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Boletín Nº 246 del miércoles 23 de diciembre de 2020

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifica el anexo I.B del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo.

El artículo 119 de la Constitución Española establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Esta remisión a una norma de rango legal se materializó con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula los aspectos esenciales relativos a los requisitos para el reconocimiento del derecho, su procedimiento y sus consecuencias procesales, junto con el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Principado de Asturias asumió la titularidad de competencias en materia de Administración de Justicia en virtud del Real Decreto 966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia y por lo que se refiere al ámbito de la asistencia jurídica gratuita, en el apartado B).1.e) del Acuerdo que se incorpora como anexo al citado real decreto.

El Principado de Asturias, en virtud de lo expuesto y de las competencias señaladas en los artículos 9.2 a) y 10.1, apartados 1 y 33 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, realizó el desarrollo normativo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, a través del Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, norma que deroga al Decreto 273/2007, de 28 de noviembre.

El artículo 12.1 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias regula la iniciación del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando, tratándose del servicio de asistencia Letrada al detenido, preso o denunciado en el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos y en aquellas otras actuaciones policiales o judiciales del orden penal en las que la asistencia inexcusable por Letrado o procurador anteceda a la solicitud de la persona interesada, ésta no cumplimente personalmente el impreso de solicitud normalizado y se presuma que pueda estar incluida en el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica gratuita, y, asimismo, respecto a las solicitudes de las víctimas de los delitos a los que se refiere la letra g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuando hayan requerido los servicios del turno especializado.

El artículo siguiente de dicha norma señala que en el supuesto del artículo 12.1, el Letrado o Letrada, procurador o procuradora designados presentará en el colegio de abogados territorialmente competente la solicitud prevista en el anexo I.B debidamente cumplimentada con los datos que se desprendan de las actuaciones policiales o judiciales practicadas y la documentación que le haya podido ser entregada.

Asimismo, el artículo 40.1 de esta norma establece que los Colegios de Abogados y de Procuradores deberán verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de los profesionales mediante la oportuna justificación documental, concretada en su apartado 3, en el correspondiente justificante de la intervención suscrito por el profesional actuante. Los colegios podrán implementar los medios necesarios para la presentación de la oportuna justificación de las actuaciones profesionales mediante la declaración firmada digitalmente por los profesionales, sin que en este caso sea necesaria la justificación documental.

El espacio contenido en el formulario de solicitud del anexo I.B para el sellado por el centro de detención o juzgado, carece por tanto de virtualidad para justificar la intervención de los profesionales designados, y su supresión deviene necesaria a fin de evitar dificultades de interpretación entre Letrados y terceros respecto a las obligaciones derivadas de su actuación profesional, así como para su adecuación a lo previsto en el artículo 40 del citado reglamento.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la misma está justificada por una razón de interés general, enmarcada en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, a fin de evitar problemas en la interpretación del anexo cuya modificación se pretende.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la debida publicación en los términos previstos la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.

Por último, esta propuesta evita cargas administrativas innecesarias o accesorias, dándose así cumplimiento al principio de eficiencia.

En su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; vistos el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, por la presente,

DISPONGO

Artículo único.—Objeto.

La presente resolución tiene por objeto modificar el anexo I.B del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo, quedando redactado en la forma prevista en el anexo a la presente resolución.

Disposición final única.—Entrada en vigor

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2020.—La Consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodríguez.—Cód. 2020-10530.

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