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Boletín Nº 250 del miércoles 30 de diciembre de 2020

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)

Resolución de 22 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la programación y se conceden subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.

En relación con la Convocatoria por el procedimiento de tramitación anticipada del gasto de subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as, de la que se deducen los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 27 de diciembre de 2019 (BOPA de 8 de enero de 2020), del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada del gasto subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.

Dicha convocatoria se rige por las bases reguladoras de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación publicada en el BOE de 1 de abril de 2019.

Segundo.—Que, al amparo de dicha convocatoria pública, las entidades que se relacionan en el anexo I.A-Solicitudes presentan solicitud para concurrir en régimen de concurrencia competitiva a la convocatoria de subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.

Tercero.—Que por la Comisión de Valoración prevista en el Apartado Décimo de la Convocatoria mencionada han sido analizadas en fecha 28 de octubre de 2020 las solicitudes presentadas, en el anexo II.B- Valoraciones y declarándose inadmitidas las señaladas en el anexo II.A-Desistidas/Inadmitidas a la presente y por los motivos recogidos en el citado anexo. Comprobándose, en el resto de los casos, que la documentación aportada acredita los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Cuarto.—Que, el punto 1 del apartado octavo” de la citada convocatoria preveía una financiación para la realización de las acciones formativas, y con carácter estimativo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, de cinco millones (5.000.000 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001; 85.01.322J.761.006; 85.01.322J.771.012 y 85.01.322J.781.032 (código de proyecto 2020/000239) de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y con la siguiente distribución, estimativa, por anualidades:

• 2020: Tres millones euros (3.000.000 €): 1.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 44.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 1.420.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.535.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

• 2021: Dos millones euros (2.000.000 €): 666,66 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 29.333,34 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 946.666, 66 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.023.333,34 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

Quinto.—Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020 se autoriza la ampliación de los créditos iniciales de para la financiación de la convocatoria de subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as, en cinco millones (5.000.000 €), con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.741.001; 85.01.322J.761.006; 85.01.322J.771.012 y 85.01.322J.781.032 (código de proyecto 2020/000239), y con la siguiente distribución, estimativa, por anualidades:

• 2020: Tres millones euros (3.000.000 €): 28.734,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 1.900.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.071.266,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

• 2021: Dos millones euros (2.000.000 €): 19.156,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 1.266.666,68 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 714.177,32 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

Sexto.—Por Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se fija la ampliación de créditos previstos en la convocatoria de subvenciones públicas para 2020-2021, para la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as desempleados/as.

Los créditos disponibles tras la ampliación quedarían:

• 2020: Seis millones euros (6.000.000 €): 1.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 72.734,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 3.320.000,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 2.606.266,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

• 2021: Cuatro millones euros (4.000.000 €): 666,66 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.741.001; 48.489,34 con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 2.213.333,34 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.737,510,66 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

Séptimo.—Que, habiéndose puntuado las solicitudes admitidas conforme a los criterios establecidos en la Convocatoria, la Comisión de Valoración propone la concesión de las subvenciones a las entidades y en las cuantías que se relacionan en el anexo III.B-Puntuación y Propuesta de Concesión.

Octavo.—Que, a la vista de la citada propuesta, resulta necesario fijar la distribución definitiva del gasto convocado al amparo de la Convocatoria de subvenciones públicas para 2020-2021 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as, que queda como sigue:

• 2020: Cinco millones novecientos noventa y ocho euros mil seiscientos sesenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (5.998.662,48 €): 18.950,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 3.382.537,54 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 2.597.174,54 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

• 2021: Tres millones novecientos noventa y nueve mil ciento ocho euros con treinta y ocho céntimos (3.999.108,38 €): 12.633,60 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.761.006; 2.255.025,08 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.771.012 y 1.731.449,70 € con cargo a la aplicación 85.01.322J.781.032.

