entidad prestadora del mismo.

4.—Cada explotación que vaya a ser asesorada sólo podrá estar incluida en la solicitud de una única entidad beneficiaria y sólo podrá optar por uno de los 4 tipos de asesoramiento. En caso de que una misma explotación figure en la solicitud de varias entidades el órgano gestor determinará en que solicitud debe figurar tras consultar con el titular de la explotación.

5.—Cada persona física o jurídica sólo podrá optar a un asesoramiento por convocatoria, con independencia de las explotaciones agrarias de las que sea titular.

6.—En cada convocatoria se podrá establecer una duración mínima para cada tipo de asesoramiento (básico, intermedio económico, intermedio técnico o integral) inferior a la detallada en los apartados 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, para asesoramientos dirigidos a explotaciones que ya hayan recibido servicios de asesoramiento subvencionados mediante esta línea de ayudas FEADER en alguna de las dos convocatorias previas a la que se trate.

7.—El servicio de asesoramiento deberá tener como objetivo prioritario la mejora del rendimiento actual de la explotación desde el punto de vista económico, medioambiental y/o social, debiendo adaptarse a los diversos tipos de producción y explotaciones. Se realizará de manera individualizada y debe orientarse a resolver las demandas concretas del agricultor/ganadero, evaluando la situación de partida y estableciendo recomendaciones tras cuya aplicación se evaluará el resultado de las mismas.

8.—El servicio de asesoramiento se realizará a petición de los usuarios y comprenderá un mínimo de dos visitas presenciales a la explotación. De forma complementaria, podrá realizarse asesoramiento telemático y telefónico.

9.—La entidad prestadora del servicio debe disponer de un sistema para que los usuarios puedan solicitar los servicios de asesoramiento. El sistema podrá ser presencial, telefónico y/o telemático. La entidad debe disponer de un registro en el que quede constancia de las peticiones de servicio por parte de los usuarios. Este registro debe incluir al menos los siguientes datos:

— Explotación que solicita el asesoramiento (Código REA, CEA y/o REGEPA).

— Nombre y NIF del titular de la explotación.

— Nombre, DNI y relación con la explotación de la persona o personas que vaya/n a recibir el asesoramiento en caso de que éste sea distinto al titular.

— Tipo de asesoramiento solicitado.

— Fecha de la solicitud del asesoramiento.

10.—La entidad formalizará un contrato con el usuario del servicio de asesoramiento en el que se definirá la modalidad del asesoramiento (básico, intermedio-económico, intermedio-técnico o integral). Dicho contrato se suscribirá, preferiblemente, en el momento en que el usuario de los servicios solicita el asesoramiento a la entidad. Deberá suscribirse, en todo caso, en el momento de la primera visita del asesor a la explotación.

Ambas partes (la entidad y la explotación asesorada) deberán tener una copia del mismo. El contrato incluirá al menos los siguientes datos:

— Entidad que presta el asesoramiento: NIF/CIF, razón social.

— Explotación que solicita el asesoramiento (Código REA, CEA y/o REGEPA).

— Nombre y NIF del titular de la explotación.

— Nombre, DNI y relación con la explotación de la persona o personas que vaya/n a recibir el asesoramiento en caso de que éste sea distinto al titular.

— Tipo de asesoramiento objeto del contrato.

— Fecha.

11.—De conformidad con el artículo 15.3 del Reglamento (UE) 2021/2015, de 2 de diciembre de 2021, el asesoramiento debe ser imparcial debiendo quedar plenamente acreditado que el/los asesores no tienen conflicto de intereses. En cada convocatoria se establecerá un modelo de declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses que deberá suscribir cada uno de los asesores que presten servicios. Asimismo, en caso de entidades que además de las actividades como el asesoramiento realicen actividades comerciales dedicadas al suministro de bienes al sector agrario (materias primas, maquinaria etc…) el representante de la entidad deberá presentar declaración responsable de que los asesores de la entidad no realizan labores comerciales según modelo que se establecerá en cada convocatoria.

12.—Las entidades deberán contar con recursos adecuados en términos de personal técnico cualificado. La disponibilidad de este personal cualificado podrá establecerse como una relación laboral con personal propio o a través de una prestación de servicios externos, teniendo la consideración de actividad subcontratada.

Para poder realizar servicios de asesoramiento la entidad deberá contar, como mínimo, con el siguiente personal:

— Para el Servicio básico: Personal con titulación universitaria de la rama agraria (Ingeniero agrónomo, Ingeniero técnico agrícola o grado equivalente) o en veterinaria (licenciado o grado equivalente). En cada actuación podrán participar como asesores, además de los perfiles ya mencionados, otros profesionales que puedan acreditar formación específica y/o experiencia acreditada en asesoramiento a explotaciones agrarias. No obstante, todas las explotaciones tienen que tener asignado un técnico con alguno de los perfiles de la rama agraria y/o veterinaria detallados.

— Para el Servicio intermedio económico: Además del previsto para el asesoramiento básico, la entidad deberá contar con personal con titulación universitaria en la rama económica (Licenciado en económicas y/o Diplomado en Empresariales o su grado equivalente). Este personal debe participar, conjuntamente con el del Servicio básico, en las labores de asesoramiento.

— Para el Servicio intermedio técnico: Además del previsto para el asesoramiento básico la entidad deberá contar con: o Personal veterinario: para el asesoramiento en SIGE bovino y porcino o Personal acreditado como asesor en fertilización conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1051/2022 para el asesoramiento en nutrición sostenible de suelos y elaboración del Plan de abonado.

— Para el Servicio integral: Además del previsto en el para el servicio se asesoramiento básico debe contar con personal para llevar a cabo el asesoramiento intermedio económico y el asesoramiento intermedio técnico.

