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Boletín Nº 105 del jueves 02 de junio de 2022

AYUNTAMIENTOS

DE AVILÉS

Edicto. Aprobación definitiva de modificaciones y publicación del texto íntegro del Reglamento de control interno de la gestión económica del Ayuntamiento de Avilés, sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes.

Edicto

D.ª Raquel Ruiz López, Concejala Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Avilés,

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil veintidós, aprobó inicialmente modificaciones del Reglamento de Control Interno de la Gestión Económica del Ayuntamiento de Avilés, de sus Organismos Autónomos, y de las Entidades Dependientes.

El expediente se sometió a información pública durante un período de treinta días hábiles mediante anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 63 y en el tablón de anuncios de la Corporación, desde el 1 de abril de 2022 hasta el 18 de mayo de 2022.

Durante dicho período no se presentaron reclamaciones o sugerencias, por lo que, de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las modificaciones del Reglamento se consideran definitivamente aprobadas.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación del texto íntegro del referido Reglamento.

Avilés, a 20 de mayo de 2022.—La Concejala Responsable del Área de Hacienda y Administración General (P. D., Alcaldía de 22 de junio de 2019).—Cód. 2022-03890.

Reglamento de Control Interno de la Gestión Económica del Ayuntamiento de Avilés, de sus Organismos Autónomos y Entidades Dependientes

Exposición de motivos.

Título I. Disposiciones generales.

Título II. Función interventora.

Capítulo primero. Aspectos generales

Capítulo segundo. Fiscalización previa.

Capítulo tercero. Intervención formal de las órdenes de pago, intervención material del pago y fiscalización a posteriori.

Capítulo cuarto. Comprobación material de las inversiones.

Título III. Control financiero.

Capítulo primero. Aspectos generales.

Capítulo segundo. Instrucción de los informes de control financiero permanente y auditoría pública.

Título IV. Disposiciones.

Anexo I. Fiscalización previa limitada de gastos.

1. Expedientes de personal

2. Expedientes de contratación administrativa.

3. Expedientes de concesión de subvenciones y ayudas públicas.

4. Transferencias a entidades y organizaciones en las que participa el ayuntamiento.

5. Reconocimiento de obligación por expropiaciones.

6. Expedientes de reclamación patrimonial.

7. Entes instrumentales. Encargos a medios propios y servicios técnicos.

8. Expedición de ordenes de pago a justificar.

9. Cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Anexo II. Análisis de los riesgos de control y procedimientos de control mas relevantes.

1. Análisis de los riesgos de control.

2. Concepto y tipología de riesgos.

3. Evaluación de los riesgos en el ámbito del Ayuntamiento.

4. Evaluación de riesgos en el ámbito de entidades dependientes.

5. Evaluación de riesgos en el ámbito de los contratistas de servicio y de las concesionarias de servicios públicos.

6. Evaluación de riesgos en el ámbito de las subvenciones otorgadas.

7. Procedimientos de revisión relevantes.

8. Opciones metodológicas.

Reglamento de Control Interno de la Gestión Económica del Ayuntamiento de Avilés, de sus Organismos Autónomos y de las Entidades Dependientes

Exposición de motivos

I

El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL), artículos 213 a 222, regula las funciones de control interno, a realizar, en el caso del Ayuntamiento de Avilés, por su Intervención General.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en el marco de la reorganización de la actividad económico financiera en el sector público y al objeto de lograr un control económico-presupuestario mas riguroso, refuerza el papel de la función interventora de las Entidades Locales, cubriendo un vacío legal y haciendo posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público.

Este planteamiento tiene como consecuencia la necesidad de un reforzamiento de las estructuras y procedimientos en los que tradicionalmente se ha insertado el control interno en las Entidades Locales, que ha de aportar una mayor transparencia en la información económico-financiera sobre la base de la configuración del control interno en sus tres modalidades de: función interventora, control financiero permanente y la auditoría pública.

El ejercicio eficaz de dicho control interno no es solo una exigencia normativa, sino que también responde a una necesidad básica de toda administración pública y de todas las instituciones, órganos y personas que intervienen en la gestión de los fondos públicos, al objeto de dotar sus actuaciones de las adecuadas garantías.

La Ley otorga al órgano de control interno municipal diferentes instrumentos y procedimientos para el ejercicio de sus funciones. No obstante estos procedimientos deben disponer de un desarrollo normativo expreso en el ámbito de la entidad, pues de otra forma se deberá recurrir a normas dispersas o cuya aplicación inmediata no es pacífica.

El Ayuntamiento de Avilés ha venido llevando a cabo el control interno siguiendo las pautas de un modelo clásico que comprende la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, que se caracteriza por examinar especialmente la legalidad.

Si bien éste pretende ser un modelo exhaustivo respecto de la completa revisión, con carácter previo a su adopción, de todos los actos con contenido económico y respecto al control de legalidad, no resulta ser el mas idóneo para el ejercicio del control financiero a efectos de la evaluación, desde una óptica global, de los procesos y de la gestión financiera de la entidad, quedando, por tanto, sólo parcialmente cubiertas las funciones de control interno definidas en el TRLRHL.

El nuevo entorno y los nuevos modelos de gestión pública suponen una concepción distinta respecto de la actuación de control. Esta tendencia se ve reforzada por la pérdida de legitimidad que sufre el sector público, la cual se produce al orientar a las organizaciones a que sean mas operativas, si bien ello se traduce en una fragmentación de responsabilidades.

Los cambios en la concepción del control a los que nos referimos podemos sintetizarlos mediante la confrontación de las características del control que se ejerce tradicionalmente y las de la nueva forma de concebirlo.

Así en el primer caso prima el control formal de regularidad normativa, la supervisión de documentos y actos aislados cuyo objeto es la justificación y la detección de fraudes y los nuevos modelos de gestión pública suponen una concepción distinta respecto de la actuación de control, concebido con nuevos objetivos, entre los que se distingue el que no es un control exclusivo del cumplimiento de las formalidades, sus objetivos se orientan a dar fiabilidad a la información contable y la mejora de la gestión, la ampliación del objeto a la actividad descentralizada y empresarial, y la ampliación de su ámbito a entes administrativos, empresas públicas, beneficiarios de subvenciones etc.

De acuerdo con ello se hace necesario un nuevo planteamiento basado en lograr una gestión mas eficaz, homogénea y transparente de los órganos de control interno, garantizando mayor eficacia en el ejercicio de las funciones de control dada su importancia y repercusión en el interés general.

Es interés de este Ayuntamiento la mejora de los mecanismos de gestión y control interno y son muchas las razones que motivan la implantación de un modelo de fiscalización previa limitada, entre las que destaca la relevancia que adquiere el control financiero a que se hace referencia, ello en el marco de las actuales exigencias sociales que ponen el énfasis en la mayor calidad de la información de la gestión económico-financiera.

En consecuencia, por lo tanto, el motivo de la elaboración del presente texto reglamentario es describir un marco estable de actuación para el Órgano de control interno del Ayuntamiento de Avilés, sobre la base y el respeto de las Leyes y reglamentos vigentes, y dictar, en ejercicio de la capacidad autoorganizativa municipal y de las atribuciones en materia de control interno que la Ley asigna al Pleno corporativo, los procedimientos de actuación y el alcance de los mismos, ello con la finalidad de proporcionar una herramienta de trabajo que facilite la comprensión del procedimiento legal aplicable al ejercicio del control interno en un escenario y momento caracterizado por una creciente complejidad y dispersión normativa en la línea de garantizar y profesionalizar sus funciones.

II

Los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, encomienda al Gobierno regular los procedimientos y metodología de aplicación con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico presupuestario riguroso y reforzar el papel de la función Interventora en las Entidades Locales.

En el ejercicio de estas atribuciones se dicta el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Publico Local (BOE n.º 113, de 12 de mayo de 2017).

En la misma línea se orientan las iniciativas dirigidas a facilitar una mayor información al Pleno de la planificación y resultados de las actuaciones de control, así como de la elaboración de informes y todo ello redundará en un mayor conocimiento global de la situación económico- financiera y dotará de mayor operatividad a la programación de formación en materia de control.

No obstante la entrada en vigor, el 1 de julio de 2018, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno de las entidades del Sector Público Local, el artículo 219 del TRLRHL y el propio RD, otorgan facultades al Pleno municipal para definir el alcance de la fiscalización, la determinación de los gastos que se exceptúan de fiscalización previa, así como la determinación de los procedimientos de obligaciones de gasto que se someten a fiscalización limitada.

Esta reglamentación ha de asegurar un sistema complejo y cerrado que ofrezca la garantía de que la fiscalización limitada no supondrá una disminución del autocontrol de la gestión de gastos. Así, la implantación de un sistema de fiscalización plena posterior o control financiero permanente tiene por objeto garantizar que los órganos gestores han actuado con absoluto respeto a las normas y a los principios generales de la buena gestión financiera.

La aprobación de este Reglamento se realiza a propuesta de la Intervención General del Ayuntamiento de Avilés, de acuerdo con las competencias que el artículo 219 del TRLRHL otorgan al Pleno municipal.

III

Desde el punto de vista de su contenido, el presente reglamento se estructura en veinticinco artículos, ordenados en cuatro títulos, y dos anexos.

En el título I se perfilan las reglas de tipo general aplicables, alcance objetivo y subjetivo, modalidades y principios del ejercicio del control interno, así como los deberes y facultades del órgano interventor.