Noveno.—Que las entidades con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles y no estar incursas en ninguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias es competente para resolver el presente expediente, conforme a lo dispuesto en los Decretos 81/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y el Decreto 39/2009, de 3 de junio, de la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, por el que se aprueba la estructura orgánica básica del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Segundo.—De conformidad con el artículo 13.1.e) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el órgano competente para conceder subvenciones y comprometer el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para las de importe superior a 300.000 euros, por aplicación de los artículos 3 del Decreto 71/1992, 6.c) y 41.1 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, en relación la Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020, y demás disposiciones de general aplicación

Tercero.—La Directora-Gerente del Servicio Público de Empleo es competente para autorizar gastos del Servicio hasta 300.000 euros, de conformidad con el artículo 23.2.1 de la citada Ley 3/2005, de 8 de julio.

No obstante por razones de economía procesal y simplificación de trámites puede el Presidente del Servicio Público de Empleo conocer del expediente de gasto avocando la competencia del Director Gerente en aplicación del artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.a), de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación,

Resolución

Primero.—Avocar la competencia de autorización de gasto conferida a la Directora-Gerente del Servicio Público de Empleo.

Segundo.—Conceder las subvenciones destinadas a la financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as las entidades beneficiarias relacionadas en el anexo III.B.—Puntuación y Propuesta de concesión de esta Resolución, por el importe y para la finalidad señalados, disponiendo el gasto pertinente con cargo a las aplicaciones presupuestarias 85.01.322J.761.006; 85.01.322J.771.012 y 85.01.322J.781.032 (código de proyecto 2020/000239), de acuerdo a la distribución por anualidades de los Presupuestos Generales del Servicio Público de Empleo para 2020 y 2021 con el desglose presupuestario relacionado en el Antecedente de Hecho Noveno.

Tercero.—El pago de la subvención se efectuará en los términos previstos en el apartado Decimotercero de la convocatoria pública aprobada por Resolución de 27 de diciembre de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Previamente al cobro de la subvención, los beneficiarios deberán de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudores del Principado de Asturias, en la forma que determina el artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En atención en el apartado f) del Resuelvo Sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por el que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado, resultan exoneradas de la presentación de garantías las entidades relacionadas en el anexo IV- Entidades exoneradas.

Cuarto.

1. El plazo máximo para la justificación será de tres meses tras la finalización de la formación debiendo concluir la ejecución de la totalidad de cursos con antelación suficiente como para presentar ante el Servicio Público de Empleo su adecuada justificación, que en todo caso será antes del 30 de noviembre de 2021. No obstante la resolución de concesión podrá ampliar este plazo cuando así convenga a la mejor ejecución de las acciones financiadas. También se podrá ampliar a solicitud de los beneficiarios, por causas justificadas, no imputables a los mismos, en todo caso, la posible prórroga no podrá impedir verificar y ordenar el pago en el ejercicio 2021.

No obstante, podrá admitirse una demora en su presentación hasta el 31/01/2022 en el caso de aquellos gastos (nóminas, boletines de cotización a la seguridad social, declaraciones y retenciones del IRPF…) que siendo devengados en el período de ejecución y/o justificación, no se pueda justificar su pago a fecha de cierre del período de justificación.

2. La justificación del cumplimiento del objeto de la subvención concedida y la aplicación de los fondos se realizará por el beneficiario de forma individualizada para cada acción formativa mediante la rendición de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas, sin que sea necesaria la aportación de la documentación justificativa de los distintos conceptos de gasto, salvo la correspondiente al gasto derivado de la elaboración del informe de auditoría, que se justificará mediante la aportación de la factura y documentación acreditativa del pago de la misma. No obstante, en el caso de que la entidad haya realizado pagos más allá del 31 de diciembre de 2021 conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior, deberá aportar los correspondientes documentos de pago antes del 31/01/2022.

En la justificación de la subvención de cada beneficiario no se admitirá compensación en la justificación entre cursos desarrollados por una misma entidad.