13.—La cantidad de explotaciones para las que se pueda conceder ayuda para la prestación de servicios de asesoramiento a cada entidad beneficiaria vendrá limitada por la disponibilidad de personal asesor con la que cuente dicha entidad.

En cada convocatoria se determinará, para cada entidad solicitante que cumpla los requisitos incluidos en la base reguladora sexta, la cantidad de horas disponibles para realizar asesoramientos, teniendo en cuenta el período de ejecución de las actividades solicitadas y el personal con el que cuenta la entidad considerando una jornada anual máxima de 1.826 horas por cada asesor.

Cuando un mismo asesor preste servicios a más de una entidad beneficiaria de esta ayuda, la limitación establecida en el párrafo anterior se ajustará de modo proporcional.

14.—Las entidades deben comprometerse a mantener la disponibilidad de personal que haya incluido en sus solicitudes de ayuda. En caso de que se produzcan cambios, las entidades deberán comunicar y acreditar la sustitución de ese personal por otro de análoga cualificación, en un plazo no superior a un mes desde que se produzca la situación. En caso de no sustitución se determinará si con el personal disponible se puede atender a la cantidad de explotaciones para las que se haya obtenido la ayuda y, en caso contrario, se ajustará el número de explotaciones asesoradas, excluyendo del servicio subvencionada a aquellas que hayan obtenido menor puntuación en la valoración de solicitudes.

15.—Las entidades prestadoras de servicios de asesoramiento deben disponer de un registro digitalizado de las explotaciones destinatarias del servicio que permita acceder a la información individual de cada explotación asesorada. Este registro deberá contener, para cada explotación asesorada:

— Datos identificativos de la misma.

— Registro de la petición del servicio de asesoramiento por parte del usuario.

— Copia del contrato suscrito con el usuario del servicio.

— Todos los datos relativos al asesoramiento en curso (Identificación de el/los asesor/es, fecha/s y duración de las visitas a la explotación, imputación de horas de cada asesor a cada visita, tiempo destinado a la elaboración del plan estratégico de cada explotación, datos del acta de la primera visita, plan estratégico de actuaciones elaborado para la explotación, datos del acta de la segunda visita, informe del estudio-técnico económico en caso de asesoramiento intermedio económico o integral y plan de abonado y datos SIGE en caso de asesoramiento intermedio técnico o integral).

16.—Dentro de la primera quincena de cada mes desde el mes siguiente a la concesión de las ayudas, y a través del sistema previsto en cada convocatoria, la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano gestor de las ayudas las visitas de asesoramiento realizadas durante el mes anterior. Para acreditar el asesoramiento a una explotación será imprescindible la comunicación de dos visitas durante el período de ejecución de las actividades. En cada convocatoria se determinará el contenido mínimo de la información que debe comunicarse, y que en todo caso contendrá los siguientes datos:

— Explotación asesorada.

— Fecha de la/s visita/s.

— Asesor o asesores que han participado en la visita.

— Tiempo destinado por cada asesor a la prestación de servicios de asesoramiento durante el mes precedente.

17.—Las entidades deberán contar al menos con un local habilitado para atención al público en el que se puedan llevar a cabo labores de asesoramiento de tipo presencial. La información referida a dirección de la instalación y horario de atención debe ser pública.

18.—La entidad deberá contar con un sistema de recogida de quejas y sugerencias con las siguientes obligaciones:

— El usuario de los servicios de asesoramiento podrá acceder al sistema de registro de quejas y sugerencias de modo presencial y/o telemático.

— La entidad deberá tener un registro de sugerencias y quejas. Dicho registro deberá incluir la contestación a las quejas, que debe realizarse en el plazo máximo de un mes desde la interposición de la misma.

19.—Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir con las obligaciones que, en materia de protección de datos personales se imponen al responsable de tratamiento en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, y en la normativa estatal de protección de datos personales vigente, esto es, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en particular, en lo relativo a los datos especialmente protegidos si los hubiera y al ejercicio de los derechos por los titulares de los datos.

Igualmente deberán velar porque se apliquen las condiciones de la política de seguridad de la información y confidencialidad de acuerdo con lo establecido al respecto por la legislación específica de aplicación para cada cuestión. En concreto, sobre las entidades y su personal recae el deber de secreto profesional. Ningún miembro de la plantilla de la empresa podrá facilitar información alguna a terceros relativa a actuaciones vinculadas con el asesoramiento.

20.—Las entidades beneficiarias de las ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento deberán proporcionar a la autoridad de gestión, a los inspectores designados o a cualquier otro organismo en que se haya delegado la realización de las tareas de control, toda la información necesaria para poder realizar el control, seguimiento y evaluación del programa de asesoramiento.

21.—Los datos de los asesores que vayan a participar en la prestación de servicios (titulación/es, cursos realizados, acreditaciones etc…) podrán ser incluidos en una base de datos a los efectos de su posible inclusión en la estrategia AKIS del Principado de Asturias.

22.—Cuando los servicios de asesoramiento sean destinados a jóvenes, según la definición establecida en la base reguladora cuarta, podrán conllevar la obligación de un acompañamiento y tutorización del plan empresarial presentado en su solicitud de ayuda para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras y nuevos agricultores. Las condiciones específicas de este acompañamiento se definirán, en su caso, en la correspondiente convocatoria.

Octava.—Subcontratación de actividades subvencionadas

1.—Las entidades beneficiarias podrán subcontratar con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, según se establece en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo cumplir con las obligaciones que se recogen en dicho artículo.

2.—Al objeto de comprobar la disponibilidad de personal cualificado por parte de las entidades solicitantes, aquellas que tengan previsto subcontratar las actividades objeto de la subvención, deberán presentar en el momento de la solicitud de la ayuda, la copia de el/los contratos de prestación de servicios suscritos con los agentes de asesoramiento ya sean estos personas físicas u otras entidades.