En el título II se desarrolla la función interventora y se estructura en cuatro capítulos.

El capítulo primero recoge los aspectos generales y el contenido de la función interventora.

El capítulo segundo regula el contenido y alcance de la fiscalización previa con determinación de los actos exentos de fiscalización previa, actos sujetos a fiscalización previa plena y la regulación de los actos sujetos a fiscalización previa limitada, resultados de la fiscalización, tramitación de reparos para poder elevar la resolución de las discrepancias al órgano competente y la regulación de procedimiento en los supuestos de omisión de la fiscalización.

El capítulo tercero refleja la intervención formal de las órdenes de pago, intervención material del pago y los aspectos generales de la fiscalización plena posterior.

El capítulo cuarto se destina a la comprobación material de las inversiones.

El título III es el referido a la modalidad de Control financiero, debe destacarse que se introducen importantes novedades debido al inexistente desarrollo sobre esta materia en el ámbito local. Se estructura en dos capítulos.

El capítulo primero se destina a regular los aspectos generales, ámbito de aplicación y objetivos, así como las formas de su ejercicio, y las normas generales a seguir para determinar el Plan anual de control financiero. Como aspecto mas importante es de destacar que en el texto se desarrolla la necesidad y obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada planificación del control financiero, introduciendo como requisito básico que el órgano interventor elabore un Plan anual de control financiero, del que deberá dar cuenta a la Alcaldía, así como de las alteraciones o modificaciones que se produzcan. Dicho Plan se elaborará sobre la base de un análisis de riesgos y teniendo en cuenta los medios personales y económicos disponibles.

En el capítulo segundo se determinan los procedimientos para la elaboración de los informes, su estructura y contenido, así como los destinatarios de los mismos y el Plan de Acción.

Por su parte el título IV establece una disposición final relativa a la adaptación de esta norma a la normativa vigente y en su disposición final segunda se regula el régimen de vigencia.

Contiene un anexo I cuyo objeto es determinar los aspectos esenciales, y aquellos otros que adicionalmente se consideran necesarios, para su examen y verificación en el trámite de fiscalización previa limitada.

Se incluye un anexo II destinado a encuadrar las bases que inicialmente se tendrán en cuenta en la evaluación de los riesgos de control y hace referencia a los aspectos mas relevantes de los procedimientos de revisión.

Título I.—Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.

1. El objeto de éste reglamento es la ordenación del control interno de la gestión económica del Ayuntamiento de Avilés, de las entidades dependientes y de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas otorgadas. El Control Interno se ejecutará en su triple acepción de función interventora, control financiero y control de eficacia.

2. Corresponde a la Intervención General la emisión de los informes preceptivos que las normas le asignan y atribuyen, los cuales se elaborarán de acuerdo con el alcance, contenido y finalidad que las normas requieran. Estos informes son independientes del ejercicio de la fiscalización y no están sometidos al procedimiento contradictorio que se determina en el artículo 3.º.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación y modalidades del control interno.

1. A los efectos de éste reglamento, se considera entidad dependiente aquella que quede adscrita al Ayuntamiento de Avilés a los efectos del Sistema Europeo de Cuentas. En este sentido se tendrán en consideración las entidades que figuran como dependientes del Ayuntamiento en el Inventario de Entidades del Sector Público Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Estarán sometidos al control interno de la Intervención General, en la triple acepción de función interventora, de control financiero y control de eficacia, el Ayuntamiento y sus organismos autónomos, de acuerdo con el alcance, los procedimientos y las técnicas que se desarrollan en este reglamento.

3. Conforme lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los consorcios adscritos al Ayuntamiento de Avilés estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de este Ayuntamiento, por lo que quedarán sometidos al régimen de control interno con el mismo alcance del punto 2 anterior. Dichas funciones de control interno se ejercerán por la Intervención General del Ayuntamiento cuando se haya previsto en los Estatutos u otras normas o cuando las funciones le hayan sido encomendadas por otros acuerdos expresos.

4. Se someterán al control interno de la Intervención General, en su modalidad de control financiero, auditoría pública, las sociedades mercantiles, las fundaciones y otras entidades con participación mayoritaria, no incluidas en los apartados anteriores las cuales se hayan clasificado como dependientes por control efectivo del Ayuntamiento según lo mencionado en el punto 1 anterior.

5. Las referencias hechas al Ayuntamiento en este Reglamento son extensibles a sus Organismos Autónomos y entidades dependientes, ajustándose a las características específicas de su organización estatutaria.

Artículo 3.—Principios del ejercicio del control interno.

1. La Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de control interno, está sometida a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio.

2. El control interno de la Intervención General se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entes, cuya gestión sea objeto de control. A tales efectos, los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades.

3. El órgano de control interno dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes.

4. El órgano interventor de la Entidad Local dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, este centro dará cuenta al Pleno, de los resultados que por su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, y le informará sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto.

5. El procedimiento contradictorio implica que la opinión del órgano de control debe ser contrastada con la opinión del órgano gestor, garantizando así que el órgano competente que debe adoptar la decisión tenga conocimiento de ambas.

Artículo 4.—Ejercicio del control interno.

1. Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora, así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.

2. La entidad local deberá garantizar y adoptar las medidas necesarias para la defensa jurídica y protección del personal controlador en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno.

3. Las personas referidas en el punto uno anterior deberán guardar el debido sigilo con relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

4. Cuando en la práctica de un control, el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:

a) Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el Procedimiento ordinario aplicable.

b) En el caso de hechos que pudieran ser constitutivas de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley, dará traslado de las actuaciones al órgano competente.

c) En los restantes casos, no comprendidos en los epígrafes a) y b) anteriores, se estará con carácter general a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y en la Ley 7/1988, del 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

5. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes y responsables de los servicios, los Jefes o Directores de entidades públicas, Organismos autónomos y sociedades mercantiles locales y quienes en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del órgano interventor, toda clase de datos, informes o antecedentes, deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas, con trascendencia para las actuaciones de control que desarrolle.

6. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, el órgano interventor de la Entidad Local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrá recabar directamente de los distintos órganos de la entidad local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte.

7. La Intervención General podrá delegar todas o parte de sus funciones en un/a Interventor/a delegado/a, que podrá designar entre el personal de la Intervención o entre personal de los entes dependientes.

8. Para la realización de las funciones de control posterior y control financiero de los servicios, entes dependientes, beneficiarios de subvenciones y concesionarios, si los medios personales de la Intervención General no son suficientes, podrán ser contratados profesionales de empresas externas, los cuales actuarán bajo la dirección y supervisión de la Intervención General.

9. Las sociedades mercantiles dependientes que, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional Primera de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, tengan la obligación de auditarse podrán ser objeto de control financiero en la modalidad de auditoría pública de cumplimiento de legalidad y auditoría operativa.

10. Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control.

Título II.—Función interventora

Capítulo primero.—Aspectos generales

Artículo 5.—Contenido de la función interventora.

1. Según el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), la función interventora o acto fiscalizador tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de la corporación y de sus organismos autónomos que conlleven el reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que se deriven, recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, a fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones normativas aplicables a cada caso.

2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a) La intervención crítica o fiscalización previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores. Comporta la facultad de la Intervención General de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte la resolución correspondiente, que las obligaciones se ajustan a la Ley o a los negocios jurídicos suscritos por los órganos competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado su prestación correlativa.

b) La intervención formal de la ordenación de pago, es decir, verificar la correcta expedición de las órdenes de pago a favor de los terceros correspondientes.

c) La intervención material del pago, es decir verificar que el órgano competente ha dispuesto el pago y que se realiza a favor del perceptor y por el importe establecido.

d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

Capítulo segundo.—Fiscalización previa

Artículo 6.—Alcance de la fiscalización previa.

Los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores pueden ser, según sus características, clasificados en:

a) No sujetos a fiscalización previa.

b) Sujetos a fiscalización previa plena.

c) Sujetos a fiscalización previa limitada.

Artículo 7.—Actos no sujetos a fiscalización previa.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 219.1 del R. D. L. 2/2004, no están sujetos a fiscalización previa los gastos siguientes:

a) Los gastos de material no inventariable. A efectos de esta clasificación se tendrá en cuenta las definiciones contenidas en los procedimientos de gestión patrimonial del Ayuntamiento.

b) Los contratos menores.

c) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo cuando haya sido fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato de que deriven o sus modificaciones.

d) Otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivas mediante los anticipos de caja fija.

2. De acuerdo con el artículo 219.4 del R. D. L. 2/2004, se sustituye la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad. La toma de razón en contabilidad se hará en los términos de la Regla 38 de la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/ 1781/2013, a partir de la información que consta en los soportes documentales de las operaciones.

Artículo 8.—Actos sujetos a fiscalización previa plena.

Los expedientes sujetos a fiscalización previa plena en las fases de autorización (A) y disposición del gasto (D) son:

a) Los que puedan suponer la realización de gastos, que deben ser aprobados por el Pleno u órgano equivalente competente con un quórum especial.

b) Aquellos otros expedientes que así lo determine la legislación sectorial aplicable en cada momento.

Artículo 9.—Actos sujetos a fiscalización previa limitada.

1. Están sujetos a fiscalización previa limitada todos los expedientes, actas o documentos no señalados en los dos artículos anteriores.