En cualquier caso solo será subvencionable el gasto cuando se haya procedido a su pago efectivo antes de la fecha límite prevista para la justificación de los cursos (sin perjuicio de lo previsto en el último inciso del apartado uno de esta cláusula) y cumpla el resto de requisitos contenidos en la normativa aplicable y en la presente Resolución. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al del valor de mercado.

3. El auditor de cuentas debe estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La citada inscripción se acreditará mediante certificado expedido por dicho Registro. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la normativa de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor. En el supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por él. La actuación del auditor de cuentas tendrá el alcance y actuación profesional establecida en esta cláusula y en lo no previsto, por lo establecido en la Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo.

El encargo de revisión de la cuenta justificativa con el auditor se formalizará en un contrato por escrito entre el auditor y la entidad beneficiaria, que contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Obligación de la entidad beneficiaria de confeccionar y facilitar al auditor de cuentas los documentos y, en general, de poner a su disposición cuantos libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.

b) Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo con lo previsto en esta convocatoria.

c) Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas en relación con la independencia e incompatibilidades del auditor.

d) Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo, en los términos previstos en la normativa vigente en materia de auditoría de cuentas, sin perjuicio del acceso, en todo caso, a la documentación del auditor referente a la revisión realizada, el órgano concedente de la subvención y el que tenga atribuidas las competencias de control financiero de la subvención.

e) Compromiso de la entidad beneficiaria de la subvención de autorizar la comunicación entre auditores prevista en el apartado 1.c) del artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo.

f) Planificación temporal de la revisión y plazos de entrega del informe.

g) Honorarios a percibir por el auditor, con indicación de las horas estimadas para la realización del trabajo.

4. El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.

5. La documentación a presentar al Servicio Público de Empleo como justificación de la subvención será:

5.1. La cuenta justificativa que incorporará:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos

En particular incluirá la documentación justificativa de la realización de la formación con especificación de cada acción formativa realizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno.

b) Memoria económica abreviada que contendrá:

• Un cuadro resumen de todos los gastos de la actividad, de acuerdo con las categorías de gasto previstas en la cláusula anterior, diferenciando dos subtotales independientes para los gastos directos e indirectos e incluyendo la comprobación de que los costes indirectos no superan el 10% del coste de la actividad.

Para cada una de las categorías de gasto, el desglose de los mismos al máximo nivel de detalle, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

• Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

• La acreditación de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad justificada y la recibida en concepto de anticipo, en su caso, con los intereses que pudieran corresponder.

La memoria económica abreviada con la imputación detallada de gastos de actividad y categorías de gasto se mecanizará a través del sistema informático Sintrafor en plazo

5.2. Informe de auditoría y la factura que justifique el coste y el pago de la misma.

5.3. Documentación acreditativa de haber realizado las medidas de publicidad del carácter público de la financiación de la actividad. La publicidad se justificará de acuerdo al medio utilizado (copia del anuncio en prensa, audio, vídeo, …) acompañado de certificado del responsable del medio que realiza la publicidad de fechas y en su caso horarios de difusión.

5.4. Memoria o Informe de evaluación y control de la calidad de la formación, en su caso. Si la entidad opta por la realización de la evaluación y control de las acciones formativas, la correspondiente memoria ha de recoger los siguientes aspectos: satisfacción del alumnado extraída a partir del análisis de los cuestionarios de evaluación de la calidad, y actuaciones de evaluación de la calidad desarrolladas, detallando los medios materiales, técnicos y humanos empleados, los resultados y en su caso, medidas correctoras implementadas, así como las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas en dichas actuaciones. A la memoria se deberán acompañar los cuestionarios de evaluación de calidad utilizados.

6. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la documentación a que se refieren los apartados anteriores, el órgano competente requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de reintegro.

No obstante, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de los beneficiarios las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean subsanadas.

El beneficiario de la subvención estará obligado a conservar, al menos durante un plazo de 4 años a contar desde la fecha en la que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos, a efectos de las actuaciones de comprobación y control.