La resolución de concesión de las ayudas implica la autorización para la celebración de dichos contratos.

Si la subcontratación de las actividades se produjera con posterioridad a la resolución de concesión de las ayudas, la entidad beneficiaria deberá comunicar la situación al órgano gestor de las ayudas quien emitirá, en un plazo máximo de 10 días, notificación autorizando el contrato tras verificar el cumplimiento de los requisitos incluidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.—Gastos subvencionables

1.—Se consideran gastos subvencionables, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen en los plazos que se establezca en la correspondiente convocatoria y hayan sido pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación de las actividades a excepción de los gastos de retenciones de IRPF o aquellos relacionados con la seguridad social que hayan sido devengados durante el período de ejecución de las actividades pero no se hayan pagado con carácter previo al período de justificación como consecuencia de la normativa aplicable en materia fiscal o de la seguridad social.

2.—Tendrán carácter de gastos subvencionables los siguientes gastos derivados de la prestación de los servicios de asesoramiento detallados en la base sexta:

— Gastos salariales del personal relacionado con la prestación de servicios de asesoramiento en la parte correspondiente al tiempo destinado a dicho servicio (visitas a las explotaciones, desplazamientos, preparación del asesoramiento y elaboración de informes relacionados con el mismo).

— Gastos salariales del personal relacionado con la coordinación del servicio de asesoramiento en la parte correspondiente al tiempo destinado a la coordinación.

— Gastos de contratos de prestación de servicios de asesoramiento.

— Gastos de desplazamiento del personal propio: Cada entidad deberá registrar en los plazos que se establezcan en la correspondiente convocatoria, los kilómetros efectuados para llevar a cabo cada una de las visitas comunicadas y los mismos tendrán consideración de gasto justificado a razón del importe de las indemnizaciones por kilometraje vigentes en cada momento para los empleados públicos del Principado de Asturias.

— Gastos derivados de analíticas de suelos, purines y estiércoles.

— Costes indirectos: Se podrá justificar como costes indirectos hasta el 15% de los costes directos de personal propio subvencionables.

3.—La modalidad de la ayuda es un reembolso de los gastos subvencionables efectuados por el beneficiario y una financiación a tipo fijo en el caso de los costes indirectos vinculados al personal asalariado.

4.—La moderación de costes se hará de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 82 del R. D. 1047/2022 estableciendo en cada convocatoria un precio que se abonará para cada tipo de asesoramiento y que se calculará teniendo en cuenta la duración mínima establecida para cada tipo de asesoramiento, y estableciendo costes de referencia para cada tipo de gasto subvencionable (costes salariales, gastos de desplazamiento).

5.—La intensidad de la ayuda que podrá ser de hasta el 100% de los gastos subvencionables, se determinará en cada convocatoria, no pudiendo superar en ningún caso el coste real de los servicios prestados.

Décima.—Compatibilidad con otras ayudas

1.—Conforme al artículo 36 del Reglamento 2116/2021 en el marco del FEADER una operación únicamente podrá recibir distintas formas de apoyo del plan estratégico de la PAC y de otros fondos mencionados en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060 o de instrumentos de la Unión si el total acumulado de las ayudas concedidas en virtud de las diferentes formas de apoyo no supera la intensidad máxima de ayuda o el importe máximo de ayuda aplicables a ese tipo de intervenciones a que se refiere el título III del Reglamento (UE) 2021/2115.

2.—La percepción de estas ayudas será incompatible con la de cualquier otra que, para la misma finalidad y objeto pudieran convocar otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

3.—La entidad beneficiaria tiene obligación de comunicar de inmediato al órgano concedente cualquier subvención, ayuda o ingreso que haya solicitado, se le haya concedido o pagado para la misma finalidad.

4.—Asimismo la entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente si el personal propio que participa en la prestación de servicios de asesoramiento, participa también en la ejecución de otras actividades subvencionadas y qué porcentaje de su tiempo destina a cada una de ellas.

Undécima.—Clase y cuantía de las ayudas

1.—El umbral de precio de cada tipo de asesoramiento se detalla en la siguiente tabla:

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2.—En cada convocatoria se establecerá, dentro del umbral detallado en el apartado anterior para cada tipo de asesoramiento, el precio concreto asignado cada uno de los cuatro asesoramientos posibles.

3.—Una vez establecida la lista de explotaciones ordenadas según la puntuación obtenida por cada una de ellas tras aplicar los criterios de selección de operaciones definidos en la base decimoquinta, a cada una se le asignará el precio de su tipología de asesoramiento y se seleccionarán aquellas explotaciones que ocupen los primeros puestos hasta agotar el crédito disponible.

4.—El importe unitario de la ayuda que se concederá a cada una de las entidades beneficiarias se calculará, teniendo en cuenta las explotaciones de la entidad que se trate que hayan sido seleccionadas para recibir el asesoramiento, la tipología de esos asesoramientos y el precio asignado a los mismos en la correspondiente convocatoria.

5.—La intensidad de la ayuda, que se determinará en cada convocatoria, podrá ser de hasta el 100% de los gastos subvencionables, no pudiendo superar en ningún caso el coste real de los servicios prestados.

6.—En cada convocatoria se indicará la cuantía total máxima de las ayudas convocadas, así como, en su caso, la cuantía adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

7.—En el caso de la tramitación anticipada del expediente, al amparo del artículo 30 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio (en adelante TRREPPA), la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado, debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Principado de Asturias.

8.—Podrá autorizarse la convocatoria de ayudas de gastos plurianuales de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del TRREPPA. Cuando el crédito consignado en la convocatoria para cada anualidad no se ajustase a lo solicitado por el conjunto de peticionarios, que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas, se procederá a reajustar las anualidades previa aprobación por el órgano competente.