2. La fiscalización previa limitada se limitará a comprobar los siguientes aspectos esenciales:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer, teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica que constan en las bases de ejecución del presupuesto. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gasto con carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo previsto en el artículo 174 del R. D. L. 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

b) Que los gastos se generan por el órgano competente.

c) La evaluación de la sostenibilidad, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en aquellos expedientes que correspondan a competencias impropias, en los términos del artículo 7.4 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, según modificación introducida por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad financiera.

d) Existencia de informe propuesta suscrito por el Jefe del servicio conforme con lo previsto en el artículo 172 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo reglamento, que contenga las manifestaciones mínimas que se requieren en las bases de ejecución presupuestaria y que conste propuesta del Concejal/a Delegado/a, Alcalde/sa o Presidente/a.

3. Se comprobarán también aquellos otros aspectos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, constan detallados en el anexo I de este Reglamento de Control Interno (RCI).

4. La Intervención General podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que éstas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos sobre la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.

5. En todos estos supuestos los órganos gestores estarán obligados a cumplir todos los trámites y formalizar todos los documentos exigidos por la normativa vigente. La Intervención comprobará la existencia de estos trámites y/o documentos en la fiscalización que efectuará a posteriori o a través del control financiero.

6. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada previa de este artículo serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. Dichas actuaciones se llevarán a cabo en ámbito del control financiero permanente regulado en el artículo 18 de este reglamento.

Artículo 10.—Instrucción de los expedientes sujetos a fiscalización previa.

1. La Intervención, para todos aquellos expedientes que estén sometidos a fiscalización previa limitada o fiscalización previa plena, deberá recibir el expediente electrónico completo, foliado y autentificado, con una antelación de 10 días hábiles antes de la fecha de la convocatoria del órgano colegiado competente o de la fecha de resolución del órgano unipersonal. En el caso de tramitación de urgencia, debidamente motivada, o cuando se aplique el régimen de fiscalización previa limitada, el plazo se reducirá a 5 días hábiles.

El expediente estará completo cuando contenga ordenados todos los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa y las diligencias encaminadas a ejecutarla, y debe garantizarse su integridad e inmutabilidad, de conformidad con lo requerido en el artículo 70 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En caso de que la Intervención, conforme lo previsto en el artículo 4.1, requiera asesoramiento jurídico o los informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos que sean precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, se suspenderán los plazos mencionados en el párrafo superior e informará de esta circunstancia al órgano gestor.

3. Si el expediente estuviera falto de uno o varios documentos esenciales que imposibiliten el ejercicio de la fiscalización previa con el alcance determinado para cada caso, o imposibiliten la fiscalización condicionada que se describe en el artículo posterior, la Intervención los solicitará al centro gestor, mediante diligencia motivada. Los centros gestores dispondrán de cinco días hábiles para remitir la documentación solicitada a la Intervención o, en su caso, responder al requerimiento anterior. Transcurrido el plazo sin respuesta del servicio, el expediente será devuelto por la Intervención sin más trámite.

Artículo 11.—Resultado de la fiscalización previa.

1. Si la Intervención General considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad en el expediente sin necesidad de motivarla. Cuando la fiscalización previa sea limitada deberá hacer constar este hecho en el informe.

Cuando la fiscalización de conformidad que se haya llevado a cabo tenga un alcance limitado atendiendo a lo regulado en el artículo 9 anterior, se podrá indicar esta circunstancia en la diligencia en los siguientes términos: “intervenido y conforme con el alcance de la fiscalización previa limitada del artículo 9 del Reglamento de Control Interno de la Ayuntamiento de Avilés de acuerdo con los términos establecidos en el anexo I del mismo”.

2. Cuando el órgano interventor esté en desacuerdo con la forma o el fondo de los actos, documentos o expedientes examinados, formulará sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Estos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente. Deberán referirse necesariamente a uno o varios aspectos de los que conforman el alcance de la fiscalización previa cuando esta sea limitada.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 216.2 del TRLRHL, el reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea resuelto cuando:

a) Se basen en la insuficiencia de crédito o cuando el propuesto no se considere adecuado.

b) No hayan sido fiscalizados los actos que originen las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que sean esenciales.

d) La objeción derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Artículo 12.—Tramitación de los reparos.

1. Cuando el órgano gestor al que se dirijan los reparos lo acepte, deberá solucionar las deficiencias observadas y remitirá de nuevo las actuaciones a la Intervención.

2. Cuando el centro gestor no acepte el reparo formulado, planteará discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. Corresponderá al Presidente de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.1 del R. D. L. 2/2004 TRLRHL, resolver la discrepancia cuya resolución será ejecutiva. Esta facultad no será en ningún caso delegable.

3. No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:

a) Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

4. Si perjuicio de lo anterior, el Alcalde podrá elevar su resolución a la Intervención General del Gobierno del Principado de Asturias.

5. La resolución de las discrepancias contrarias a los reparos efectuados por la Intervención permitirá que continúe con la tramitación del expediente fiscalizado. No obstante, en la parte dispositiva de la resolución administrativa deberá hacerse referencia expresa a la resolución de la discrepancia.

6. Mensualmente, la Intervención General elevará un informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Alcalde contrarias a los reparos efectuados. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. El Presidente de la Corporación podrá presentar al Pleno informe justificativo de su actuación.

7. El informe anterior, junto con los informes justificativos presentados por la Corporación, se remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas.

Artículo 13.—Omisión de la fiscalización de intervención.

1. En los supuestos en que, según las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubieses omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva la omisión mencionada en los términos previstos en éste artículo.

2. Conocida la omisión por la Intervención, comunicará al centro gestor la suspensión del procedimiento y le devolverá las actuaciones o acto para que elabore una memoria que incluya una explicación de la omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa. Este informe, emitido por el responsable del centro gestor, conformado por el Concejal Delegado que corresponda, deberá manifestarse, al menos, sobre los siguientes puntos:

a) Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo.

b) Fecha y período de realización.

c) Importe de la prestación realizada.

d) Manifestación que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y que su precio se ajusta al mercado.

e) Referencia a que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados en el mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.

f) Aplicación presupuestaria con cargo a la cual se propone imputar el gasto.

g) En los casos de imputación al presupuesto del ejercicio corriente, mención que no hay impedimento o limitación a esta aplicación del gasto en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida durante todo el año en curso.

h) De no haber dotación presupuestaria en el presupuesto, se informará sobre la tramitación de la modificación de crédito oportuna.

3. A la vista de la memoria elaborada por el Centro Gestor, la Intervención General emitirá preceptivamente un informe, que se incorporará al expediente. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto como mínimo los siguientes aspectos:

a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que se hubieran puesto de manifiesto si se hubiera sometido el expediente a intervención previa en el momento oportuno.

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes.

c) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.

d) La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

4. El expediente se remitirá al órgano competente para que adopte la resolución procedente. En todo caso, para que la obligación sea satisfecha necesitará ser convalidada, convalidación que se tramitará atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o acudir a la vía de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la administración, como consecuencia de haberse podido producir un enriquecimiento injusto en su favor. La resolución favorable por parte del Órgano de Gobierno no eximirá la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

5. Se entiende que la Intervención General tiene conocimiento de un expediente cuando se le ha remitido para ser fiscalizado, sin que tenga efecto la presencia de la Intervención en un órgano en que se adopte un acuerdo con omisión de la fiscalización.

Capítulo Tercero.—Intervención formal de las órdenes de pago, intervención material del pago y fiscalización a posteriori

Artículo 14.—Intervención formal de la ordenación del pago e Intervención material del pago.

1. La Intervención formal de la ordenación del pago tiene por objeto.

a) Verificar que las órdenes de pago son dictadas por el órgano competente.

b) Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de los documentos o de la certificación de los actos y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones. En el supuesto de que las órdenes de pago se tramiten por medios informáticos, se entenderá que se ajustan al reconocimiento de la obligación cuando las órdenes derivan de operaciones O contabilizadas definitivamente por la Intervención.

c) Que se acomodan al plan de disposición de fondos aprobado.

2. Cuando no se cumplan los requisitos anteriores, la Intervención General formulará la objeción pertinente motivada y por escrito, la cual suspenderá la tramitación de la orden de pago hasta que la misma se resuelva.

3. La Intervención material del pago tendrá por función garantizar que las salidas de fondos a favor de los preceptores y por los importes establecidos derivan de órdenes de pago debidamente emitidas, que se identifica el perceptor y que se hayan sometido a la intervención formal de la ordenación del pago. En caso de que el pago material se tramite por medios informáticos, se entenderá que cumple los requisitos indicados cuando deriven de operaciones P contabilizadas.

4. También se ejercerá la intervención material del pago en aquellos movimientos de fondos que comporten su disposición en favor de cajeros y habilitados facultados legalmente para realizar pagos a acreedores, mediante los procedimientos de pagos a justificar y de anticipos de caja fija, e instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.

5. Si la Intervención General considera que se cumplen los requisitos anteriores firmará los documentos que autoricen la salida de fondos y valores. Si no lo encuentra conforme, formulará la objeción pertinente motivada y por escrito, la cual suspenderá el pago material hasta que la misma se resuelva.

6. La intervención formal y material de los pagos se podrá ejecutar en un solo acto siempre que el expediente disponga de los datos y documentos suficientes.

Artículo 15.—Fiscalización plena posterior.