7. Para emitir el informe, el auditor deberá comprobar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención presentada por el beneficiario, mediante la realización de los siguientes procedimientos:

7.1. Procedimientos de carácter general:

a) Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario. El auditor analizará la normativa reguladora de la subvención así como la convocatoria y la resolución de concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención y al auditor respecto a la revisión a realizar.

b) Solicitud de la cuenta justificativa. El auditor deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y, en la presente convocatoria. Además, deberá comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.

7.2. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

a) Revisión de la Memoria de actuación. El auditor deberá analizar el contenido de la memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

b) Revisión de la Memoria económica abreviada.

Esta revisión abarcará la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, y consistirá en comprobar los siguientes extremos:

b.1. Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento –factura o documento admisible, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago..

b.2. Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables. En relación con el pago, no se considerarán como válidos a efectos de justificar la subvención pagos en efectivo por importe superior a 100 euros por factura. Los pagos que sean admisibles en efectivo deberán justificarse mediante un recibo firmado y sellado por el proveedor en el que esté suficientemente identificada la empresa que recibe el importe y en el que conste el número y fecha de emisión de los documentos de gasto que saldan, siendo admisible que dicho recibí se refleje en el mismo documento que soporta el gasto. En el caso de haberse procedido al pago de gastos subvencionables mediante cheque, se deberá presentar copia del cheque y del movimiento bancario que acredite su presentación al cobro antes de la fecha límite prevista para la justificación de las subvenciones recibidas al amparo de la presente Convocatoria. En el caso de arrendamientos se comprobará la existencia de contrato que soporta el gasto.

b.3. Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

b.4. Que los gastos indirectos han sido imputados conforme el sistema comunicado al Sepepa. El auditor solicitará del beneficiario una declaración respecto de su naturaleza, cuantía y criterios de reparto que se anexará al informe. Sobre la base de esta información se evaluará la adecuación de esta imputación. También se comprobará que su importe se encuentra desglosado adecuadamente en la cuenta justificativa, y que no excede del 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.

b.5. Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

b.6. Que se han clasificado correctamente, de acuerdo con el contenido de las bases reguladoras, los gastos e inversiones en la Memoria económica.

b.7. Al no estar permitida la subcontratación, la declaración del beneficiario contendrá una manifestación de no encontrarse incurso en el incumplimiento de esta prohibición.

El auditor deberá tener presente a lo largo de su revisión la información contenida en esta declaración, con objeto de comprobar su concordancia con el resto de información o documentación utilizada por el auditor para la ejecución de los procedimientos contemplados en esta norma.

b.8. Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

b.9. Que los gastos realizados hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 in fine de esta cláusula.

c) Solicitud al beneficiario de una declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada. El auditor solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación. Particularmente comprobará del examen de la contabilidad del beneficiario la eventual existencia de otros ingresos o subvenciones que pudieran estar afectados en cuanto a su justificación con el contenido de su encargo y resolverá sobre la inexistencia de la doble financiación de los gastos en la cuenta justificativa objeto de examen.

d) Comprobación de la carta de reintegro de remanentes. En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, el auditor comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente así como de los intereses derivados del mismo y la correspondiente anotación contable.

e) Comprobación de la contabilidad. El auditor deberá verificar la llevanza por parte de la empresa beneficiaria de un sistema de contabilidad aparte o la asignación de un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con el proyecto.

f) Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.

8. El auditor deberá mantener un archivo de documentación acreditativo del trabajo de revisión llevado a cabo y que soporta el informe emitido por él. Con carácter general, dicha documentación contendrá y se preparará conforme a lo previsto en la normativa de auditoría de cuentas respecto de los papeles de trabajo del auditor, facilitando la realización del trabajo y permitiendo demostrar que la revisión se ha realizado conforme a lo establecido en esta convocatoria. En particular, dicha información contendrá:

a) La documentación a que se hace referencia en el apartado 8 de esta cáusula.

b) Los procedimientos aplicados por el auditor.

c) Constancia de la evidencia obtenida por el auditor, con indicación del medio concreto utilizado, los aspectos analizados y cuanta información resulte necesaria para identificar el documento, registro o, en general, la fuente de información del auditor.