9.—El importe concedido a cada solicitante, que deberá ser fijado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.

10.—El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, sin perjuicio de lo especificado en los párrafos anteriores.

Duodécima.—Procedimiento de concesión

1.—El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente resolución se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, bien mediante convocatoria y procedimiento selectivo únicos o mediante una convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año, según se establezca en la convocatoria. En el/los procesos selectivos se incluirán todas aquellas peticiones que reúnan los requisitos exigidos en estas bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente, y de acuerdo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2.—El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá como mínimo el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en forma de extracto, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que publicará el texto íntegro de la misma en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, que forma parte de dicha Base de Datos.

3.—La concesión de la subvención estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes en cada convocatoria. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el crédito disponible se distribuirá entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la base reguladora sexta mediante la selección de las explotaciones incluidas en todas las solicitudes de la forma indicada en los Criterios de Selección de Operaciones hasta ajustarse a la asignación presupuestaria.

Decimotercera.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación a presentar

1.—Las solicitudes podrán presentarse por los interesados, bien directamente o bien a través de terceros que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho, conforme al modelo que se establezca en la convocatoria correspondiente.

Estos modelos podrán obtenerse y cumplimentarse a través de la Sede Electrónica del Gobierno del Principado de Asturias.

2.—Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los términos previstos reglamentariamente.

3.—La mera presentación de la solicitud de ayuda implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases reguladoras. Con la presentación de la solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Consejería competente en materia de Medio Rural y Política Agraria, recabará o consultará aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En este sentido el beneficiario podrá ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucción marcadas en la ficha de servicios del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar los datos y documentos requeridos en el procedimiento.

4.—En cada convocatoria se determinará, de entre toda la exigida, que documentación será consultada por la administración salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado.

5.—El plazo de presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañar a la misma, que será al menos de 15 días hábiles desde la publicación del extracto de la referida convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se determinará en cada convocatoria Si durante ese plazo se presentara más de una solicitud sobre la misma actuación, sólo se atenderá a la presentada en el último lugar, quedando anuladas las anteriores.

6.—La documentación específica que debe acompañar a la solicitud de las ayudas se determinará en cada convocatoria y deberá incluir en todo caso la siguiente documentación que permita conocer al solicitante y las actuaciones objeto de la subvención y su intención inequívoca de solicitar ala ayuda:

— Solicitud de la ayuda en el modelo normalizado que se establezca en cada convocatoria.

— Documento acreditativo de la personalidad y de la representación con la que actúa el solicitante.

— Declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos:

• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la LGS.

• Relación de subvenciones solicitadas y concedidas para la misma finalidad.

• Si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

• De hallarse al corriente con sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

• De no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

La falta de dicha documentación o información supondrá la exclusión de la solicitud del procedimiento de concesión.

7.—Cada entidad deberá aportar de modo telemático, junto con su solicitud de ayuda, un archivo según formato que se establezca en la convocatoria que contendrá:

— Listado de todas las explotaciones para las que se solicita asesoramiento.

— Tipo de asesoramiento solicitado para cada explotación.

— Todos aquellos aspectos de la explotación necesarios para la puntuación de las mismas según los criterios de selección de operaciones

8.—Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria se excluirán del procedimiento de concesión.

9.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, se podrá obviar la presentación de la documentación siempre que no haya caducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad ante las Administraciones públicas o que hubiesen sido elaborados por ellas, especificando la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o que hayan sido elaborados por éstas.

10.—Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos que se especificarán en la convocatoria, por una declaración del solicitante en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a los 15 días.

11.—En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica por parte de la persona solicitante o su representante, por su naturaleza no pudieran ser presentados electrónicamente, se permitirá la presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para ello, y junto con el documento que se presenta, la persona interesada deberá mencionar el código y el órgano responsable del procedimiento, así como el número de expediente.

Decimocuarta.—Órgano instructor, tramitación y subsanación de defectos

1.—La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio competente en materia de Desarrollo Rural y se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.—Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria serán revisadas por el órgano instructor que verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación exigida en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.

3.—Si la solicitud resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, mediante la publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias, para que conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, en el plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la referida Ley.

4.—El órgano instructor podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá declararse suspenso el plazo máximo para resolver, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento, o, en su defecto, por el del plazo concedido.

5.—Una vez revisados y completados los expedientes, el órgano instructor los remitirá a la comisión de valoración para su estudio y evaluación.

Decimoquinta.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las ayudas

1.—Recibidas la totalidad de las solicitudes de ayuda por parte de las entidades prestadoras de los servicios de asesoramiento, el órgano instructor seleccionará en primer lugar a todas aquellas entidades que pueden prestar servicios de asesoramiento, que serán todas aquellas que cumplan los requisitos establecidos en la base quinta.

2.—Asimismo se evaluará, para cada entidad, teniendo en cuanta el personal con el que cuenta, la cantidad de horas disponibles durante el período de ejecución de las actividades para la prestación de servicios de asesoramiento, no pudiendo concederse servicios que superen su disponibilidad.

3.—Posteriormente, se evaluará el conjunto de explotaciones para las que las distintas entidades que cumplen con los requisitos para prestar este tipo de servicios cada convocatoria, han solicitado prestar servicios de asesoramiento, otorgando una puntuación a cada una de ellas. Esta evaluación se realizará conforme a los criterios de valoración establecidos en la versión en vigor a fecha de publicación de la convocatoria del documentos de “Criterios de Selección de operaciones” aprobado por la Autoridad Regional de Gestión del PEPAC, refrendado por el de Seguimiento del PEPAC y publicado en la página web www.asturias.es

4.—Aunque la valoración concreta se establecerá en cada convocatoria, los criterios generales serán los establecidos en el PEPAC para esta intervención que son los siguientes:

— Se priorizarán las actividades relativas a los ámbitos agrario, agroalimentario y forestal y dentro de estas aquellas de carácter innovador.