Todos los expedientes, actas, documentos que han producido derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos o valores, y que no han sido sometidos a fiscalización previa plena, serán objeto de fiscalización plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, todo ello de conformidad con el artículo 219.3 del R. D. L. 2/2004. Dichas actuaciones se ejecutar en forma de control financiero permanente integrándose en el plan de control que, para cada ejercicio, dicte la Intervención General de conformidad con el artículo 19 de este reglamento.

Capítulo cuarto.—Comprobación material de las inversiones

Artículo 16.—Comprobación material de las inversiones.

1. La intervención y comprobación material de las inversiones se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

2. La comprobación material de la inversión tendrá por objeto la verificación de la adecuación de las obras, servicios y adquisiciones realizados con las condiciones generales y particulares establecidas en los respectivos contratos y documentos que hayan servido de base para la contratación.

3. La intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interventor. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material.

4. Los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o a quien el mismo designe, su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

5. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o a quien el mismo designe, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate

6. Se entenderá por importe de la inversión el precio de adjudicación del contrato: No será necesaria la solicitud de representante de la IG cuando el objeto no sea susceptible de inspección física en el acta de recepción o comprobación material. Cuando se realicen entregas parciales, cada una de ellas será objeto de solicitud y recepción independiente, siempre que el precio global del contrato exceda del importe estipulado.

7. Cuando por la naturaleza de la inversión se aprecien circunstancias que lo aconsejen, por resultar de mayor complejidad o imposible comprobación una vez finalizada, los órganos gestores podrán solicitar de la IG las comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, la prestación de los servicios o la recepción de bienes adquiridos mediante contrato de suministro.

Título III.—Control financiero

Capítulo primero. Aspectos generales

Artículo 17.—Ámbito de aplicación y objetivos.

1. El control financiero se ejercerá sobre:

a. Los servicios de la Corporación.

b. Organismos autónomos locales.

c. Las sociedades mercantiles dependientes.

d. Concesionarios de servicios, concesionarios de obra pública y concesiones demaniales.

e. Beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.

f. Las demás entidades contenidas en el artículo 2.4 de esta norma.

g. Se ejercerá igualmente el control financiero en aquellas actuaciones que legalmente se le exija al Órgano de control, como la auditoría de sistemas del registro contable de facturas que requiere el artículo 12.3 de La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

2. El control financiero informará sobre:

a. La presentación adecuada de la información financiera.

b. El cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación.

c. Los grados de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

d. Que la actividad económico financiera se ajusta a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contables, organizativo y procedimental.

3. El control de eficacia regulado en el artículo 221 TRLRHL, así como la comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones previstas en el artículo 214.2 TRLRHL, podrá ejecutarse conjuntamente con el control financiero, para lo que podrá disponerse un sistema de muestreo. Sin perjuicio de lo anterior podrá disponerse un sistema de muestreo para la comprobación material de cualquier otro gasto.

4. El control posterior de derechos e ingresos se realizará sobre la gestión de los tributos y la recaudación de los ingresos, los ingresos gestionados por las concesionarias de servicios y la gestión de las tasas, precios públicos y tarifas vinculadas a los servicios de ordenación vial.

Artículo 18.—Formas de ejercicio del control financiero.

1. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, tanto en su modalidad de control financiero permanente como en el de auditoría pública.

2. El control financiero permanente se ejercerá de forma continuada especialmente sobre el Ayuntamiento y entidades sometidas a la función interventora, conforme lo detallado en el artículo 2.

3. Aquellos ámbitos de control que no sean objeto de control financiero permanente lo serán de procedimientos de auditoría pública que será ejecutada de forma sistemática y con posterioridad.

4. En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas vigentes de control financiero y auditoría pública aplicables a las entidades locales y, en su defecto y subsidiariamente, las dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 19.—Plan anual de control financiero.

1. La Intervención General determinará anualmente el Plan anual de Control Financiero que recogerá las actuaciones de control financiero permanente y de auditoría pública a realizar durante el ejercicio. De dicho plan dará cuenta a la Alcaldía.

2. El Plan podrá ser modificado por causas justificadas, siguiendo el procedimiento anterior, en virtud de nuevas necesidades fruto de mandato legal o de resultado de hechos observados, nuevos ámbitos subjetivos sometidos a control, insuficiencia de medios u otras causas que lo motiven.

3. La Intervención General para la formulación del plan de control financiero anual tendrá en cuenta:

a. Aquellas que imperativamente deban ejecutarse por obligación legal.

b. Los resultados de un análisis de riesgos coherente con los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades establecidas para cada ejercicio.

c. El resultado de los controles financieros de los ejercicios anteriores.

d. El diseño de los procedimientos administrativos y de la fiabilidad de sus sistemas de control interno.

e. La naturaleza de las actividades sometidas a control.

f. Las situaciones especiales que puedan influir en la fiscalización.

g. La importancia relativa de las operaciones.

h. Los medios personales y económicos disponibles.

Capítulo Segundo.—Instrucción de los informes de control financiero permanente y auditoría pública.

Artículo 20.—Emisión de los informes.

1. La Intervención General elaborará el proyecto de informe que se derive de los trabajos y las actuaciones realizadas, el cual tendrá carácter provisional.

2. El proyecto de informe elaborado por la Intervención se trasladará a los centros gestores, entes dependientes o sujetos auditados, para que éstos, en el plazo de 15 días hábiles, desde la recepción del informe hagan las alegaciones que estimen oportunas.

3. Una vez evaluadas las alegaciones presentadas por los centros gestores o entes dependientes, la Intervención emitirá el informe definitivo, que remitirá a la Alcaldía. Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 219.3 y 220.4 TRLRHL, los informes se remitirán al Pleno corporativo y se incluirán en la Cuenta General en anexo separado.

Artículo 21.—Publicidad de los informes y Plan de Acción.

De los informes definitivos de control financiero se dará la publicidad que exigen las normas vigentes y aquella que ordene la Alcaldía.

El Presidente de la Corporación formalizará un Plan de Acción que determine las medidas a adoptar de conformidad, y con el procedimiento, que se determina en el artículo 38 del R. D. 424/2017, de 28 de abril.

Artículo 22.—Estructura y contenido de los informes.

Sin perjuicio de instrucciones específicas, los informes de control financiero, deberán tener el contenido básico con los epígrafes que a continuación se indican:

a) Introducción. Se indicará la competencia para realizar el control financiero y el órgano que emite el informe.

b) Consideraciones generales: Se hará una breve referencia a la actividad del ente que es objeto de control o a su estructura organizativa. En el caso de que el control financiero se ejerza sobre perceptores de las subvenciones o ayudas, se destacarán las características de las mismas y la normativa reguladora básica.

c) Objetivo y alcance del trabajo: Se reflejará el objetivo genérico y los objetivos particulares del control, así como el alcance del trabajo (áreas, período, cuentas examinadas, procedimientos, etc.). Se expondrán las limitaciones al alcance que se han encontrado y su trascendencia para el cumplimiento de los objetivos del control. En el caso de no existir ninguna, se hará constar esta circunstancia.

d) Resultados del trabajo: Se indicarán los resultados del control, reflejando la evidencia y los hechos constatados como consecuencia de las pruebas realizadas en relación a los objetivos del control financiero.

e) Conclusiones generales: Se destacarán los aspectos más significativos de los resultados obtenidos, distinguiendo, cuando proceda, las distintas áreas de trabajo, Se incluirá la opinión del órgano de control en relación con los objetivos del control financiero. Se reflejarán de forma independiente las conclusiones de auditoría financiera, que incluirán la opinión sobre las cuentas, de aquellas otras relativas al cumplimiento de la legalidad o a la gestión.

f) Recomendaciones: En su caso, se propondrán las posibles medidas a adoptar para corregir las debilidades y defectos puestos de manifiesto y si fuera procedente se propondrá al órgano gestor que realice las actuaciones tendentes a la recuperación de cantidades indebidamente percibidas o justificadas. No obstante, cuando la naturaleza del trabajo lo requiera se podrá incluir un único apartado que comprenda las conclusiones y recomendaciones.

g) Alegaciones: Se incluirá el escrito de la entidad o ente controlado. No obstante, en el caso de que transcurrido el plazo para alegaciones éstas no se hayan recibido, se podrá destacar esta situación en el apartado de Introducción del Informe.

h) Observaciones a las alegaciones: Cuando el órgano interventor actuante, a la vista-de las alegaciones recibidas, considere necesario modificar el informe provisional o efectuar alguna matización a los hechos puestos de manifiesto, a las conclusiones o a las recomendaciones contenidas en el informe, se incluirá una sección independiente en la que de forma concisa y motivada se expondrá la opinión del órgano de control.

Artículo 23.—Procedimientos de fiscalización.

La ejecución de las pruebas y procedimientos de auditoría requerirá de la previa elaboración de los preceptivos programas de trabajo que deberán desarrollar los procedimientos que se especifican para cada ámbito subjetivo del control posterior.

Estos procedimientos se completarán para quien ejecute el control posterior cuando se observen operaciones o transacciones de relevancia o significación incluyéndose la revisión de las que no estén específicamente previstas en los procedimientos detallados.

Igualmente, se adaptarán o se propondrán alternativas cuando las circunstancias y características del servicio o de la entidad a fiscalizar lo hagan necesario, justificando adecuadamente las razones que motivan la decisión.

Artículo 24.—Singularidades del procedimiento en los casos de contratación externa.