9. El auditor deberá conservar la documentación justificativa del trabajo realizado durante un período mínimo de cinco años. Transcurrido ese plazo decaerá esta obligación cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

Que el auditor solicite y obtenga del beneficiario confirmación de que ha prescrito el derecho de la administración a exigir el reintegro y no este incurso alguna actuación de comprobación o control.

Que el auditor haya solicitado del beneficiario la confirmación a que se refiere el apartado anterior y dicha solicitud no haya sido atendida en el plazo de 60 días naturales.

10. Finalizada la revisión el auditor deberá emitir un informe conforme al modelo previsto en el anexo III

11. Una vez presentada la documentación señalada en el apartado 5 de esta cláusula, se realizará por el Sepepa la correspondiente comprobación técnico-económica.

Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro correspondiente y en su caso reintegro si procediera. Todo ello sin perjuicio de los efectos que sobre la subvención pudieran derivarse de los resultados de las comprobaciones adicionales realizadas por el Servicio Público de Empleo en relación con la realización material de la acción subvencionada.

Quinto.

1. De acuerdo con el artículo 17 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, y con el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la ejecución de las acciones formativas será realizada directamente por el beneficiario sin que pueda subcontratarla con terceros. A estos efectos la contratación de personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación, si bien se someterá a los requerimientos legales previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por contratación de personal docente se considera exclusivamente la contratación de personas físicas.

2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá formalizarse por escrito y ser autorizado previamente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurran 20 días a contar desde la entrada de la solicitud de autorización, que deberá acompañarse del contrato que se prevé formalizar, en el registro del órgano competente para ello sin que se haya producido pronunciamiento expreso por parte de éste.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Cuando la contratación se realice mediante los procedimientos de adjudicación regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los casos en los que el beneficiario se encuentre dentro de su ámbito de aplicación, los gastos realizados se justificarán mediante las facturas emitidas conforme a lo estipulado en los contratos adjudicados, en caso contrario, los gastos realizados se justificarán mediante facturas pagadas, o documentos contables de valor probatorio equivalente, que acrediten los costes realmente incurridos en la ejecución de la operación.

4. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos establecidos en los dos apartados precedentes.

5. En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y subcontratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resultará obligatoria la presentación ante el Sepepa por parte de la entidad solicitante/beneficiaria, bien en el momento de solicitud, bien en el momento de justificación, de la declaración responsable que figura como anexo 3 a la Convocatoria, firmada por el legal representante de la entidad solicitante/beneficiaria.

Sexto.—La obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas serán incompatibles con la subvención destinada a la misma finalidad, por lo que será minorada en la cantidad percibida.

En todo caso, la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con la misma finalidad que la subvención concedida, deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo tan pronto como se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la subvención.

El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución se ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Resolución para el otorgamiento y ejecución correcta de las acciones subvencionadas contempladas en la misma, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así como recabar del beneficiario o solicitante cuanta información o documentación se estime necesaria

En los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión de los datos o documentos suministrados para la solicitud de la subvención, se producirá la pérdida total o parcial de las mismas, debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad que hubiere percibido, con los intereses que correspondan, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden, incluidas las penales, que pudieran derivarse de este tipo de actuaciones.

Séptimo.—Inadmitir las solicitudes de subvención recogidas en el anexo II.A-desistidas/inadmitidas a la presente por las causas expuestas en el mismo, así como desestimar el resto de solicitudes admitidas que no figuren en el anexo III.B- Puntuación y Propuesta de Concesión por razones de insuficiencia presupuestaria.

Octavo.—Notificar la presente Resolución a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, indicándoles que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 22 de diciembre de 2020.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód. 2020-11324.

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