— Se priorizarán el asesoramiento dirigido a agricultores jóvenes, titulares de explotación agraria en activo, personas empadronadas en el medio rural y micropymes y pymes agroalimentarias y/o forestales.

— Se priorizarán aquellas explotaciones o empresas con producción ecológica o sujeta a alguna marca de calidad (IGP, DOP… explotaciones de titularidad compartida explotaciones prioritarias, cooperativas...).

Se priorizarán el asesoramiento a agricultores jóvenes y mujeres.

5.—Todas las explotaciones para las que se haya solicitado el servicio se ordenarán según su puntuación y con independencia de la entidad a la que se adscriban. A cada explotación se le asignará un coste máximo subvencionable en función de la tipología de asesoramiento solicitada y el coste del mismo. Se propondrá conceder la ayuda a las explotaciones con mayor puntuación hasta agotar el crédito disponible.

6.—Para cada entidad beneficiaria, se determinará la ayuda concedida teniendo en cuenta todas las explotaciones incluidas en su solicitud que hayan sido seleccionadas y siempre teniendo en cuanta las posibles limitaciones horarias de cada entidad en función de su disponibilidad de personal.

7.—En el supuesto de situaciones de empate en la puntuación obtenida, se priorizarán las solicitudes atendiendo a los criterios de desempate que se establezcan en la convocatoria. De persistir el empate se podrá proceder al prorrateo entre las solicitudes empatadas si así se establece en la convocatoria.

Decimosexta.—Comisión de valoración

1.—Una comisión de valoración constituida al efecto realizará el estudio y evaluación de las solicitudes remitidas desde el órgano instructor.

2.—La Comisión de valoración estará compuesta por:

— El presidente/a: El/la Jefe/a de Servicio competente de materia de Desarrollo Rural, actuando como suplente el/la Jefe/a de Sección competente en materia de Fomento Asociativo.

— Vocales: Dos representantes del Servicio competente en materia de Desarrollo Rural de los que uno/a de ellos actuará como Secretario/a con voz y voto.

El Presidente de la Comisión podrá, además, convocar a otras personas en función de las características de las materias a analizar.

3.—Al objeto de garantizar la objetividad y transparencia del procedimiento los criterios de reparto de la ayuda serán automáticos.

4.—Las funciones de la comisión de valoración serán las siguientes:

a. Asegurar la aplicación del principio de concurrencia competitiva.

b. Estudiar y valorar las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria.

c. Comparar las solicitudes admitidas, con el fin de establecer entre las mismas el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de adjudicación.

d. Confeccionar un acta en la que se recoja el resultado de la evaluación, los cálculos realizados y las puntuaciones obtenidas, y en la que se formule propuesta motivada de concesión o denegación.

e. Elaborar una relación ordenada de aquellas explotaciones que, habiendo sido solicitadas por entidades que cumplen las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases para adquirir la condición de beneficiario, han sido desestimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración establecidos.

5.—En su condición de órgano colegiado, la comisión de valoración se regirá por lo dispuesto en la sección 3.ª, capítulo II, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoséptima.—Resolución del procedimiento de concesión

1.—El órgano instructor, a la vista de los expedientes y del acta de la comisión de valoración, elevará propuesta al órgano competente para la resolución.

2.—El órgano competente para la ordenación y resolución del procedimiento es la persona titular de la Consejería competente en materia agraria, o a quien corresponda por delegación.

3.—El contenido de la resolución será, al menos, el establecido en el artículo 9.1 del Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y además indicará la desestimación del resto de solicitudes.

4.—La resolución de concesión indicará las actuaciones consideradas como subvencionables, así como las condiciones generales y particulares que se deben cumplir para poder percibir la ayuda concedida, señalando específicamente, en su caso, la distribución de anualidades aprobada para la ejecución de las actuaciones.

Las anualidades establecidas indicarán la actuación que se debe ejecutar y pagar en cada una de ellas, así como la fecha límite establecida para la presentación de la documentación acreditativa correspondiente y cumplir otras condiciones establecidas en su caso.

5.—De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiese dictado resolución, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6.—No obstante, conforme al artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Igualmente serán de aplicación los supuestos de suspensión del plazo máximo para resolver del artículo 22 de la Ley.

7.—En caso de presentación de solicitudes por un importe de subvención superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8.—La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados dese el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y en el 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

9.—En el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de autorización o pronunciamiento de cualquier organismo, incluida la propia Consejería competente en la materia, la concesión de la subvención no implica la obtención de dichas autorizaciones, que el solicitante deberá tramitar separadamente del expediente de subvención.

10.—La notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimoctava.—Obligaciones y compromisos de los beneficiarios

Son obligaciones de los beneficiarios, además de las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las siguientes:

1. Realizar y cumplir las acciones de acuerdo con las condiciones señaladas en la resolución de otorgamiento de la ayuda, debiendo acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad o proyecto o el cumplimiento del fin o propósito.

2. Comunicar por escrito a la Consejería competente las modificaciones que alteren o dificulten el desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda incrementarse.

3. Cumplir las normas mínimas, que en su caso les afecten, en materia de contratación, medioambiental, urbanística e higiénico sanitaria y contar, antes de que se realice el pago final, con todos los permisos, licencias y registros que sean preceptivos para el desarrollo normal de la actividad.

4. Conservar los originales de todos los documentos aportados ante la Consejería para la justificación de la ayuda hasta la finalización del período de durabilidad de las operaciones y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales, de la Unión Europea, y, en general, de los órganos de control cuando le sean reclamados.

5. Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de los documentos presentados para la justificación de la ayuda que se realice con posterioridad a dicha justificación, o intercambios comerciales que afecten a los mismos.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

7. Comunicar al órgano concedente las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales en el plazo legalmente establecido.

8. Llevar, bien un sistema de contabilidad separado, bien un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 123.2.b) i) del R(UE) 2021/2115.

9. Dar publicidad de la financiación de la actuación, en los términos que se establezcan en la convocatoria y de acuerdo con lo previsto en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2022/129 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, para los requisitos en materia de información, publicidad y visibilidad relacionados con la ayuda de la Unión y los Planes Estratégicos de la PAC.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa europea de aplicación, de acuerdo con lo establecido en estas bases y en la convocatoria correspondiente.

11. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse en cuanto se conozca y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

12. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

13. Los beneficiarios a que se refiere el artículo 2.2 d) de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, estarán obligados a cumplir con las obligaciones en materia de transparencia que se recogen para ellos en el Capítulo II del Título I de dicha norma, sobre publicidad activa.

14. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la propuesta económica más ventajosa.

15. Ejecutar los asesoramientos en los términos establecidos en las presentes bases reguladoras y según lo dispuesto en cada convocatoria.

16. Tras la publicación de la resolución de concesión de la convocatoria y en los períodos que se establezcan en la misma, las entidades beneficiarias deberán comunicar la relación de visitas efectuadas a las explotaciones a través del sistema informático que para ello ponga a disposición de las entidades la Consejería competente en materia de Medio Rural y Política Agraria.

17. Acreditar con anterioridad al cobro de la ayuda que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

Decimonovena.—Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y requisitos

1.—En caso de incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos y obligaciones, sean estas últimas condiciones o compromisos, establecidos en la resolución de concesión de subvención, en la correspondiente convocatoria o en las presentes bases reguladoras, el régimen de penalizaciones se aplicará de conformidad con el artículo 9 de la Ley 30/2022 de 23 de diciembre por la que se regula el sistema de gestión de la PAC y otras materias conexas y con el R. D. 147/2023, en concreto con el capítulo III del Título II, “Intervenciones del Feader fuera del Sistema Integrado de Gestión y Control”.

2.—La autoridad competente denegará íntegramente la ayuda solicitada en caso de que se determine que la persona beneficiaria ha facilitado datos o información incorrecta de manera intencionada con objeto de recibir la ayuda.

3.—La autoridad competente denegará íntegramente la ayuda solicitada en caso de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control por parte de la persona beneficiaria de las ayudas. Se entiende que existen estas circunstancias cuando la misma, debidamente notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de control.

4.—La autoridad competente podrá adoptar una reducción de hasta el 100% en caso de que se incumplan los requisitos y obligaciones, incluidos los aspectos medioambientales, exigidos para el acceso a una ayuda de la PAC o que no se facilite por negligencia la información necesaria para su gestión.

5.—Además, la persona beneficiaria podrá quedar excluida de la misma ayuda o intervención durante el año natural siguiente.

6.—Estas reducciones y exclusiones se realizarán de acuerdo con la debida proporcionalidad, según lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 59 del Reglamento (UE) 2021/2116, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, que modula adecuadamente este principio, y en los términos que se establezcan reglamentariamente.

7.—La determinación de las penalizaciones por incumplimiento de los criterios o los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones se realizará de acuerdo con una calificación previa de los mismos, de conformidad con lo previsto en el anexo R. D. 147/2023, que podrá ser: Excluyente, Básico, Principal, Secundario y Terciario. Se considerará que un incumplimiento es excluyente cuando el mismo no respete los criterios o requisitos de subvencionabilidad establecidos en la concesión y, en su caso, para el mantenimiento de la ayuda.

8.—En cuanto al cálculo de las penalizaciones, la ayuda se denegará o se retirará total o parcialmente en caso de que no se cumplan los compromisos establecidos, o, cuando proceda, otras obligaciones de la operación establecidas en la normativa de la Unión Europea, nacional o autonómica, o en el propio PEPAC, en particular, en materia de contratación pública o ayudas estatales, así como otras normas y requisitos obligatorios.

Para la calificación específica de los incumplimientos, se deberá valorar y evaluar los incumplimientos en función de la gravedad, alcance, persistencia, reiteración e intencionalidad de estos. Dicha calificación se llevará a cabo teniendo en cuenta el anexo del R. D. 147/2023 y se especificará en la Convocatoria.

9.—Si un mismo incumplimiento supone más de una penalización por los criterios o los requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, se aplicará la de mayor importe.

10.—Asimismo, si se observaran incumplimientos de los criterios o requisitos de subvencionabilidad, compromisos u otras obligaciones, cuando no se haya presentado la solicitud de pago, dichos incumplimientos se evaluarán conforme a lo indicado en los apartados anteriores para aplicar la penalización correspondiente.

11.—Las penalizaciones no tendrán el carácter de sanción, y serán compatibles con las sanciones que, en su caso, procedan.

12.—El procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, se atendrá a lo dispuesto en la base vigesimotercera relativa a incumplimiento de obligaciones y requisitos, revocación y reintegro, y régimen de sanciones.

Vigésima.—Modificaciones de la resolución de concesión

1.—Toda alteración de las condiciones, subjetivas y objetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

2.—A petición expresa debidamente justificada por el beneficiario, siempre que no se perjudiquen derechos de terceros y que se mantengan el objeto y finalidad que motivaron la concesión de la ayuda, podrá resolverse la autorización de modificación de las actuaciones aprobadas en la resolución de concesión.