Si los medios personales y materiales de la Intervención General no son suficientes para la ejecución de los trabajos que se proponen se requerirá de la contratación de equipos profesionales adecuados, con formación específica en la materia, necesaria y suficiente para llevar a cabo uno o varios de estos controles.

Por este motivo, el alcance del Plan anual se ajustará, a las consignaciones presupuestarias que se hayan habilitado en el presupuesto de estos ejercicios.

En cualquier caso, la dirección de los trabajos corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento, quien directamente o a través del funcionario que designe al efecto realizará las actuaciones necesarias para la coordinación, verificación, revisión y recepción de los servicios contratados.

Los auditores privados contratados para colaborar con la Intervención General deberán someterse a la misma, en la planificación de los trabajos, el plan global de auditoría que incluirá necesariamente la determinación de los criterios de importancia relativa (materialidad) que se tomarán en consideración en el desarrollo de los trabajos y en la emisión de los informes, así como su justificación. La Intervención podrá modificar o corregir el plan global de auditoría en todo lo que considere necesario, incluidos los criterios de materialidad y programas de trabajo, a fin de adaptar el contenido del trabajo a los requerimientos que son exigibles en una auditoría pública.

Corresponderá al auditor contratado la ejecución de las pruebas necesarias para satisfacer los objetivos de los trabajos, siguiendo los programas de trabajo que se fijen en la planificación de los mismos.

Igualmente, corresponderá al auditor contratado la preparación del proyecto de informe que se prevé en el art. 20.1, el cual se someterá a la supervisión y consideración de la Intervención General.

Cuando una entidad auditada presente alegaciones a los informes provisionales de control financiero, corresponderá al auditor contratado la revisión de las mismas y la emisión de las observaciones que sean necesarias.

Las conclusiones del auditor contratado deben estar soportadas en los papeles de trabajo y documentación soporte obtenidos como consecuencia de la ejecución material del trabajo realizado, que contengan evidencia suficiente, pertinente y válida, obtenida de la aplicación y evaluación de las pruebas de auditoría que se hayan realizado para obtener una base de juicio razonable.

Los papeles de trabajo estarán a disposición de la Intervención General durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar copia de los mismos y el resto de documentación soporte cuando se haya dado conformidad al borrador de informe.

Artículo 25.—Programación de las actuaciones de control posterior y control financiero.

Las actuaciones previstas en el plan anual que se diseñe deben poder ser aplicadas durante la vigencia del mismo, salvo las relativas al control financiero de los contratistas y de los concesionarios de los servicios así como los beneficiarios de subvenciones, que se condiciona a las disponibilidades presupuestarias para poder ser abordadas.

La elección se hará de forma motivada con el objetivo de obtener la evaluación más eficaz de los procedimientos que se revisan.

Al objeto de completar el control posterior y el control financiero del Ayuntamiento, en ejercicios posteriores el Plan de control posterior y de control financiero adoptará actuaciones que continúen y complementen las programadas para este ejercicio con las siguientes consideraciones:

— Control posterior y control financiero de los servicios municipales. Se ejecutará el control posterior de los derechos y de los gastos exentos de fiscalización previa.

Se llevará a cabo un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones formuladas como consecuencia de la ejecución de este plan.

— Control financiero de los entes dependientes. El procedimiento previsto se ejecutará de forma continuada para cada ejercicio cerrado.

— Control de contratistas y concesionarios de servicios. En función de la disponibilidad presupuestaria se ejecutarán los controles con una periodicidad no inferior a tres años.

En su caso, en el ejercicio inmediato posterior al de ejecución de un control financiero se podrá realizar una actuación limitada que tendrá como finalidad revisar el seguimiento de las observaciones que se hayan detectado o la aplicación de las recomendaciones formuladas.

— Control financiero de beneficiarios de subvenciones. Se ejecutarán anualmente en el número posible atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

Se ejecutará de forma que, al menos en los próximos tres años todos los beneficiarios de las subvenciones nominativas de mayor importe hayan sido fiscalizadas, así como subvenciones contenidas en los diferentes servicios y convocatorias.

Título IV.—Disposiciones

Disposición final primera

Cualquier modificación de la normativa estatal o autonómica que comporte la necesidad de adaptar este reglamento de control interno de la gestión económica se entenderá de aplicación inmediata, y se considerará automáticamente adaptado a los cambios producidos. La Alcaldía podrá aprobar las Instrucciones correspondientes a propuesta de la Intervención General.

Disposición final segunda

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y su vigencia se mantendrá hasta su modificación o derogación.

Anexo I

FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA DE GASTOS

Sobre los gastos que se deben fiscalizar previamente de manera limitada, se revisarán los puntos que se detallan en el artículo 9.2 y, adicionalmente, los aspectos que se detallan a continuación:

1. Expedientes de personal.

1.1. Acceso de personal laboral y funcionario.

a. Existencia de bases de la convocatoria.

b. Informe del responsable de Recursos Humanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Que el puesto o puestos de trabajo a cubrir figuran detallados en la relación de puestos de trabajo, están vacantes o cubiertos de forma interina, así como la relación de éstos a la plantilla dotada presupuestariamente. En su caso, justificación por la que el contrato a celebrar no se encuentra incluido en la relación de puestos de trabajo.

— Que el procedimiento seguido se ajusta a los requisitos exigidos por la normativa que sea aplicable en cada caso.

— Que se cumple las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos.

— En todos los casos en los que el compromiso de gasto supere el propio ejercicio presupuestario, que la proyección del gasto cumple con los límites de crecimiento del plan de saneamiento o instrumento similar de proyección que esté vigente en su caso.

— En contratos laborales, adecuación de los mismos a lo dispuesto en la normativa vigente.

— Que las retribuciones se adecuan al puesto de trabajo a ocupar, de conformidad con el convenio y demás normativa reguladora.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

c. Haber sido cumplimentado el requisito de publicidad de las correspondientes convocatorias en los términos establecidos por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

d. Acreditación de los resultados del proceso selectivo expedida por el órgano competente o de la bolsa de empleo, en su caso.

e. En el caso de que la contratación de este personal tenga lugar a través de un plan de contratación, se comprobarán los extremos anteriores, excepto los incluidos en las letras b), c) y d), que se sustituirán por la verificación de que los contratos que podrán ser celebrados al amparo del Plan se adecuan a lo dispuesto en la normativa vigente, así como que dicho Plan contiene una descripción del proceso selectivo que se seguirá en aplicación del mismo.

f. En el caso de prórroga, que la duración del contrato no supera el plazo previsto en la legislación vigente.

g. Adicionalmente, cuando corresponda, informe del responsable del Centro Gestor justificando las razones de necesidad y urgencia y, en su caso, la creación del programa temporal y la insuficiencia de medios.

1.2. Propuestas de contratación de personal eventual y directivo.

En la fase de autorización y disposición del gasto:

Informe del responsable de Recursos Humanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Que el personal eventual y directivo está aprobado por el Pleno de la Corporación municipal que los autorizó y que se encuentra incluido en la Plantilla.

— Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos y limitaciones que imponen las normas y que la persona a nombrar reúne los requisitos exigidos.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

1.3. Expedientes de variaciones (productividades, gratificaciones, horas, y otras indemnizaciones, fondo social, …).

Existencia de informe de los respectivos jefes de servicio acreditando la efectividad de la prestación, en su caso, y que los importes se ajustan a los pactos, convenios u otras normas vigentes y se respetan los requisitos legales aplicables en cada caso.

1.4. Expedientes de nóminas de retribuciones del personal.

En la fase de reconocimiento de la obligación:

a. Nómina suscrita por el jefe de Recursos Humanos la que conlleva la conformidad en relación:

— La prestación efectiva de los servicios por parte de las personas al servicio del Ayuntamiento según se desprende de las incidencias comunicadas al departamento de recursos humanos.

— Conformidad que de las retribuciones, retenciones, cotizaciones e indemnizaciones, se han calculado conforme las normas generales e internas que son de aplicación.

— Que las variaciones, complementos y otras incidencias con efectos sobre las retribuciones incluidas en la nómina, se encuentran soportados por actos administrativos dictados por los órganos competentes.

b. Cuando haya personal en régimen funcionarial y laboral de nuevo ingreso: Acuerdo de nombramiento, diligencia de la correspondiente toma de posesión para el personal funcionario, y contrato formalizado para el personal laboral, así como Informe de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.

2. Expedientes de contratación administrativa.

2.1. Fase de licitación.

En las fases de autorización y, cuando proceda, la de disposición del gasto de los procedimientos ordinarios o negociados:

a. Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento de contratación adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de contratos del sector público.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

b. La existencia de un pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas informado por Secretaría.

c. Si corresponde a un contrato de obras, que consta la existencia del proyecto y que éste ha sido aprobado por el órgano competente, o bien que su aprobación se propone en el mismo acto de aprobación del expediente de contratación. Que haya acta de replanteo y acta de disponibilidad de terreno debidamente firmadas.

2.2. Modificaciones de contrato.

En las fases de autorización y de disposición del gasto:

a. Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

b. Que existe un proyecto del modificado aprobado por el órgano competente y que el expediente contiene el Informe de Secretaría.

2.3. Prórrogas de contrato.

En las fases de autorización y de disposición del gasto:

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables.

— Manifestación sobre que el pliego de cláusulas reguladoras del contrato prevé esta posibilidad y es adecuada en tiempo y forma.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de contratos del sector público.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

2.4. Revisiones de precio.

En las fases de autorización y de disposición del gasto:

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables.