3.—En todo caso la solicitud de autorización deberá formularse antes de que se haya iniciado la ejecución de los cambios para los que se pide la autorización y estará debidamente acompañada de los documentos que fuese obligado presentar conforme a lo exigido en la base décima. Serán denegadas las modificaciones que no cuenten con evaluación favorable del servicio instructor. El órgano competente para la concesión de la ayuda lo será también para su modificación.

4.—La resolución de modificación relacionará expresamente las actuaciones que dejan de ser objeto de ayuda, así como las que las sustituyen, el importe elegible de cada una de ellas y, en caso de que el coste de estas últimas fuese inferior al de las sustituidas, la cuantía de la ayuda que es objeto de revocación. En todo caso, nunca podrá incrementarse la cuantía de la ayuda concedida inicialmente.

5.—Si como consecuencia de la modificación se produjeran alteraciones que afecten a la puntuación otorgada en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud.

6.—No obstante, lo anterior, el órgano concedente podrá aceptar alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, puestas de manifiesto por el interesado en la justificación, sin que haya mediado solicitud de autorización previa, siempre que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y no suponga dañar derechos de terceros. La aceptación de dichas alteraciones no exime al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder.

Vigesimoprimera.—Procedimiento de justificación

1.—El beneficiario deberá realizar la solicitud de pago a la finalización de las actuaciones o, en su caso, al finalizar las correspondientes a cada anualidad. Las solicitudes se formalizarán en los plazos y de acuerdo con los modelos que se aprueben en la convocatoria correspondiente y se acompañarán la documentación que se señale en la convocatoria, que acredite que la actuación ha sido realizada y efectivamente pagada dentro de los plazos señalados.

2.—El plazo que establezca la convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago siempre deberá ser inferior a tres meses desde la finalización del período otorgado para la ejecución de las actividades subvencionadas.

3.—Para justificar cada asesoramiento será imprescindible que se hayan notificado al órgano gestor las dos visitas obligatorias en cada explotación conforme a lo dispuesto en el apartado 7 de la base Séptima.

4.—Transcurrido el plazo establecido de justificación sin presentarse esta, se requerirá al beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.

La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido comportará la pérdida de derecho al cobro total o parcial del a subvención, y la exigencia del reintegro en su caso.

5.—El plazo de presentación de cada solicitud de pago y de la documentación relacionada se establecerá en la convocatoria correspondiente. El incumplimiento de este plazo por razones imputables al beneficiario conllevará una penalización del 1% de la ayuda por día hábil de retraso en la presentación de la solicitud de pago o de la documentación relacionada.

6.—Las actuaciones destinadas a la ayuda deberán ejecutarse en la forma y plazos que se establezcan en la convocatoria.

7.—La justificación de la subvención se llevará a cabo en la modalidad de presentación de cuenta justificativa, conforme al artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuyo contenido mínimo vendrá constituido por:

a) Memoria de la actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Memoria económica del coste de las actividades que contendrá la justificación de los gastos efectuados. Se acreditará mediante:

— Relación clasificada de gastos llevados a cabo para desarrollar la actividad con identificación de acreedor y documento, fecha de emisión y fecha de pago.

— Aportación de facturas de prestación de servicios de asesoramiento contratados por la entidad.

— Nóminas del personal propio de la entidad dedicado a prestar los servicios de asesoramiento o a la coordinación de los mismos.

— Documentos TCs, liquidaciones de retenciones de IRPF y demás documentación acreditativa de los costes salariales en los que ha incurrido la entidad.

— Documentación acreditativa de los pagos efectivamente efectuados.

8.—Aquellos gastos de las entidades beneficiarias, que al final del período de presentación de solicitud de pago que hayan sido devengados pero no abonados como consecuencia de los plazos obligatorios de pago que establecen la normativa vigente en materia fiscal y de la tesorería de la seguridad social, se considerarán gasto subvencionable. Al objeto de garantizar dichos pagos hayan sido efectivamente realizados en los períodos establecidos al efecto, el órgano gestor podrá consultar por interoperabilidad que la entidad se encuentra al corriente de pago con la tesorería General de la Seguridad Social, la AEAT y el ente tributarios del Principado una vez finalizados los plazos de pago o bien requerir a las entidades beneficiarias que aporten acreditación de los pagos efectuados. En caso de no acreditarse el efectivo pago de dichos gastos en los plazos legalmente establecidos por la normativa fiscal y de la seguridad social se iniciará el correspondiente procedimiento de revocación y reintegro.

Vigesimosegunda.—Procedimiento de pago

1.—El pago de la ayuda se hará efectivo tras la certificación propuesta por el Servicio competente en materia de Desarrollo Rural, una vez que se haya acreditado la ejecución de las actuaciones y se hayan realizado los controles administrativos y sobre el terreno preceptivos.

2.—Control de subvencionabilidad de los gastos de la solicitud de pago: De conformidad con el artículo 51 del Real Decreto 147/2023. La autoridad competente examinará la solicitud de pago presentada por la persona beneficiaria y determinará los importes subvencionables y los que no lo son. Además, fijará:

a) El importe pagadero a la entidad beneficiaria en función de la solicitud de pago y la decisión de concesión. En caso de que el primero sea superior al segundo, el importe solicitado se ajustará al límite de la concesión.

b) El importe pagadero a la entidad beneficiaria tras el examen de subvencionabilidad del gasto que figure en la solicitud de pago.

3.—En el caso de que se prevea en la convocatoria, el beneficiario podrá solicitar el abono de un anticipo en los términos establecidos en el artículo 44 del Reglamento (UE) 2116/2021. En la convocatoria se deberán establecer las condiciones y documentación exigida.

Vigesimotercera.—Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y requisitos. Infracciones y sanciones. Revocación, reintegro.