— Manifestación sobre que el pliego de cláusulas reguladoras del contrato prevé esta posibilidad y que los cálculos son correctos.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de contratos del sector público.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

2.5. Ejecuciones complementarias.

En las fases de autorización y de disposición del gasto:

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables.

— Descripción de las circunstancias imprevistas y que son necesarias para la ejecución de las mismas y que, si se proponen al contratista inicial, no se supera el límite del 50%.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de contratos del sector público.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

2.6. Adjudicación.

En la fase de disposición del gasto:

a. Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Disposiciones legales aplicables

— Pronunciamiento en relación a la propuesta de adjudicación.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

b. Que se acredita la constitución de la garantía definitiva.

c. Acreditación de que el licitador que se propone como adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

d. Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe decisión motivada del órgano de contratación.

e. Cuando se declare la existencia de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que existe constancia de la solicitud de la información a los licitadores supuestamente comprendidos en ellas y del informe del servicio técnico correspondiente.

f. Cuando, de acuerdo con la normativa, no se haya constituido Mesa de contratación, que existe conformidad de la clasificación concedida al contratista que se propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuando proceda.

g. Cuando se utilice el procedimiento negociado, que existe constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, se verificará que se ha publicado el anuncio de licitación correspondiente en los supuestos del artículo 169.2 TRLCSP.

2.7. Fase de reconocimiento de obligación.

En los expedientes de reconocimiento de obligaciones de gastos con cargo al capítulo II y VI, se comprobará, cuando corresponda, que responden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente, que existe documentación soporte que acredite la obligación, así como que esté conformada por el responsable del contrato.

2.8. Acopio.

En caso de efectuarse anticipos de los previstos en el artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, comprobar que tal posibilidad está contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

2.9. Certificación final y liquidación.

a. Que existe certificación final, autorizada por el facultativo Director de la Obra.

b. Que se acompaña acta de conformidad de la recepción de la Obra.

c. Informe favorable del Servicio.

2.10. Pago de intereses de demora e indemnización a favor del Contratista.

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción del gasto.

— Justificación de la procedencia del mismo y de ser los cálculos correctos.

— Disposiciones legales aplicables.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

2.11. Resolución del contrato.

a. Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Justificación de la resolución del contrato y que se ajusta a las causas legalmente previstas.

— Disposiciones legales aplicables.

— Haber dado cumplimiento al procedimiento legal exigible.

— Descripción y legalidad, corrección de cálculos, de los efectos de la resolución.

— Pronunciamiento sobre el destino de la garantía definitiva.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

b. Existencia del dictamen del consejo consultivo que se manifieste favorablemente.

2.12. Formalización.

Que se acompaña certificado del órgano de contratación que acredita que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, o bien, certificado de no haberse acordado medida cautelar que suspenda el procedimiento. En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contra la adjudicación, que existe resolución expresa del órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el recurso o recursos interpuestos, o acordando el levantamiento de la suspensión de la medida cautelar.

3. Expedientes de concesión de subvenciones y ayudas públicas.

3.1. Concurrencia competitiva en la fase de autorización del gasto.

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Que las bases reguladoras, en su caso, el contenido de la convocatoria y su tramitación, se ajustan a los requerimientos de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y de la Ley General de Subvenciones.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente.

— Propuesta de resolución.

3.2. Concurrencia competitiva en la fase de disposición del gasto.

a. Documentación acreditativa de publicación de convocatoria en tiempo y forma.

b. Que existe el Informe del instructor previsto en los arts. 13.3 y 13.4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento.

c. En el caso de pago anticipado o parcial, Informe acreditativo de que la cuantía no supera las limitaciones establecidas en la normativa de aplicación, que no tienen pendiente de justificar o reintegrar subvenciones anteriores habiendo transcurrido el plazo para ello y que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales requeridos por la convocatoria de la subvención, la ordenanza general de subvenciones y la Ley General de Subvenciones.

3.3. Concesión directa y subvenciones nominativas.

En la fase de autorización y disposición del gasto:

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Que se da alguna de las causas previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés.

— De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley general de subvenciones, en subvenciones de concesión directa diferentes de las que sean consecuencia de una imposición de rango legal, que se justifican las razones de interés público, social, económico, humanitario u otras que han dificultado la convocatoria pública.

— Que el convenio, acuerdo o resolución que se propone tiene el contenido mínimo que se requiere en los artículos 15.2 y 21.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento.

— Que se ha verificado que el beneficiario de las subvenciones está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente.

— Propuesta de resolución en su caso.

— En el caso de pago anticipado o parcial, Informe acreditativo de que la cuantía no supera las limitaciones establecidas en la normativa de aplicación, que no tienen pendiente de justificar o reintegrar subvenciones anteriores habiendo transcurrido el plazo para ello y que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales requeridos por las bases de la subvención, la Ordenanza General de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones.

En la fase de reconocimiento de obligaciones de subvenciones, se comprobará por el Servicio de Intervención:

— Que se ha llevado a cabo la comprobación por el centro gestor de la justificación presentada de conformidad con la base 52 de ejecución del Presupuesto y ésta es correcta, incorporando al expediente el Modelo IN 009.

Que el beneficiario de la subvención no tiene pendiente de justificar o reintegrar subvenciones anteriores habiendo transcurrido el plazo para ello.

— Que los beneficiarios están al corriente de pago con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

— Que el pago parcial de la subvención, en su caso, es posible atendiendo a lo-dispuesto en la convocatoria, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y en la Ley General de Subvenciones.

4. Transferencias a entidades y organizaciones en las que participa el ayuntamiento.

En las aportaciones que deban efectuarse a entidades y organizaciones en las que participa el Ayuntamiento, el informe del responsable del centro gestor deberá manifestarse, como mínimo, sobre:

— Que las aportaciones derivan de los acuerdos, convenios suscritos por la el Ayuntamiento o son de carácter estatutario y estos están vigentes.

— Que se ha verificado la regularidad e importe de las aportaciones a efectuar, y éstas son exigibles.

5. Reconocimiento de obligación por expropiaciones.

En las operaciones de reconocimiento de obligación por expropiaciones, el informe del responsable del centro gestor deberá manifestarse, como mínimo, en relación a los extremos siguientes:

— Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos de las normas sobre expropiación forzosa que le son aplicables y, en especial:

Que se ha adoptado el acuerdo relativo a la necesidad de ocupar los bienes o derechos afectados, los cuales han sido adecuadamente delimitados.

Que, en su caso, consta el proyecto de expropiación y se ha dado la publicidad que le es requerido.

Que se han valorado las observaciones y reclamaciones formuladas.

Que el precio se corresponde con el que han fijado los servicios técnicos, o, en su defecto, que se corresponde con el fijado por el Jurado de Expropiación o, en su caso, por resolución judicial firme.

En los casos de Depósitos previos:

a. Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b. Que existe acta previa a la ocupación.

c. Que existe hoja de depósito previo a la ocupación.

En los de indemnización por rápida ocupación:

a. Que existe declaración de urgente ocupación de los bienes.

b. Que existe acta previa a la ocupación.

c. Que existe documento de liquidación de la indemnización.

6. Expedientes de reclamación patrimonial.

Informe del responsable del instructor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, se manifieste, como mínimo, en relación a los puntos siguientes:

— Descripción de los hechos.

— Disposiciones legales aplicables.

— Manifestación en relación a haberse obtenido los informes y dictámenes preceptivos.

— Pronunciamiento sobre la cuantía y sus cálculos.

— Pronunciamiento sobre el procedimiento adoptado y sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

— Pronunciamiento sobre la procedencia de la repetición.

— Pronunciamiento en relación al órgano competente para la aprobación de la operación.

— Propuesta de resolución.

7. Entes instrumentales. Encargos a medios propios y servicios técnicos.

Documentos técnicos en los que se definen las actuaciones a realizar y su presupuesto.

Informe del responsable del Centro Gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del ROF, el cual, atendiendo a lo previsto en el artículo 175 del mismo Reglamento, que se manifieste, como mínimo, en relación con los aspectos siguientes:

— Justificación de que el encargo se realiza por razones de eficacia o insuficiencia de medios técnicos idóneos.

— Justificación favorable de la gerencia del ente sobre la suficiencia y adecuación de los medios del ente instrumental, conformado por el Centro Gestor.

— Que los organismos son medio propio o servicio técnico de acuerdo con la LCSP.

— Que la propuesta incorpora retribución de gastos de gestión y se basa y adecua a la norma aprobada por el Ayuntamiento.

— Que la propuesta recoge la sujeción a la LCSP en cuanto a la contratación con terceros o a las normas internas de contratación, que será inferior al 50%.

— Que la propuesta recoge la sujeción del encargo a la LOPD, y las medidas a adoptar.

— Que se determina la forma de pago y las comprobaciones previas.

— Que se especifica que las operaciones derivadas del encargo no están sujetas a IVA.

— Que se determina la entrada en vigor y duración prevista.

— Que la propuesta recoge la sujeción al Control Financiero.

8. Expedición de ordenes de pago a justificar.

En las ordenes de pago a justificar:

— Que la orden se adapta a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.

— Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad para los mismos conceptos presupuestarios.

— Que la expedición de órdenes de pago a justificar cumple con el plan de disposición de fondos de Tesorería vigente, salvo en el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad publica.

9. Cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios, y que el pago se ha realizado al acreedor determinado por el importe debido.