1.—Procederá la revocación, y en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente percibidas, incrementadas con el interés de demora legalmente establecido, cuando con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas bases o en la convocatoria, o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

2.—De conformidad el artículo 3.19) del R. D. 1048/2022 de 27 de diciembre, serán de aplicación las causas de fuerza mayor previstas en el artículo 1105 del Código Civil, las del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021. El beneficiario o su derechohabiente notificará por escrito al órgano concedente de la ayuda, las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicho órgano, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de hacerlo.

3.—Lo señalado en los apartados precedentes deberá entenderse sin perjuicio de las reducciones y exclusiones establecidas en el Real Decreto 147/2023.

4.—Los incumplimientos en materia de publicidad por parte de los beneficiarios serán objeto de las oportunas reducciones en la liquidación final de los costes ejecutados, en porcentajes que oscilarán entre el 5%, en los casos más leves y cuya corrección pueda realizarse sin menoscabo de la debida publicidad y la anulación completa de la operación en casos excepcionalmente graves, flagrantes, irreversibles y trascendentes.

5.—En caso de detectarse incumplimientos se aplicarán los siguientes criterios de graduación que serán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente vaya a percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar:

— Si de entre los servicios controlados se detectase hasta un 5% de diferencia entre los datos registrados en la aplicación y los efectivamente comprobados se procederá a revocar la ayuda correspondiente a esos asesoramientos cuya carga se ha comprobado incorrecta.

— Si, de entre los servicios controlados, se detectase entre un 5 y un 30% de diferencia entre los datos registrados y los efectivamente comprobados, se aplicará una reducción del mismo porcentaje sobre la ayuda total concedida.

— Si, de entre los servicios controlados, se detectase entre un 30 y un 50% de diferencia entre los datos registrados y los efectivamente comprobados, se aplicará una reducción del 50% sobre la ayuda total concedida.

— Si, de entre los servicios controlados, se detectase más de un 50% de diferencia entre los datos registrados y los efectivamente comprobados, se aplicará una reducción del 100% de la ayuda concedida.

6.—Serán causas de reintegro total de la subvención:

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Las resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control previstos en la base decimosexta, así como el cumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales.

7.—Cuando se detecten diferencias de más del 10% entre el importe incluido en la solicitud de pago de una entidad beneficiaria y la subvencionabilidad de los gastos incluidos en su solicitud de pago se aplicarán las penalizaciones incluidas en el artículo 51 Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

8.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano concedente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del Servicio competente en materia de Desarrollo Rural, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

9.—En caso de detectarse infracciones y sanciones en materia de Transparencia será de aplicación el Régimen sancionador incluido en los artículos 16 a 26 de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

10.—Se podrán emplear los canales de denuncia que el Plan antifraudes de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 13-I-2022) contempla en su apartado 2.4.

11.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

12.—La determinación de las cantidades a reintegrar se efectuará de acuerdo con lo establecido en artículo 10 Ley 30/2022 de 23 de diciembre.

13.—En lo referente al régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de su desarrollo, y en los artículos 68 a 70 del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, y, específicamente para estas ayudas, por el Título II (Régimen sancionador en materia de ayudas de la política agrícola común) de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre.

Vigesimocuarta.—Seguimiento y control de las subvenciones.

1.—Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración General del Estado o del Principado de Asturias, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones solicitadas y concedidas, así como su evaluación y seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en Título III, Capítulo III Control de intervenciones y ayudas no incluidas en el sistema integrado de gestión y control, del R. D. 1047/2022.

2.—Para realizar dichas funciones se podrá utilizar cuantos medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

3.—Los solicitantes y los beneficiarios de ayudas están obligados a colaborar en el desarrollo de la actividad de control, proporcionando los datos requeridos, facilitando el acceso a las instalaciones y permitiendo el desarrollo del control. El incumplimiento de esta obligación conllevará, en su caso, la denegación de la solicitud de subvención o la revocación de la misma con reintegro de los pagos efectuados.

4.—Controles sobre el terreno de las solicitudes de pago: Las autoridades competentes llevarán a cabo controles sobre el terreno antes de que se abone el pago final. Los controles incluirán una verificación de:

a) Los criterios de subvencionabilidad, los compromisos y otras obligaciones que puedan comprobarse en el momento de la visita y que no hayan podido verificarse durante los controles administrativos.

b) La exactitud de los datos declarados por el beneficiario en relación con los documentos disponibles y los registros oficiales.

c) Las obligaciones de los beneficiarios en cuanto a información y publicidad de la ayuda, de acuerdo con lo indicado en la normativa correspondiente.

5.—Los beneficiarios no deberán poner ningún obstáculo a la realización de cuantos controles sean considerados necesarios, y deberán facilitar estos controles en todo momento. Si por parte del beneficiario o de su representante se impidiera la ejecución del control, se reflejará dicha circunstancia y se rechazará la solicitud correspondiente.

6.—Como norma general, y salvo que se especifique lo contrario en la correspondiente intervención o ayuda, los controles sobre el terreno se llevarán a cabo de acuerdo con un muestreo adecuado.

7.—Las comprobaciones realizadas en los controles sobre el terreno quedarán recogidas en las correspondientes listas de control o en informes de control, que garanticen su trazabilidad y su pista de auditoría.

Vigesimoquinta.—Publicidad y transparencia.

1.—Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Con esta publicidad se dará por cumplida la obligación en materia de Publicidad activa y relativas a información económica, presupuestaria y estadística señaladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018 de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

2.—Los datos relativos a los beneficiarios serán comunicados a la Unión Europea y al Ministerio de Agricultura y Pesca y serán publicados de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 y 99 del Reglamento (UE) n.º 2116/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común que remite al art. 49 del Reglamento 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021. Los datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación tanto de la Unión Europea como nacionales.

En Oviedo a 26 de febrero de 2024.—El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez.—Cód. 2024-01875.