La verificación de los documentos y cuentas a examinar que justifiquen cada partida se podrá realizar mediante procedimientos de muestreo.

La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto a la aprobación de la cuenta.

Anexo II

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MAS RELEVANTES

1. Análisis de los riesgos de control.

El uso de técnicas y procedimientos de auditoría en el ejercicio del control posterior y del control financiero y para garantizar la eficacia de estos controles, obliga previamente a una evaluación preliminar de los ámbitos o aspectos susceptibles de generar riesgos, entendiendo como tales los errores o irregularidades que conllevan incumplimientos relevantes de las normas e instrucciones que son de aplicación o, en su caso, que afectan significativamente a las cuentas rendidas.

Este análisis de riesgos permite poner de manifiesto las transacciones, actividades, procedimientos o actos del Ayuntamiento o las entidades fiscalizadas en las que la probabilidad de los incumplimientos indicados sea más elevada. De esta manera se puede determinar con mayor eficacia el alcance, la naturaleza, el momento y la extensión de las pruebas de auditoría a realizar.

Lo previsto en este anexo tiene carácter orientativo y se podrá modificar en función de los objetivos de las actuaciones de control, las prioridades establecidas para cada ejercicio y/o los riesgos evaluados para cada Plan, así como los recursos disponibles en cada momento.

2. Concepto y tipología de riesgos.

Recogiendo lo dispuesto en las normas de auditoría del sector público, los riesgos se ven influidos por:

— La naturaleza del hecho o transacción.

— La eficacia de los procedimientos.

— La naturaleza de la actividad que se debe fiscalizar.

— En su caso, la situación financiera y patrimonial de la entidad.

— Situaciones especiales que pueden influir en la gestión que se revisa.

A efectos del análisis de estos riesgos, metodológicamente se desagrupan en:

Riesgo de Entorno: Es el riesgo derivado de que las características normales de la entidad y su entorno, tanto internas como externas, que puedan conducir a incrementar la probabilidad de existencia de errores que afectan a la revisión.

Riesgo inherente: Es la posibilidad de que las transacciones contenidas en un área de revisión o el saldo representativo de la misma contenga errores significativos o comporten incumplimientos normativos, con independencia de la eficacia de los controles internos.

Riesgo de Control: Riesgo de que los sistemas de control interno que operan en un determinado ámbito objeto de revisión o en una entidad auditada puedan ser ineficaces para la prevención y/o identificación de cualquier error material o incumplimiento significativo.

3. Evaluación de los riesgos en el ámbito del ayuntamiento.

a. Evaluación de riesgos inherentes y de entorno.

Fruto del principio de legalidad, las administraciones públicas están sometidas a un ámbito regulador amplio y en constante variación. Esto hace que deba considerarse especialmente el riesgo de que se hayan podido hacer actuaciones, tramitar expedientes o dictar resoluciones que no se ajusten en todos sus extremos a los requerimientos normativos que les son de aplicación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.2 del R. D. 424/2017, de 28 de abril, orientativamente, la evaluación de riesgos podrá atender a los riesgos potenciales que se detallan en este anexo.

b. Evaluación preliminar de riesgos de control interno.

En el ámbito objetivo que se ha definido, conviene destacar los riesgos potenciales que se detallan, junto con los aspectos organizativos y de control que atenúan los referidos riesgos:

— Ingresos tributarios y de derecho público: Los riesgos más relevantes son los derivados de los inherentes a la naturaleza de los mismos según la definición hecha anteriormente. Atenúan los referidos riesgos que, en su mayoría, son gestionados de forma centralizada y para un ámbito organizativo especializado, lo que, una vez verificados los procedimientos de gestión tributaria, los riesgos se concentran en la bondad de los procedimientos para conocer los hechos imponibles.

En este ámbito hay que tener en cuenta los riesgos provenientes del hecho de que determinados ingresos sean gestionados por las concesionarias de servicios, requiriendo una evaluación especial de los procedimientos de estas compañías y los de control que ejerza el Ayuntamiento.

Por último, requerirá de procedimientos singulares el circuito de las multas de circulación por ser el ingreso de derecho público que no tiene la gestión centralizada en la que están sometidos los otros ingresos de derecho público.

— Gastos menores: Atendiendo a los procedimientos de fiscalización previa que tiene implantada la intervención, el riesgo más relevante que se puede dar deriva de los posibles fraccionamientos del objeto de los contratos, especialmente cuando éstos puedan tener por finalidad eludir la concurrencia.

— Gastos de personal: los riesgos más relevantes son los inherentes a la naturaleza de las operaciones y la complejidad del marco normativo que las regula, el cual se ve agravado por el elevado número de operaciones mensuales que se gestionan.

— Subvenciones: Adicionalmente a los riesgos que derivan de las actuaciones de terceros, que serán objeto de verificación en el marco del control financiero, los más relevantes que derivan de los procedimientos internos son los que tienen su origen en el número elevado de subvenciones que se otorgan, el hecho de que es elevado el número de servicios que gestionan y que las más relevantes son otorgadas de forma nominativa.

4. Evaluación de riesgos en el ámbito de entidades dependientes.

a. Evaluación de riesgos inherentes y de entorno.

Los riesgos más relevantes son los que derivan de la pertenencia de los mismos al ámbito público, obligándolos a dar cumplimiento, además de las normas mercantiles, a normas administrativas que acotan su capacidad de gestión. Entre ellas cabe destacar:

— Los gastos de personal.

— Las de contratación de bienes y servicios

— Endeudamiento y sostenibilidad financiera.

Igualmente cabe destacar los que se derivan del cumplimiento de las encomiendas de gestión y las que limitan las actividades que pueden impulsar estas entidades.

b. Evaluación preliminar de riesgos de control interno.

Las sociedades municipales son objeto de auditoría de sus cuentas anuales. Las opiniones de los auditores han sido, en todos los casos, favorables sin salvedades por lo que se puede concluir que los potenciales riesgos se circunscriben a los riesgos inherentes y de entorno referidos en el apartado anterior.

5. Evaluación de riesgos en el ámbito de los contratistas de servicio y de las concesionarias de servicios públicos.

En este ámbito de control, los riesgos son los inherentes a la naturaleza de los mismos y que están vinculados al cumplimiento del contrato de servicios o de concesión. Se resumen en los siguientes puntos:

— La realidad, efectividad, regularidad y adecuación de los servicios prestados.

— Inversiones efectuadas y existencia y custodia de los bienes y derechos afectos al servicio.

— Costes del servicio, especialmente los que se vinculan a tarifas o al equilibrio económico de la concesión. En este punto, son de especial relevancia los costes indirectos imputados por las empresas concesionarias y las facturas de empresas del grupo de la misma.

6. Evaluación de riesgos en el ámbito de las subvenciones otorgadas.

El control financiero de las subvenciones y ayudas otorgadas por el Ayuntamiento es complementario a la fiscalización previa que se ejecuta sobre el servicio gestor y sobre las cuentas justificativas rendidas por los beneficiarios de las mismas.

Por tanto, en este ámbito de control, los riesgos derivan especialmente de la regularidad y veracidad de los justificantes entregados por el beneficiario así como de su pago, la conexión de los gastos justificados con la prestación subvencionada, la existencia de otras fuentes de financiación de las actividades y la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue otorgada.

7. Procedimientos de revisión relevantes.

7.1 Control posterior del Ayuntamiento.

a. Control posterior de derechos e ingresos.

Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:

a.1. Ingresos tributarios y de derecho público.

Cumplimiento del principio de reserva de ley de los ingresos tributarios.

Análisis de regularidad del cumplimiento de la regulación tributaria general y de las ordenanzas fiscales por los diferentes tributos y precios públicos.

Seguimiento de las autoliquidaciones y, en su caso, liquidaciones provisionales para verificar los procedimientos de gestión.

Pruebas de cumplimiento de los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

Revisión de los recursos tributarios.

Pruebas inversas para evaluar la razonabilidad de los hechos imponibles liquidados.

Revisión de la regularidad de las devoluciones de ingresos y de los hechos que las han originado.

Análisis de los pendientes de cobro para evaluar la regularidad en la gestión de los mismos y la regularidad de las liquidaciones que los han motivado.

Pruebas analíticas de razonabilidad de previsiones, modificaciones y liquidaciones de ingresos

a.2. Subvenciones recibidas.

Análisis de la solicitud y aceptación para evaluar la regularidad de los compromisos que se adquieren.

Cumplimiento de los derechos y obligaciones que emanan del convenio y/o convocatoria.

Cumplimiento de los requisitos formales, materiales y temporales de la subvención.

Análisis de los pendientes de cobro por este concepto para evaluar la regularidad.

En su caso, análisis de las desviaciones de financiación que puedan provocar.

Ingresos patrimoniales.

Razonabilidad y regularidad de los ingresos liquidados por este concepto.

Seguimiento de los pendientes de cobro para analizar la regularidad de la gestión de la pendiente de cobro y de las liquidaciones que lo motivaron.

Pruebas inversas a partir de información patrimonial y otros para detectar, en su caso, bienes susceptibles de generar ingresos.

b. Control posterior de gastos menores.

Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:

Detección de posibles fraccionamientos al objeto de eludir las limitaciones de la normativa de contratación. El fraccionamiento se analizará por tercero y, también, el posible fraccionamiento entre diferentes proveedores. Igualmente, se analizará la existencia de fraccionamientos plurianuales.

A partir de las evidencias disponibles en el Ayuntamiento, análisis de la regularidad en relación al objeto del contrato, la capacidad del contratista, plazos, precios de mercado, prestaciones incompletas, etc.

Cuando la naturaleza de la operación lo permita, revisión de la evidencia de la efectiva prestación del bien o servicio y, en su defecto, revisión del procedimiento que ha seguido el gestor para validar la prestación.

c. Comprobación material de las inversiones.

La comprobación material de las inversiones que requiere el artículo 214.2 d) del TRLRHL se ejecutará en el marco del control posterior.

Con este objetivo serán seleccionadas una muestra representativa de las inversiones del ejercicio y practicarán pruebas de revisión que permitan:

Obtener evidencias de que el bien o derecho existe y es propiedad de la entidad.

Con el alcance de lo posible, que el bien se ajusta a las descripciones contenidas en el acta de recepción y en última certificación y/o factura y que estos últimos, a su vez, se corresponden al proyecto aprobado (en su caso, encargo formalizado) o sus modificaciones.

Que su valoración es la adecuada.

Que se ha contabilizado adecuadamente dentro del activo.

Que el bien o derecho está en uso y para la finalidad para la que fue previsto.

7.2. Control financiero de las entidades dependientes.

El control financiero de las entidades dependientes se llevará a cabo en la doble vertiente de auditoría financiera o de cuentas anuales y de control de legalidad.

a. Auditoría de cuentas anuales.

La auditoría de las cuentas anuales se desarrollará de conformidad con las normas que regulan la auditoría de cuentas anuales, con el fin de informar sobre la adecuada presentación de la información financiera de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

Igualmente, se deberán evaluar los sistemas de control interno en relación a los procedimientos contables y administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las operaciones.

b. Control de legalidad.

El control financiero de legalidad tendrá por objeto comprobar específicamente que los actos, las operaciones y los procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas y directrices que les sean de aplicación, así como del grado de eficacia y eficiencia en la logro de los objetivos previstos.

Los trabajos se realizarán por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público y comprenderán, como mínimo, el análisis de las siguientes cuestiones:

La adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la sociedad.

La adecuación de los gastos e ingresos a los presupuestos y programas de actuación aprobados.

La adecuación de la contratación de bienes y servicios a la normativa que le sea de aplicación y específicamente a lo que se establezca en las instrucciones internas de contratación o en las bases de ejecución del presupuesto.

La revisión de los circuitos establecidos para los principales procesos de gestión económica, especialmente el relativo a la autorización y pago del gasto.

Los procesos de selección de personal, con atención al cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito.

La adecuación de las retribuciones al convenio colectivo aplicable y normas legales vigentes, en especial las establecidas por la Ley de presupuestos.

La aprobación de las operaciones de endeudamiento por el órgano competente.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la seguridad social y de las obligaciones mercantiles de la sociedad.

La ejecución del presupuesto aprobado y de las principales desviaciones registradas.

La revisión del cumplimiento o incumplimiento de las observaciones y conclusiones realizadas en informes de ejercicios anteriores.

7.3. Control financiero de las concesionarias de servicios públicos.

Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:

Evaluar la corrección de los estados financieros preparados por el contratista adjudicatario de la concesión.

Verificar la realidad y regularidad de las operaciones.

Verificar que los ingresos se corresponden a los precios y conceptos establecidos en el contrato.

Verificar que los gastos de personal se adecuan al número y perfiles profesionales establecidos en el contrato y en los convenios de referencia.

Verificar que los gastos imputados en la cuenta de explotación derivan exclusivamente de la prestación del servicio en los términos establecidos en el contrato.

Que, en su caso, se verifica la utilización del precio normal de mercado en las transacciones y operaciones vinculadas.

Que se ha llevado a cabo la inversión prevista en el contrato a precios de mercado.

Que las amortizaciones se corresponden con la inversión efectivamente realizada para la prestación del servicio, en los términos establecidos en el contrato.

Las desviaciones de la cuenta de explotación y de los resultados obtenidos en relación con la propuesta inicial del contratista.

En su caso, la revisión de las actuaciones del concesionario en materia de gestión y recaudación de tributos municipales consistirá en la realización de una revisión limitada de la cuenta de facturación presentada anualmente con el fin de verificar la adecuación de los procedimientos de gestión y liquidación de estos ingresos a las normas generales y las establecidas en el contrato y en pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que regulan la gestión del servicio, en relación a la gestión, recaudación y liquidación al Ayuntamiento de estos ingresos.

7.4. Control financiero de los beneficiarios de subvenciones.

El control financiero de los beneficiarios de las subvenciones consistirá en comprobar su adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute verificando:

a) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa estatal y comunitaria para su concesión u obtención.

b) La correcta utilización y aplicación de los fondos a las finalidades previstas en la normativa reguladora y en el correspondiente acuerdo de concesión.

c) La realidad y regularidad de las operaciones financiadas con las subvenciones.

d) La adecuada justificación de los fondos recibidos y el cumplimiento de las demás obligaciones impuestas.

Los procedimientos de revisión más relevantes a ser ejecutados serán:

La procedencia y razonabilidad de la transferencia atendiendo al marco normativo y competencial del Ayuntamiento.

Respeto a las limitaciones cuantitativas de las subvenciones.

Que se haya dado cumplimiento a los requerimientos formales que exigen las bases, la convocatoria o el convenio o acuerdo que lo regule.

Constancia del gasto soportado por el beneficiario y de su pago.

Que el gasto soportado por el beneficiario se vincula directamente al objeto de la subvención y se ha aplicado a esta finalidad.

En el supuesto de que se haya exigido en el acuerdo de concesión de la subvención la presentación de facturas/certificaciones o cualquier otra documentación o el cumplimiento de determinados requisitos, verificar que estos se han cumplido y que los soportes documentales aportados son justificativos del propósito, actividad o proyecto por el que se concede la ayuda.

Revisión física del equipamiento y material susceptible de ser verificado, así como la comprobación del funcionamiento y aplicación a la finalidad prevista.

Verificación de que no se han recibido subvenciones o ayudas que sean incompatibles, total o parcialmente, con las que se revisan.

Cuando sea necesario, comprobación de los requisitos de concurrencia requeridos por la normativa de subvenciones cuando los gastos realizados por el beneficiario exceden de los importes indicados por la norma referida.

En el caso de subvenciones nominativas, que la subvención nominativa estaba prevista en el presupuesto general. En otros casos, que se han otorgado mediante convocatoria pública u otro procedimiento que permita respetar los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. En caso de que no se haya hecho convocatoria, revisar si el expediente contiene alguna razón que lo justifique y, en cualquier caso, evaluar si se considera razonable no haber procedido a procedimientos abiertos.

Cuando se haya dado pago con carácter previo a la justificación, comprobar que se ha cumplido lo previsto en la normativa que regule la subvención.

8. Opciones metodológicas.

Los trabajos de control posterior y de control financiero conllevarán la ejecución de las siguientes actuaciones principales, las cuales se llevarán a cabo con sujeción a las prescripciones establecidas en las Normas de Auditoría del Sector Público:

— Planificación de los trabajos a realizar, definiendo objetivos, alcance y metodología, identificación de los niveles de importancia relativa en el desarrollo de los trabajos y en la emisión de informes, así como su justificación, determinación de áreas de riesgo y epígrafes significativos del control, programas de trabajo para cada área, sistema de determinación de muestras, distribución de tareas detallada por componentes del equipo técnico, con expresión del presupuesto de tiempo a emplear y calendario previsto para las diferentes fases del trabajo.

— Ejecución de los trabajos recogidos en los programas de trabajo y de aquellos otros que sea necesario desarrollar en base a los resultados que puedan surgir del análisis a efectuar y documentación de los mismos, mediante un sistema de archivos que garantice la integridad y apoyo de todas las actuaciones, la confidencialidad y la adecuada custodia de documentos y papeles de trabajo.

— Dirección, supervisión y control de los trabajos. La dirección de los trabajos corresponderá a la Interventora General que lo asignará a un técnico de su ámbito. La supervisión se efectuará de acuerdo con lo previsto en las normas de auditoría del sector público. El procedimiento ha de servir especialmente para poder validar los trabajos ejecutados por empresas externas siempre que:

Los trabajos se hayan ejecutado de conformidad con la planificación acordada.

Se hayan ejecutado las pruebas previstas en los programas de trabajo.

Que las pruebas ejecutadas alcancen los objetivos de revisión.

Que las evidencias sean adecuados, suficientes, pertinentes y válidas para soportar las observaciones y conclusiones del trabajo.

— Emisión de propuestas de informes provisionales de control financiero. Los informes provisionales, previo a la remisión a los fiscalizados al objeto de que puedan formular alegaciones, se someterán a la supervisión de la Interventora General o del técnico en quien se delegue, quien podrá requerir del equipo de trabajo, las ampliaciones, modificaciones, aclaraciones, etc., que considere convenientes.

— Examen y análisis de las alegaciones que, en su caso, pueda formular el servicio o entidad objeto de control posterior o de control financiero. Las alegaciones que formule el fiscalizado serán analizadas y evaluadas por el equipo de trabajo. Por cada una de ellas, se efectuará una valoración razonada la que se documentará en los papeles de trabajo. Cuando se considere oportuno, a criterio de la Interventora General, se podrá incluir en el informe comentarios en relación a las alegaciones no aceptadas.”